Desalojo, resistencia y recuperación de las tierras ancestrales
En Tucumán está habiendo un avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios de la zona. En menos de una semana dos desalojos que violan toda la normativa jurídica:
* Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional,
* Art. 149 de la Constitución Provincial,
* Convenio 169 de la OIT que garantiza a los Pueblos Originarios el derecho colectivo al uso de sus tierras.
* Ley Nacional 26160 de emergencia a la propiedad comunitaria indígena vigente, sancionada por el CONGRESO de la Nación y que prohíbe por un plazo de cuatro años los desalojos en territorios Indígenas. Desde 2006 al 2010. (Y ante su tardío proceso adherimos a la necesidad de que sea extendida por tres años más)
Las comunidades de Colalao del Valle de la comunidad india Quilmes y seguidamente la de El Nogalito, del pueblo Lule fueron amedrentadas por la montada, por agentes de infantería y hasta antimotines, que buscaban hacer aplicar por las buenas o por las malas la orden de desalojo de un juez.
Los jueces en ambos casos incurren en graves errores de procedimiento, y no tratan los casos como propiedades colectivas que responden a comunidades originarias sino como si fueran cualquier propiedad, es decir la establecida por el Código Civil: propiedad privada.
Pareciera que desconocen además que todo proceso judicial o sentencia de desalojo por territorios originarios deben suspenderse, en el marco de la ley 26.160, hasta el 2010 para lograr la regulación dominial de los territorios ancestrales.
En ambos casos bajo la injusta medida, y bajo resistencia pacífica las familias retomaron sus posesiones, y dieron continuidad al trabajo de la tierra que les pertenece. ¿Qué más legitimidad que la que la naturaleza les otorga que es ser perteneciente a etnias originarias?
¿Por qué siguen amedrentando, corriendo, discriminando y matando a nuestros pueblos originarios y sus descendientes? ¿Será que las “relaciones sociales” que pregonan son peligrosamente nocivas al sistema? O simplemente, ¿No son lo suficientemente funcionales al sistema desperdiciando hectáreas de tierras “productivas” solo para su sustento cuando podrían hacerse millones en bolsillos de grandes inversores?
Esta en Nosotros les acerca más información y diálogo directo con dirigentes de las comunidades desalojadas:
Colalao del Valle – Comunidad India Quilmes
El jueves 17 de septiembre, por orden del juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, y sin preaviso de ningún tipo, un centenar de oficiales de infantería y montada cortaron la Ruta Nacional Nº 40, desalojaron de sus territorios en Colalao del Valle a unas 40 familias de la Comunidad India Quilmes destruyendo a su paso las casitas que tenían en construcción. (CIQ).
Comunicado de la CIQ del jueves 17: “Hacemos saber a la opinión publica que las 40 familias, a las que como autoridades de esta comunidad y en ejercicio de nuestros derechos como Pueblo Originario hemos asignado lotes de nuestro territorio comunitario para la construcción de sus viviendas y salir del hacinamiento en que vivían en la Comunidad de Base de Colalao, se encuentran ante la amenaza de un inminente desalojo ordenado por el juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, haciendo lugar a un amparo a la Simple Tenencia por parte de la señora Encarnación Rodríguez de Colombo, invocando supuestos derechos sobre nuestra tierras ancestrales.”
El sábado por la tarde los damnificados retornaron al predio luego que del operativo quedaran solo dos policías, a raíz de la inconstitucional medida del juez Salazar de Colalao del Valle. El retorno fue decidido en el marco de asambleas que se realizaron a la vera de la ruta 307, lugar donde se montó un precario campamento tras la expulsión de los habitantes originarios de sus propias tierras.
En la mañana del 21 de septiembre integrantes de la CIQ, acompañados por la Comunidad Indígena de El Mollar – Tafí del Valle, el Pueblo de Tolombón Nación Diaguita, Fogón Andino y ANDHES, se movilizaron frente al Juzgado Civil de Documentos y Locaciones. Allí realizaron un escrache contra el juez de la 3era. Nominación, Juan Carlos Peral, quién desconociendo la legislación vigente y las presentaciones realizadas por la Comunidad, avaló el desalojo.
