En medio de la campaña electoral, el gobierno terminó por desencadenar un nuevo episodio de la crisis política al intervenir nuevamente sobre el Poder Judicial, en nombre de la aplicación de una ley recientemente votada. Removió a tres jueces de la Cámara de Casación, uno de ellos a punto de votar la inconstitucionalidad del Memorando con Irán.
La pelea por el control del Poder Judicial entre oficialistas y opositores viene de larga data.
Ya en el pasado se debatió cómo mantener el control económico sobre el Poder Judicial, la modificación del número de integrantes de la Corte Suprema y la designación de nuevos jueces. Después de la muerte de Nisman, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes que le imponían conjueces, mientras se discutió quién controlaría las escuchas telefónicas (si el Poder Ejecutivo o el Judicial) y hasta las atribuciones de los fiscales.
Con su discurso del 1º de marzo ante el Congreso, la Presidenta sentó las bases para un enfrentamiento abierto con el Poder Judicial. Y hasta “apuró” a los jueces a dar comienzo al próximo Juicio Oral por distintas irregularidades en la investigación del crimen de la AMIA, como si éste fuese un aporte para esclarecer el atentado o, al menos, el encubrimiento que el mismo Estado reconoció por decreto en el 2005.
Con esta escalada, el gobierno se propuso echar a los jueces que no le son adeptos en los principales juzgados federales. El apartamiento del Juez Cabral en nombre de su posible voto ante el Memorando por el tema AMIA es una vulgar excusa para lograr el copamiento del Poder Judicial. El tema del atentado a la AMIA lo meten por la ventana para ocultar el debate de fondo sobre la institucionalidad del país.
El Memorando es hoy una política vieja que carece de mayor interés. Que el tema es una excusa, lo revela el hecho que mucho antes de que la Cámara de Apelaciones lo declarara inconstitucional en 2014, el poder Ejecutivo ya había fracasado en su intento de imponerlo como una solución “acordada” para superar los 20 años de fracasos anteriores de gobiernos, jueces y fiscales para esclarecer el atentado.
El gobierno y la oposición llevan muchos años manoseando el tema AMIA al servicio de sus alianzas políticas internacionales ajenas al esclarecimiento del atentado. El gobierno, con Obama y el Departamento de Estado, partidarios del acuerdo general con Irán. La oposición, al servicio de Netanyahu y del partido Republicano, para limitar los alcances de esos acuerdos.
Los jueces federales y los fiscales concretan estas políticas ajenas al esclarecimiento, dándoles legalidad a través de juicios e investigaciones igualmente fraudulentas.
Unos y otros se arrogan la “defensa de la independencia de la justicia”. Se trata de una apropiación electoralista que sólo contribuye a la confusión general. Unos y otros son un obstáculo para obtener verdad, juicio y castigo a los responsables de la masacre de la AMIA.
Por eso resulta indispensable constituir una Comisión Investigadora Independiente en el marco del Congreso Nacional, integrada por personalidades indiscutidas del ámbito de los derechos humanos, la política, la cultura, etc., junto a representantes de las víctimas, con acceso a los archivos secretos del Estado para ponerlos en manos de esa Comisión y permitir una investigación independiente del atentado cometido hace ya 21 años.
El oficialismo en el Congreso y las bancadas opositoras de Macri y Massa se oponen a impulsar el debate sobre la necesidad de esta Ley.
Lo hacen en defensa de políticas “viejas” como el Memorando o en nombre de “juicios en ausencia” para llevar hasta el final una acusación que ya no encuentra padrinos. Unos y otros son un obstáculo para obtener verdad, juicio y castigo a los responsables de la masacre de la AMIA.
Vamos por una Comisión Investigadora Independiente. Que abran los archivos.
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