Al igual que durante el desarrollo de la causa Gontero, en el 2010, un mensaje de texto anónimo fue la respuesta de aquellos que todavía permanecen en la Policía provincial y cuyas redes de impunidad aún subsisten en democracia.
"Dejá de joder o los vamos a matar a todos". Otra vez, la estrategia de amedrentamiento frente a un nuevo juicio que tiene a tres policías sentados en el banquillo de los acusados.
La familia de Ana María Villanueva esperó más de 36 años por ese momento de justicia que hoy viven. Y los organismos de Derechos Humanos hoy repudian estas acciones como las que hemos mencionado y afirmaron "que las amenazas y las agresiones nunca han servido para disiparnos y hoy más que nunca estamos más que acompañados por un modelo de Estado donde nuestros reclamos históricos se convierten en política pública y son ejecutados con voluntad manifiesta".
Y agregaron: "La memoria, la verdad y la justicia ya están siendo una realidad", pese a los impunes mal acostumbrados, como denominaron a los autores materiales e intelectuales del hecho.
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo - Filial Córdoba, Asociación de Ex presos políticos - Córdoba e H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red nacional repudiaron esta acción y exigieron su inmediato esclarecimiento y la identificación y sanción de sus responsables, como también la profunda democratización de la Policía provincial y el desmantelamiento del aparato represivo.
Recordaron que esta policía "es la que reprime sistemáticamente toda movilización social en el país, es la que encarcela y persigue por portación de rostro a los jóvenes de barrios marginados en nuestra Provincia, utilizando un Código de Faltas inconstitucional y heredado de la dictadura" y manifestaron que esperan "una autocrítica sobre el funcionamiento y la calidad de la formación policial".
Por otra parte, destacaron que Navarro, quien derrocara al gobierno institucional más popular y elegido por los cordobeses, aún continúa en el Cuadro de Honor policial y solicitaron que se baje su cuadro al igual que el de Videla en el 2004.
Concluyeron afirmando que no van a tolerar "que se afecte la integridad de los testigos" porque gracias a ellos siguen adelante los juicios y constituyen la prueba fundamental al declarar en las audiencias. Por ello, solicitaron que se garantice las condiciones para su declaración a través del Programa de Protección a Testigos a cargo del Gobierno provincial.
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