Por Ángel Guerra Cabrera
Max Weber afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición. Pero añadía que esa facultad debe cumplirse a través de un proceso “de legitimación”, que en el caso de las monarquías absolutas es aceptada por los subordinados como derecho divino; pero también puede provenir de un liderazgo carismático (los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) o de una legitimidad racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e impersonales) que deviene en sinónimo de legalidad. De una manera sencilla y más de un siglo antes, el lúcido Rousseau establece que la legitimidad la otorga la “voluntad general” de los sometidos al poder. Versión que se aviene con el concepto moderno de democracia como gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, feliz definición de Abraham Lincoln.
Lo que ocurre con estas definiciones es que flotan en el aire si no se considera al Estado como portador del interés de las clases sociales dominantes.
En América Latina tenemos gobiernos de orientación popular y política exterior independiente de Washington, que en distintos grados representan y defienden los intereses de las clases populares. Entre ellos Cuba y los demás estados integrantes del Alba han avanzado considerablemente en instituir la participación popular en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Pero también los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil escuchan al pueblo y tratan de abrirle canales de participación en las decisiones.
Mientras tanto, México, Colombia, Perú y Chile, miembros de la Alianza del Pacífico, se reconocen como aliados de Estados Unidos y su política exterior e interior responde, aunque no siempre totalmente, a los dictados de Washington.
