Por Carlos Iaquinandi Castro
El hartazgo, la indignación y la firmeza del pueblo guatemalteco terminaron con el gobierno del General Otto Pérez Molina, cuando faltaban 4 meses para el fin de su mandato. Las numerosas pruebas presentadas por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) implican al presidente en una trama delictiva de contrabando y cobros ilegales en las aduanas del país. Reiteradas movilizaciones populares de miles de personas denunciando la corrupción y pidiendo justicia, alcanzaron finalmente su objetivo.
“Más dura será la caída”
En 48 horas, el General perdió su inmunidad en el Congreso y la fiscalía ordenó su detención. En el mismo breve periodo, el pueblo guatemalteco lo vió y escuchó por TV proclamar su inocencia y afirmar que luchaba contra el delito y la corrupción en su país y horas mas tarde, ya detenido, comparecer compungido ante el juez escuchando las grabaciones donde él mismo daba indicaciones a miembros de la trama criminal. La fiscalía dispone de miles de escuchas que comprometen a Pérez Molina y a unos 50 funcionarios de distinto nivel.
La hidra de dos cabezas
La banda que dirígía la corrupción, era conocida como “La Línea”, y entre sus miembros aparecen importantes funcionarios de la administración tributaria, del Instituto de la Seguridad Social, de las Aduanas, incluso el secretario privado de la vicepresidencia. Pero en documentos y escuchas, la referencia a los “jefes” de la banda, mencionaban a “el uno” y “la dos”.
La “hidra de dos cabezas” que dirigía “La Línea” residía… en el Palacio Nacional. Decodificar las claves numéricas no resultó difícil para los investigadores: “el uno”, resultó ser el General Otto Pérez Molina, y “la dos”, la vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta “pieza” del puzzle fue la primera en caer. El juez Miguel Angel Gálvez ordenó su detención el 20 de agosto, imputándole en principio estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ninguno de los tres delitos es excarcelable, por lo cual ingresó en prisión. Según trascendió, EE. UU. podría pedir su extradición porque allí adquirió propiedades en operaciones que podrían considerarse “lavado de dinero”. Pero esto seguramente es “la punta del iceberg”. Los investigadores estiman que hay mucho más por esclarecer.
El Nº 1 (en represión y corrupción)
“El Uno”, era el presidente Pérez Molina, un general que en la campaña electoral de hace cuatro años proclamó que venía a poner orden y “barrer la corrupción”. Un general con una comprometida trayectoria en los genocidios cometidos por las Fuerzas Armadas de su país contra su propio pueblo.
Organismos de Derechos Humanos acusaron al general de estar directamente implicado en el uso sistemático de la tortura durante la década de los ' 80, en la que desempeñó mando en operaciones represoras en el departamento del Quiché donde fueron asesinados miles de indígenas y campesinos. Más tarde ocupó la jefatura de la Inteligencia Militar.
Otto Pérez Molina, un general que en la campaña electoral de hace cuatro años envió desde su Twitter @ottopm mensajes como “la corrupción es uno de los problemas más graves de nuestro país. Trabajemos juntos por el Cambio.” Otro ejemplo: “Los guatemaltecos debemos exigirle al gobierno transparencia; es increíble la cantidad de escándalos de corrupción que salen a la luz”.
Cuando se retiró del ejército en el 2001, fundó el Partido Patriota (“PP”), con el apoyo de grandes empresarios y ex militares. Y tras algún intento fallido, terminó accediendo al poder al ganar las elecciones del 2011. Al parecer, allí retomó (¿o reforzó?) la trama corrupta que según testimonios, se puso en marcha hace más de 20 años.
“Pérez Molina siempre ha sido el jefe de la banda de contrabandistas”
Esta frase pertenece al ex presidente de Guatemala Jorge Serrano Elías, quien desde su exilio en Panamá y en una entrevista publicada en la revista El Faro, afirma que durante su gobierno, a comienzos de los años ' 90 “el general Otto Pérez Molina se valió de su posición como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar para dirigir una estructura criminal dedicada al contrabando y el fraude aduanero. Desde entonces, asegura, el actual presidente inició la cooptación del Estado para fines mafiosos”. Destaca también que después de su caída la misma trama quitó el control del estado sobre la banca, para abrir las puertas al lavado de dinero. Y añade: “Hoy vemos que Guatemala se ha vuelto una lavandería del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Esa estructura la montó Pérez Molina en 1993”.
La periodista Carmen Quintela en un artículo en el diario español “El Mundo” afirmaba hace pocos dias que en realidad la red de corrupción aduanera en las fronteras de Guatemala surgió hace muchos años. (N. de R.: en la época en la que los militares controlaban fronteras para evitar el ingreso de armas para la guerrilla). Y añade que “en el Ejército surgieron dos hermandades bautizadas como ' La Cofradía ' y ' El Sindicato ' ”. Y concluye afirmando que “según un cable desclasificado de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de Estados Unidos, Pérez Molina era considerado el líder de El Sindicato”.
