Declaración de la UAC en repudio a la Ley Antiterrorista. Mediante un comunicado, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) dió a conocer el documento "La UAC alerta y en lucha frente a la avanzad...

Declaración de la UAC en repudio a la Ley Antiterrorista.

logo uac 4Mediante un comunicado, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) dió a conocer el documento "La UAC alerta y en lucha frente a la avanzada represiva y militarista, y en repudio a la LEY AntiTerrorista", en donde analizó el contexto mundial, latinoamericano y nacional con respecto a las estrategias represivas y militaristas que son impuestas por el Imperio.


Con respecto a lo mundial, afirmó que "desde los atentados a las Torres Gemelas en 2001 se viene profundizando una etapa caracterizada por el avance de un andamiaje militarista y represivo en todo el mundo", donde se definió el contexto desde lo militar como de "guerra contra el terrorismo", donde las "operaciones especiales" y la "guerra secreta" se encuentran en un lugar central como "parte de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional que el presidente Obama anunció a fines de mayo de 2010", según afirmaron.


Asimismo, alertaron sobre las actividades de "inteligencia, infiltración, subversión, contrainsurgencia y desestabilización que permiten desequilibrar al adversario ' desde adentro ' ” y en particular, sobre las fachadas que revisten agencias como la USAID (United States Agency for International Development; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) con el objeto de financiar aquellas que son promovidas dentro de la sociedad civil, destacaron.


Por otro lado, afirmaron que "las fuerzas armadas y las acciones de guerra tradicionales, lejos de desaparecer, no cesan de incrementar su despliegue y presupuesto", mientras que "la guerra no convencional o ' especial ', estatal o paraestatal, no sustituye sino que es complementaria (a veces su forma de ' vanguardia ' ) de la guerra convencional tradicional.  


Refiriéndose al ámbito latinoamericano, enfatizaron que "EE. UU. viene solicitando la cooperación hemisférica y la revitalización de sistema interamericano, en cuanto a mecanismos de seguridad colectiva, que involucren a todos los países americanos, transformando de esta forma las preocupaciones y amenazas que hacen a la seguridad del estado norteamericano en problemas de seguridad común que requieren respuestas multilaterales", lo cual requiere "un efectivo control de las fronteras latinoamericanas" y señalaron que "algunos gobiernos de América Latina han comenzado a implementar controles en las zonas de fronteras terrestres y del espacio aéreo, a través de la informatización de las oficinas de migraciones y la detección de aviones sospechosos a través de un sistema de radares"


Por otra parte, afirmaron que "otro aspecto de la militarización se cristaliza en las maniobras militares conjuntas realizadas entre las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas latinoamericanas, que tienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la región en fuerzas multilaterales, bajo la pantalla de la ayuda humanitaria a los países involucrados", lo cual permite al Imperio "obtener datos concretos de los territorios en los que operan, tales como existencia de riquezas naturales y las características de las poblaciones".


Con respecto a las bases militares norteamericanas, afirmaron que "tienen dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los bienes naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta. En este sentido es que debe entenderse el acuerdo firmado en 2009 entre los gobiernos de Colombia y EE.UU., que permitió que siete bases colombianas cuenten con presencia de militares norteamericanos".


Respecto de la situación en nuestro país, afirmaron que "se está implementando el uso de fuerzas especiales, que acompañan a las fuerzas represivas del estado, en determinadas ' operaciones ' ", las cuales, sostuvieron, "actúan impunemente en los conflictos sociales, y en muchos casos para dirimir conflictos territoriales o reprimir sectores vulnerables de la sociedad". Asimismo, señalaron que esta operatoria implica "la militarización de las comunidades en conflicto por la disputa en torno a los bienes comunes naturales, o de barrios marginales de las grandes ciudades donde habitan los sectores sociales ' peligrosos para la seguridad ciudadana ' ”, al igual que la utilización de fuerzas privadas de seguridad.




Sostuvieron que, desde lo legal, "las estrategias utilizadas para judicializar las luchas sociales van desde la creación de figuras legales hasta la apertura de causas falsas para incriminar a lo/as luchadore/as sociales"; mientras que, desde lo simbólico, se implementan "estrategias de estigmatización de los luchadore/as sociales a través de un discurso mediático y político que justifica la represión y legitima la relación directa entre pobreza y delincuencia".


Con respecto a la legislación antiterrorista, destacaron que, en consonancia con lo que acontece en Latinoamérica, ésta "habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es parte de nuestra vida cotidiana", tras la incorporación en el 2005 al derecho interno de " la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999", como también la sanción de la Ley Nº 26.268 que incorporó los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones al Código Penal y señalaron que, en dicha ocasión, se preguntaban "¿Quiénes son los terroristas?".


Acerca de la Ley Nº 26.734, recientemente sancionada y promulgada, afirmaron que "a pesar de que pareciera ser un texto bastante amigable frente a las acciones de protesta social es necesario que los/as luchadore/as sociales estemos advertido/as", teniendo en cuenta la carta pública elaborada por la REDAJ.   


Finalizaron, expresando que "de la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en el continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones" y en particular, con respecto al "amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas ' negras ' de luchadore/as que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañero/as contra los proyectos megamineros  en nuestra cordillera". Por ende, se preguntaron "cuáles son las razones del avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las organizaciones sociales y la actuación de grupos de operaciones especiales en los conflictos sociales" y sostuvieron "que se trata de poner en juego formas consideradas más eficaces que las tradicionalmente usadas por las fuerzas represivas del estado", teniendo en cuenta que "en la historia reciente de nuestro país y nuestro continente quedó demostrado que el pueblo organizado no se asusta ni se calla ante la represión, sino que se empecina en seguir defendiendo la vida y sus territorios".


De allí que, frente a esta avanzada represiva, "los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales" pues ellas "son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana", afirmaron y destacaron que "solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes".

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