¿ Metas 2021 o variables del capital ?.

 


 


¿ Metas 2021 o variables del capital ?


 


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Por Andrés Sarlengo (Contrapuntos, Venado Tuerto, Santa Fé)


“La educación en los países iberoamericanos mostró avances en los últimos años, pero ya no es suficiente mejorar, sino que hay que mejorar más rápido para no quedar rezagados”, sentenció recientemente el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI) Alvaro Marchesi (1).

El programa “Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” pretende resolver dicha “agenda pendiente” (1).

Según el psicólogo español Marchesi Iberoamérica destinará 100.000 millones de dólares a educación en los próximos 10 años. El 70 % de ese monto provendrá de los países y el 30 % de organismos internacionales y empresas (1).

Con todo, horas antes de inaugurarse el XX Encuentro Iberoamericano de Jefes de Estado en Mar del Plata (diciembre 2010), en el VI Encuentro Empresarial Iberoamericano organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Daniel Funes de Rioja fue terminante: “El tema central es el respeto a la iniciativa privada y el rol que la empresa privada debe cumplir en el desarrollo y en el crecimiento de América Latina (2)”. Un ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, preside la SEGIB.

Al comenzar la XX Cumbre Iberoamericana Cristina Fernández afirmó que “la inclusión se da con desarrollo” y Enrique Iglesias expresó el “más sincero afecto” en recuerdo de Néstor Kirchner (3).

En principio -en efecto- se me presentan varias dudas. Por qué América Latina no construye su propio horizonte en políticas educativas y recurre a organismos supranacionales… ¿Es posible el desarrollo con inclusión si sólo se concibe a la empresa privada como su fundamento? Por qué corporaciones como el BBVA, Telefónica y el BID destinarán 30.000 millones de dólares a los sistemas educativos iberoamericanos…


Darío Balvidares con su apunte titulado “La colonialidad educativa entre Cumbres y corporaciones: El final del carácter público del conocimiento… el crimen (casi) perfecto” brinda una respuesta (4)”.

“La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) firmó un acuerdo con Fundación Telefónica a través del cual esta fundación destinará 500 millones de euros a lo largo de los próximos diez años y un aporte anual de 250 mil euros, para la ejecución de proyectos conjuntos. En tanto, mediante el portal Educared, se compilarán los planes educativos de cada país en un plan común de alcance regional”, anuncia un artículo de Rosario3.com (5).

No es casualidad que “Las empresas españolas ganan en América Latina más que en España” como destacó Clarín el 30 de julio de 2010. Entre Repsol YPF, Telefónica, BBVA y Santander obtuvieron 1.660 millones de euros durante la primera parte de 2010.

Quizás Marchesi no lo perciba: la educación en Iberoamérica estará rezagada, pero los números coloniales de utilidades van en progreso.

Me pregunto cuánto tiempo pasará para que en Argentina se adopte el “Programa Valores del Futuro” de educación financiera para niños de entre 6 y 14 años. Con dicho “Programa” en España BBVA “educa” a 680.000 alumnos (6 y 7). “La bancarización es una prioridad de la estrategia de negocio de BBVA. Además existe una correlación directa entre el acceso a servicios financieros y el bienestar de las familias.  Por este motivo, este plan tiene un alcance global con el objetivo de apoyar la educación financiera de las personas”, subraya el Director de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA, Antonio Ballabriga (6).

En el documento “Repudiamos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado” la Multisectorial contra la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata precisa en el punto 3: “Se profundiza la idea de descentralización en las responsabilidades, es decir, se diluye el deber del Estado de garantizar la educación, al tiempo que se fomenta la búsqueda de recursos externos a través de aranceles, por ejemplo las cooperadoras y dinero de las empresas”. En el apartado 4 son categóricos: “El rol del empresariado merece especial atención, ya que si bien aparece como un aliado más, en el documento queda claro que son parte de la delineación de estas políticas, del control de su implementación, y beneficiarios directos (8)”.

En setiembre de 2010 Enrique Iglesias en las Jornadas “Iberoamérica invierte. Las empresas globales en el despegue económico” sostuvo desde Madrid: “En este momento, se está mirando desde todas partes a América Latina como un lugar de inversión (9)”.

Noticias español es muy claro en uno de sus párrafos: “Iglesias también señaló la importancia del factor demográfico (“somos 560 millones de personas”), que está “vinculado a la juventud y a la creciente clase media”, en la economía regional, porque se trata de “una población más educada, joven, con capacidad de consumo, con capacidad de aportar trabajo cualificado (9)”

Cuesta creer y asumirlas pero es imprescindible reflexionar sobre las palabras que Heinz Dieterich escribió: “Mediante una inferencia hipotética-deductiva fundamentada en la lógica del sistema y la evidencia histórica: la estructura de producción y realización mundial del capital determina la estructura ocupacional mundial, la que a su vez condiciona la estructura del sistema educativo mundial, del cual los sistemas educativos nacionales son funciones o subsistemas dependientes (10)”.

