Corrientes: Las consecuencias de la represión en la Unidad Penal Nº 1.

Según informó la Agencia Walsh, la represión ejercida contra los internos de la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes dejó como saldo más de 100 heridos a raíz de los golpes efectuados mediante tonfas y de cortes, mediante facas que fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad enmascaradas, conocidas como PAR y ETOP.

Asimismo, se utilizaron picanas personales y se dispararon escopetazos a mansalva, según afirmaron, además de culatazos y patadas que también fueron propinados por enfermeros en la Enfermería del Penal, al igual que criminólogos que se encontraban en él.

Así lo testimonió Hilda Presman, de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, quien también afirmó que el Subsecretario Bravo es el responsable de la represión, aunque dicho funcionario insista en su teoría conspirativa contra la dirigente y la organización de Derechos Humanos.

Como siempre, la mejor prueba son las fotografías. Y les acercamos las huellas de la represión en los cuerpos de los internos.

Corrientes: Petitorio de repudio a la represión en la Unidad Penal Nº 1 / Solicitan adhesiones.

Acompañando a las y los compañeros de la Agencia Walsh y a la Red de Derechos Humanos de Corrientes, publicamos el petitorio con la finalidad de sumarnos al repudio a la represión ejercida sobre los internos de la Unidad Penal Nº 1.

La Red de Derechos Humanos informó que se prevee la conformación de un observatorio acerca de las condiciones en las cuales se encuentran las cárceles correntinas.

Petitorio

Los abajo firmantes, organizaciones y ciudadanos preocupados por la represión y sus graves consecuencias en las personas detenidas en el Penal Nro. 1 de Corrientes, manifestamos por este medio el repudio a la violencia masiva e injustificada y a la falta de atención médica para las decenas de heridos como consecuencia de la represión.Acompañamos a la totalidad de los detenidos que lleva adelante una huelga de hambre, a la espera del ingreso de las Autoridades que constaten las inhumanas condiciones en las que se encuentran y que lleven soluciones a los problemas que emergen de la represión, como así también a los que aquejan permanentemente a la población carcelaria.

Así mismo, nos solidarizamos con las familias, que en su mayoría realizan en forma conjunta medidas tales como la denuncia ante la Fiscalía Nro. 4, el pedido de entrevista con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y la presencia permanente en las puertas del Penal.

Queremos también brindar nuestro apoyo y reconocimiento a la Red Corrientes de Derechos Humanos, que viene desarrollando desde hace muchos años, una labor constante de asistencia a diversas necesidades de los detenidos, que van desde la provisión de artefactos, ropas, prótesis, sillas de ruedas, etc. hasta la capacitación laboral y la coordinación de eventos deportivos.

En tal sentido, rechazamos por infundadas y descalificantes, las expresiones de funcionarios del Ministerio de Gobierno, quienes ante la opinión pública, responsabilizan de lo acaecido, la Red de Derechos Humanos.

Por lo dicho, solicitamos la pronta y efectiva intervención de las máximas Autoridades Provinciales y Nacionales, que pongan freno a esta grave situación, que identifiquen a los agentes y funcionarios responsables, que apliquen las medidas de sanción previstas y que garanticen la vigencia plena de los derechos de los detenidos y de sus familias.

Adhesiones a Hilda Presman: baco2005@gmail.com

 

Notas publicadas en Momarandu - Medio digital de Corrientes

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Silvia murió recientemente, estando detenida. Su salud se agravó, por los malos tratos, el hacinamiento y la discriminación  sufridas especialmente por ser travesti.

Pese a los reiterados pedidos, la justicia desechó su arresto domiciliario y la dejaron morir en un lento padecimiento, lejos de su familia y sus seres queridos, falleciendo recientemente en el Hospital Escuela bajo la absoluta responsabilidad del Estado, en un hecho que pudo ser evitado.

Las pésimas condiciones del sistema carcelario llevaron a la compañera a padecer una agonía extrema. Vivió su condena en el Pabellón 8 de la Unidad Penal 1 de Corrientes y oportunamente, tal como informáramos, había solicitado el arresto domiciliario al Juzgado de Ejecución Penal debido a su grave estado de salud, lo que fue denegado.

Ni siquiera la gestión del Inadi logró mejorar las condiciones de detención de la compañera. Sin dudas, esta muerte es una más, bajo la responsabilidad del Estado cuyos agentes descargaron abusos sistemáticos, malos tratos, discriminación, encierro extremo y el escarnio por su identidad sexual.

Nos unimos a la exigencia de castigo a los responsables.