Un crimen de Estado (Razón y Revolución)

El crimen del fiscal Alberto Nisman es el resultado de la descomposición del Estado argentino, como prenda del enfrentamiento de bloques imperialistas internacionales. Un  país que no puede poner orden en su estructura de inteligencia, es decir, en el manejo de toda la información sensible en términos de represión interna, lazos diplomáticos, misiones comerciales, acuerdos secretos, pierde su capacidad de ordenar la vida social.

Durante diez años, el kirchnerismo se alineó con la embajada norteamericana. Nisman y Stiusso fueron nombrados con esa orientación y con el objetivo de armar la pista iraní del caso AMIA. Las causas reales del atentado ligan a EE. UU. con una triangulación de armas a Bosnia y a Irán. Esto debía ocultarse. La conexión siria, muy evidente para llevar a cabo la voladura, también, en vista de los acuerdos de Israel con su vecino. Stiusso fue designado como Director General de Operaciones y, tal como denunció en su momento Gustavo Béliz, el espía de confianza de Néstor Kirchner. Nisman mismo agradeció siempre el gesto de Néstor de crearle una fiscalía especial, dedicada específicamente para el caso.

El debilitamiento de la relación del kirchnerismo con su clase (la burguesía) comenzó a penetrar en el primer lugar en que cualquier burgués con poder penetra: en los servicios secretos. Esto generó una ruptura en el interior de estos organismos. Otra variable, más determinante aún, dividió a la nueva Secretaría de Inteligencia (ex SIDE): la profundización del alineamiento con el bloque chino - ruso, que se vio claramente en la crisis de los “buitres” y ante el atentado en Francia (para tomar un ejemplo más reciente). En la primera, frente a la quita de apoyo internacional, China ofreció el swap de yuanes. En el segundo, se vio el flaco apoyo argentino, en sintonía con la indiferencia de los ahora aliados.

Estos factores nacionales e internacionales obligaron a una intervención en la SI. Milani fue el responsable del desembarco. Stiusso y su gente fueron desplazados. En su lugar, emergió Fernando Pocino, quien fue acusado de armar el vínculo con Irán. El memorándum, que en su momento gozó del paraguas norteamericano, ahora era una aberración que debía ser denunciada. Y eso se hizo. Curiosamente, todo estalló luego del alineamiento imperialista en París.

La hipótesis de un suicidio voluntario es verdaderamente ridícula. Nadie se suicida la noche antes del día más importante de su vida. No hay restos de pólvora en la mano y hay un preocupante problema con el orificio de salida. Nadie, además, le detalla las compras para el día siguiente a la empleada doméstica, si se va a matar esa noche. Nisman mismo le pidió un arma a un colaborador, para su seguridad personal. Si no fue un homicidio, el “suicidio” fue claramente inducido esa misma noche.

Nisman tenía un arsenal de evidencia contra la propia presidente de la nación. Estaba dispuesto a desatar la mayor crisis política de este gobierno a poco de las elecciones. Hacia allí deberían mirar las acusaciones, por supuesto. Stiusso, más precavido, se fugó del país y se ignora su paradero.

Pero también el Gobierno tenía su propio arsenal de pruebas: la subordinación de Nisman a los dictados de la embajada norteamericana y los pedidos de inculpar a Irán. Y estaba dispuesto a hacerlas públicas en una audiencia que debía ser reservada. Ese fue el hecho que determinó la crisis. Tampoco es descabellada la hipótesis de que la propia embajada yanqui mandó a callar al fiscal o, directamente, intentó provocar una crisis política que la mantenga completamente ilesa.

El Estado es el responsable de este crimen por varios motivos, desde los más generales a los más inmediatos. La estructura estatal siempre se movió entre el gangsterismo y la conspiración, de acuerdo a las diferentes presiones nacionales e internacionales. Nada tiene que ver en esto la continuidad de los elementos de la dictadura, como si una renovación de personal solucionara el problema. Toda inteligencia estatal se ocupa de la represión interna (la CIA y el Mossad, de gobiernos “democráticos”, practican alegre e impunemente la tortura).

El Gobierno condujo a esta descomposición y a esta guerra de inteligencia. En lugar de subordinarse a un bloque o a otro, debería haber roto con ambos. Su propio objetivo de asegurarse la inteligencia interna sobre el conjunto de la oposición, y en particular las organizaciones obreras, llevó a esta intervención. En el caso más particular, no garantizó la seguridad de Nisman (que tuvo que pedir un arma). Además, dejó pasar la regla número uno: ningún elemento vital duerme solo, y menos la noche antes de su exposición. La protección debe hacerse incluso contra algún intento de suicidio (inducido o no). Para colmo, la escena del crimen fue visitada por el propio ministro de Seguridad, mucho antes de que llegara la fiscal. Por lo tanto, las evidencias también pudieron ser adulteradas.

La oposición burguesa también es responsable, ya que son los emisarios políticos de los dictados de la embajada norteamericana para este caso. Es decir, son un elemento activo de la otra parte sospechada.

El lunes a la noche se produjeron movilizaciones en todo el país por el esclarecimiento del caso. Fue convocada por la UCR. La izquierda decidió no convocar ni acudir. El FIT, como ya nos tiene acostumbrado, no se juntó siquiera para sacar un documento. Por lo tanto, le dejó la resolución del caso a la derecha. Hay que explicarles a los compañeros que los derechos políticos no son un problema meramente burgués, sino un reclamo obrero elemental. La izquierda debió convocar y hacerse presente en la movilización. Debe disputar  esa dirección. Mientras la gente se manifestaba en la calle, Altamira, en TN, dijo que se debía llamar a una interpelación parlamentaria al Jefe de Gabinete. Es una medida completamente inconducente: solo redunda en que la mayoría kirchnerista y la oposición van a preguntar lo que quieran. Toda la intervención “revolucionaria”, en este caso, se reduce a las dos preguntas que la bancada de izquierda puede hacer a Capitanich.

El principal rehén de esta descomposición es la propia población. Y, en particular, la clase obrera, que se verá privada de los derechos políticos básicos de expresión. Una mexicanización de la vida argentina significa la eliminación del derecho, no ya de organización política, sino de sindicalización.

Lo que corresponde, en primer lugar, es dilucidar el hecho. El hecho es una unidad que abarca el atentado, el encubrimiento, el memorándum y el crimen del fiscal. Una madeja que apunta al corazón del Estado. Esto no puede ser investigado por los propios culpables. Por lo tanto, se debe constituir una comisión independiente, formada por los legisladores obreros. Se deben abrir todos los archivos de inteligencia, junto a los archivos diplomáticos, que se deben hacerse públicos.

Todos tenemos que conocer qué pasó y por qué. Y ese derecho al conocimiento no se va a conseguir sin lucha. El FIT debe ponerse, entonces, a la cabeza de la misma. A eso convocamos.