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La DAIA abre una causa penal contra el Director de "Resumen Latinoamericano" por ser solidario con el pueblo palestino

Palestina somos todos

Aznarez

Por Carlos Aznárez

Esta vez me toca escribir en primera persona ya que, como director -desde hace 22 años- de la plataforma comunicacional “Resumen Latinoamericano” (periódico, radio y TV), me veo lamentablemente inserto en una acción contra el derecho a opinar, a informar y a manifestarme, que está explícitamente amparado por la Constitución Nacional.

¿Cómo comenzó todo? Días atrás, recibí en mi casilla de correos un mail de la empresa Google (escrito en inglés) en el que me informaba que “en el plazo de diez días” Google debería facilitar el acceso a todos mis correos, en función de una intimación formulada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 donde está radicada la Causa Nº 7271/15. De esta singular manera me enteré de un increíble atropello a mi privacidad como periodista, ya que se trata de los correos que habitualmente utilizo para intercambiar información con otros colegas o con diferentes medios de comunicación, amén de las lógicas direcciones personales que cualquiera pueda tener en su casilla. Dicha intromisión se basa en una denuncia penal formulada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que me acusa lisa y llanamente por ser solidario con el pueblo palestino.

La DAIA y sus abogados, se apersonaron ante la Fiscalía Nº 25 para acusarme de “organización y propaganda discriminatoria”, blandiendo el  argumento del “antisemitismo”. Las razones esgrimidas para tamaño procedimiento son más que burdas y me ofenden como ciudadano y como  periodista.

La DAIA se refiere a mi participación en una actividad solidaria con el pueblo palestino en agosto del año 2014, cuando toneladas de bombas israelíes caían sobre Gaza y provocaban miles de muertos inocentes -con un alto porcentaje de niños y niñas- entre la población de esa ciudad, así como hoy ocurre en Cisjordania. En esa ocasión, como en tantas otras, debido a mi tarea profesional, ejercida tanto en el periódico Resumen Latinoamericano como colaborando con los canales internacionales Russian Today, Hispan TV y ALBA TV, me tocó cubrir periodísticamente las alternativas del acto y además fui invitado a expresar mi opinión sobre lo que venía ocurriendo en Gaza.

Sólo el hecho de estar allí presente junto a otros argentinos y argentinas, describiendo crudamente lo que estaba ocurriendo en Gaza y en todo el territorio palestino, parece resultar un delito para mis acusadores, y por ello tratan de enjuiciarme, solicitando una pena carcelaria, para de esta manera poner en marcha una abierta persecución al derecho de información, expresión y opinión.

Es por todo ello, que quiero DENUNCIAR este grave atropello contra mi persona y el medio que represento, al que indudablemente se intenta discriminar y cercenar en su función informativa.

La DAIA consiguió procesar a Martino y a militantes del FAR por prepotencia ideológica.

 


Roberto MartinoA través de un comunicado, CADEP informó sobre el nuevo procesamiento del compañero Roberto Martino y de los compañeros que habían sido acusados de "prepotencia ideológica" y de violar la ley antidiscriminación en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel que se realizara el pasado 17 de mayo de 2009.


A partir de una apelación de la DAIA, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que los beneficiaban, constituyendo esto una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, a través de la criminalización explícita de expresiones políticas.


El organismo destacó que "el delito de “prepotencia ideológica” (art. 213 bis del Código Penal) castiga el hecho de querer “imponer ideas por la fuerza o el temor”; es un delito creado a la medida de la protesta social y las luchas, ya que son los jueces quienes estableces qué sería “imponer ideas por la fuerza o el temor”. Además, en el marco de las acciones políticas, siempre el objetivo es discutir, exigir e “imponer” ideas, lo cual en el marco de la “legalidad” y de la Constitución, nunca puede ser considerado ilegal sino se cometen delitos concretos" y recordó que "históricamente la “prepotencia ideológica” fue utilizada para intentar criminalizar, judicializar e ilegalizar numerosos procesos de lucha. Sin embargo, ante la evidencia de que se trata de una figura inconstitucional y que criminaliza las ideas, desde 1983 hasta la fecha siempre que hubo procesamientos por este delito, las instancias superiores las dejaron sin efecto".



Asimismo, afirmó que este procesamiento resulta "un avance claro en la tónica represiva" por cuanto "expresarse, manifestarse en contra de las políticas genocidas de un Estado, plantear públicamente posiciones políticas, ahora es considerado un delito grave por el máximo tribunal penal del país; y además si es contra el Estado de Israel se lo considera una expresión antisemita"


Convocaron a "denunciar esta situación, organizarnos y coordinar la solidaridad y las acciones contra esta nueva avanzada en la política represiva de un Estado, que no consideró “prepotencia ideológica” a las acciones de la burocracia de la Unión Ferroviaria que quiso imponer “sus ideas” a los tiros asesinando a Mariano Ferreyra e hiriendo a varios compañeros, ni al ataque de la patota de la UOCRA, cuyo jefe Gerardo Martinez fue denunciado por ser personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura, contra los docentes santacruceños, pero sí considera que incurren en este delito compañeros que cuestionan la política genocida del Estado de Israel".