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Buenos Aires - Argentina
Director Editorial: Prof. Juan Carlos Sánchez gacetillasargentinas.direccion@gmail.com
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SUMARIO
1 - ARGENTINA, BUENOS AIRES: DE LA CARTA ABIERTA A LA EXPOSICIÓN Y DENUNCIA DE LA VERDADERA SITUACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En el actual escenario político argentino, cuya dirigencia se encuentra enfrascada en las lides clientelares destinadas a la perpetuación en el poder, ya sea por la vía electoral o integrando el gabinete del próximo gobierno en cualquiera de las jurisdicciones, no cabe otra respuesta que la enviada en el día de hoy al Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que al Poder Legislativo y a las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad.
Si bien el análisis propiamente dicho he de realizarlo en un Editorial a publicarse en unas horas, estimo conveniente que lean la sintética descripción que he realizado en el mensaje enviado. Más allá de las vicisitudes particulares que me acompañan, las cuales conocen, y que he descripto para conocimiento de esta clase política acomodaticia -como diría Andrés Sarlengo, son buenos gerentes- es un excelente panorama de la vida actual de un colectivo postergado e invisibilizado, casi tanto como los tobas en el Chaco o los mapuches, en el sur argentino y en Chile.
Hoy debiera haber salido la promoción de mi visita a Venado Tuerto, con motivo de la fiesta de Contrapuntos por sus 150 programas en el éter santafecino. Pero no puede ser posible porque he debido cancelar el viaje debido a la obstaculización que he encontrado al solicitar el pasaje. Nada nuevo bajo el sol, después de la masiva protesta de muchas personas con discapacidad en la Terminal de Retiro durante el último fin de semana largo.
Ojalá nunca hubiese tenido que escribir esta carta, pero no queda otro recurso pues el judicial está muy lejos de mi alcance, como también del resto de un colectivo que apenas puede defenderse. Y de esta coyuntura particular, se abusa el poder político y las corporaciones para colmar su sed de poder y de dinero, de riquezas y de glamour.
Aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas personas con discapacidad, que tengan el coraje de enfrentar a este Goliat, para movilizar y obligar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga lo antes posible. Ayer, fueron 30.000 compañeros y compañeras y hoy, son más de dos millones de personas que estamos desaparecidas socialmente, entre niños, niñas, jóvenes y adultos que pasan por este mundo sin siquiera tener una oportunidad real de desarrollarse como seres humanos plenos, gracias a la continuidad del genocidio neoliberal mediante sus políticas de hambre y represión.
En consecuencia, les pido que describan su situación particular al Sr. Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigiendo un mensaje a: cidhoea@oas.org , con copia a las autoridades provinciales y municipales correspondiente a vuestro lugar de residencia.
No habrá abogados, pero nuestra voz debe hacerse escuchar en todo el mundo. Es hora de terminar con la exclusión perpetua a la cual estamos sometidos desde hace tiempo. Construyamos nuestra ciudadanía mediante el ejercicio de nuestros derechos, pero ya no basta con el reclamo interno sino que debe hacerse en el plano internacional.
Si hasta ahora pensaron que nos callaban, tenemos la oportunidad de decir basta a los abusos del poder.
Prof. Juan Carlos Sánchez
Director Editorial GACETILLAS ARGENTINAS.
----- Mensaje original -----
Para: CIDH ; Jorge Enriquez ; Lesbegueris Defensoria ; gmuniz@defensoria.org.ar ; apierini@defensoria.org.ar ; defensoria@defensoria.org.ar ; mondino@defensor.gov.ar ; privada@presidencia.gov.ar ; webmaster@presidencia.gov.ar ; privada@cndisc.gov.ar ; Jefe de GCBA ; Ministro de Educación de la Ciudad de Bs. As. ; Antonio Coppola ; santiago.estrada@legislatura.gov.ar ; comeducacion@legislatura.gov.ar ; martaelenatalotti@yahoo.com.ar ; Jorge J. Sanmartino ; ctomada@trabajo.gov.ar ; spministro@msal.gov.ar ; dfilmus@me.gov.ar ; transporte@minplan.gov.ar
CC: educultura@senado.gov.ar ; derechos@senado.gov.ar ; trabajo@senado.gov.ar ; poblacion@senado.gov.ar ; infraestruct@senado.gov.ar ; saludep@senado.gov.ar ; Comision Políticas de Promoción e Integración Soc ; comtransito@legislatura.gov.ar ; Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad ; abalestrini@diputados.gov.ar ; daniel.scioli@senado.gov.ar ; ceducacion@hcdn.gov.ar ; ctransportes@hcdn.gov.ar ; cdiscap@hcdn.gov.ar ; cdhygarantias@hcdn.gov.ar ; cltrabajo@hcdn.gov.ar ; casyspublica@hcdn.gov.ar
Enviado: Miércoles, 17 de Octubre de 2007 08:17 a.m.
