Por Marcha Patriótica
A 15 años de inicio del programa castrense más costoso y ambicioso de la historia nacional, se consolida la vía política para la resolución del conflicto. Este 4 de febrero, por iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, se conmemora en Washington los 15 años del inicio del Plan Colombia, un programa de asistencia militar que hoy se da por fracasado.
Si bien el Plan Colombia surgió como una iniciativa de lucha contra las drogas, el contexto internacional y la decisión oficial lo viró pronto hacia un programa contrainsurgente, dirigido en particular a combatir a la guerrilla de las FARC.
A pesar de la gran cantidad de recursos que se invirtieron (el 80 por ciento de ellos dedicados al componente militar), no logró su cometido de reducir el narcotráfico y de doblegar a la guerrilla. Por el contrario, se impuso la salida política y negociada al conflicto.
El Plan Colombia se planificó desde las autoridades estadounidenses y su documento oficial fue redactado en inglés. Aunque fue adoptado por los gobiernos de Bill Clinton y de Andrés Pastrana, su ejecución estuvo a cargo de sus sucesores: George Bush Jr. y Álvaro Uribe Vélez.
Su inicio, en el 2001, coincidió con la crisis del proceso de paz del Caguán y la irrupción de la fórmula de una salida militar y represiva al conflicto, encarnada por la candidatura de Uribe, y quien gobernaría al país los siguientes ocho años.
En el plano internacional, confluyó con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos que devinieron en la “cruzada internacional contra el terrorismo”.
Por eso, muy fácil y rápidamente el propósito inicial del Plan Colombia derivó en una iniciativa contrainsurgente, gracias a la cual se incrementó el pie de fuerza, se adquirió armamento más moderno y se amplió la presencia de asesores militares estadounidenses en territorio colombiano.
Pese a que evidentemente el ejército se fortaleció, este programa trajo consecuencias como el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el escalamiento del conflicto armado en las regiones del país y la postergación de una posibilidad de negociación de paz.
Los “falsos positivos”, como se le conoce a la ejecución extrajudicial de civiles presentados como bajas en combate, es uno de las dolorosas secuelas de esta fórmula fracasada.
Una década después, la opción de una salida política negociada al conflicto se volvió a imponer. En el 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos (ex ministro de Defensa de Uribe), instaló una mesa de conversaciones con las FARC para buscar una salida política a la confrontación.
Esto obedece a que, como se ha expresado desde sectores populares, académicos y políticos, el conflicto obedece a orígenes sociales y de exclusión, que no deben ser tratados con una fórmula represiva.
Así lo expresa la agenda que se negocia en La Habana: tierras, participación política, drogas ilícitas, víctimas… Son aspectos que, en 50 años de conflicto, demandan un tratamiento diferente al militar.
Si las demandas del movimiento agrario de Marquetalia y las “repúblicas independientes” (el origen de las FARC) hubieran sido atendidas, como lo pidió el padre Camilo Torres Restrepo, tal vez el rumbo de Colombia hubiera sido diferente.
Hoy los gobiernos de Colombia y Estados Unidos “celebran” los 15 años del Plan Colombia. Una celebración que es más bien un entierro, como lo afirmó el propio Pastrana, uno de los padres de esta nefasta estrategia.
Hoy se impone la alternativa de la salida política negociada, mediante la mesa de La Habana con las FARC que, en tres años de negociación, está ad portas de lograr un acuerdo global de paz que pondría fin a medio siglo de confrontación.
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