El juez Peral no quiso recibir a los delegados de la Comunidad, a quiénes hizo esperar una hora e indico que solo recibiría a un abogado. Así fue que Daniel Caslorosi, abogado del área de Pueblos Indígenas de ANDHES y representante de la CIQ, se reunió con Peral. “El juez mantiene su postura de que no se aplica la 26160 porque no había posesión antes de diciembre. Pero no toma en cuenta que se está haciendo una regularización dominial y que para el derecho Indígena no tenés que probar los actos posesorios como lo requiere el derecho privado. Tiene que juzgar desde el Derecho Indígena”, explicó.
Luego de permanecer casi dos horas frente al juzgado, se movilizaron a Plaza Independencia. Allí fueron convocados por el Secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse, quién indicó que están elaborando un amicus curiae, en conjunto con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) para presentar en la justicia. Este se terminó presentando el día 22 de septiembre y busca la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y el pleno goce y ejercicio de los mismos que cuentan con reconocimiento constitucional.
Sin embargo, no garantizó que se frenaría un futuro desalojo, por lo que la CIQ continuará en estado de alerta.
En diálogo con Zulema, una integrante de la CIQ, nos comentaba la situación particular de la Comunidad: Existe del año 1716 una Cédula Real donde los mismos españoles otorgan unas 120.000 hectáreas a los habitantes originarios de los valles calchaquíes y que expresa que no pueden ser vendidas, ni transferidas bajo ningún pretexto. Esta cédula, que si uno va a la Ciudad Sagrada de los Quilmes puede conocer a través de un pequeño libro que venden para poder mantener el lugar y hacer conocer su historia, no es reconocida por las autoridades de Tucumán.
Es así que son víctimas de negociados con tierras ancestrales, donde terratenientes y políticos a través de este método de Ley de Amparo de la Simple Tenencia, buscan hacerse rápidamente de más tierras para su capital. El procedimiento es simple, dos testigos de cada lado y el juez de paz del lugar decide, por supuesto debería haber pruebas fehacientes acerca de la propiedad. Lo que sucede en este caso es que el juez no acusa a la CIQ, acusa a una delegada, que además no vive allí sino que cumple con su función de brindar a poyo a la comunidad. Además los testigos que se llevan son presionados para que digan lo “que tienen que decir”, y para colmo de maldades, cuando en diálogo con los agentes de criminalística al preguntarle si tenían algún título de propiedad que avale el desalojo a favor de la Sra. Colombo, le dijeron que no. Plagado de irregularidades partiendo de la base de no respetar el derecho indígena, de llevar un procedimiento cual derecho privado ordinario, y encima carecer de pruebas y desestimar documentos antiguos es inadmisible. Estas formas responden a intereses existentes de personas vinculadas incluso con las instituciones estatales locales como la Comuna Rural de Colalao del Valle que son parte interesada en este caso. La comunidad ha realizado las presentaciones correspondientes ante la justicia de Tucumán, y ha planteado la inconstitucionalidad de la Ley provincial de Amparo a la Simple Tenencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la que aun no se ha expedido.
Ahora que están en las tierras nuevamente, tratando entre todos de reconstruir lo que les destruyeron, no saben de que se los va a acusar, no saben como será la siguiente carátula, y no saben si la acusación será para uno o para la Comunidad entera.
En este momento y después de tres años de vigencia de la ley 26.160 recién se están poniendo en marcha los trabajos para el relevamiento territorial y la regularización dominial con un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán.
Lo paradójico es que habiendo recibido el apoyo de todas las comunidades del valle, la Unión Diaguita que no solo estuvieron para resistir y retomar las tierras sino también para escarchar a los jueces en la plaza de la Independencia en Tucumán, al martes siguiente se desata en la comunidad El Nogalito otro desalojo.
Comunidad indígena El Nogalito - Pueblo Originario Lule
La Comunidad Indígena El Nogalito tiene la posesión Comunitaria y ancestral sobre el territorio que ocupa, denominado El Nogalito. Las 476 has., cuya restitución pretenden las actoras se encuentran ocupadas desde el siglo XVII por integrantes y descendientes del pueblo originario LULE, indígenas que habitaron y habitan toda la región que se conoce en la actualidad como el paraje del NOGALITO y Potrero de las Tablas. Cabe aclarar que la posesión comunitaria que los miembros de la Comunidad Indígena es ejercida desde hace más de 300 años en forma ininterrumpida, publica y pacifica.
