Sumario:
1. SPF: “En política se puede hacer cualquier cosa, menos ignorar la realidad”.
2. Hoy Carrera, ayer y mañana todos.
3. El asesino de Javier y David tiene “sindicato” para defenderlo.
4. Represión en Egipto.
5. Cronograma del juicio por Walter Bulacio – Cómo presenciar las audiencias.
“10 años de kirchnerismo. Una década ganada, ¿para quién?”
Bajá, leé y difundí el informe sobre la situación represiva 2003 / 2013, elaborado por CORREPI y la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh:
Parte1: http://issuu.com/correpi/docs/informe10a__oskparte1/1?e=6582456/4130428
Parte 2: http://issuu.com/correpi/docs/informe10a__oskparte2/1?e=6582456/4130545
Pedinos tu ejemplar impreso a correpi@fibertel.com.ar ($30).
1. SPF: “En política se puede hacer cualquier cosa, menos ignorar la realidad”.
La frase la lanzó la presidenta en el cierre de la Conferencia General del Opanal, y calza como guante a medida para definir las políticas de su gobierno en materia represiva. En abril de 2011, el ministerio de Justicia, acosado por las denuncias de torturas y muertes en las cárceles federales, anunció un “cambio cultural en el Servicio Penitenciario”, que consistió en remover a su director, Alejandro Marambio, y nombrar en su reemplazo a Víctor Hortel. Hoy, en medio de una situación similar, condimentada por el escándalo de la fuga de 13 presos de un pabellón de máxima seguridad en el complejo penitenciario de Ezeiza, el anuncio es prácticamente el mismo, y la “solución”, la inversa: sale Hortel, vuelve Marambio.
Alejandro Marambio fue el responsable del SPF desde su nombramiento, en 2003, por el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Durante su gestión fueron asesinadas más de 200 personas detenidas en cárceles federales, y se multiplicaron las denuncias por aplicación de tormentos, a pesar de la reticencia de las víctimas a hablar por temor a las obvias represalias. Estos datos aparecen corroborados no sólo en los registros de organizaciones independientes como CORREPI o la Agencia Walsh, (ver el reciente Informe publicado por ambas, “Una década ganada, ¿para quién?”), sino que son reconocidos por organismos oficiales del gobierno nacional, como la Procuración Penitenciaria Nacional.
La designación de Hortel, discípulo del juez Eugenio Zaffaroni y militante de la agrupación oficialista “Negros de Mierda” que funciona en la órbita de La Cámpora, no cambió las cosas. El número de muertos en penales federales y la práctica sistemática de la tortura siguieron creciendo, de la mano del conjunto de circunstancias inhumanas que caracterizan lo más básico del sistema carcelario en Argentina, al punto que la Procuración Penitenciaria Nacional informa en su sitio web que “investiga” 429 casos de tortura en cárceles federales ocurridos en 2012 y 367 desde el 1º de enero al 1º de mayo de 2013.
Tanto es así, que, en 2012 y 2013, la justicia inglesa –insospechada de toda humanidad, la misma que a diario avala la represión a los pobres de su país, y que “castigó” a los policías que fusilaron al brasileño Jean-Charles Menezes con una multa- denegó dos extradiciones de personas requeridas por jueces federales de nuestro país (Lucy Wright y Aaron Campbell - Murray), porque, a pesar de los informes del gobierno argentino, concluyeron que las condiciones de alojamiento en nuestras penitenciarías “implicarían necesariamente la sumisión de sus ciudadanos a un régimen violatorio de sus derechos humanos”.
Hortel y Marambio no son otra cosa que versiones alternativas, con un discurso ligeramente variado, de una misma realidad, la de las torturas y muertes que convierten a las cárceles argentinas en lugares de exterminio. Una realidad que, como dijo Cristina Fernández, no se puede ignorar.