Más concreto y simple: el empleo y la educación son variables dependientes del capital.

César Baudino parece insistir: ““Y tampoco podemos analizar la educación en su integralidad por fuera del modo de producción, por fuera del capitalismo (11)”.

Propiedad privada y educación.

Nada es azaroso.

Paraguay desde el 11 de noviembre de 2010 es la sede de la Oficina Regional de la OEI “para la coordinación de 21 países en el área de educación permanente, alfabetización y educación técnico profesional (12)”. Fernando Lugo podría haberse negado pero firmó el acuerdo con Alvaro Marchesi (12).

Nada es azaroso.

Detrás de las Metas 2021 hay un neocolonialismo que armoniza “gobernabilidad con inclusión (¿o control?) social”.

Claudio Lozano parece anticipar ya sus consecuencias en Argentina: “El discurso oficial que idolatra el presente comparándolo con la crisis del pasado se desarma frente a la ausencia de mejoras sociales concretas y la cristalización de un cuadro en el que sólo un 40 % de la población aparece integrada en el funcionamiento de la Argentina, en tanto el 60 % restante se divide en un 30 % que vive en la pobreza y otro 30 % que no llega a fin de mes (13)”.  

En definitiva: es tiempo de unirnos quienes deseamos otro modo de producir y de enseñar y aprender.

Que CTERA siga buscando los 2.500 pesos de salario inicial docente.

Nosotros- en cambio- mientras tanto, le decimos no a pactos coloniales revestidos de progresismo, netbooks al por mayor y asignación universal.

De a poco ese NO será un grito libertario.


NOTAS


1)  La educación iberoamericana debe mejorar más rápido para no rezagarse. Rosario3.com. 14/02/2011

2)  Ejecutivos de Iberoamérica defendieron su rol en el crecimiento de la región. La Nación. 01/12/2010

3)  “La inclusión se da con desarrollo”. Fernando Cibeira. Página 12. 04/12/2010

4)  Argenpress. 15/12/2010

5)  Impulsan Metas Educativas 2021. 06/12/2010

6)  Casi 700 mil niños recibirán educación financiera. Infancia Hoy. 24/11/2010

7)  El informe PISA incluirá un examen sobre educación financiera. Rosario3.com. 23/02/2011

8)  ¿Qué son las Metas 2021? Educación para la exclusión. 11/11/2010

9)  Enrique V. Iglesias destaca el atractivo de Latinoamérica para los inversores. Noticiasespañol. 21/09/2010

10)  La sociedad global. Educación, mercado y democracia. Noam Chomsky. Heinz Dieterich. Contrapuntos. 1999

11)  Citado en Vuelvo. Andrés Sarlengo. Argenpress. 07/02/2011

12)  Paraguay será capital iberoamericana de la Educación. 11/11/2010.

13)  Desarticulación, agotamiento y crisis política. Claudio Lozano. La Nación. 20/02/2011

Grave: Escandaloso Lock out y encierro de trabajadores en PepsiCo.

 


 





Los trabajadores de PepsiCo Snacks y su Comisión Interna denunciamos gravísimos hechos que suceden en la fábrica de Florida.

Esta mañana cuando un grupo de trabajadores contratados ingresó a la planta, la empresa quiso sacarlos con personal de seguridad.

La empresa quería despedirlos pese a que tenían todos más de un año de antigüedad y lo que legalmente correspondía era la efectivización. Además, organizó un lock out ofensivo impidiendo el ingreso de los trabajadores del turno mañana con el fin de dejar solos a los trabajadores contratados que se encuentran ahora encerrados en el cuarto gremial sin comida ni agua.

Profundizando este método fascista, la empresa norteamericana les cortó la luz dejándolos encerrados y a oscuras, sin contacto con sus compañeros y delegados, como si se tratara de presos.

Denunciamos este método digno de la dictadura militar que quiere imponer un monopolio norteamericano violando los Derechos Humanos de los trabajadores de PepsiCo.

Exigimos el inmediato fin del lock out ilegal y la efectivización de los contratados.

Reclamamos al Sindicato de la Alimentación, medidas de acción urgentes contra este lock out ilegal.

Exigimos la intervención inmediata del Ministro de Trabajo y de la Justicia para poner fin a este ataque a los derechos de los trabajadores, sin precedente en el país en los últimos años.

Trabajadores y Comisión Interna PespsiCo Snacks.

www.ptszonanorte.blogspot.com

www.tvpts.tv

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 597.

 


 


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CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 597



Sumario:


1. Por Christopher y por todos.

2. No es el Tren dela Alegría, pero es algo.

3. ¿Parte del mismo pueblo?

4. Los medios, el arma de la burguesía para legitimar y consensuar la represión estatal.

5. Es la policía, estúpido…

6. Procesados por luchar.

7. Hasta siempre, compañera Martha.


POR CHRISTOPHER Y POR TODOS

Como en José León Suárez y Baradero hace sólo un par de semanas, el 2 de octubre de 2008, sin tanta repercusión mediática, el caso de gatillo fácil fue el de Christopher Torres.

