Por Carlos Antonio Lozada
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, según el cual los cultivos de uso ilícito aumentaron en un 44% durante el año 2014, al pasar de 48.000 a 69.000 las hectáreas sembradas, lo que adicionalmente representan un incrementodel potencial de producción media de cocaína en un 52%, ascendiendo a 442 toneladas métricas frente a 290 del año 2013, ha generado una serie de pronunciamientos de funcionarios gubernamentales, expertos y organismos que se ocupan del tema.
Son divergentes las opiniones que se arriesgan para explicar el fenómeno y van desde las razones del mercado con su ley de la oferta y la demanda, pasando por la reciente decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de acatar la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones con glifosato, tras conocerse un informe de la Organización Mundial de la salud -decisión que todavía no se está aplicando-, hasta aquellas que atribuyen el mal a los diálogos de La Habana; o, a la supuesta orientación que los frentes de las FARC - EP, le habrían dado a los campesinos de aumentar las áreas sembradas para que se puedan beneficiar de los programas gubernamentales de sustitución de cultivos.
Por nuestra parte,consideramos que la publicación del informe debe servir para reflexionar sobre este fenómeno y a la vez formular propuestas y alternativas de solución para esa compleja problemática, por lo cual nos parece de interés recordar algunos acontecimientos delpasado reciente, a fin de desgajar unas cuantas experiencias que nos sirvan para el presente.
Pues bien, hace ya 15 años, los días 29 y 30 de mayo de 2000, fue convocada por decisión de la Mesa de Diálogos del Caguán, la Audiencia Internacional Sobre Cultivos Ilícitos y Medio Ambiente, a la que asistieron representantes y delegados de por lo menos 22 países, de la ONU, el Estado Vaticano y el Parlamento Europeo. El gran ausente fue el gobierno de los Estados Unidos a pesar de la invitación expresa que se le hizo y al hecho de que el pueblo norteamericano, particularmente su juventud, es el más afectado por el consumo de narcóticos.
Pese a las denuncias que hicieron los campesinos, en desarrollo de la Audiencia, a cerca de las condiciones socio-económicas por las cuales se veían obligados a recurrir a este tipo de cultivos, y de sus llamados al gobierno y la comunidad internacional para que se privilegiaran los programas de sustitución de cultivos y de desarrollo económico y social de las regiones, por encima de la estrategia represiva, como fórmula para erradicar el fenómeno, tales llamados no fueron atendidos.
Fue también en el marco de esa Audiencia que nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda, presentó su propuesta de un plan piloto de sustitución de cultivos para el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. Propuesta que tampoco fue escuchada, porque la agenda del gobierno colombiano ya estaba trazada por los intereses norteamericanos, que antes que buscar la solución al problema de las drogas ilícitas, lo que buscabaera utilizar la existencia del narcotráfico, como una palanca para apuntalar su intervencionismo global.
A riesgo de hacernos extensos transcribimos cuatro párrafos del saludo leído por el Comandante Marulanda ante los delegados internacionales y los representantes del gobierno colombiano, asistentes a Audiencia Internacional, por considerarlos de sumo interés y gran actualidad:
“Les agradecemos su visita para conocer en el terreno el medio ambiente político y la situación del campesinado comprometido en los cultivos ilícitos de coca, por falta de planes muy concretos del Estado para erradicarlos y resolver sus carencias económicas y sociales por la vía pacífica, sin la violencia y sin la utilización de fungicidas que han causado muertes, afectado el medio ambiente y destruido los cultivos de pancoger, único medio para sostener sus familias en medio de la represión y la violencia del Estado.
“Al conocer ustedes el real alcance de lo que ocurre en nuestro país en lo político, económico y social, por el incumplimiento del Estado con sus obligaciones para resolver la problemática nacional, podrán constatar las causas que han generado una confrontación armada que va para 36 años, sin solución hasta el momento.
“Hoy con el ingrediente del “Plan Colombia” apoyado por los Estados Unidos, se agrava más la situación política y social porque los recursos económicos van a ser destinados para aumentar la confrontación armada, comprando material de guerra sofisticado y conformando nuevas unidades militares para combatirnos con el pretexto de exterminar el narcotráfico.