El fundador y presidente de El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora explica la evolución de la estructura criminal adueñada del “negocio” de las aduanas a modo de “poder paralelo” con fuertes vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas: La Cofradía, Grupo Salvavidas, la Red Moreno… y La Línea. Y añade: “Nunca vi esta voracidad, son unas aves de rapiña voraces”. El medio que dirige ha recibido demandas, ataques y boicot económico de parte del gobierno del general Pérez Molina.
¿Todo cambia o todo sigue?
Gran parte del pueblo guatemalteco celebró que tras muchas semanas de protesta en plazas y calles, finalmente la vice-presidenta Baldetti y el general Pérez Molina fueran cesados y detenidos para ser procesados. Pero la historia contemporánea nos recuerda que Guatemala estuvo y está en manos de un grupo de familias que constituyen el poder económico, y que desde hace mucho tiempo tiene sus raíces bien plantadas en las estructuras dirigentes o “decisivas”: las fuerzas armadas, la jerarquía eclesial, las cámaras empresariales y el Poder Judicial. Es por eso que, a pesar de las cíclicas rebeldías populares, toda pretensión de cambio suele quedar en promesas solemnes incumplidas. Así viene ocurriendo sistemáticamente con cada expectativa electoral. Como escribía la revista guatemalteca C4: “Los actores cambian, los nombres de las “familias” poderosas, a veces suenan más a veces menos, todo depende de su nivel de influencia en el gobierno de turno. Sin embargo, siguen dominando la vida política del país. Los nuevos ricos, pretenden comprar su entrada a la sociedad por medio de lujos y extravagancias. Poco a poco ganan terreno social y son cada día más visibles, aún así, el pisto viejo se guarda y reclama su poder.” Y cierran con una frase muy expresiva: “En Guatemala el pisto manda. Las ideologías no existen. La corrupción no termina, solo evoluciona y tristemente la historia se repite.” Y así parece que ocurrirá una vez más.
El “recambio” provisional
El presidente interno que asumió el gobierno de Guatemala es Alejandro Maldonado, un representante de la oligarquía del país, que desempeñó cargos y ministerios en los últimos decenios en diversos gobiernos. Ahora, reemplazó primero a la vice Roxana Baldetti presidenta, y cuando quitaron al general, tuvo un nuevo “ascenso”, esta vez a presidente de Guatemala hasta la finalización del mandato del general detenido, o sea en enero próximo. La embajada norteamericana que, hasta último momento, intentó validar y sostener a Pérez Molina, le abandonó cuando ya la presión popular y las pruebas de la corrupción eran abrumadoras. Por eso la ceremonia de toma de posesión en el Congreso contó con la presencia del embajador Todd Robinson, clara señal de “luz verde” al recambio presidencial, a lo que añadió su deseo (o el del gobierno norteamericano) de que el proceso eleccionario inminente “siguiera adelante”. Y así será.
¿ Y a quién elegir que sea honesto y gobierne con y para el pueblo ?
Poco más de 7 millones de guatemaltecos han sido convocados para votar mañana (ayer) domingo, tras una de las campañas más atípicas y surrealistas que ha vivido el país. En medio de la detención y comienzo del proceso a quien hasta hace 48 horas era el presidente y los indicios de una corrupción que carcome parte del aparato del estado y las instituciones, deben elegir presidente, vice, 158 diputados nacionales, 20 al Parlamento Centroamericano y más de 300 corporaciones municipales para el período 2016 - 2020.
Las “ofertas” están muy por debajo de la demanda popular. Candidatos no faltan, pero casi todos responden a viejas y desgastadas propuestas incumplidas. Los medios de comunicación como ocurre en muchos países de América Latina, han potenciado a tres de ellos.
Libertad Democrática Renovada (nombre que permite formar las siglas “LIDER” presenta a Manuel Baldizón que se define como “humanista y pacifista”, pero que su anterior campaña del 2011 incluyó la propuesta de la aplicación de la pena de muerte. Su candidato a vice es Edgar Barquín, que tiene acusaciones de lavado de dinero. En realidad, su discurso es oportunista y su único objetivo claro es alcanzar el poder.
El Frente de Convergencia Nacional, que nació como propuesta de un grupo de ex militares que reivindican su papel durante el Genocidio de los años ' 70 y ' 80, lleva como candidato a Jimmy Morales, en el intento de aprovechar su popularidad como comediante de televisión. Su lema: “Ni corrupto, ni ladrón”. Recordando las frases de Pérez Molina en la campaña del 2011 como aquella de “los gobernantes deben dar el ejemplo y no hacer cosas ilegales”, la promesa no resulta demasiado fiable.