2. Hoy Carrera, ayer y mañana todos.
El 25 de enero de 2005, al mediodía, Fernando Ariel Carrera, de 27 años en aquel entonces, manejaba su Peugeot 205 blanco por las calles del barrio de Pompeya. Venía de dejar a sus hijos en la casa de su abuela, cuando de pronto, llegando a la intersección de las calles Sáenz y Esquiú, vio un hombre trepado al marco de la ventana de un auto negro que le apuntaba con una Ithaca. Asustado, aceleró pensando que van a asaltarlo. Inmediatamente recibió varios disparos, uno directo a la mandíbula. Perdió el conocimiento, y el auto, acelerado, siguió adelante un tramo de dos cuadras, trayecto en el cual atropelló a cinco personas y terminó chocando con una camioneta que llevaba otras dos. Tres peatones fallecieron por el impacto.
El auto negro -un Peugeot 504 prohibido a circular según el Registro de Automotores- y un Renault 9 gris, recorrían la zona en el marco de un “operativo cerrojo” que pretendía seguir la pista a un auto blanco con las mismas características que el de Carrera, denunciado por robo a mano armada en la zona de Lugano. El personal a cargo era la brigada de la comisaría 34ª, obviamente de civil. Cuando los autos policiales llegaron al lugar del choque, se acercaron al vehículo de Carrera y le descargaron otros 18 balazos. Seis fueron a parar en su cuerpo. Herido de enorme gravedad, fue detenido y hospitalizado.
A pesar de lo que diría tiempo después el informe policial, los disparos silbaron de un solo lado. La situación fue la de siempre: rápidamente manipularon todo, plantaron el “perro” y otras posibles pruebas, limpiaron la zona y armaron la escena y la causa a su gusto, hasta que llegaran los medios y publicaran su informe, con la versión oficial.
En junio de 2007, Carrera fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N° 14 a 30 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual, robo agravado, lesiones y abuso de arma. Permaneció siete años privado de su libertad en el penal de Marcos Paz hasta que, a raíz del recurso interpuesto por su defensa, avalado por referentes de los DD. HH. como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó a la Cámara de Casación -que ya había confirmado la condena- que la revisara y emitiera un nuevo fallo.
Para entonces, el había tenido una masiva difusión, en especial a partir del documental de Enrique Piñeyro, “El Rati Horror Show”, difusión que no alcanzan los miles de casos similares que terminan con fusilamientos de gatillo fácil o terminan, como éste, con la víctima presa. El escándalo público sirvió un nuevo y jugoso filete para que el gobierno lo agendara en la lista de los casos que se arroga como propios, en su opereta de “defensor de los DD. HH.”. Y mientras se frotaban las manos, la cena ya estaba servida: el 6 de junio de 2012, Fernando Carrera era excarcelado por disposición del Tribunal que cinco años antes lo había sentenciado.
Claro que no escatimaron en gritos, aplausos y papeles picados, ni tardaron en hacerse vistosas las manos oficialistas que se rasgaron las vestiduras dando cuenta de la pretendida justicia que imparte este gobierno; pero así como funciona todo en el mundo de la corrupta mentira y la infame impunidad, el fallo tendría patas cortas: el lunes 12 de agosto, Carrera fue condenado, nuevamente, a 15 años de prisión por robo agravado y triple homicidio por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.
Éste no es un hecho excepcional, sino una muestra de la dinámica con que arman y desarman las causas a diario en la usina de la secta del gatillo, donde todos los servidores del estado, tanto su brazo armado como su pata judicial, se cubren las espaldas tejiendo una sola red: basta con recordar la Masacre de Wilde, allá por 1994, un caso prácticamente igual. La policía iba a la caza, por un “ajuste de cuentas”, de un grupo de personas que había salido de Santos Lugares en dos autos. Al encontrar a uno de ellos, lo balearon con más de doscientos plomazos, y mataron a sus tres pasajeros, para después confundir otro auto concordante con la descripción del que les faltaba. Se repitió, entonces, la misma acción: policías de civil tirándole a un auto que, por desesperación, miedo e instinto de supervivencia intentó huir, para descarrilar a causa del pinchado de las gomas. Una vez quieto y con las manos en alto, el librero Edgardo Cicutín recibió 11 tiros. La justicia sobreseyó, tiempo después, a diez policías imputados en la causa –ahora prescripta- y responsabilizó al cabo Marcos Rodríguez como único autor de los hechos, quien oportunamente se dio a la fuga y hoy sigue prófugo.