Christopher tenía 17 años cuando, cerquita de la escuela Nº 21 y a sólo una de su casa del barrio de Las Catonas, desde un auto particular, Luis Oscar Ayunta, policía del GADA (Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea) de la departamental Moreno le disparó y  lo asesinó.

El policía Ayunta, de franco, viajaba con su hermano, quien también disparó contra Christopher y su amigo. ¿El motivo? Una supuesta denuncia de un robo de un celular. Como siempre, la policía encontró un blanco fácil y disparó: dos chicos del barrio, humildes, morochos, ¿quién reclamaría por ellos?. Además, ya saben que cuentan con la impunidad del estado para seguir manteniendo a raya a los pibes en los barrios. Es que no hacen más que cumplir sistemáticamente con su deber: en estos días, incluyendo los casos de Baradero y Suárez, ya son más de 3.150 los pibes asesinados en democracia por las fuerzas represivas estatales.

Pero así como la policía cuenta con la impunidad porque hace su “trabajo”, la familia, los amigos y compañeros de Christopher tenemos dignidad, nos organizamos y luchamos a diario contra esta represión, que pocas veces se ve masivamente, pero que se siente a diario.

Por eso el 3 y 4 de marzo estaremos frente a los tribunales de Mercedes, durante el juicio al asesino de Christopher. Sabemos que esta “justicia” no está de nuestro lado y que la única sentencia favorable será ganada con la lucha y alcanzada por la conciencia.

NO ES EL TREN DE LA ALEGRÍA, PERO ES ALGO

Ver salir a Pedraza esposado de su "humilde casa" de u$s 900.000 en Puerto Madero fue un buen despertar del martes, pero eso sólo no es justicia. La detención e indagatoria por su participación como organizador, junto al “Gallego” Fernández y Gustavo Arcorcel, del homicidio calificado de Mariano Ferreira y las tentativas de homicidio del resto de los tercerizados y quienes se solidarizaron con ellos, no nos hace olvidar que la misma jueza que lo encarcela es la que se niega a llamar a los directivos de UGOFE, gerenciadores del FFCC Roca, para que expliquen por qué, el 20 de octubre pasado, dieron permiso para salir libremente a los miembros de la patota de sus puestos de trabajo; la misma que no cita a los funcionarios de la Secretarí­a de Transporte para que expliquen cómo funcionan las tercerizadas, por qué se permiten, a quién pertenecen, cuánto decide el gobierno en todo esto, y, por último, la misma jueza que, en vez de incluir en la misma causa a la policía que liberó la zona y garantizó la impunidad de los ejecutores, nos distrae con una causa paralela.

Esta justicia tiene en su poder, desde hace dos meses, los mismos elementos que ahora la llevan a detener a Pedraza, a Fernández y a Alcorcel. Fue la movilización en la calle, los cortes de vía, la denuncia permanente, lo que los metió presos.

En este juicio no sólo se están poniendo a luz a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano. Pedraza, aparte de ser el organizador del plan criminal, que culminó con el asesinato y las heridas de Elsa Rodrí­guez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, está vinculado a la tercerizadora ferroviaria, disfrazada de Cooperativa, "Unión del Mercosur" que según los listados en manos de la jueza incluirí­an, para ingresar prontamente, a los miembros de la patota de Barracas que no son ferroviarios.


Y así, hay un doble aspecto para pensar las razones del ataque. Por un lado, mantener el gremio con rienda corta y dar una "buena lección" a los trabajadores tercerizados que se vienen organizando desde hace más de dos años, y a las organizaciones que los apoyan. Por el otro, frenar la lucha para no efectivizar a nadie y mantener así­ el negocio de las tercerizadas, las que cobran por contrato o tarea, una suma negociada entre la UF, UGOFE y la Secretaría de Transporte, y luego pagan a sus trabajadores cifras miserables quedándose con la diferencia o con las coimas que les pasan los "otros" dueños de las tercerizadas.

Pedraza, abandonado por la CGT -ocupada en negocios "menos sucios" y más redituables como los del "Momo" Venegas, Zanola y otros con los medicamentos truchos que los pueden salpicar a todos- también está investigado por escuchas telefónicas ordenadas por la jueza luego de las primeras siete detenciones, cuando se habrí­a intentado sobornar a un miembro de la Cámara de Casación Penal para que los libere. Esto, más el intento de estropear la bala que asesinó a Mariano por parte del perito de parte de Uño, boletero ferroviario y uno de los imputados de la patota, complica más al grupo de asesinos y matones y empieza a mostrar la soledad y desesperación en que están entrando los Pedraza.  

