Darán hoy una conferencia de prensa para exigir que se investigue a la ex Fábrica Campomar, utilizada como Centro Clandestino de Detención y Torturas.

Desde las 13.00 hs., en el Salón Bungalow del Hotel Bauen, sito en Callao 360 de esta Capital, la Comisión de Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar reclamará una decisión política desde el Gobierno Nacional para que la Justicia investigue si en la ex fábrica Campomar funcionó un Centro Clandestino de Detención, al igual que de fusilamiento y tal vez, enterramiento de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico - militar de acuerdo a la información recogida por los vecinos, según afirmaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, informaron que, en Valentín Alsina, durante décadas corrió el rumor acerca del funcionamiento de la ex fábrica Campomar como CCDyT durante la dictadura. Sin embargo, ello jamás fue investigado, sostuvieron, a pesar que apenas a tres cuadras se encuentra la comisaría 3ª de Alsina, que en 1984 la Justicia probó que formó parte del “Circuito Camps”.

Por otra parte, la Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar afirmó que reunió diez testimonios de vecinos; uno de los cuales, es el de un sobreviviente que fue llevado secuestrado a dicho lugar donde fue torturado y sufrió simulacro de fusilamiento, lo cual fue testimoniado el 24 de agosto de 2011, en el Juicio por la Verdad, ante la Cámara Federal de Apelaciones y ratificado el pasado 23 de octubre pasado, además de aportar datos precisos que prueban en forma contundente su detención en la ex fábrica. No obstante, el pasado 27 de noviembre, dicha Cámara revocó la medida de no innovar, liberando a Electroingeniería para que avance con las obras de demolición y construya encima de los muertos, sin siquiera haber investigado, sostuvieron.

En dicha medida, también se solicita a la empresa mencionada que “si encuentra restos humanos paralice la obra”, resultando ello una burla a todas y todos los familiares que aún buscan a sus seres queridos.

Concluyeron, exigiendo al Gobierno Nacional y Municipal, los que enarbolan los Derechos Humanos, que se investigue lo acontecido en dicho predio; que se vuelva a dictar la medida de no innovar, para que la empresa no pueda continuar con la obra hasta la finalización de la investigación pertinente y que el Equipo de Antropología Forense abandone su reticencia a ella porque, afirmaron, SIN INVESTIGACIÓN NO HAY JUSTICIA.