Despidos y persecución en el diario Crónica.

 

A través de un comunicado, la Lista Naranja Gráfica denunció que la Editorial Sarmiento, que edita el Diario Crónica, despidió a Sergio González, dirigente de su organización y a dos candidatos a delegados en las elecciones que convocara el sindicato gráfico, como también la presencia de patovicas pagados por la empresa destinados a la persecución de la actividad sindical.

Recordemos que el tradicional diario capitalino fue adquirido en el año 2005 por Raúl Olmos, propietario de "Forjar Salud", entidad que gerencia la Obra Social de la UOM, quien está vinculado a Hugo Moyano y al kirchnerismo. Dichas relaciones le permitieron quedarse con el control de BAE (Buenos Aires Económico), Diario Show, el Atlántico de Mar del Plata y recientemente de Crónica TV, conjunto de medios que recibió más de 40 millones de pesos durante el año pasado en concepto de publicidad oficial.

Según informó la organización gremial, el edificio donde funciona la planta gráfica fue alquilada a Olmos por la Administración Nacional de la Aviación Civil, organismo que depende del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, señalando que no realiza los aportes previsionales a las y los trabajadores pese a los beneficios recibidos.

Señalaron la reducción del plantel de gráficos y periodistas del medio a la mitad, imponiendo "una verdadera dictadura" mediante el concurso de patovicas que actúan como fuerza de choque contra la actividad gremial, quienes recientemente negaron el acceso al sindicato para la realización de la elección de delegados.

Por otro lado, recordaron que se eliminaron derechos convencionales y se instauró un régimen de maltratos y abusos, tales como el trabajo de obreros gráficos por 48 y 96 horas sin descanso para garantizar la impresión de boletas para el Frente para la Victoria, otra prebenda oficial sin lugar a dudas.

Finalizaron reclamando "la inmediata reincorporación de los despedidos, la libre elección de delegados y el fin de la dictadura en el matutino", como también la imposición de multas, el pago de los aportes adeudados y el cese inmediato de los beneficios otorgados por el gobierno al Grupo Olmos.