La pelea por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra no terminó, y falta la parte más difícil, que es no permitir que se retroceda y avanzar sobre la burocracia de la Unión Ferroviaria, la empresa privatizada y sobre el gobierno, socios los trea, en las alturas de la corruptela capitalista.

En el Roca, los más de 1.600 compañeros tomados efectivos a partir de la organización de los tercerizados, lucha dolorosamente potenciada con el asesinato de Mariano, deben convertirse en la punta de lanza, junto a los cuerpos de delegados opositores de los ferrocarriles Sarmiento y Belgrano Norte y activistas y delegados antiburocráticos de las demás líneas, para barrer lo que queda, pudriéndose, de Pedraza en el ferrocarril.  

Como dijo nuestra compañera Marí­a del Carmen Verdú, en nombre de Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez en la audiencia ante la Cámara Criminal, refiriéndose a los detenidos: “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Faltan la UGOFE, la Policía, y la Secretaría de Transporte y el resto del gobierno. Vamos por todo, y por todos.

¿PARTE DEL MISMO PUEBLO?

Al grito de "la policía es parte del mismo Pueblo", familiares de mártires libios levantados contra el régimen de Kadafi se plantaron frente a un cuartel, confiando en que los guardias se sumarían a la protesta. Salieron los uniformados, e hicieron pasar a una veintena de manifestantes para dialogar. El resultado fue la masacre de todos los civiles dentro del cuartel. Veintitrés muertos en la trampa.

El suceso, mas allá de lógicas incertidumbres y desconfianzas sobre el despliegue informativo urdido tras los acontecimientos históricos de los últimos días,  agrega motivos para repudiar la autocracia libia y ponerse decididamente del lado del valeroso pueblo árabe. Más, invita también a reflexionar sobre dos cuestiones en las que solemos insistir desde CORREPI, ciertos en la organización, como presupuesto indisoluble para dar la lucha, y ciertos, también, en el error conceptual y material en el que se incurre cuando se pretende elevar al policía al nivel de un trabajador "parte del mismo pueblo".

La lucha puede darse espontánea e imprevistamente. Pero si no se organiza, es mas fácil que se repita la noticia. El hastío que conduce a la bronca, puede que resulte un motor muy valioso para arrancar, pero requiere de la inmediata organización, de su conversión en conciencia.

Aunque provenga del mismo pueblo, cuando el policía ingresa en la institución, deja de pertenecer a él. En tanto perro guardián de la clase dominante, esclavo con látigo que sólo rigorea al que no tiene con qué defenderse, deja de ser parte de ese pueblo por la esencia misma de su función: disciplinar y materializar el control social para resguardar el orden social imperante. Su condición de brazo armado del enemigo de clase, lo pone en la trinchera de enfrente.

Sostener que son "parte del mismo pueblo", sea en Libia, donde responden al poder concentrado en una familia  o en la Argentina, donde el poder, menos concentrado, se ejerce gerenciando la función pública, es una caracterización poco rigurosa. Ellos están para aplicar la ley, para cuidar el orden, por eso monopolizan la violencia del estado y portan las armas con las que a diario matan pobres, en su mayoría jóvenes, por la amenaza que constituyen para ese orden cuando están organizados o van en camino de una organización... lo mismo en el suburbio de Trípoli que en Buenos Aires.

Con la admiración que siempre provoca el Pueblo en las calles, con el respeto por la decisión y valentía del pueblo libio, nos permitimos remarcar que los únicos que forman parte del mismo pueblo son los que vivirán mejor en una sociedad sin privilegios de clase y, por tanto, sin orden social que resguardar, confiando únicamente en sus propias fuerzas, con independencia, organización y lucha, mucha, aquí, allá y en todo el mundo.

LOS MEDIOS, EL ARMA DE LA BURGUESÍA PARA LEGITIMAR Y CONSENSUAR LA REPRESIÓN ESTATAL.

Así como el policía dispara, así como los jueces y fiscales se encargan de garantizar la impunidad y de que los asesinos queden en libertad y puedan seguir reprimiendo, y así como los políticos se encargan de darle un marco legal a la represión, los medios de comunicación cumplen un papel clave, que es el de generar consenso para reprimir y, cuando ésta se efectúa, legitimarla.

El domingo 20 de febrero, Diario Popular, dedicó, de sus 20 o 24 hojas, dos páginas enteras a pregonar que hay que “la gente pide más policía en las calles” y que “los barrios de Gran Bonaerense están bajo el control de pandillas y se están favelizando”.

La primera nota se sostiene mediante encuestas hechas a algunos hogares. Toda encuesta siempre es dirigida y, por lo tanto, tendenciosa desde el vamos. Y aún así, apenas un cuarto de los encuestados respondieron que la mejor medida contra la inseguridad sería ésa. La segunda nota es directamente un autobombo sin fuentes citadas y con la voz de un “especialista” en represión como es el ex-comisario Luis Vicat, quien no duda en homologar la inseguridad con pobreza (barrios, villas y complejos) y asegurar que las situaciones violentas se producen porque "la presencia policial es ilusoria", lo cual significa "un proceso de favelización en desarrollo, que avanza sobre las áreas del estado y termina conformando territorios liberados". Todo un montaje para mentirle a los lectores y persuadirlos de que la solución es más represión.

