Por Andrés Figueroa Cornejo
Bajo el tórrido 15 de febrero de 2012, una enorme columna de miles de personas llegó hasta el Congreso Nacional de Argentina, sembrado en el corazón de Buenos Aires, para exigir la derogación de la ley antiterrorista votada en la última sesión legislativa del año pasado a iniciativa del gobierno.
Agrupaciones de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de barrios y villas; ciudadanas, originarias, ambientalistas; organizaciones políticas y un conjunto variopinto de parlamentarios elevaron un escenario en las puertas selladas del Congreso para manifestar su rotundo rechazo a la ley.
La composición diversa de los participantes ofreció un marco de fortaleza unitaria sobrecogedora. El extenso abanico social y político que sustantivó la manifestación, inyectó autoridad soberana a un mensaje leído colectivamente que en sus partes medulares señaló que, “No es menor que hasta hoy no se haya podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo”. Esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación (…) Actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terroristas” para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política (…) En los últimos ocho años, la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal, que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento (…) A esta política nacional se ha sumado la utilización de ‘patotas’ contra quienes luchan, como ocurrió en el Hospital Francés, en el INDEC, en la legislatura contra los maestros, y en la lucha de los tercerizados del Ferrocarril Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreyra (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137929) (…) Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino (…) En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal (…) Llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.”
LOS TRABAJADORES ESTÁN CLAROS
Ricardo Peidró, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las principales agrupaciones convocantes, indicó que tal como se movilizaron el 29 de diciembre de 2011, cuando se dictó la ley, “hoy nuevamente estamos en la calle junto a un amplio arco de organizaciones y personas que comprenden que la medida del Ejecutivo sólo está hecha para criminalizar la protesta social e intentar disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo en general, tras el duro ajuste económico que sufrimos. Por eso marchamos hasta el Congreso. Para que los parlamentarios levanten su mano contra una ley eminentemente antipopular.”
AFC: -Pero antes de ella ya existía la criminalización de las demandas sociales…
RP: -En efecto. En el sindicalismo hay más de 5 mil compañeros procesados; hubo represión en la provincia de Santa Cruz debido al movimiento contra el ajuste; contra el pueblo originario Qom que resiste el avance de la frontera sojera; y ahora último, contra todos quienes se oponen a los efectos inhumanos de la megaminería a cielo abierto.
AFC: -Ya está en curso la negociación laboral entre el gobierno central y los docentes.
RP: -En general, nosotros estamos por paritarias “sin techo”, como quiere imponer la patronal y el gobierno.
AFC: -Prácticamente la mitad de la fuerza laboral en Argentina está “en negro”, es trabajo informal, precarizado.
RP: -Por eso nosotros decimos que las paritarias no alcanzan para representar al conjunto de la clase. El mismo sistema promueve su fragmentación. Y por eso mismo, la CTA no es una Central de sindicatos, sino de trabajadores. Es decir, una organización donde pueden integrarse todas y todos los que laboran en el país.
AFC: -Hace pocos días, los congresistas, a instancias del Ejecutivo, vieron reajustada su dieta en por lo menos un 100%
RP: -Entonces ese es nuestro piso para negociar.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las fundadoras de la CTA. Su secretario adjunto, Hugo Godoy, indica que “repudiamos una ley resuelta entre gallos y medianoche, y reclamamos su inmediata derogación. La ley antiterrorista duplica las condenas establecidas por el Código Penal y puede aplicarse por el simple hecho de hacer exigencias al gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Su objetivo es reprimirnos, judicializar al pueblo argentino y tratar de limitar el creciente descontento provocado por la venta de la nación. Quieren luz verde para imponer un modelo primario extractivista que enriquece a unos pocos y explota a la mayoría, llevándose de paso todas nuestras riquezas. Sólo la transnacional Barrick Gold se ha hecho de un 15 % del territorio chileno y de un 6 % del argentino. ¡ Y a ambos dejan un miserable 3 % de impuestos ! Nosotros luchamos por la soberanía de todos los pueblos de América Latina, mientras el Estado actual es una mera oficina de certificación para los intereses de las corporaciones multinacionales”
Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una franja de trabajadores que tiene presencia en todo el país y que, según su dirigente Freddy Mariño, “con el fin de no dividir el movimiento obrero, se organiza como corriente y no como otra Central. Nuestros miembros son trabajadores activos, pasivos y desocupados.” Y explica que la ley antiterrorista “es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que con el pretexto de controlar la evasión de divisas, los narco-dólares, etc., en la realidad, atenta contra la lucha social”
AFC: -¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la CCC?
FM: -Derrotar al Estado burgués y que gobierne el pueblo trabajador.
CRECE DESDE EL PIE
José de la Municipalidad de San Isidro es uno de los coordinadores del Movimiento Barrios de Pie que “pelea por los derechos de todas y todos los argentinos. Nosotros trabajamos con el pueblo más empobrecido. Tenemos comedores para los niños más humildes, para que tomen una taza de leche, de mate cocido, un almuerzo, una cena caliente. Y al mismo tiempo, nos empeñamos en fortalecer los derechos de los vecinos. Que el plan social del gobierno de turno Argentina Trabaja, sea para todos y no sólo se emplee para crear clientela electoral. Argentina Trabaja paga a un jefe de familia 1200 pesos mensuales (275 dólares) y simplemente no alcanza para vivir.
AFC: -¿Y cómo evalúas al gobierno actual?
JMSI: -Lo menos que hace es mirar al pueblo. Sólo observa al empresariado y a todos los demás nos mete en una bolsa comercial para hacer sus negociados y votar por ellos.
AFC: -Pero ustedes también tienen metas políticas…
JMSI: -Queremos formar cuadros sociales con una proyección política. Nuestras figuras emblemáticas e inspiradoras son el libertador San Martín -pionero en la lucha por la unidad latinoamericana- y Ernesto Guevara.
QUE LO SEPA TODO EL PUEBLO
“Es necesario diseminar los efectos de esta ley a todo el pueblo”, dice Mirta Acuña de Baravalle, líder de las Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora.
“La gente puede creer que la ley es para delincuentes y no se entienda su significado real. De hecho, ya tenemos que empezar a defendernos de un Estado que es capaz de implementar esa ley”, asegura Mirta y explica que “tenemos que prevenir para no llorar después. Honestamente, desde el momento que salió esa ley, yo pensé en lo terrible de sus consecuencias.”
