Los trabajadores de Lacar marcharon hoy, desde las 10.00 hs., a la sede del Juzgado en lo Comercial Nº 17, sito en Marcelo T. de Alvear Nº 1840 de esta Ciudad, junto a organizaciones sociales, para presentar un pedido de recusación al Juez que entiende en la causa; la revocatoria de la subasta, que se ordenó sin respetar la prioridad de los trabajadores; el pedido de destitución del magistrado ante el Consejo de la Magistratura y se reservaron el derecho de apelar para hacer cumplir la Ley de Quiebras.
Según informaron, el pasado 4 de octubre, Federico Gerri, Juez de Primera Instancia en lo Comercial, declaró la quiebra de Nostarco, empresa que comercializaba la conocida marca de camperas Lacar. En esa misma jornada, la mayoría de los trabajadores despedidos se autoconvocaron en La Alameda para conformar la Cooperativa de Trabajo Lacar, la que fue inmediatamente inscripta en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).
De acuerdo a la última reforma de la Ley de Quiebras, que se sancionó tras la lucha del Movimiento de Fábricas Recuperadas, el juez debe dar prioridad a los trabajadores en la adquisición de la empresa en quiebra con sus créditos laborales derivados de la indemnización establecida por la Ley de Contrato de Trabajo.
El magistrado interviniente debe mandar a realizar la liquidación de los créditos a los trabajadores de Nostarco, con privilegio especial y general, afirmaron. Sin embargo, éste resolvió sortear rápidamente a un martillero con la finalidad de ordenar la subasta de todos los bienes de la empresa, sin base, en los próximos 10 días y al mejor postor, lo cual constituye una clara maniobra para favorecer a los amigos de José Tarica, dueño de la empresa y sacarse de encima a los 250 trabajadores.
Destacaron que la resistencia al vaciamiento, iniciado el pasado 19 de septiembre, hubiera terminado con el control obrero si el Juez y el Síndico hubiesen obrado como marca la ley. Los trabajadores fueron testigos de inútiles audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde la patronal no concurrió, mientras los funcionarios ministeriales se negaban a inspeccionar a la empresa y los dirigentes sindicales se limitaban a sugerirles que fueran a solicitar el pago del 50 % de las indemnizaciones.
Ante un síndico que se escondió para no recibirlos y un magistrado que quiere subastar los bienes de la empresa para beneficio de los amigos de la patronal, los trabajadores resolvieron bloquear una de las sedes con el objeto de evitar nuevos vaciamientos y presentar una denuncia penal contra la empresa, al igual que otra ante la Justicia en lo Comercial, acreditando la pasividad del Ministerio de Trabajo de la Nación ante escribano.
Según afirmaron, "los trabajadores de las fábricas recuperadas no luchamos tantos años para sacar una ley de quiebras a favor de los obreros que ahora algunos jueces no quieren aplicar" y por ende, "los trabajadores de Lacar no van a permitir la subasta de sus fuentes de trabajo".
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