Esta es una constante en los medios de comunicación, y tanto vale para los oficialistas como para los opositores, porque cuando de reprimir a los empobrecidos y a los trabajadores se trata, se ponen de acuerdo siempre. Y necesitan legitimar esa acción y para ello es necesario que exista este aparato ideológico que lo legitime.

Nada dicen los diarios y la tele de los delincuentes de cuello blanco, muchas veces porque los protagonistas de los grandes robos son los mismos medios o sus socios. Tampoco hablan de que el crimen organizado es perpetrado y regenteado por las fuerzas represivas.

También callan el gatillo fácil o lo ocultan bajo el manto del “enfrentamiento” desmentido, sin ir más lejos, con la bala mortal por la nuca o la espalda, o disparada desde arriba hacia abajo a corta distancia. Por eso hay títulos como “La policía les hizo el service”, cuando en febrero dos pibes fueron a robar un taller mecánico y la Federal mató uno e hirió al otro. Por eso titulan “Un militar retirado entró en guerra contra la delincuencia” cuando un milico mató a un pibe de 16 años de un disparo en la nuca. No es azaroso que las fuentes de los medios sean siempre las policiales, haciéndose eco de la versión unipolar de los asesinos estatales.

Y cuando el asesinato no puede ocultarse de ninguna manera, la explicación que dan –para nada inocente- es la teoría del “loquito suelto” o la de “la manzana podrida”, cuando la verdad es que esas manzanas son deliberadamente podridas porque, para que los poderosos y los ricos sigan teniendo el poder, necesitan que la policía garantice el control social de los dominados a fuerza de tortura y balazos.

Los medios no son garantía de verdad, tampoco independientes. En el arco represivo, los medios están para legitimar y justificar los asesinatos de la policía, y para buscar y generar consenso para reprimir a los trabajadores que se organizan y luchan.

ES LA POLICÍA, ESTÚPIDO…

Dos hechos dados a conocer esta última semana confirman lo que desde CORREPI venimos denunciando hace tiempo: el vínculo permanente que existe entre el crimen y la institución policial.

En la localidad formoseña de Estanislao del Campo, un subcomisario fue detenido en el marco de la investigación por los 700 kilos de cocaína hallados en un campo del ex concejal kirchnerista Héctor Palma.

La droga había sido encontrada el 18 de diciembre en las inmediaciones de una supuesta pista clandestina, usada por narcotraficantes. Actualmente Palma está destituido de su cargo y procesado con prisión preventiva.

En el contexto de esta causa, el juez federal Marcos Bruno Quinteros acusó de haber sido partícipe del delito de almacenamiento de estupefacientes al subcomisario Rolendio Mancuello, quien se ha negado a declarar hasta el momento.

Mucho más grave es lo que está sucediendo con un ex policía de la bonaerense, acusado de haber violado a una adolescente en el partido de Morón. Eduardo Osmar Ullúa, que cumplía funciones en la departamental de Junín, se encuentra prófugo tras no haber concurrido a ninguna de las audiencias del juicio oral que comenzó este mes. Hay ya una orden de captura internacional.

El prófugo está acusado de haber violado reiteradas veces, entre 2000 y 2002, a la hija de su ex pareja. Ullúa, apartado de su cargo en 2005, estuvo unos pocos meses preso y consiguió salir tras recibir el beneficio de libertad morigerada hasta el comienzo del debate oral. Según el fiscal de la causa Marcelo Papávero, el juicio estaría por caerse ya que sin el imputado no se puede continuar.

A su manera, estos dos hechos hablan de una misma cosa: de los profundos lazos que unen a la policía con el crimen. No es que la policía existe porque existe el crimen, sino que el crimen existe porque existe la policía.

No son los pobres, no los negros, no son los pibitos: es la policía, estúpido… La que roba, transa, tortura, viola y mata, es la policía.

PROCESADOS POR LUCHAR

Al final de la semana pasada, el aparato judicial nuevamente dio muestras de su carácter y razón de ser, al confirmar el procesamiento y el embargo por $ 210.000 contra el delegado de Kraft Food, Javier Hermosilla.

El trabajador está acusado de bloquear la libre circulación de la Panamericana (como le gusta decir a los camaristas), junto a sus compañeros de trabajo, una medida de fuerza que se llevó adelante en el marco de un extenso y combativo plan de lucha en el año 2007.

Ya en 2008, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ramón Hermenegildo Bogado, delegado de la misma empresa, por ese corte.

Otro caso similar está padeciendo un trabajador ferroviario, Daniel Abella, quien está acusado del delito de daño, por haber realizado pintadas en el hall de Plaza Constitución en la jornada de protesta que hubo el día después del asesinato de Mariano Ferreyra.

