Todo comenzó con las movilizaciones de los trabajadores de Kraft, quienes tuvieron el apoyo de varios dirigentes políticos del PO, PTS y MST, como Néstor Pítrola, Christian Castillo y Vilma Ripoll, en plena lucha contra la patronal, donde la Gendarmería Nacional fue la fuerza de seguridad destinada al control de los cortes de ruta y protestas que se venían realizando.
Sin embargo, las tareas de inteligencia interior ya vienen realizándose en forma ilegal desde hace varios años y en particular, durante el kirchnerismo, con el concurso de dicha fuerza de seguridad a pesar de lo establecido por la Ley de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional.
Los informes de los gendarmes permitieron que se procesara a Javier "Poke" Hermosilla, Néstor Pítrola y Vilma Ripoll por los cortes realizados en la Panamericana, pero luego la lucha y la investigación por parte de los organismos de Derechos Humanos llevó a su desprocesamiento.
Hace pocos días, APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) emitió un comunicado en el cual informó sobre la confirmación del denominado Proyecto X llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, luego de la denuncia efectuada hace un año por los trabajadores de la multinacional alimentaria, dirigentes políticos y de derechos humanos.
La respuesta de Héctor Bernabé Schenone, quien fuera el jefe de la fuerza, había confirmado la existencia de una unidad especial destinada al espionaje de la actividad de dirigentes sociales y políticos al cual denominó Proyecto X, mientras la ministra de Seguridad, Nilda Garré, lo negaba afirmando que tan sólo era un software...
Posteriormente, el juez Oyarbide ordena el allanamiento de la base de Gendarmería en Campo de Mayo, secuestrándose los discos rígidos de las computadoras existentes. La pericia realizada en ellos confirmó la presunción de lo oportunamente denunciado y permite la ampliación de la denuncia sobre la existencia de una red de espionaje sobre organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos que, inclusive, llegó a contener informes sobre barrios enteros; en particular, villas de emergencia.
La información reunida por la Gendarmería abarca las actividades que realizaban dichas organizaciones, tales como el reclamo por la aparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga, contra la concentración y extranjerización de la tierra, y otras movilizaciones y actividades.
Mediante el llamado "Calendario de Movilizaciones", el cual abarca a varias provincias y organizaciones, incluye las actividades de los familiares de Cromagnon, las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones de trabajadores desocupados, entre otras, pero el contenido de los archivos, sostuvo APEL, lleva a concluir que su obtención se realizó mediante "diversas formas de espionaje (escuchas ilegales) o infiltración de tales organismos por agentes de inteligencia".
En otro cuadro, titulado "Cronogramas de Medidas de Lucha", se refieren a los trabajadores de Kraft Terrabusi y a las movilizaciones al puente Pueyrredón que se realizan "los días 26 de cada mes". Sin dudas, una clara prueba del seguimiento y de la actividad ilegal de inteligencia interior que llevaba a cabo la Gendarmería Nacional.
Sin embargo, la causa judicial por el espionaje continúa por cuanto el pasado viernes 28 de febrero se solicitó la indagatoria de cinco Comandantes de dicha fuerza de seguridad y de dos civiles por parte de las organizaciones que patrocinaron la denuncia, como un primer paso para avanzar en la investigación de los hechos para, luego, llegar a los responsables políticos como Nilda Garré, entre otros.
Asimismo, solicitaron "el desmantelamiento de todos los programas de ' inteligencia interior ', infiltración y delación de las organizaciones populares.
La querella, representada por las Dras. Claudia Ferrero (Partido Obrero / APEL) y María del Carmen Verdú (CORREPI), solicitó a la jueza Wilma López que procese a los policías imputados en la causa paralela como partícipes necesarios de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. A diferencia de la fiscalía, que pidió el procesamiento de siete jefes policiales por los delitos de abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la querella que representa a los militantes del Partido Obrero, Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez, sostiene que “el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los tercerizados y sus acompañantes, ya que sin su cooperación, acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”.
En la presentación, las abogadas afirman que los policías, que conocían de antemano la situación y la alta probabilidad de un ataque violento de la Unión Ferroviaria, además de facilitarlo, apartándose y abriendo camino a la patota de la UF, no se limitaron a dejar a las víctimas libradas a su suerte, como sostiene el fiscal. Deliberadamente omitieron obtener el registro en video y audio de los momentos cruciales de los hechos; dejaron escapar a los criminales atacantes, y les guardaron las espaldas. También permitieron que se retiraran las armas del lugar, y garantizaron que se perdiera, o directamente se encargaron de eliminar, evidencia crucial, como vainas y plomos. Luego, mintieron sobre la forma en que ocurrieron los hechos, mintieron sobre las órdenes que tenían, y las que impartieron. 