Foto: Kaos en la Red
La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular avanza en medio del luto e indignación ante las agresiones y violencia ejercida por parte del Gobierno de Colombia contra los participantes. El Gobierno y la Fuerza Pública dicen respetar la protesta social siempre y cuando no haya ocupación de vías públicas. Sin embargo y en la práctica, ello es sinónimo de impedir el ejercicio del derecho a la protesta, pues la calle históricamente ha sido el lugar común para su ejercicio.
La protesta social no es violencia. Tomarse las calles y carreteras del país para presionar cambios y transformaciones no es un delito; hace parte del núcleo esencial de los derechos a la protesta social, asociación y libertad de expresión. El Gobierno y la Fuerza Pública han acudido a distintas vías para desnaturalizar el movimiento social, y por tanto su derecho a disentir y manifestar públicamente sus inconformidades respecto a las políticas que les afectan, exigiendo cambios en las condiciones imperantes, en beneficio de quienes históricamente han sido excluidos.
Prueba de ello son las comunidades del campo y la ciudad que se movilizan por el incumplimiento estatal de los acuerdos que fueron alcanzados tras el Paro Agrario del año 2014, y en contra de las políticas que vienen siendo impulsadas desde el gobierno nacional, que profundizan las ya difíciles condiciones que viven en sus territorios.
Las comunidades que se encuentran en la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular no son actores armados como lo han querido hacer entender con sus manifestaciones públicas el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, y algunos entes gubernamentales departamentales y locales. Estos graves señalamientos y estigmatizaciones han pretendido legitimar el uso ilegal de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social, hacer uso del derecho penal para judicializar a sus participantes y justificar la no debida atención a sus demandas, en una clara vulneración del derecho a la protesta social.
En el quinto día de la Minga, se registran hechos que enlutan e indignan al movimiento popular en Colombia. Hoy, mientras la viceministra de “participación e igualdad en derechos” Carmen Inés Vásquez se encontraba en el Resguardo La María en Piendamó, Cauca, fueron asesinados dos indígenas con arma de fuego. En el transcurso de la movilización, la fuerza pública ha ocasionado 136 heridos en 16 municipios del país, muchos de ellos de gravedad.
Los hechos ocurridos durante la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular configuran un ataque sistemático y generalizado que se dirige conscientemente contra ciudadanos inconformes que se encuentran ejerciendo sus derechos, reconocidos formalmente en la Constitución Política de Colombia.
Los hechos que a continuación relacionaremos evidencian por sí mismos cuán profundas son las transformaciones que el país necesita para transitar hacia una paz duradera y estable, y hacia una verdadera democracia. Las garantías de participación política que han sido negadas históricamente en Colombia son parte de esas transformaciones así como los derechos de asociación, libertad de pensamiento y expresión y por supuesto el derecho a la protesta social.
Ello incluye justamente el análisis y reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana que la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular ha venido exigiendo, así como el retiro y/o no aprobación del Actual Código Nacional de Policía que contienen disposiciones que desconocen derechos y criminalizan la protesta social.
HECHOS
Atentados contra vida, integridad personal y la libertad
Cauca
1º de junio: En la vereda Quinamayó, municipio de Santander de Quilichao, hacia las 3:00 pm, producto de la arremetida violenta del ESMAD, fueron heridos varios afrodescendientes participantes de La Minga, entre ellos, menores de edad. Por el tipo de lesiones causadas y artefactos hallados por las comunidades, se infiere que la Fuerza Pública hizo uso de armas no convencionales que causan mayor daño a la integridad de los manifestantes.
2 de junio: En Caldono, Cauca, Corregimiento El Rosal, Vereda El Pital, aproximadamente a las 10:19 de la mañana, en la vía panamericana que comunica a Santander de Quilichao con Popayán, fueron asesinados por impacto de arma de fuego, Gersain Cerón de 30 años de edad, comunero indígena del resguardo de Las Mercedes municipio de Caldono, Cauca, quien recibió un impacto directamente en su pecho. El otro compañero asesinado es el comunero Marco Aurelio Diaz del resguardo La Aguada, quien murió por el impacto de cuatro proyectiles, dos en la espalda, uno en el pecho y otra en el brazo izquierdo. Marco Aurelio murió cuando era trasladado al Hospital de Santander de Quilichao. Siendo las 4:25 de la tarde se reportaron los siguientes heridos, en los mismos hechos:
1. Olmedo Pito, integrante del resguardo Huellas de Caloto. Trauma craneofacial.
2. Eider Noscue Salazar, integrante del Resguardo Munchique, Santander de Quilichado. De 25 años con trauma y fractura de mano derecha.
3. José Evelio Hurtado, integrante del resguardo de Pioyá, Caldono, de 39 años, con herida profunda en miembro inferior izquierdo.
4. Oscar Arbey Guetio, integrante del Resguardo Munchique Los Tigres, de 31 años con herida en miembro inferior izquierdo.
5. José Rafael Pasu, de Jambaló, con 50 años, presenta herida en miembro superior en el codo.
6. Camilo Ascue, de Toribio Cauca, de 19 años de edad.
7. Saulo Meztizo, integrante del Resguardo Huellas, de Caloto, de 40 años de edad.
8. Ivan Capaz, integrante del Resguardo Huellas Caloto, de 33 años de edad.
9. Trino Pavi, integrante del resguardo de San Francisco, de 34 años de edad.
10. Gustavo Campo, integrante del resguardo La Concepción de 19 años de edad.
11. Jhon Joner Muñoz, integrante del Resguardo Huellas, Caloto de 32 años de edad.
En Santander de Quilichao, Norte del Cauca, en la Vereda Quinamayo, continuaron las acciones de represión contra las comunidades afrodescendientes del proceso de Comunidades Negras, PCN. Aproximadamente a las 3:00 p.m. un menor de edad resultó herido por impacto de gas lacrimógeno.
Cesar
1º de junio: En La Gloria, Cesar, hacia la 1:30 pm, cinco campesinos procedentes del municipio de Pelaya, Cesar, fueron detenidos en un retén policial ubicado entre los corregimientos de La Mata y Besote; Los uniformados los interrogaron y requisaron y al conocer que se dirigían a uno de los puntos de la Minga, solicitaron sus documentos de identidad, los fotografiaron y mantuvieron privados de la libertad por espacio de una hora.
En Valledupar, Cesar durante la jornada de movilización convocada en el marco de la Minga, en la plaza Cañahuate, personas desconocidas abordaron e intentaron llevar por la fuerza al miembro del Congreso de los Pueblos, Región Caribe, Guillermo Pérez Rangel. La acción represiva fue contrarrestada por las personas que acompañaban la jornada. Contra este mismo líder social, el 21 de mayo se profirió una amenaza escrita a través de un correo electrónico, procedente del e-mail: bloquegaitanistanorte@gmail.com
Amenazas y estigmatización
La Central de Trabajadores Argentinos, que conduce el secretario general Pablo Micheli, convocó a la jornada de protesta que se realizará este miércoles 8 de junio en el marco del paro nacional, el cual fue acordado en el Plenario realizado en Mar del Plata. 