Casi como una burla, el fiscal a cargo de la causa pretendió (al día siguiente de la detención de Pedraza) que el militante firmara un juicio abreviado o aceptara una probation, como si tuviera que pedir disculpas o arrepentirse por haber escrito Pedraza Asesino en el hall.

Está claro que cuando se trata de compañeros que arriesgan su vida, al organizarse por fuera de la burocracia sindical, la única respuesta que da la justicia, de la mano de la patronal y el gobierno, es más represión y persecución.

HASTA SIEMPRE, COMPAÑERA MARTHA

Periodista de raza; maestra de la crónica policial en el diario Crónica, de donde la echaron tras 18 años de dar visibilidad a lo que nadie quería publicar y de pelea gremial; militante feminista y socialista; titiritera "de cachiporra", esta semana murió Martha Ferro. Dirigió la revista de género Todas, del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los ‘70. Fue colaboradora y amiga de CORREPI desde el principio, de la mano del Caso Bulacio y el Caso Durán, y era un orgullo escucharla decir que se consideraba una especie de “madrina” de nuestra organización.

En uno de sus últimos reportajes, dijo: “Nunca hay que creer en la policía. El barrio te resuelve todos los crímenes. El barrio sabe todo. Pero en los sectores medios, el barrio calla. Es que la clase media guarda sus secretos bajo treinta llaves y nunca quieren comprometerse cuando son testigos de un caso de gatillo fácil”.

Querida Martha, compañera, hasta siempre.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: JUICIO AL ASESINO DE CHRISTOPHER TORRES

El 3 y 4 de marzo, desde las 9:00, el tribunal oral nº 2 de Mercedes juzgará al policía Luis Oscar Ayunta, del GADA (grupo de artillería de defensa antiaérea de la departamental de Moreno) que, el 2 de octubre de 2008, fusiló a Christopher Torres (17).

Los militantes y familiares de víctimas de la represión organizados en CORREPI movilizaremos los dos días, para llenar la sala de audiencias y manifestar fuera del edificio de tribunales, en calle 26 y 27, Mercedes. Convocamos a acompañarnos.


LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS


Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

Visitá nuestros espacios de difusión:

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Santa Fé: A 11 meses del asesinato de Silvia Suppo, por Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo.

 


 


Espacio VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO

 


Comunicado a 11 meses del asesinato de Silvia Suppo


Han pasado once meses desde el crimen de Silvia. Han pasado más de once marchas. Hace once meses que estamos en la calle, que salimos a la calle a pedir Verdad y Justicia para Silvia Suppo.

En este largo recorrido que venimos construyendo desde el Espacio verdad y Justicia fuimos denunciando, sin ser escuchados,  las múltiples irregularidades que se han ido produciendo en la investigación que lleva a su cargo el juez rafaelino Alejandro Moñaski. Irregularidades que apuntan al mal accionar de la policía, a la falta de evidencias claras y concretas q apunten  a los implicados Sosa y Coceres como únicos autores tanto materiales como intelectuales, al manejo mal intencionado de testimoniales e informaciones que apuntan hacia la hipótesis de crimen político, a la peligrosa filtración de información clave hacia medios de comunicación que han deslegitimado nuestra lucha desde el comienzo, a las desprolijidades de todos los sectores intervinientes.

Hemos recordado (recordar, en latín significa volver a pasar por el corazón), contado la historia de militancia y lucha de Silvia, sus valientes denuncias, lo clave de sus testimonios para acabar con la impunidad y la complicidad. Hemos hablado de su coherencia, de sus valores, hemos demostrado que no era una ciudadana “común” y que tampoco es “común” que en Rafaela asesinen a una persona de nueve puñaladas en una fecha cercana al 24 de marzo. Una investigación plena de su asesinato no puede realizarse en la justicia provincial, existen claras sospechas respecto de que su crimen tiene connotaciones políticas. Compete a la justicia federal investigar los crímenes de lesa humanidad no sólo ocurridos durante la última dictadura militar si no también los acontecidos en democracia para garantizar la impunidad de los acusados e imputados de todos los sectores sociales.

Muchas veces sentimos que esta pelea por la verdad y la justicia es desigual y está llena de obstáculos; que creemos avanzar un paso y retrocedemos dos; que creemos encontrar aliados que nos hablan de colaborar con el esclarecimiento y ya dieron por clausurada la investigación. Pero sabemos que contamos con uds, con los compañeros y compañeras militantes, con quienes conocieron a Silvia y la quisieron tanto, con quienes nos están dando su apoyo desde distintos espacios.

Estamos convencidos de que a Silvia la mataron para callarla, estamos convencidos de que sus testimonios les aseguraban varios años de cárcel tanto a altos funcionarios policiales como a civiles cómplices y militares genocidas de Rafaela y de la provincia. La violencia es la única defensa, la única forma de pensar y de actuar que ellos tienen. No es casualidad q hayan venido por Silvia como alguna vez lo hicieron con Julio Lopez y con otros compañeros y compañeras que continuamente reciben amenazas o son víctimas de atentados. Este no es un hecho aislado.

