Desde hace días, varios internos de la cárcel de Villa María se declararon en huelga de hambre en reclamo de justicia por sus propias situaciones que los llevaron al encierro.
Según afirmó Adriana Revol, militante anticarcelaria, la vida y la salud de los internos son responsabilidad del Estado y en particular, del Poder Judicial, cuya indiferencia hacia esta situación lleva a estas medidas extremas.
Como ocurre en muchas cárceles argentinas, la cárcel cordobesa "es una cárcel castigo", señaló la militante, pues existe un alto grado de hacinamiento en espacios muy reducidos. No obstante, indicó que ello no impide el envío de nuevos internos a dicha unidad carcelaria pues los jueces continúan remitiendo personas, inclusive de otras provincias, con el fin de "agravar sus condiciones de detención y así, poder ' socializarlos ' por medio de estas políticas de maltrato y torturas".
Asimismo, señaló que ninguno de los jueces ignora las condiciones de detención de la cárcel villamariense, porque envían a seres humanos, por años, a una de las peores cárceles provinciales pues, afirmó, "ellos sólo imponen ' castigos ejemplares ' " porque saben que "tienen las llaves de las cárceles".
La compañera también informó sobre quienes se encuentran realizando la medida de fuerza.
Gabriel Rubiano se encuentra realizando dicha medida de fuerza, con la boca cosida, desde hace un mes con la finalidad del otorgamiento de la prisión domiciliaria para su compañera, quien se encuentra embarazada y es madre de un bebé, habiendo bajado ya 8 kilos.
Héctor Oscar Arduvino y Germán Fabio Taganone fueron trasladados desde Rosario, con la finalidad de alejarlos de sus familias como modo de castigo adicional. Ambos se han cosido la boca y sus ojos en reclamo de su devolución a su lugar de origen, con la finalidad de estar cerca de sus afectos y del acceso a la justicia, toda vez que el Juez de Ejecución y su abogado defensor se encuentran en la provincia de Santa Fé.
Por otro lado, en el Pabellón 3, la situación procesal indefinida desde hace dos años obligó a Ramón Oliva a volver a la huelga de hambre tras coserse la boca en señal de protesta, junto a Germán Gamero, quien denunció a la policía por haberlo involucrado y al Poder Judicial, por la injusticia cometida en su caso, y Mauricio Vea, quien, como muchos otros, fue trasladado de Córdoba a Villa María como "castigo solapado", pues "el traslado es un mecanismo de arbitrariedad y vulneración de derechos", y solicita el acercamiento familiar.
En el Pabellón 12, se encuentra Juan Ferreyra, quien se encuentra detenido desde hace un año y 7 meses por la tenencia de dos cigarrillos de marihuana, con el agravante de no haber podido gozar de ningún derecho, incluyendo el conocimiento de la carátula de la causa, recibiendo únicamente negativas a su libertad por parte del Poder Judicial.
Un reclamo común: Justicia. Y les corresponde en respeto a su dignidad humana. Porque los Derechos Humanos no son solamente los del pasado, sino también los del presente. Pareciera que la democracia no ha tomado nota acerca de ello. Y es lamentable...
Una vez más, la empresa Kraft - Terrabusi vuelve a la carga incentivando la reactivación de causas contra los trabajadores, mediante el concurso de la Fiscal Laura Capra, quien acusó por "usurpación" a quienes participaron del ejercicio de su legítimo derecho de huelga ante el despido de 162 compañeros. 