Asunto: ENTRE VIAJES FRUSTRADOS Y DERECHOS CONCULCADOS.
Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. Néstor Carlos Kirchner
Sr. Ministro de Educación de la Nación Argentina
Lic. Daniel Fernando Filmus
Sr. Ministro de Salud y Ambiente Humano
Dr. Ginés González García
Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina
Dr. Carlos Alfonso Tomada
Sr. Secretario de Transporte de la Nación Argentina
Ing. Ricardo Jaime
Sr. Presidente de la Comisión Nacional Asesora
para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad
Dr. Jorge Mascheroni
Sr. Presidente de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Dn Daniel Osvaldo Scioli
Sr. Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senador Nacional Luis Carlos Petcoff Naidenoff
Sra. Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senadora Nacional Amanda Mercedes Isidori
Sr. Presidente de la Comisión de Salud y Deporte
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senadora Nacional Haydée Delia Giri
Sr. Presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senador Nacional Dr. Celso Alejandro Jaque
Sra. Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senadora Nacional Silvia Ester Gallego
Sr. Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
de la H. Cámara de Senadores de la Nación Argentina
Senador Nacional Dr. Gerardo Rubén Morales
Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputado Nacional Dr. Alberto Edgardo Balestrini
Sr. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputado Nacional Remo Gerardo Carlotto
Sr. Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputado Nacional Dr. Héctor Pedro Recalde
Sra. Presidente de la Comisión de Educación
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputada Nacional Blanca Inés Osuna
Sr. Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputado Nacional Dr. Juan Héctor Sylvestre Begnis
Sra. Presidente de la Comsión de Discapacidad
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputada Nacional Lucrecia Etelvina Monti
Sra. Presidente de la Comisión de Transportes
de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Diputada Nacional Zulema Beatriz Daher
Sr. Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Dr. Eduardo Mondino
Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Dn. Jorge Alberto Telerman
Sra. Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Lic. Ana María Clément
Sr. Presidente
de la Comisión para la Plena Participación e Integración
de las Personas con Necesidades Especiales
Dn. Antonio Donato Cóppola
Sr. Presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Santiago de Estrada
Sr. Presidente de la Comisión de Educación
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Diputado Dr. Marcos Peña
Sr. Presidente de la Comisión de Salud
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Diputada Dra. María Soledad Acuña
Sr. Presidente de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Diputada Dra. Marta Elena Talotti
Sr. Presidente de la Comisión de Legislación General y del Trabajo
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Diputado Dr. Jorge Enríquez
Sr. Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Diputado Jorge San Martino
Sra. Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Dra. Alicia Pierini
Sra. Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Prof. Graciela Muñiz
Sr. Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Prof. Gustavo Lesbegueris
CC: Sr. Presidente Comisión Interamericana de Derechos Humanos
PRESENTE
De mi mayor consideración:
JUAN CARLOS SÁNCHEZ, D. N. I. Nº 00.000.000, domiciliado en la calle xxxxxx Nº 000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su triple condición de ciudadano argentino, de docente y de persona con discapacidad, registrado bajo el Certificado Nacional de Discapacidad Nº 73.612, se dirige a Uds. con el objeto de transmitirles mi preocupación ante el notorio y sensible incumplimiento de la normativa a nivel nacional e internacional en materia de discapacidad en la República Argentina, la cual afecta a quien esto suscribe y a todas las personas que integran este colectivo vulnerable en su condición socioeconómica, constituyendo esto una flagrante violación a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a lo que se suma, desde luego, la falta de ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscripta el pasado 30 de marzo por nuestro país en la ciudad de Nueva York, por parte del H. Congreso de la Nación Argentina.
