Contra la ley antiterrorista.

La lucha por la derogación del Art. 213 ter del Código Penal por parte del Frente de Acción Revolucionaria y otras organizaciones sociales y políticas solamente llevó a la elaboración de un nuevo proyecto por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en consonancia con las presiones imperiales provenientes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Ayer se publicó el Decreto Nº 2021 / 11, por el cual se convocó a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional, donde uno de los temas a ser tratados en ellas es el proyecto de modificación del Código Penal que fuese enviado el pasado 14 de octubre y que adjuntamos a esta nota.

Dicha iniciativa tuvo fuertes críticas por numerosas organizaciones de Derechos Humanos y sociales, tanto oficialistas, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y opositores, como la AEDD (Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos) y Liberpueblo; ambos, junto con otras organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, al igual que la ACIJ (Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).

Por otra parte, diversas organizaciones sociales oficialistas, tales como la CTA Nacional (Central de Trabajadores Argentinos), liderada por Hugo Yasky y la FTV (Federación de Tierra y Vivienda), de Luis D' Elía, como opositoras, tales como la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) se sumaron a este contundente rechazo junto a numerosas organizaciones ambientalistas, como la Asamblea Comarcal contra el Saqueo - Comarca Andina del Paralelo 42, la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, las Asambleas Ciudadanas Riojanas, la Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba) y la Asamblea ¡ Córdoba Ciudad Despierta !, entre otras.

Asimismo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; Julio Raffo, Diputado porteño por Proyecto Sur; Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad; Mario Hernández, miembro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de Buenos Aires (COMECI), Maristella Svampa y Roberto Gargarella fueron las personalidades que expresaron su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Ello se vió reflejado en un documento, que adjuntamos a esta nota, en donde se expresa la “profunda preocupación” por cuanto su aprobación, según señalan, “legitimaría la criminalización de la protesta”. Asimismo, enfatizaron que este proyecto tiene la finalidad de “reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien" mediante la utilización de conceptos imprecisos que permiten su aplicación a las tipos penales que se utilizan para la criminalización de la protesta social, tal como ocurre en los cortes de ruta o en los simples actos de protesta en el espacio público.

Por otra parte, señalaron que “la reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo” y recordaron que “una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile”, pues permitió la persecución penal a los dirigentes del pueblo Mapuche por imputaciones referidas al incendio de bosques.

Con respecto a la aclaración del Ejecutivo, acerca de su no aplicación en el caso del ejercicio de un derecho constitucional, afirmaron que "este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo” por cuanto serán los imputados, quienes deberán demostrar que no son terroristas; es decir, se invierte la carga de la prueba.

Concluyeron, manifestando su oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional e instaron a la abstención de aprobar esta reforma por cuanto constituye "una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal", con la inclusión de figuras penales inconstitucionales que legitiman la persecución penal a la protesta social.