Dentro de la parcela se encuentran caminos ancestrales, sitios sagrados, plantas medicinales, huertas comunitarias, cercos con sembradíos de hortalizas y sobre todo la parcela que les reclaman ni está delimitada por alambres, porque es propiedad comunitaria". Todo esto mas las herramientas de trabajo que son necesarias para continuar con el autosustentamiento y la protección de los bienes culturales de la comunidad quedaban con este desalojo en manos de la familia Carro.
La Juez en lo penal de la Fiscalía Quinta, Dra. María Lemi de Vera dictó en junio una medida de restitución provisoria en una causa de usurpación, en el expediente titulado "Carlos Agustina vs Arce y otros, sobre usurpación". La jueza decidió el desalojo sin haber llamado a declarar a ninguno de los integrantes de la comunidad. Además siendo que acusan a una familia cuando son 14 las que ancestralmente tienen posesión de dichas tierras que nunca fueron notificadas en el juicio, se recae en una falta grave en el proceso y demuestra animosidad de la jueza contra la Comunidad por no reconocerla como sujeto de derecho. Por eso se solicitaba que se suspenda el desalojo hasta que el abogado de la comunidad tenga acceso al expediente.
Después de que el martes 22 se suspendiera el desalojo por falta de agrimensor (alegado por el cacique de la comunidad), el viernes llegó un integrante de la familia Carro (en nombre de la beneficiaria de la sentencia: Maria Agustino Carro) acompañado por más de 60 Policías antimotines, motorizada y la montada, quienes tenían orden de restituir la posesión a los CARRO.
En el marco del operativo, la Comunidad Indígena El Nogalito, rodeados de decenas de policías resiste pacíficamente y acompañados por la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita vuelve a tomar posesión de sus tierras que en forma ancestral y tradicional posee. Hoy están cultivando y desarrollando sus tareas habituales en pos de la continuidad de su auto sustentación.
En medio de este litigio encontramos además de irregularidades técnicas, irregularidades de índole corrupta o de conductas de “avivados” que lamentablemente es usual entre los argentinos: uno de los integrantes de la familia Carro es empleado del Instituto Provincial de la Vivienda, está involucrado también en el proceso un sacerdote de la congregación salesiana y Joaquín Pérez el cacique de la Comunidad El Nogalito, viene recibiendo amenazas a su familia, a su integridad y agravios que buscan generar miedo y sumisión.
En diálogo con Joaquín Perez, cacique de la comunidad:
“Hace ya unos años vienen rompiendo la paz y la armonía de la vida en la comunidad. Eso esta relacionado con un Estado que responde a terratenientes que desde la conquista buscaron hacerse dueños de la tierra. En noviembre del año pasado en el marco del mismo proceso sufrieron otro intento de desalojo, cuando a los que reclaman la posesión nunca se los vio en la zona y nadie los conoce. Nuestras familias han vivido y actualmente viven dentro de la parcelas que se pretende restituir a no se quienes compradores, que aducen tener la posesión de nuestras tierras, lo que resulta totalmente infundado, ya que los denunciantes no cuentan, ni contaron con posesión sobre el territorio en litigio.”
En función a una pregunta dentro del marco de la ley 26.160, si existe algún tramite o proceso iniciado para regularizar el dominio de las mismas y evitar estos arrebatos, nos comenta que lograron generar un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, y están en asambleas comunales iniciando las tomas de decisiones para comenzar el relevamiento necesario para garantizar los títulos comunitarios de las tierras, en conjunto con la CIQ.
Joaquín nos contaba que el daño a la comunidad es terrible, fundamentalmente el daño psicológico a sus niños y ancianos, y resalta que ellos tienen posesión colectiva de sus tierras y aclarando el término nos decía: “sus abuelos estuvieron allí, ellos están allí y sus hijos y nietos seguirán allí compartiendo esa tierra querida”. Saben que sus tierras fueron y son parte de negociados fantasmas que luego se llevan a la justicia para “correrlos”, pero no bajaran los brazos y resistirán pacíficamente reclamando la inconstitucionalidad de leyes y sentencias que van en contra del reconocimiento su preexistencia étnica.
REFLEXION DE LA CIQ:
Una vez más, somos víctimas de la violencia que la fuerza pública ejerce contra nuestros comuneros en lamentable contradicción con el avanzado marco jurídico de reconocimiento existente en el país respecto a nuestros derechos como Pueblo Originario.
Gentileza
AGRUPACIÓN ESTÁ EN NOSOTROS, "Activistas de la cultura latinoamericana"
www.estaennosotros.com.ar
estaennosotros@hotmail.com
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