Por Carlos Antonio Lozada
La sabiduría popular tiende a resumir la experiencia acumulada por la praxis social, en frases cortas conocidas como refranes. Cada pueblo tiene los propios, que de alguna manera reflejan sus particularidades; pero como es apenas lógico, en cada uno de ellos siempre encontramos aspectos que contienen y corroboran la experiencia de todos los pueblos en la misma materia. Es así, como algunos de estos refranes alcanzan validez universal, en cuanto sintetizan de manera sabia los rasgos más generales de un fenómeno; aunque sin llegar a tener la rigurosidad de la ley científica.
Así, por ejemplo, hay dos conocidos refranes que nos recuerdan que “la historia la escriben los vencedores” y que “la primera víctima en una guerra es la verdad”.
Abocados a encontrarle una salida política al conflicto por la vía del diálogo, lo que implica que en el mismo no hay vencedores ni vencidos; nos vemos obligados a construir de manera colectiva un relato histórico que refleje en su complejidad las causas económicas, políticas y sociales del mismo, así como las múltiples responsabilidades históricas y políticas.
Por otra parte, se hace imprescindible en este proceso conocer la verdad pura y limpia sobre lo que ha sido esta tragedia nacional, como un primer paso y parte importante, de la necesaria justicia para con las víctimas del conflicto, que en últimas termina siendo todo el pueblo colombiano; pero además, como requisito indispensable para que lo ocurrido no vuelva a repetirse. “Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”, reza otra frase ampliamente conocida.
De lo anterior se desprende la importancia del acuerdo sobre la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; dado a conocer el pasado día 4 de junio en La Habana por parte de las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC - EP.
Un primer paso en esa dirección ya había sido dado, cuando las partes acordaron la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas cuyo informe, dado a conocer en el mes de febrero del año en curso, sentó las bases para una comprensión objetiva del conflicto colombiano, señalando sus múltiples causas económicas, políticas, sociales e internacionales; así como las distintas responsabilidades a lo largo del mismo, dejando claro que la máxima responsabilidad solamente puede recaer en el Estado, su régimen de dominación política y por supuesto en las élites gobernantes y sus partidos, dada su incapacidad histórica para superar el conflicto.
Ya desde ese momento, comienza a derrumbarse la visión recortada y unilateral que se pretendió imponer desde el Establecimiento, posicionando la matriz de una guerra desatada por un grupo de desadaptados contra la sociedad; así como la idea consecuente que pretendía convertir el proceso de paz en un proceso jurídico contra la insurgencia.
Ahora, con el acuerdo logrado se avanza un segundo paso, en dirección a que una vez suscrito el acuerdo final, los colombianos y la comunidad internacional puedan conocer la verdad verdadera sobre lo acontecido durante el conflicto. No la verdad que se busca imponer, posando los ojos sobre unos hechos, al tiempo que se cierran frente a otros; para tratar de sentar en el banquillo de los acusados a la insurgencia, mientras se lavan las manos por los crímenes propios.
No, la verdad sin la cual no habrá paz para Colombia, es aquella que debe brotar del análisis histórico de su realidad y del testimonio vivo de las víctimas; la de los más de 300 mil compatriotas que se llevó la violencia bipartidista de mediados del siglo pasado; la del Frente Nacional con su exclusión y el exterminio de la oposición política; la de los detenidos desaparecidos que pasan de sesenta mil; la de los más de 6 millones de desplazados y más de 8 millones de hectáreas de tierras expropiadas; la que contienen los más de 13.000 expedientes que reposan en manos de la Fiscalía contra los determinadores y financiadores del paramilitarismo; la de los más de 5 mil muchachos y muchachas asesinados para ser presentados como guerrilleros dados de baja; la de las torturas; la de los falsos positivos jurídicos; la de los asesinatos selectivos contra líderes sindicales, populares y de izquierda; por supuesto la del exterminio de la Unión Patriótica; la de la intervención extranjera en nuestros asuntos y un larguísimo etcétera tan largo como los 523 años que han transcurrido desde la invasión europea a estos territorios.
¡ Qué se abran los archivos, para que se sepa la verdad !
No hay comentarios.:
Publicar un comentario