Según informó, a través de un comunicado, la UTOSBA (Unión de Trabajadores de OSBA) declaró el Estado de Alerta y Movilización ante la extrema crisis que sufre la Obra Social Bancaria, la cual pone en serio riesgo la atención médica de sus afiliados y atenta contra la preservación de los puestos de trabajo de las y los trabajadores.
El pasado jueves realizaron un paro, movilización y vigilia de 24 hs. frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530 de esta ciudad.
Enfatizaron que la OSBA está colapsada financieramente, debido a una importante parte de su deuda en concurso de acreedores, a lo cual se suma un incremento pos-concursal de la misma de alrededor de 200 millones.
Asimismo, señalaron que la asistencia a los afiliados es precaria, cumpliendo el Plan Médico Obligatorio en forma deficiente, provocando la emigración de su mayoría hacia otras obras sociales, reduciéndose así el ya escaso padrón con el cual cuenta; del cual, tan solo el 8% son trabajadores activos bancarios mientras que el resto son monotributistas y cerca del 60%, son jubilados y pensionados, constituyendo una masa filial altamente demandante y de bajos aportes.
Por otra parte, afirmaron que, en esta situación y con estas reglas de juego, la OSBA es una institución inviable, donde los puestos de trabajo se encuentran en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad, al igual que subsiste la precariedad de las condiciones laborales, sin Convenio Colectivo y con muy bajos salarios.
Recordaron que las pésimas administraciones que condujeron OSBA en los últimos 15 años y el corolario que culminó con la causa de la mafia de los medicamentos, son las principales responsables de esta situación. No obstante, señalaron que, desde diciembre de 2010, la Asociación Bancaria viene negándose a hacerse cargo de la misma, luego de la culminación de la intervención del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, sostuvieron, "es el Estado Nacional el responsable de encontrar una salida sustentable en el tiempo" y enfatizaron que, "luego de un año y medio de intervención y otro tanto de administraciones designadas desde la Superintendencia de Servicios de Salud, ya deberían haberse tomado las medidas para evitar el cierre".
Finalizaron, afirmando que "durante largos meses venimos recibiendo promesas y ninguna concreción" y que el tiempo como institución y como trabajadores está agotado, lo cual debería obligar a la resolución urgente de la problemática por parte del Estado para evitar la angustia de pacientes y trabajadores.