“La Comunidad Internacional comprobará con su visita a Los Pozos y otras regiones del país, que nosotros no sembramos, ni cultivamos, ni traficamos, ni comerciamos con la coca, y verificará que los verdaderos dueños de los cultivos son campesinos, obligados por la desprotección estatal, por el retardo para otorgarle beneficios económicos a corto y largo plazo que les permita reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, con miras a incrementar la producción agrícola y el empleo, para que la paz fructifique lo necesario en bien de la sociedad colombiana y la Comunidad Internacional”.
Más claro no canta un gallo.
De alguna manera, la realidad hoy no es muy distinta. Se mantiene el telón de fondo de los cultivos de uso ilícito, el conflicto social y armado y una nueva mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y la insurgencia busca la tan anhelada solución política; sin embargo, han surgido nuevos elementos en la situación política nacional e internacional que no se pueden desconocer.
El primero de ellos es el fracaso de la llamada guerra contra las drogas, algo mundialmente reconocido, incluso por el gobierno de los EE. UU., donde se habla abiertamente del tema y poco a poco se dan pasos hacia la legalización del consumo, comenzando por la marihuana, pero que seguramente terminará por hacerse extensivo a otras sustancias sicoactivas, dejando sin piso el prohibicionismo que es lo que hace el narcotráfico uno de los negocios más rentables, al lado de la venta de armamentos.
Un segundo elemento es el fracaso de la estrategia que intentó la derrota militar de la insurgencia, asimilándola a un cartel del narcotráfico y a una organización terrorista, algo que en la actualidad solamente es sosteniendo por los más cerriles opositores de la paz; pero que encuentran su mayor mentís en la Mesa de La Habana, donde gobierno e insurgencia se sientan a buscar una solución civilizada para un conflicto de inocultables causas políticas y socio-económicas.
Un tercer elemento, derivado del anterior y de gran significación, es la firma de un acuerdo parcial sobre el punto 4 de la agenda que se discute en La Habana, relacionado con el tema de las drogas ilícitas, que contempla planes de sustitución de cultivos, previamente concertados con las comunidades, ligados al desarrollo económico en las regiones; a la construcción de infraestructura que permita vincular esos territorios a la actividad económica lícita, además de planes de construcción y mejoramiento de la vivienda, atención en salud y educación para hijos de los campesinos que tradicionalmente se han visto obligados a recurrir a este tipo de cultivos.
En cuarto lugar, podemos señalar un cambio importante en la visión delgobierno colombiano sobre las causas y el tratamiento que debe darse a la problemática de estos cultivos, así como un nuevo enfoque en la política antidroga, dirigiendo los esfuerzos contra los eslabones principales del narcotráfico.Algo que se desprende de las más recientes declaraciones del Presidente Santos y algunos de sus ministros.
Como quinto aspecto, pero no menos significativo, destacamos la vinculación del gobierno norteamericano, a través de un enviado especial, al proceso de paz de La Habana, por petición expresa del gobierno de Colombia; lo que no es poco si tenemos en cuenta el papel que han jugado los EE. UU. en nuestro conflicto interno.
Finalmente, cabría señalar el creciente cansancio que experimentan los campesinos por décadas de abandono y persecución estatal, que toma cuerpo en las reacciones de movilización y rechazo abierto a la presencia en los territorios de tropas oficiales en plan de imponer la erradicación manual, sin ofrecer alternativas de solución para las necesidades económicas y sociales de los cultivadores.
Como se ve, si sumamos estos elementos, no es difícil concluir que están dadas las condiciones para iniciar en firme y desde ya, la implementación del acuerdo parcial del punto 4 de la agenda de La Habana, para lo cual las FARC - EP expresa su total disposición, en el marco de un acuerdo general de desescalamiento.
En función de ese objetivo estaríamos dispuestos a destacar parte de nuestras unidades que tienen presencia en los territorios donde señala el informe de la ONU, que se han presentado los mayores incrementos de estos cultivos, para que participen activamente en la promoción y el trabajo con las comunidades de los planes concertados de sustitución de cultivos.
Los recursos para la implementación de dicho plan saldrían de los fondos destinados por el Estado colombiano para la lucha contra las drogas y de aportes del gobierno norteamericano y demás miembros de la comunidad internacional dispuestos a colaborar en este loable propósito.
La paz para Colombia llegará cuando venga acompañada de pan para los más necesitados.
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