Por Walter Mendoza, integrante del Estado Mayor Central de las FARC - EP.
Vamos hacer un ejercicio práctico y sencillo, entendible para todas y todos los colombianos.
La paz no es el silencio de las armas; el silencio de las armas, unilateral o bilateral, es un requisito para la construcción de confianza entre las partes, un desescalamiento de las hostilidades, pero no es la paz que necesita Colombia.
La paz que necesitamos los colombianos va mucho más lejos; empieza con la reestructuración moral, política y cultural del país, cambios en sus tres poderes. Estos son los tres órganos que dirigen una nación, en este caso Colombia, es de ahí donde salen todas las decisiones políticas, económicas y culturales existentes en el país en beneficio de una clase. En Colombia, la gran beneficiada durante décadas por esas decisiones de los tres poderes han sido las clases dominantes, la oligarquía empresarial, la oligarquía financiera, la oligarquía latifundista y las transnacionales.
Colombia necesita cambiar con urgencia su viejo modelo político, económico y cultural; sin esos cambios no habrá paz. Para consolidar una paz amplia y duradera se necesita la voluntad política del Establecimiento, la implementación de las reformas que permitan la reconversión del país hacia la democracia y el Estado de Derecho, pluralista y participativo. La verdadera democracia es aquella que incluye a todas las fuerzas y movimientos sociales, partidos minoritarios, campesinos, indígenas, afros, la comunidad LGTBI, en la configuración política económica y social de un Estado. Es el pueblo con sus líderes que tiene que dirigir los destinos del país, fiscalizar la gestión política administrativa de los dirigentes.
Los medios masivos de comunicación, los políticos, los sectores empresariales y el mismo presidente Santos han creado una matriz de opinión difusa y distorsionada frente al proceso de paz; han venido posicionando la idea que el proceso de paz es irreversible y que está en la recta final.
Nada más falso y enredador que eso. A 30 meses de iniciadas las conversaciones, el Gobierno Santos no ha radicado la primera ley que permita empezar a dar cumplimiento a los acuerdos parciales en los tres primeros puntos abordados: 1 - “Desarrollo Agrario Integral”, 2 - “Participación Política” y 3 - “Cultivos de uso Ilícito”; de los seis que componen la Agenda.
Además cabe señalar que sobre esos puntos todavía hay unos temas pendientes por abordar; por ejemplo, cuando nosotros hablamos de “Reforma Agraria Integral”, no se está hablando únicamente de entregarle la tierra a los campesinos, que por supuesto deben ser tierras fértiles y productivas, hay que entregarle también las herramientas y la tecnología necesarias para ponerla a producir, acompañado de elementos básicos como asistencia técnica, manejo del medio ambiente, préstamos a bajos intereses, asegurarle al campesino la venta de sus productos a precios razonables, que le garantice al mediano y pequeño productor campesino la alimentación y el buen vivir para su familia; construcción de vías carreteables, redes eléctricas, agua potable, educación para sus hijos, acceso a los medios tecnológicos, castigo ejemplar a los especuladores, subsidios a la producción campesina.
“Participación política” quiere decir la participación activa de todas las corrientes sociales en igualdad de condiciones: Partidos minoritarios, afros, indígenas, campesinos, la comunidad LGTBI, etc. Para que esto suceda hay que transformar el sistema electoral colombiano, sanear las cortes y todo el aparato judicial y el Congreso; porque sin la democratización de estos entes de poder no habrá participación política en democracia, libertad y respeto, sino que será letra muerta una vez más.
“Cultivos de uso ilícito”; son muchos los expertos y analistas que han dicho que el tratamiento militar a los cultivos de coca, amapola y marihuana fracasó. Sin embargo, el Gobierno colombiano, obedeciendo órdenes del Pentágono, sigue en su terca política de terminar los cultivos por la vía de la represión. Los cultivos no se han acabado, al contrario, han aumentado, como ha aumentado la destrucción del medio ambiente, el desplazamiento de campesinos pobres a las ciudades, la judicialización y criminalización de los mismos.
La paz es un derecho inalienable de los pueblos; los Estados tienen el deber de garantizar la paz.
No habrá paz con hambre, sin educación, salud, trabajo, vivienda, tierra para los campesinos y garantías para el ejercicio de la política. Son elementos básicos que garantizan el desarrollo y buen vivir de una sociedad. La recta final del proceso debe estar acompañado de lo antes mencionado. De lo contrario, no será una paz seria y duradera. El Gobierno habla de posconflicto como si ya estuviera todo acordado y como si todo el paquete de reformas ya estuviera radicado. Parece que “están contando los pollos sin echar los huevos”.
La paz tiene que estar por encima de todo interés individual y mezquino. Debe ser una realidad y no una quimera.
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