Por Matías Aldecoa
Si bien en el transcurso de los nueve días que abarcó el último ciclo de conversaciones en La Habana se presentaron hechos que impactaron negativamente sobre el proceso de diálogos, el ciclo 35 finalizó con apreciables avances y con la ratificación de las FARC - EP de sostener el cese unilateral al fuego.
Contrario a lo que muchos imaginan, lo más relevante se concertó en la Subcomisión Técnica entre el grupo de Generales y comandantes insurgentes.
Así lo precisó el comandante Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de la organización guerrillera en su alocución de cierre del ciclo: “la comisión técnica […] se apresta a dar a conocer las fechas del inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos”, al tiempo que informaba que “mantenemos el cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas”.
Frente a la reacción extremadamente pendenciera de los sectores uribistas y los medios masivos de comunicación por la muerte de 11 militares en Buenos Aires, Cauca,el jefe insurgente hizo un llamado al presidente Santos para que escuche el clamor popular expresado en la marcha del 9 de abril último, cuando alrededor de un millón de personas movilizadas en todo el país exhortaron al Gobierno a aceptar el cese al fuego bilateral propuesto por las FARC.
Otro aspecto en que se enfatizó fue la demanda al Gobierno a que dé muestras inequívocas de voluntad de reconciliación entendiendo que la paz está en el centro de las aspiraciones de la sociedad colombiana y actuando en consecuencia con ello, lo cual es condición determinante para avanzar hacia la concreción del acuerdo final. De no ser así, indefectiblemente se caerá en posiciones erráticas, como viene sucediendo ya con la reiterada insistencia del presidente de que sin cárcel para los guerrilleros no puede haber acuerdo.
En este sentido, es pertinente recordar al comandante en jefe de las FARC - EP, Timoleón Jiménez, cuando expresó que “cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros”. Aunque todo el mundo entiende que el proceso de paz es para llevar a Colombia a reconciliación y a la paz, pareciera que Santos solo quiere encarcelar a los insurgentes.
"Que se abran los archivos"
A nombre de la delegación de paz de las FARC - EP, el comandante Joaquín Gómez leyó ante la prensa el domingo 19 de abril en el Palacio de las Convenciones de La Habana, un documento exigiendo “que se abran los archivos” secretos del Estado en los que reposa información sobre los responsables de crímenes a lo largo del conflicto. La petición recoge el sentimiento de los familiares de decenas de miles de víctimas: 23.161 asesinatos selectivos entre 1981 y 2012; 1982 masacres entre 1980 y 2012; 16.907 desapariciones forzadas entre 1970 y 2012.
A la fecha de hoy, se mantienen en la impunidad por decisión de los Gobiernos de turno los crímenes de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Leonardo posada, Teófilo Forero, Manuel Cepeda Vargas, Eduardo Umaña Mendoza, Carlos Pizarro, Josué Giraldo, Jesús María Valle y de tantos otros de la exterminada Unión Patriótica, del Frente Popular, A Luchar, así como de centenares de sindicalistas, campesinos, indígenas, afros, mujeres, etc.
No es entendible que con un proceso de paz en curso y cuando se está discutiendo el punto de Víctimas, el presidente Santos no se atreva a dar un paso tan vital para la reconciliación. La reconciliación ha de construirse sobre la verdad de lo ocurrido, no siendo posible alcanzarla únicamente con las explicaciones y argumentos que cada una de las partes puedan esgrimir.
En esta óptica el comandante Joaquín Gómez apuntó que se debe "Desclasificar, preservar, y garantizar el acceso a la totalidad de los documentos reservados del Estado relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra" cometidos durante la implementación de la guerra sucia desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán.
Si no se hace, ¿cómo va a conocerse la verdad y a aplicarse justicia? ¿Cómo lograremos conocer la realidad de los orígenes, causas y responsabilidades del conflicto? Sin la verdad, tampoco podremos avanzar hacia la reparación de las víctimas y la no repetición, las heridas quedarán abiertas y el desangre podrá resurgir en el futuro. Porque cuando la impunidad se entroniza el poder del crimen se reafirma y provoca como reacción el alzamiento armado, en un círculo violento de nunca acabar.
En el mismo orden de ideas el Estado debe dar garantías de que el atentado personal, el asesinato a los opositores de izquierda y el encarcelamiento de luchadores populares dejará de ser parte de la lógica del poder. Debe demostrar que renuncia a la doctrina de Seguridad Nacional y del enemigo interno, la cual termina estigmatizando y anegando en sangre y tragedia el país.
“Lamentamos la pérdida de vidas”
El 15 de abril la delegación de paz de las FARC - EP emitió un comunicado relacionado con la muerte de 11 militares en el Cauca en un enfrentamiento militar, en el que manifestó que “los hechos se produjeron en el marco del desenvolvimiento de intensos operativos contraguerrilleros que vienen incrementándose por tierra, desde la fecha misma de la declaración de tregua […] con insistencia hemos denunciado los ataques premeditados que la fuerza pública ha realizado, causando bajas en nuestras filas, colocando en situación de riesgo el proceso de desescalamiento del conflicto […] cada vez está más claro que urge llegar a la firma de un cese bilateral de fuegos, que nos aproxime en un mejor ambiente al acuerdo final”.
La organización insurgente hizo un llamamiento expreso al Gobierno para “mantener la cabeza fría y no adoptar medidas […] que puedan poner en peligro el avance de los diálogos y el mantenimiento del cese unilateral del fuego”; también demandó la puesta en marcha de mecanismos de verificacion y distención de la situación de confrontación militar, con participación de entes nacionales e internacionales.
Frente a la impropia respuesta del presidente de reanudar los bombardeos y ponerle plazos al proceso de paz ha habido pronta respuesta de sectores polícos que consideran que fijar tiempos perentorios implica renegociar el acuerdo marco de La Habana y que en ningún proceso de paz exitoso han sido fijados plazos porque eso va en contravía de la confección de acuerdos sólidos, ajustados a las condiciones propias del conflicto.
Con relación al caso de los soldados muertos, calificado por el Fiscal Eduardo Montealegre como un crimen de guerra, el comandante Pablo Catatumbo había señalado el 16 de abril que “es hora de reflexiones serenas”. Dijo que el suceso es típico de una confrontación entre dos “contendientes para los que rige el estatuto del combatiente, que es una institución obligatoria del derecho internacional […] ¿De dónde saca el Fiscal Montealegre la tesis de que los miembros del Ejército entran en la categoría de persona protegida?”.
Entre los muchos que refutaron al Fiscal General por el disparate cometido figura Kai Ambos, profesor y magistrado alemán, especialista en Justicia Transicional y cuyos análisis en este ámbito son acogidos por el Gobierno de Juan Manuel Santos. El jurista afirmó en una entrevista a la revista Semana que “Si se aplica el Derecho Internacional a este incidente (la muerte de los militares en el Cauca), los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ser considerados personas ' protegidas ', pues este calificativo es solamente aplicable a los civiles. De hecho, miembros de las Fuerzas Armadas son blancos militares por su estatus y pertenecen a una parte del conflicto, al igual que los miembros de las FARC pertenecen a la otra parte del conflicto. Estos combatientes (de facto) por estatus solamente gozan de inmunidad frente a ataques si han depuesto las armas o han sido puestos fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa”.
¿Qué se esconde detrás de la “descachada” del Fiscal?
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