Como parte de las acciones que llevan adelante diversas organizaciones políticas, sindicales y de Derechos Humanos, se realizó el pasado martes una entrevista al Juez Sebastián Casanello con la intención de conocer los pasos a seguir por el magistrado en la causa por el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional, como también presentar el pedido de indagatoria a Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación y al ex ministro y actual Senador Nacional Aníbal Fernández.
“Cada día que pasa pueden estar destruyendo pruebas”, señaló la abogada Myriam Bregman y le recordó al juez que “la denuncia se inició hace dieciséis meses, en noviembre de 2011”, cuando el Juzgado estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide mientras que Javier Hermosilla, delegado de Kraft y Leonardo Norniella, delegado de Pepsico le reclamaron que avance “rápidamente” porque “pesan sobre nosotros decenas de embargos y causas penales que son nulas, ya que están armadas mediante el espionaje y la infiltración ilegal de la Gendarmería Nacional. Casi todas las comisiones internas de Zona Norte están procesadas por luchar. Representamos a más de quince mil compañeros y todas las medidas que tomamos se deciden en asamblea. Por eso acá se está juzgando a todos los trabajadores que pelean por sus derechos”, denunciaron.
Cabe destacar que, durante el encuentro con Casanello, Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo, le pidió presentarse como querellante en la causa.
“Está claro que el gobierno nacional, Aníbal Fernández y Nilda Garré son los responsables políticos de esta red nacional de espionaje, ya sea porque lo ordenaron o porque lo encubren”, denunció Christian Castillo, dirigente nacional del PTS.
Por otro lado, Enrique "Quique" Fukman, de la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos, recordó cómo el espionaje y las fichas de militantes terminaron siendo utilizados por la dictadura genocida para que desaparecieran miles de compañeros y en este mismo sentido, Juan Carlos Capurro, abogado de la CTA afirmó que “las fichas que se le encontraron a Gendarmería tienen un patrón muy similar al que se utilizaba en la época de la temible Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), disuelta en 1998. Lo que aporta Gendarmería a las causas para criminalizar la protesta no se pueden denominar ’pruebas’ ”.
Néstor Pitrola, del Partido Obrero, quien fuera espiado en la causa Kraft y luego presentado como querellante y firmante del pedido de indagatoria a los ministros denunció que su procesamiento, al igual que el de Vilma Ripoll, del MST, fue armado por la actuación ilegal de la Gendarmería y en declaraciones periodísticas, afirmó que el Proyecto X constituye "un sistema de espionaje que opera hace nueve años, en toda la geografía del país y sobre más de mil organizaciones populares" e indicó que solamente pudo existir a "partir de una política ideada y ejecutada por el poder político, es decir por el kirchnerismo desde sus albores” con la finalidad de " criminalizar la protesta social, pero también a operar sobre los disidentes, como una herramienta más de disciplinamiento político”.
Entre los integrantes de la numerosa delegación estuvieron presentes, dirigentes del CeProDH, del PTS, MST, PO, CTA, ATE - INDEC, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos, Apel, Cadhu y Liberpueblo, entre otros.
Mediante un comunicado, la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), LIberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, la AGD - UBA y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada expresaron su repudio a los ataques sufridos por Daniel Farella, Delegado de los choferes de la Línea 60 y por un grupo de trabajadores opositores a la conducción oficial de la UOCRA en la Provincia de Santa Cruz, a manos de una patota oficialista, ante un reclamo por la liquidación de sus sueldos, como también por la detención del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.
Con respecto a lo sucedido en Santa Cruz, recordaron que los agresores forman parte de la UOCRA, cuyo Secretario General, Gerardo Martínez, fue denunciado por haber pertenecido al tristemente célebre Batallón 601 durante la última dictadura militar.