Mediante un comunicado, el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo denunció que, pese a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para elevar el expediente a la Justicia Federal, acontecida el 29 de marzo del corriente año, el Juez Reynaldo Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rafaela, decidió elevar la causa a juicio oral "sin haber realizado una mínima investigación y desoyendo la orden del órgano supremo de justicia", según afirmaron.
Destacaron que, desde un principio, la investigación debía ser realizada por el fuero federal ya que, sostuvieron, "existe evidencia contundente que demuestra que su asesinato se cometió para entorpecer el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar". La actuación del Juez Alejandro Mognaschi, titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal de Instrucción de Rafaela y las irregularidades en el accionar policial, como también en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Santa Fé, fue lo que llevó a reclamar el pase del expediente a la Justicia Federal.
La decisión judicial fue apelada a través de un pedido de nulidad presentado ante el Tribunal Oral Federal, cuyos integrantes volvieron a remitir el expediente al Juez Rodríguez, exigiéndole nuevamente una investigación previa. Sin dudas, enfatizaron, la intervención de la querella resultó decisiva pues ella solicitó la casi totalidad de las medidas probatorias e impidiendo, de esta forma, que se clausurara la investigación pertinente.
No obstante, dicho magistrado tomó como propia la actuación del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal para solicitar la elevación a juicio oral, mientras solamente se acumularon fojas y testimoniales sin relacionar los hechos para "sacarse la causa de encima", según afirmó el colectivo de Derechos Humanos rafaelino.
Asimismo, resulta llamativa la vinculación de Fabio Procajlo, defensor de oficio de los imputados, con el ex - Juez Federal Víctor Brusa, de conocida actuación durante la dictadura militar, recordando que fue defensor del mencionado ex - magistrado en la causa donde el testimonio de Silvia Suppo fue determinante para su posterior condena por delitos de lesa humanidad en el 2009.
Sostuvieron que es evidente la intención de buscar la finalización de los plazos legales para la instrucción de la causa, para volver a elevar a juicio sin ningún tipo de investigación. Ello también se repite en la causa "Hatterner - Destefani - Suppo", la cual está a cargo del mismo Juez Rodríguez, que lleva ya 10 años de instrucción y donde ningún acusado fue aún indagado. Recordaron que Silvia Suppo "era la testigo clave que podía incriminar a represores rafaelinos implicados".
Expresaron que contando "con fallos favorables de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Oral Federal, seguirán exigiendo una profunda investigación del asesinato de Silvia junto a "la solidaridad y las luchas de todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, que nos han acompañado durante este año y medio", afirmaron. No obstante el apoyo recibido, todavía no es posible terminar con la impunidad y solicitaron el apoyo de todas y todos para obtener la condena penal y social de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Silvia Suppo, concluyeron.
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