HIJOS La Plata repudió el acto realizado el pasado 27 de diciembre en la ESMA y apoyó el reclamo de la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos por un debate serio con respecto al destino de los espacios de memoria, mediante el comunicado titulado "Carnaval de la memoria o espacio de lucha".
En el texto difundido a la prensa, afirmaron que Alak, el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, "tiene viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume encabezar, y en particular con los organismos de la ciudad que gobernó por 16 años".
En dicho sentido, recordaron que, entre 1998 y 2002, el actual titular de la cartera de Justicia y en aquel entonces Intendente de La Plata "se había comprometido, como miembro integrante de la APDH, a subsidiar el pago de alquiler de la oficina que la APDH La Plata destinaba como estudio jurídico (350 pesos mensuales durante tres años, que totalizaba más de 12.000 pesos)". Sin embargo, sus incumplimientos con el citado organismo de Derechos Humanos del cual formó parte motivaron una carta abierta en donde denunciaban que, a pesar de los contactos mantenidos con sus funcionarios y ante él mismo, nunca fue refrendado el compromiso de pago del subsidio acordado pese a la crítica situación de la APDH La Plata.
Por otra parte, señalaron que el entonces intendente pretendió subsanar la ausencia de compromiso con el movimiento de Derechos Humanos de la capital bonaerense, con el préstamo del Salón Dorado, el lugar más lujoso del Palacio Municipal, para que se realizara el primer juicio desde la reapertura de las causas contra los genocidas, lo cual fue aceptado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 debido a que las salas de la sede de la Justicia Federal no estaban preparadas para una gran concurrencia durante las audiencias, recordando el organismo platense de Derechos Humanos que existieron aprietes contra testigos en la sala de espera del mencionado tribunal durante la audiencia en la cual prestó testimonio Jorge Julio López.
Con respecto a esta jugada política, consideraron que fue desastrosa porque "porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado al leerse la sentencia condenatoria" y "la sede de la municipalidad de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron a ser el lugar de concentración y lucha de todos los 18 de septiembre para quienes desde hace más de 6 años venimos señalando la responsabilidad de los Estados Nacional y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de López", señalando que, "desde aquel 18 de septiembre de 2006, la puerta de la municipalidad, donde esperábamos a Lopez junto a los organismos de Derechos Humanos para la lectura del alegato de la querella del espacio Justicia Ya !, se ha convertido en un espacio de la impunidad, porque desde hace 6 años no recibimos ninguna respuesta ni línea investigativa firme en el caso de parte del ' Gobierno de los Derechos Humanos ' ”.
Con respecto al debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria, sostuvieron que "no está cerrado", teniendo en cuenta "la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios". En este sentido, recordaron lo sucedido con el predio del Destacamento de Arana en ocasión del hallazgo de restos óseos calcinados, en abril de 2008, por el equipo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuando Sara Derotier de Cobacho, la extinta Secretaria de Derechos Humanos, había adelantado que el gobierno provincial pretendía convertir al lugar en un Museo de la Memoria porque allí estaban las cenizas de los militantes populares, tras lo cual Justicia Ya ! a Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, con la finalidad de preservar las excavaciones efectuadas para "poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble". Según destacaron, recién en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 solicitó al Ejecutivo bonaerense el desalojo del citado destacamento policial.
A las intenciones de Derotier de Cobacho, Justicia Ya ! La Plata, recordaron, "respondió con un comunicado titulado ' No al museo del horror ' donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que ' la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía ' ”.
Desoyendo a todos los organismos de Derechos Humanos, el gobernador Scioli presentó las obras de Arana, el 6 de octubre de 2011, que contó con la inversión de "758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas", constituyendo ello un verdadero “museo del horror” mientras la presencia policial continúa trabajando delante de estas obras inauguradas.
Lo sucedido con el Destacamento de Arana, destacaron, "fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli", afectando "la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar".
Algo similar ocurre con el ex Destacamento policial de Lomas del Mirador, donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y desaparecido Luciano Arruga, el que fuera inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo.
En dicha ocasión, afirmaron, "con la presencia de todas las ' fuerzas vivas ' incluida la directora de Derechos Humanos del municipio, Gina Di Nardo, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza agradeció al gobernador Solá y al ministro Arslanián" sosteniendo que “quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”, pero "no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por darle continuidad a la práctica estatal de la desaparición forzada de personas", enfatizaron.
Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho y tras el insistente pedido de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, incluyendo un extendido acampe frente a la Municipalidad, el intendente se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural, inaugurado el 28 de diciembre de 2011.
En dicha inauguración, Espinoza hacía la apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", el cual iba a integrar el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergaría las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano. Pero olvidando su discurso de apertura de la sede policial, el intendente pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar asegurando que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento".
Recordaron la respuesta de Vanesa Orieta, hermana de Luciano, quien afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo".
"La construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevaría tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar", afirmó el organismo platense de Derechos Humanos. Pero recordaron que "el proceso que allí se estaba dando molestaba a las intenciones oficiales porque además de la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos emprendió una redefinición del espacio colectiva e independiente, y que pretendía transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires".
"Dos meses después de haber otorgado el espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retiró la llave del lugar al grupo de familiares con la triste frase de que ' nunca más ' la iban a obtener, recordaron. Actualmente, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga realizan una radio abierta, todos los sábados desde las 13.00 hs., frente al ex - destacamento policial para solicitar "el esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de lucha antirrepresiva".
Con respecto a la ESMA, recordaron la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes”, realizada por la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos, en la cual se aportaron criterios para los distintos usos del predio. En dicho sentido, acompañando dicho proyecto, recordaron que "era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio ' sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades ' y que ' no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DD. HH. en su concepción más general”. La AEDD se oponía a “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”, sugeriendo que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta. Pudo más el "calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos" que llevó a la instalación de diversos espacios y "otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno".
Frente a este escándalo, se refirieron al rol de los organismos de DD. HH. en una coyuntura como la actual, recordando que "se puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del período iniciado en 1983", desde un punto de vista ideológico, por cuanto la perspectiva de los Derechos Humanos sigue operando con la conservación de las instituciones represivas, aunque saneando sus "elementos corruptos", mientras el discurso caló hondo en el pueblo logrando la "conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros", en un pensamiento que "torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes y durante la última dictadura militar" la que, señalaron, está "indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan".
"El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio", "evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo", afirmaron. Agregando, luego, que "el pasado es pasible de ser leído en claves políticamente no sólo diversas, sino también antagonistas", permaneciendo constante "el carácter limitadamente reformista de las políticas que giran al compás del discurso de los DD. HH.", señalaron.
"Por debajo de esta apariencia engañosamente universal, se agazapa la dimensión fundamental de los DD. HH.: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista", indicaron. Ello explica, sostuvieron, la simultaneidad entre "la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas" y la promoción de "políticas de impunidad" mientras se "oscurece el carácter de clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía: un discurso que pide perdón en nombre del Estado, repara económicamente a los individuos afectados por los alcances de la represión y, sobre todo, preserva las instituciones mientras descuelga retratos, organiza sendos brindis para festejar supuestos logros o presenta más y más programas estatales en la materia", afirmaron.
Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas que desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de este modo también se explica el recurso permanente del actual gobierno a la manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad política del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias del capital.
Concluyeron, afirmando que "el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del movimiento de DD. HH. no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido", señalando que "la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana", la que "no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales".
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