No alimentamos fantasmas. El aparato represivo aún no ha sido desmantelado. A diario somos testigos de su accionar y nos negamos a convivir con genocidas, asesinos, feminicidas, violadores, criminales… Por eso estamos en la calle y vamos a seguir estando si es necesario.

Confiamos en la justicia como lo hizo Silvia toda su vida porque creemos en nuestro país, en nuestra gente, creemos en la lucha, en la democracia. Esperamos que la corte Suprema de La Nación renueve esta confianza determinando que la investigación no se cierre y pase a la justicia federal, ente que fue específicamente creado para investigar crímenes políticos. Esperamos la justicia no tarde más de treinta años como está tardando para tantas víctimas, como está tardando para Silvia, para Reinaldo, para Hugo.

Asumimos la lucha como una responsabilidad.

Esperamos que la justicia asuma la suya y salde esta deuda de años.  

Espacio VERDAD Y JUSTICIA POR SILVIA SUPPO

Integramos el Espacio:

- Marina y Andrés Destefani, hijos de Silvia Suppo

- Familiares, amigxs y compañerxs de Silvia

- La Casona de los Pibes

- CTA Región Centro

- Grupo de mujeres y feministas Enredadera

- Centro Cultural y Social Estación Esperanza

- Centro Testimonio

- Movidero

- Programa Nacional de Promotores territoriales

Nuevamente gracias a todos y a todas por estar y difundir.

Más información:  http://verdadyjusticiaporsilviasuppo.blogspot.com/

Río Negro: Bariloche - Multisectorial de Bariloche: Comunicado ante las presiones recibidas ante la exigencia de juicio y castigo por el asesinato de Diego, Sergio y Nino.

 


 


No nos correrán de nuestro reclamo original de justicia por los crímenes de la Policía de Río Negro

 


Los Familiares de las Víctimas de Junio del 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche decidimos en plena conciencia y libertad, bajo las balas y el terror contra la población civil el invierno pasado, luchar por la verdad y la justicia.

A ocho meses de los tristes sucesos que nos parieron a nosotros mismos queremos compartir con el conjunto de la sociedad algunas reflexiones, ante el inocultable intento de parte de distintas fracciones del poder político y económico provincial y local de poner en duda nuestra legitimidad y de debilitarnos.

Desde el primer día que nos conformamos como espacio de movilización y lucha actúan contra nosotros -de distinto modo, con distintos hechos-, lo que a esta altura de los acontecimientos bien podemos calificar como persecución ideológica y política destinada única y exclusivamente a proteger al gobierno de Miguel Saiz, a los hombres del ministerio de Gobierno y toda la cúpula de la policía de Río Negro responsable de las innumerables violaciones a los derechos humanos perpetrados en Bariloche desde el 17 de junio a la fecha.

Así, el atentado incendiario contra el edificio de la sede de la Comisaría Nº 2 del Centro Cívico cometido al finalizar nuestra octava marcha pública, es el último y más audaz argumento que pretende utilizarse para no hablar de los tres crímenes de junio, de sus autores materiales y sus responsables políticos y administrativos, de los secuestros y las torturas a decenas de jóvenes. Y, sobre todo, para distraer la atención sobre la obligación de Víctor Cufré, de tres altos jefes policiales y del ex titular de la comisaría 28 de El Alto, de declarar como imputados como presuntos responsables penales de estos crímenes, quienes deben  presentarse a declarar cuando sean citados nuevamente.

El 13 de julio del año pasado, otra bomba estalló contra otro edificio de la policía rionegrina, aquella vez en Cipolletti, quitándole la vida a un obrero municipal. El hecho, sobre el que jamás tuvimos una explicación seria y razonable como sociedad, fue usado por la administración de Saiz para fortalecer la “imagen” del ministro Larreguy y del secretario Cufré, responsables directos de los sucesos de junio. Esos funcionarios públicos son quienes deben rendir cuentas sobre dos atentados en ocho meses contra edificios de la policía en esta provincia; es la justicia la que tiene que investigarlos.

El único responsable de los atentados es el propio gobierno provincial, que protege y premia a los policías y funcionarios responsables de las víctimas de la represión policial y las torturas a jóvenes, mientras continúa el cerrojo a los barrios de El Alto y las golpizas a los jóvenes. En tanto, el poder judicial tiene deudas de más de 20 años, como es el caso del triple crimen de Río Colorado.

Hay por lo menos dos grandes corrientes que analizar para comprender el estado actual de la confrontación por los crímenes de junio del 2010: por una parte, los movimientos y hechos políticos y judiciales que hace el gobierno y la propia policía por obstaculizar o por lo menos demorar las causas penales (la de los crímenes de Diego, Sergio y Nino, la de las detenciones masivas de jóvenes y torturas en comisarías durante el 18 de junio); por otra parte, nuestra lucha activa de reclamo y denuncia día a día.

