El Juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado en lo Contencioso - Administrativo Nº 8 de esta Capital, en un fallo express y a la medida del macrismo, rechazó la medida cautelar establecida por la Jueza Andrea Danas, durante la feria judicial, permitiendo así el reinicio de las obras tendientes a enrejar el paseo del barrio de Caballito.
Dicha medida se conoció a través de los multimedios que protegen al Gobierno de la Ciudad, en horas de la madrugada, como Clarín e Infobae. Ambos medios invocaron haber recibido un comunicado del gobierno macrista. Sin embargo, este medio pudo comprobar que el acceso a la web del Fuero Contencioso y Administrativo estaba cortado, lo cual resulta sugestivo, cuando se pretendió verificar la existencia del fallo judicial.
Según lo dispuesto por el magistrado, de acuerdo a lo difundido, "lo expresado por la actora con respecto a la violación de las competencias de la Comuna 6, con los elementos aportados hasta ahora a la causa, no se presenta como un probable vicio de la conducta del GCBA" y añadió que "no se vislumbra con claridad suficiente que el enrejado sea de exclusiva competencia comunal, de conformidad con la norma invocada por los actores (artículo 10, inciso b) Ley 1777".
Por otra parte, sostuvo que "en cuanto a la probable afectación del derecho de participación, vale señalar que ante la falta de una norma que establezca una modalidad de participación concreta previa a la decisión impugnada, con los elementos agregados en autos, que denotarían que la situación del Parque Centenario habría sido y sería materia de consultas, propuestas y reclamos asiduos efectuados por vecinos y organizaciones intermedias ante la administración, no se presentaría como probable la afectación de ese derecho".
No obstante, los términos de la sentencia son susceptibles de ser apelados por los vecinos, aunque los tiempos judiciales impedirían que pueda detenerse efectivamente la obra.
De todas formas, resulta llamativa la celeridad judicial y la difusión mediática del fallo, lo que demuestra que la justicia porteña en algunos juzgados sigue los dictados del Gobierno y resultaría previsible una ratificación en la siguiente instancia, por cuanto la Cámara de Apelaciones, en sus dos salas, tiene integrantes ligados al macrismo en sus filas. Esto, sin contar con un Tribunal Superior de Justicia que viene demostrando tolerancia con las conductas del GCBA en materia socio - económica, obligando a litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para obtener las prestaciones debidas o exigir el cumplimiento de las obligaciones a los funcionarios.
