Por Fidel Rondón
Poco o nada recuerda el país los desacuerdos de la Mesa de conversaciones de La Habana; nosotros sí. El planteamiento de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no solo evoca un mecanismo constitucional para refrendar los acuerdos, sino para tomar la única herramienta temprana que tiene la Mesa para dirimir los profundos desacuerdos que separan a las FARC - EP del Gobierno Nacional. El rechazo para abordar las Salvedades dentro del marco del Acuerdo General, se convierte en un gran obstáculo para la firma del Acuerdo Final. Es que las causas que generaron el conflicto armado en Colombia reposan adormiladas en el congelador de la sede de los Diálogos.
Cuando en el primer manifiesto político de la guerrilla en 1964, enarbolamos la lucha por una Política Agraria que entregara la tierra del latifundio a los campesinos, fue para señalar, al igual que hoy, que la concentración de la propiedad sobre la tierra en manos de unos pocos corresponde a la usurpación violenta a los campesinos trabajadores de ese medio de trabajo. Hoy, al igual que hace 51 años, el Gobierno Nacional rechazó en la Mesa de conversaciones la solución para delimitar la propiedad sobre la tierra, como medida para erradicar el latifundio improductivo o inadecuadamente explotado y lograr así la redistribución democrática de su propiedad. Este desacuerdo, de no solucionarse, cercena de facto la esperanza de extinguir una de las principales razones del alzamiento armado.
De igual importancia es la negativa a discutir la extranjerización del territorio.Este nuevo peligro para la soberanía del país que trajo la mundialización de la economía, trunca la posibilidad de frenar el mercado de tierras, nueva causa de la violencia en el campo. Para las FARC - EP se debe prohibir la compra de tierras en grandes extensiones por parte de empresas transnacionales, considerando ciertas excepciones, pero estableciendo límites, sin afectar la soberanía alimentaria y desestimando toda compra destinada a proyectos de agro combustibles que no atiendan la sostenibilidad ambiental.
El actual modelo de desarrollo económico, indiscutible para el gobierno en la Mesa, lacera el ánimo de concordia nacional. Ha quedado en el congelador la discusión sobre la política de extracción minero-energética con la cual pretendemos dar el carácter estratégico a los principales recursos naturales y lograr su recuperación en cabeza de la nación, redefiniendo el actual modelo contractual con los inversionistas extranjeros. El mayor atentado hacia el trabajo nacionaly contra nuestros recursos, lo constituye el otorgamiento feriado de títulos mineros, la gran minería a cielo abierto, ninguna protección a la minería artesanal y las concesiones leoninas para la exploración, la extracción y trasporte del petróleo nacional.
Por consiguiente ha de entenderse que los subterfugios a que acude la contraparte en la Mesa, su rechazo a atender favorablemente esta discusión y zanjar las diferencias conceptuales, habrán de retomarse en otra instancia más participativa, ya no solo con las guerrillas, porque un acuerdo final será imposible sin allanar las causas primigenias de la violencia en Colombia. La paz no es con las guerrillas, es entre las políticas foráneas del Estado contra el sentimiento soberano de la nación entera.
A la par con lo anterior, estamos olvidando la traba impuesta al negársele a la Mesa la facultad de abordar la democratización de la participación política, para que el Estado sea accesible a todas las aspiraciones de poder, rescatándolo de la manguala bipartidista y excluyente. Si la reestructuración del Estado no se pudo discutir aquí, será del constituyente primario que emane el reconocimiento de las formas de participación social y ciudadana que fortalezcan la democracia directa; la descentralización en función de la democracia local; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia la construcción de la paz y la protección de la soberanía nacional; la reforma económica; la reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su politización y corrupción y le devuelva su independencia como rama del poder.
¿Cómo se logrará la reincorporación de las FARC - EP a la vida civil y del movimiento político en que aspiramos convertirnos luego de la firma del acuerdo final, en lo político de acuerdo a nuestros intereses, sin una revisión, reforma y democratización del sistema político electoral? Es inocultable el gamonalismo en todas las esferas del sistema electoral colombiano, diseñado éste para que gane el que cuenta los votos. El arribo a la participación política legal de los guerrilleros deberá estar precedida por la creación del Poder Electoral; por la reconfiguración de las circunscripciones electorales; la conformación de una Cámara Territorial que sustituya a la actual Cámara de Representantes; por el fortalecimiento de las circunscripciones especiales de comunidades, pueblos indígenas y afro descendientes; y además creando la circunscripción especial para los campesinos. Son las garantías que no han querido abordar y son cardinales para la solución política.
Se agudiza la contradicción entre los cultivos de uso ilícito frente a la supervivencia económica en el campo. No se logró arrancar en la Mesa la realización de una Conferencia Nacional sobre la lucha contra las drogas, y la construcción de una nueva política criminal que concentre sus esfuerzos en la persecución de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, ni la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro químico y reparación integral de sus víctimas. Hemos luchado con las armas para lograr la ampliación democrática del Estado, para acceder a él. Solo exigimos democracia real, participación, ¡ sólo reformas !, nada imposible para los gobernantes, y solo responden que el modelo de Estado no está en discusión en la Mesa; pero en cambio sí intentan maquillarlo vía Congreso de la República, solo para acaparar más privilegios, manipular y menguar la exigua participación política de los ciudadanos.
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