Somos plenamente conscientes que mientras pase el tiempo y nos mantengamos firmes en nuestro reclamo simple y claro de verdad y justicia aumentará la presión y los ataques a los Familiares y la Multisectorial.

En este contexto analizamos, entre otros hechos, la decisión del intendente Marcelo Gascón de constituirse, a las pocas horas de ocurrido, como querellante en la causa por daños al edificio de la comisaría afectado por el incendio; las amenazas públicas del comisario general Edgardo Pérez y la amenaza solapada que realizó la policía local contra uno de nosotros inmediatamente después.

El comisario general Pérez, titular de la Unidad Regional III de Policía con asiento en el Centro Cívico, hizo declaraciones políticas muy claras: negó que sacaran ilegalmente fotografías a los manifestantes de la marcha desde el edificio público contra lo que pudo comprobar cualquier observador atento; y aseguró que nos conoce a todos y a cada uno de nosotros.

El sábado 18 a la mañana, dos patrulleros cargados de efectivos fueron al domicilio particular de Juan Carlos Curaqueo, tío de Nino Carrasco e integrante de Familiares, a citarlo a declarar como testigo en la causa de la Fiscalía de instrucción sobre el incendio. Una notificación similar fue la excusa que usó el 8 de julio pasado la Brigada de Investigaciones de Bariloche para allanar el domicilio particular y detener ilegalmente a Marcos Huenchullán, joven miembro de esta Multisectorial y vecino de los barrios de El Alto. En otra oportunidad, en octubre, otra llamativa investigación por robo fue usada para allanar y atacar el domicilio particular de Nino. Con el mismo método detuvieron a Sandro Bonefoi durante un fin de semana para que declare como testigo al lunes siguiente.

En las últimas semanas hubo una serie de pasos políticos e institucionales que confirman esos ataques o presiones de las que hablamos:

- En diciembre, el poder judicial local sacó un comunicado de prensa de oposición a las pintadas de protesta hechas a seis meses de los crímenes en el edificio de los tribunales en los que se tramitan las causas;

- El 17 de enero el fiscal Fernández, a tono con la ideología de la criminalización de la protesta social, abrió una causa penal por las pintadas de protesta en el edificio de tribunales durante la séptima marcha;

- El 9 y 10 de febrero debieron haberse presentado ante el juez Lozada en la causa de los crímenes de Nino y Sergio a declarar como imputados Cufré, el jefe de la Policía de Río Negro comisario Mayor Jorge Villanova, el comisario mayor Argentino Hermosa (titular de la Unidad Regional III al momento de los asesinatos), el comisario mayor Villanova el comisario Fidel Veroíza (segundo jefe de la Regional) y el comisario Jorge Carrizo quien se desempeñaba al frente de la Comisaría 28°.  Ese día 9 hubo un amplísimo despliegue de seguridad en los tribunales para custodiar a Cufré; a la tarde se produce la amenaza de muerte contra Rubén Marigo, abogado querellante de los Familiares en la causa de Nino y Sergio;

- La semana del 15 de febrero empezaron las declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos de las detenciones masivas de jóvenes el viernes 18 de junio del 2010 en la comisaría 2;

- El 15 la defensa del cabo Sergio Colombil solicita formalmente a la Cámara Penal que el juicio oral y público por el crimen de Diego Bonefoi no se haga en Bariloche por supuesta falta de seguridad;

- Desde Viedma, el 15 se conoce el respaldo público de juntas vecinales y entidades intermedias (no identificadas) al comisario Hermosa;

- El jueves 17 marchamos, estalla la molotov y buena parte de la opinión pública y de los sectores políticos y económicos se lanzan a hablar del patrimonio público afectado y, tácitamente, “confirman” la hipótesis del abogado del policía Colombil de que no hay seguridad para un juicio oral y público en esta ciudad.


La justicia avanzó lo que avanzó (poco y lento) porque estamos movilizados y alertas, todos los días aunque marchamos y marcharemos una vez al mes, cada 17 hasta que reciban sus condenas los responsables materiales y políticos de todas y cada una de las víctimas de junio.

- Exigimos que el juicio oral y público por el crimen de Diego Bonefoi se realice en Bariloche, con garantías para el más amplio acceso a la población civil;

- Que Cufré, Hermosa, Veroíza y Carrizo cumplan con sus obligación legal de presentarse a las indagatorias como uno más, sin horarios especiales ni prerrogativas.

- Que  se mantengan fuera de servicio los cuadros políticos y operativos de la policía responsables de los hechos de junio.

- Justicia para Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas

- Cárcel efectiva a los asesinos.

- Desmantelamiento de la BORA

- Renuncia del ministro de Gobierno Diego Larreguy

- Renuncia del jefe de la policía provincial Cufré

- Juicio político al gobernador Miguel Saiz