Desde el Derecho a la Salud, al Trabajo, a la Educación y a la Justicia como también al Transporte, todos estos derechos consagrados por las Leyes Nacionales Nº 22.431, 24.901, 25.635, 25.689 y sus modificatorias y complementarias, al igual que lo establecido en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de la Ciudad Nº 1502 sobre cupo laboral para las personas con necesidades especiales, vienen siendo incumplidos sistemáticamente sin que se advierta una acción decidida desde el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para afectar los derechos subjetivos y objetivos de todo un colectivo, el cual integro dada mi propia condición, configurando esto una condena a muerte lenta pero segura para la gran mayoría de sus integrantes.
La estrecha ligazón entre pobreza y discapacidad, que puede advertirse en las zonas rurales y en buena parte de las zonas urbanas de nuestro país, nos debe llevar a pensar en un incremento geométrico de la población con patologías discapacitantes en los próximos diez años. Si hoy podemos estimar que un 10% de la población argentina tiene alguna discapacidad, es posible que, en poco tiempo más, se duplique este porcentaje y ello afectará sustantivamente la población económicamente activa de la República Argentina, con las consecuencias que conlleva a la economía nacional. Sin embargo, pareciera que nada le interesa al poder político a nivel nacional, provincial y municipal e inclusive, abusando de la imposibilidad económica de litigar por parte de quienes vienen siendo cercenados en sus derechos como también, y esto es bastante conocido, la renuencia de los abogados a patrocinar litigios en los cuales se desee peticionar acerca de esta conculcación que vulnera los derechos fundamentales del hombre.
La inaccesibilidad a los derechos, desde los simples trámites para obtener un tratamiento o una medicación a viajar libremente por toda la Argentina, es producto de la ausencia de políticas de Estado e inclusive, de una política destinada a no hacer nada y esperando que este colectivo se canse de reclamar por todas las vías a su alcance, incluyendo el deseo implícito de la muerte de sus integrantes con tal de balancear las cuentas públicas. Si nos atenemos a la concepción clásica de genocidio, podemos afirmar que el Estado Argentino, en su totalidad, tiende a favorecer el exterminio de las personas con discapacidad. No hay balas ni bombas, basta con el hambre, la desocupación y la perpetuación de la pobreza como instrumentos para ello.
El Derecho a la Salud viene siendo conculcado por severas limitaciones para la detección precoz de la discapacidad, pudiéndose advertir que la asistencia sanitaria en el interior de la Argentina es insuficiente y se limita a planes destinados al clientelismo y al amiguismo con fines electorales. El Sistema Nacional de Salud, con sus subsectores estatal y privado, se encuentra notoriamente limitado por la ausencia de insumos al igual que las limitaciones establecidas por la gran cantidad de trámites que deben realizar los integrantes de este colectivo, lo cual desalienta la concurrencia a los establecimientos sanitarios. Por otro lado, la lejanía de estos centros de salud hace imposible la necesaria asistencia para dar lugar a un círculo vicioso entre pobreza y discapacidad en forma perpetua.
La Encuesta Nacional de Discapacidad reveló que el 84% de este colectivo no posee el Certificado Nacional de Discapacidad con el fin de acreditar su condición para ejercer sus derechos. Sin embargo, la reciente sanción del proyecto de ley que hoy reposa en los cajones del H. Senado de la Nación tampoco cumpliría con el objetivo que se propone en su totalidad. La instauración de Juntas Médicas es solamente una gota en el mar de los indocumentados de la discapacidad y generaría, sin dudas, más problemas a los actuales poseedores de la documentación, si se exigiese la renovación compulsiva. Cabría pensar en un nuevo intento de continuar con la política de cercenamiento de derechos antes que allanar los obstáculos existentes, dado lo expuesto y bastaría con el reconocimiento nacional de los Certificados Provinciales de Discapacidad, junto con la articulación de los diversos organismos nacionales y provinciales.
