El gobernador Uribarri es uno de los precandidatos del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del año próximo, pero la preocupación por las problemáticas de la discapacidad resulta sumamente deficiente teniendo en cuenta que el 11,7 de la población entrerriana tiene alguno de los tipos de discapacidad.
De los 142.656 entrerrianas y entrerrianos que integran el colectivo, 87.374 tienen discapacidad visual; 25.022, auditiva; 79.813, motora y 24.676, cognitiva (1). Pero el IOSPER es una obra social provincial que tendría que cubrir en tiempo y forma las necesidades de sus afiliados. Sin embargo, el Ejecutivo provincial privilegia la próxima cumbre presidencial a realizarse en Paraná antes que cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 24.901, a la cual se ha adherido la provincia.
En el pasado mes de septiembre dábamos cuenta de la demora en el suministro de la medicación a Violeta. Ahora son los reintegros. Parece que le cuesta mucho cumplir con la ley a esta obra social provincial, a punto tal que el Colegio de Obstetras anunció que le cortará sus servicios por la falta de pago (2). Por otro lado, Fernando Cañete, presidente del IOSPER, anunciaba el pasado 1º del corriente que se estaría pagando el mes de agosto a los odontólogos... (3). Ambas especialidades, en mayor o menor medida, también son requeridas por las personas con discapacidad. En el primer caso, las mujeres jóvenes y en el segundo, la gran mayoría que, por supuesto, siempre requiere mayores cuidados dependiendo del tipo de patología de base que tengan.
Sin embargo, este caso es una muestra de la discapacidad nacional y popular. Ahora bien, con este cuadro de situación, ¿todavía se anima Uribarri a candidatearse a la Presidencia de la Nación?
Los reclamos se siguen sumando y no nos olvidamos del caso Brem. Es posible que, pese al amparo judicial, todavía se encuentre esperando alguna solución a la atención de su hijo.
Entre notas y amparos judiciales, no se respetan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y eso es grave, cuando se trata de un colectivo que, apenas, puede defenderse y muchas veces carece de los medios económicos para acceder a la justicia, sin contar con los viejos conocidos de la abogacía que solamente transan con los gobiernos en lugar de cumplir con su juramento: hacer justicia.
NOTAS:
(1) Datos del Censo 2010 - Ver en www.indec.gov.ar
(2) Ver en: http://www.elonce.com/secciones/politicas/nota.php?id=396337
(3) Ver en: http://www.revistaanalisis.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=211836
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