Causa Beara: La coima a los funcionarios (Noticias Urbanas).

 

Causa Beara: La coima a los funcionarios (Noticias Urbanas)

A pesar de que el fiscal pidió la indagatoria de altos responsables de Habilitaciones, a quienes acusó de corrupción, la jueza se negó a citarlos. Las presiones de los radicales PRO sobre la Justicia.

 

Por Lucas Schaerer

 

 

La música en vivo de los ex-Ráfaga tapó el crujido del entrepiso. Cuando se derrumbó, ya era tarde. Las luces de la disco se apagaron de golpe y la oscuridad fue total. Todo fue griterío y fuga desesperada por encontrar la única y estrecha salida que daba a la avenida Scalabrini Ortiz 1638. Muchos quedaron atrapados bajo la estructura del entrepiso de ocho metros por cuatro. Los ensangrentados que lograron salvarse fueron 33. Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y Paula Leticia Provedo, de 21, padecieron un impacto mortal.

Sufrieron traumatismo cerrado del tórax y abdomen que les produjo una hemorragia interna. A poco más de un año de ese fatídico 10 de septiembre a las 3.50 de la madrugada, la fiscalía recabó numerosas pruebas que dejan al descubierto la red de corrupción que involucraba a funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, para beneficiar a los dueños de Beara. A pesar de los elementos recabados por el fiscal, la jueza de Instrucción Nº 48, Alicia Mercedes Iermini, se niega a profundizar esta línea investigativa.

Y las pruebas recogidas por el fiscal de Instrucción Nº 14, Andrés Esteban Madrea, no eran nada menores. El funcionario judicial pidió la indagatoria de cinco funcionarios porteños a quienes responsabilizó por escrito de ser “el eslabón imprescindible para el desarrollo y cumplimiento del plan criminal, nexo necesario que adquirió principal coprotagonismo en la cadenas de sucesos que concluyó con el horroroso resultado”.

El texto al que tuvo acceso Noticias Urbanas acusa a los responsables del área de Habilitaciones, quienes “mostraron el más absoluto desinterés por las cuestiones ciudadanas”. Para sostener las imputaciones, Madrea se basó en la documentación secuestrada a los titulares de la empresa Viejo Sabio S.A., propietaria del boliche.

Las coimas para la obtención de “favores” no solo incluía a Beara. También contemplaba al boliche lindero al local donde sucedió la tragedia, Caramel (en Scalabrini Ortiz 1648) hoy llamado Rabbit pero cuyo nombre legal es Complejo La Mole, que fue habilitado como bar nocturno y tiene como socios propietarios a varios de los dueños de Beara.

En la documentación secuestrada por la Justicia, bajo el título “Presupuesto financiero”, los dueños de Beara detallaban el pago de coimas. Allí figuran los nombres de los empresarios, Iván Fliess y Martín Kattan Coria, quienes se encargaban de las “habilitaciones y permisos, y todo lo referente para que salgan”, y bajo el título “Permisos” destacan que pagaban “114.600 como gastos en ‘Papeles de habilitación + abono’”.

Otra de las pruebas es la columna donde figura “10.000 como gastos varios de habilitación, sellos, etc.”, lo que da a pensar que el dinero tenía como destino el costo del trámite regular de la habilitación.

Compatible al papel, el fiscal Madrea descubrió un archivo en una computadora secuestrada en Beara la misma noche del derrumbe. Allí dice el título del archivo “presupuesto económico financiero scalabrini” del 13 de enero, guardado el 11 de enero de 2010 a las 13.49 pero creado como archivo por autor “Agustín” (por Dobrila, apoderado con Iván y Rolando Fliess, de Beara y Caramel). En otro archivo informativo bajo el título “habilitación al 14 de enero” de fecha del 15 de enero de 2010 queda asentada la coima por el boliche lindero a Beara. “Edif. Al lado” figura en el archivo que concluye de manera explícita y brutal: “Todas las cometas funcionarios y honorarios que haya que pagar, si llega a haber un adicional”.

La impunidad es tal que a un mes y medio del derrumbe del entrepiso pactaban otro negociado funcionarios y empresarios. “Habilitación 20.000 dólares” figura en el último archivo considerado por el fiscal como prueba que se titula “propuestas”, y aparece en la computadora de los Fliess, cuando el grupo empresarial ya estaba imputado por la muerte de las jóvenes universitarias.

Para estos acuerdos espurios, el fiscal señaló como “intermediarios o gestores” a Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto; este último intervino en el trámite de habilitación y además de imputado es el abogado de los dueños de Beara.

Camani y Pantarotto quedaron aún más comprometidos por escuchas telefónicas en otra causa por coimas que tramita el juez Juan M. Ramos Padilla, y que por estas horas se debe determinar si se unifica con Beara. A la hora de negociar, Camani se pavonea diciendo que a Beara “todo lo habilité yo, todo de cero, ¿me entendés?, o sea que, habilitar un local tarda seis meses; yo tardé con esos quilombos”.

Quienes recibieron el turbio pago, y por ello fueron citados por “cohecho pasivo”, son el entonces máximo responsable de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrel, quien espera ascender como juez para hacer carrera como su padre, que es camarista. Aunque la cadena de complicidades siguió en el segundo habilitador, el abogado Pablo Saikauskas, a cargo de la Dirección de Habilitaciones Especiales, y el arquitecto verificador de la habilitación Norberto Cassano, jefe del Departamento Esparcimiento de la Dirección de Habilitaciones Especiales.

Estos tres fueron los firmantes en la habilitación del rubro como casas de fiestas privadas, pese a que Beara acumulaba tres clausuras por exceder el ingreso de público en su local que desvirtuaba el rubro en boliche clase C.

Farell y Saikauskas están imputados en otra causa por coimas para habilitar, que fue iniciada en abril del año pasado ante el juzgado de Instrucción Nº 12 e investiga la fiscal Graciela Gils Carbó.

La cadena de funcionarios se amplió a quienes controlaron y fiscalizaron la habilitación, como la parte edilicia. Ello incluye al verificador de la habilitación, el arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky, más el inspector en Esparcimiento Carlos Gabriel Mustapich, “un amigo del palo”, según escuchas realizadas a coimeros.

Aún con todas las pruebas recabadas, la jueza Iermini no impulsó la indagatoria a los cinco funcionarios, y hasta dejó afuera al maestro mayor de obras que instaló el entrepiso y firmó los planos del boliche, Gustavo Amarú. Con esta decisión, la magistrada cortó el procesamiento de quienes recibieron la coima, “los servidores del pueblo”.

Los negocios de la noche y su relación con un sector del radicalismo son las trabas para que la jueza Alicia Iermini, a cargo del juzgado de Instrucción Nº 48, no avance sobre los funcionarios. Desde 2008 el Consejo de la Magistratura posee un expediente en contra de la jueza. Esa causa, que podría llevarla a la suspensión en sus funciones, es un coletazo por su rol en el impune asesinato del joven Walter Bulacio, muerto en un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Tres consejeros en la última audiencia propusieron la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Iermini. Quien presentó un dictamen en minoría fue Mario Cimadevilla, un viejo simpatizante radical, quien fue el único que propuso desestimar los cargos formulados contra la magistrada del caso Bulacio y Beara.

Para un investigador judicial del caso Beara, la posición del magistrado tiene un motivo determinante: “Cimadevilla la salvó de la suspensión porque si se avanza en la línea que apunta a los funcionarios de Habilitaciones de origen radical, que ahora apoyan al macrismo, estaría pisándole la manguera a sus correligionarios”.