El Derecho al Trabajo es inexistente. Salvo algunas contrataciones clientelares del Estado Nacional, los Estados Provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las escasas oportunidades brindadas por el sector privado, este bien social no es patrimonio de la gran mayoría de los integrantes de este colectivo. Entre la formación destinada a perpetuar sus condiciones desfavorables, mediante la permanencia prolongada de las personas con discapacidad mental en las escuelas de Educación Especial junto a la ausencia de una verdadera política educativa destinada a la inclusión, y las irregularidades en la continuación de sus estudios en el sistema estatal, debido a la atención de sus propias problemáticas familiares y sanitarias, nos encontramos con que existen grandes dificultades para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por otro lado, el Estado Nacional continúa sin reglamentar la Ley Nacional Nº 25.689, modificatoria del art. 8º de la Ley Nacional Nº 22.431, que establece el cupo laboral del 4% para las personas con discapacidad en la Administración Pública Nacional, el que es incumplido sistemáticamente como también, tal como ocurre con frecuencia, se trata de trasladar sus requerimientos al sector privado en una nueva muestra más de la vigencia del principio de subsidiariedad del Estado, precepto básico del neoliberalismo vigente. La Ciudad de Buenos Aires tampoco es la excepción. A pesar de la normativa vigente, el cupo laboral del 5% para las personas con discapacidad en la Administración es incumplido en forma sistemática, sin articular los Estatutos particulares como el Docente y el de la Salud para la incorporación de docentes, médicos y personal sanitario con discapacidad, fonfigurando ello una flagrante violación a sus Derechos Humanos, incluído quien esto suscribe.
Quien suscribe padece de una discapacidad auditiva bilateral y actualmente es docente en dos escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires en carácter de docente interino y suplente, lo cual conspira contra su desarrollo personal toda vez que el regreso de los docentes titulares implica la pérdida de las horas cátedra obtenidas. Este panorama es sumamente grave para quien tiene que enfrentar las vicisitudes de su propia discapacidad y las de sus padres, hoy ancianos y enfermos. Pero no todo es protesta. Se ha colaborado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de materializar la articulación del Estatuto del Docente con la Ley de la Ciudad Nº 1502. Sin embargo, la ausencia de voluntad política obligó a mi renuncia al contrato suscripto para continuar mi labor en las aulas, verdadera vocación que lleva a cabo todos los días en los cuales da clases en la Escuela Superior de Comercio Nº 3 "Hipólito Vieytes" y en la Escuela de Comercio Nº 21 "Cap. de Nav. Hipólito Bouchard". Se propuso la instauración de la Cátedra Libre de Derechos Humanos del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, hace casi 3 años, obteniendo solamente más obstáculos para la concreción de una iniciativa tendiente a complementar la formación en aquellos aspectos jurídicos y sociales de los futuros docentes de Ciencias Jurídicas; entre ellas, la discapacidad y sus sujetos comprendidos. Todo cae en el canasto de los funcionarios que solamente saben inaugurar obras antes que atender a las verdaderas necesidades del pueblo.
El Derecho a la Educación también tiene numerosos obstáculos. Desde la incomprensión y el prejuicio de los directivos escolares y funcionarios estatales a la falta de una verdadera política educativa en sentido inclusivo, acorde con los nuevos paradigmas establecidos en la Convención Internacional aún no ratificada por el H. Congreso de la Nación Argentina, nos encontramos con una formación que no tiende a la autonomía de los sujetos con discapacidad y favoreciendo el esquema clientelar sustentado desde el Estado. Resulta imprescindible el establecimiento de una política inclusiva en todos los niveles del sistema educativo, soslayando el paradigma de la compensatoriedad que hoy existe. Se trata simplemente de articular los recursos materiales y humanos para allanar las barreras que alejan a los estudiantes y docentes con discapacidad del sistema educativo en todo el país, desde las adaptaciones curriculares a la incorporación de intérpretes en lengua de señas, con el objeto de formarlos para una vida política, económica y social que los lleve a pensar en constituírse en ciudadanos y no, en parias como en la actualidad. No debe depender su actividad de la mera voluntad de docentes o de directivos comprometidos con la discapacidad, debe ser una política pública en toda la República Argentina.
Comprender la particular irregularidad de los estudiantes y docentes con discapacidad debe ser el primer paso, junto con aquellas medidas tendientes a facilitar el ingreso, tránsito y egreso en el seno del sistema educativo, cualquiera fuese la jurisdicción. Solamente de este modo, junto con nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y de calificación se podrá formar a sujetos destinados al trabajo.