El “trío” de favoritos se completa con Sandra Torres, esposa del ex presidente Alvaro Colom, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que se autodefine como socialdemócrata y progresista. El gobierno de Colom terminó mal. Tuvo acusaciones de financiación ilegal, e incluso de que entre los aportantes figuran personajes vinculados con el narcotráfico. Durante el final de su mandato, en 2011, se produjo el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral al ser baleado por sicarios el vehículo que le conducía al aeropuerto de Guatemala. Al parecer, el objetivo era su representante, el empresario nicaraguense Henry Fariñas, herido pero sobreviviente del atentado. Los autores, habrían sido miembros del cártel de la droga de Alejandro Jiménez que pretendían un “ajuste de cuentas” con Fariñas. La víctima accidental fue el renombrado cantor, poeta y escritor argentino.
Hay más candidatos, pero se presume que estos tres son los únicos que tienen posibilidades de ir a la segunda vuelta el 25 de octubre. Porque no parece que nadie pueda obtener más del 50% de los votos para vencer en la primera.
¿ Quienes pagan “la fiesta” ?
Finalmente, es oportuno rescatar unas frases del informe que publicó el pasado 16 de julio la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo dependiente de las Naciones Unidas y que tuvo hace años como eficiente impulsor al fiscal español Carlos Castresana.
Ese informe detalla “el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca. Los partidos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25% que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25% de organizaciones criminales”. (…) Añaden que esta situación es exacerbada “por la débil regulación de la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política”.
El bloque de intereses comunes que forman las familias de la oligarquía guatemalteca, la veterana incidencia de la embajada norteamericana, y los nuevos “actores” -presentes en casi toda América Latina- los grupos del crimen organizado y el narcotráfico, realimentan “el control paralelo” del estado guatemalteco que mantiene al país bloqueado. Guatemala está sometida a esos intereses mezquinos e insaciables de grupos minoritarios.
Dos apuntes para complementar estas afirmaciones: uno de los apoyos internacionales que ha tenido el gobierno del general Pérez Molina, ha sido el Partido Popular español (Curiosamente tan “PP” como el Partido Patriota del militar depuesto). La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del ex presidente Aznar, entregó en febrero del 2015 la “Medalla de Oro de Madrid” al presidente guatemalteco. En la calle, cientos de manifestantes reclamaban por la impunidad y las imputaciones de genocidio que pesan sobre el militar.
El segundo apunte es comentar que la estructura empresarial guatemalteca, prepara para el 8 de octubre un Encuentro Nacional organizado por una entidad llamada “Fundación para el Desarrollo de Guatemala”. Hay dos invitados de honor que disertarán sobre “propuestas que contribuyan a fortalecer las instituciones estatales”: uno de ellos es Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado norteamericano. Mr. Shannon visita frecuentemente Guatemala. La última vez su entrevista con el presidente Pérez Molina coincidió con el día en que su yerno, Gustavo Martínez, fue capturado por tráfico de influencias, ilícito cometido durante su gestión como Secretario General de la Presidencia.
El otro conferenciante sobre “el fortalecimiento de las instituciones estatales” será el ex presidente español José María Aznar (1996 - 2004). Entre sus antecedentes sobre el tema, el Sr. Aznar tiene el de haber reconocido en abril del 2002 el efímero golpe cívico militar contra el gobierno de Chávez en Venezuela, orquestado por el gobierno norteamericano, y grupos económicos nacionales e internacionales. Su embajador en Caracas, Manuel Viturro junto con el embajador de los EE. UU., Charles Schapiro, acudieron juntos a entrevistar al golpista Pedro Carmona, presidente del “gobierno provisional”. Fueron los únicos diplomáticos que visitaron al empresario antes de que el golpe fuera desbaratado y tuviera que huir del pais. Pero hay más: en los primeros dias de abril, en vísperas del golpe, Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana FEDECAMARAS, viajó a Madrid, donde tuvo reuniones con la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE).
El general no votará, está preso.
“El pueblo derrotó al general”, pero el largo y duro camino del pueblo guatemalteco hacia su liberación y autodeterminación, sigue obstruido por las mismas barreras internas y externas. Las posibilidades electorales inmediatas son tan inciertas en los cómputos de votos, como previsibles en su inutilidad para producir un cambio real en lo político, económico y social.
“Conocer la verdad es doloroso, pero es una acción altamente liberadora” fue la frase que dejó Monseñor Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998, dos dias después de haber publicado su informe “Guatemala, Nunca Más”, donde detallaba la gran responsabilidad de las FF. AA. de ese país en el Genocidio.
Hay que seguir
Gane quien gane, el pueblo guatemalteco tendrá que continuar su larga lucha, su trabajo de organización, de acumulación social en las zonas urbanas y en el inmenso, castigado y relegado ámbito indígena y campesino.
Muchas vidas han quedado en ese camino, pero son las que marcan la huella para alcanzar su autonomía. Para ser libres y soberanos, sin oligarquías propias, ni tutelas extranjeras. Para que la democracia no sea simplemente una palabra bastardeada.
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