El Derecho a la Justicia, pese al beneficio de litigar sin gastos, también es inaccesible. El largo periplo de las causas judiciales entabladas por ciudadanos con discapacidad conspira contra la realización de las medidas necesarias para la preservación de sus derechos, a lo cual se suma la reticencia de los profesionales para promover litigios contra el Estado en cuestiones tales como el cupo laboral o las prestaciones médicas que les son debidas de acuerdo al derecho interno. De hecho, quien suscribe no ha encontrado ningún letrado patrocinante para defender sus derechos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y éste continúa con su tesitura indolente, frente a la exigencia de estabilidad laboral que le permitiría obtener una cobertura sanitaria para la atención de su salud que hoy no posee. Esta inaccesibilidad favorece el accionar gubernamental, tanto en la implementación de programas clientelares como en el soslayo de los Derechos Humanos de un colectivo como el que tratamos.
Por último, el Derecho al Transporte, pese a la sanción de la Ley Nacional Nº 25.635 y su reglamentación vigente, está lejos de constituírse en una realidad tangible. Los sistemáticos incumplimientos en la expedición de pasajes gratuitos de media y larga distancia, junto a las sucesivas prórrogas otorgadas por el Gobierno Nacional a los empresarios del autotransporte de pasajeros, limitan sensiblemente el ejercicio de este derecho y ello incluye la necesaria complicidad gubernamental en el contralor de las concesiones, favoreciendo estos poderosos intereses económicos en detrimento del derecho a viajar gratuitamente. La falta de adaptación de las unidades de transporte automotor y los vallados y falta de accesos en el transporte ferroviario y de subterráneos impiden el acceso a las personas con discapacidad motriz, mientras que la ausencia de sistemas sonoros y visuales contribuye a la desorientación de las personas con discapacidad sensorial.
Quien suscribe, en el día de ayer intentó obtener un pasaje terrestre a Venado Tuerto con la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cómplice habitual del sector empresario, para el día viernes 19 del corriente y el correspondiente al regreso para el próximo domingo 20. No tuvo éxito, pues la Empresa Chevallier, por intermedio de la oficina de informes sita en la Terminal de Retiro, se limitó a expresar que solamente atiende los pasajes para personas con discapacidad en el horario de 09.00 a 11.00, costumbre que es imitada por varias empresas del sector. Aunque se solicitó el trámite para otra empresa, el empleado sugirió que fuera personalmente a las boleterías, lo cual, conociendo de antemano las respuestas de las empresas que realizan el trayecto, fue desestimado para inmediatamente comunicar mi imposibilidad de viajar, pese a postergar el viaje por una semana para no coincidir con el feriado del pasado 12 de octubre, a la persona que iba a visitar en dicha localidad santafesina. Esto es, no se puede viajar salvo la buena voluntad de algún empleado de las empresas o hacer un escándalo en plena Terminal de Retiro con el objeto de hacer valer los derechos correspondientes. Denunciar el incumplimiento al organismo regulador, constituye una pérdida de tiempo pues demoran 120 días en resolver un expediente como también siempre favorecen al sector empresario...
¿Qué nos queda de esta larga exposición?. Simplemente que los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, incluyendo los de quien esto suscribe, siguen siendo violados sistemáticamente, sin poder articularse su defensa por la ausencia de mecanismos administrativos y judiciales que tengan en cuenta las particularidades de los sujetos, como también la falta de profesionales comprometidos con la defensa de esta categoría de derechos. Esta situación en la República Argentina, data de mucho tiempo pero es singular la ausencia de una política estatal tendiente a preservar y garantizar los derechos de todo un colectivo hoy condenado por la irrelevancia social y la indiferencia de los funcionarios de todas las jurisdicciones.
En consecuencia, corresponde peticionar a los gobernantes de la República Argentina, que arbitren los medios para el debido respeto a los Derechos Humanos conculcados, incluyendo las problemáticas particulares que han sido planteadas en el presente y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investigue y promueva acción contra el Estado Nacional Argentino y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los incumplimientos incurridos con quien suscribe.
Desde Buenos Aires, República Argentina, les saludo con mi más alta consideración y estima.
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
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