Mediante la declaración titulada "El problema no sólo es la omisión estatal sino también lo que hacen y planean hacer los gobernantes", el Espacio Es Nuestra La Ciudad sostuvo que las últimas inundaciones del pasado 2 del corriente constituyen una "catástrofe social, ambiental y urbanística" evitable como consecuencia de las políticas implementadas por los gobiernos a nivel nacional, provincial y porteño y provincial, las cuales promovieron "un modelo de ciudad para pocos basado en la especulación inmobiliaria y los emprendimientos de lujo, en detrimento de las necesidades sociales en cuanto a hábitat y vivienda".
Tras recordar las consecuencias humanas y materiales de lo ocurrido, denunciaron que el paquete de leyes acordado entre el PRO y el interbloque kirchnerista (Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y Popular), por el cual se autorizó la construcción de emprendimientos inmobiliarios en las playas ferroviarias ubicadas en Palermo, Liniers y Caballito y la creación de un Centro de Transferencias de Cargas en el sur de la ciudad, en 37,5 hs. del ahora Parque Roca, en Villa Lugano, agravará el problema de las inundaciones.
Asimismo, alertaron sobre los proyectos de ley, cuya aprobación fue postergada para el corriente año, referidos a la creación de un Polo Audiovisual, en la Isla Demarchi; la construcción del barrio de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca, lindando con el barrio Rodrigo Bueno; el “Plan Maestro” de desarrollo para la Comuna 8, el que entregará cientos de hectáreas de espacios verdes públicos a las corporaciones para emprendimientos comerciales; el Shopping y emprendimientos privados en Caballito y la autorización para que se puedan otorgar concesiones y permisos para instalar bares y confiterías en las plazas y parques de la Ciudad, los cuales permiten "la construcción sobre terrenos mayormente verdes o destinados por el Plan Urbano de la Ciudad a espacios verdes que tienen potencialidad para crear un sistema hídrico contra las inundaciones".
Por otro lado, afirmaron que lucharán para evitar que se repita la dinámica de los ’90, en donde se "tomó lo que era zona de humedal para construir lo que hoy es Puerto Madero, no sólo potenciando el cambio climático y el problema de las inundaciones en barrios periféricos, sino aumentando la especulación inmobiliaria en tanto aumento del valor del suelo y generando un barrio de elite que se encuentra deshabitado en un 60%".
En este sentido, señalaron que las medidas mencionadas "favorecen un modelo de desarrollo urbano que sólo busca la producción de renta a través de la construcción indiscriminada", del cual se benefician "y son cómplices las grandes corporaciones", como IRSA, de Eduardo Elsztain y Metrovías, del grupo Roggio, entre otras.
Con respecto a la primera, recordaron que es la propietaria del shopping DOT, cuyas bombas de desagüe contribuyeron a las inundaciones del Barrio Mitre y provocando una rápida crecida del agua en dicha zona que se llevó la vida de 2 personas mayores y con respecto a la segunda, se refirieron al deceso de un trabajador del subte, quien murió electrocutado, en la madrugada del 2 de abril, en la estación Los Incas de la línea B, una de las más modernas.
Con respecto a los anuncios de exención de pago de ABL por 6 meses como los subsidios a vivienda de entre 8.000 y 20.000 pesos a las viviendas afectadas, por parte del Gobierno porteño y los beneficios extra que otorgará el Gobierno Nacional, sostuvieron que ello resulta ineficiente, por cuanto no constituyen una verdadera solución de fondo.
Recordaron, además, la habilitación del Gobierno Nacional al porteño para la toma de tome préstamos del Banco Mundial destinados a la realización de obras sobre el arroyo Vega por más de 150 millones de dólares, pese a que éste último incrementó los impuestos desde su asunción en 2007, al igual que la deuda con los organismos internacionales de crédito y bancos privados extranjeros.
"El PRO sigue endeudándose para hacer bicisendas, enrejar plazas y armar a la policía metropolitana, mientras todas las áreas sociales (vivienda, salud, educación pública) sufren la sub-ejecución de lo presupuestado todos los años. Un claro ejemplo de esto, es la reducción del presupuesto destinado a obras pluviales durante el 2011 - 2012, sumado a una subejecucion de mas del 60%", afirmaron.
Destacaron "el valor de la solidaridad y de la organización desde abajo ante estas situaciones climáticas de gravísimas consecuencias para la población" y alertaron sobre la intensificación de otros conflictos latentes y las protestas por las malas condiciones de vida en la Ciudad, tales como la situación de los habitantes de la comuna 8 a quienes el Gobierno de la Ciudad les ha prometido en reiteradas oportunidades la adjudicación de viviendas en el complejo de Av. Gral Paz y Castañares (complejo que construía la Fundación Madres de Plaza de Mayo hasta que se produjeran las denuncias de corrupción de sus altos dirigentes) y de los cientos de familias del Barrio de Los Piletones que perdieron todas sus pertenencias y viviendas por las inundaciones.
Por esto último, exigieron que "ambos gobiernos escuchen estos reclamos, solucionen estos nuevos conflictos y las necesidades de las familias sin recurrir a la represión o criminalización", como también denunciaron "la falta y nula intención de ambos gobiernos de avanzar con la urbanización de las villas ubicadas en la Ciudad, así como también de sanear su suelo y sus servicios, situaciones que contribuyen a profundizar los efectos sociales de los fenómenos naturales" y sin olvidar que estas políticas generaron la tragedia en la ciudad de La Plata, donde "miles de familias continúan inundadas, perdieron sus casas, no tienen acceso a luz ni agua y aún no obtuvieron respuestas efectivas".
Asimismo, con respecto a las reparaciones, sostuvieron que deben ser integrales, mientras que "el relevamiento de los daños debe ser realizado por los funcionarios del Gobierno y no poner la carga de la prueba a las familias, sin trabas burocráticas y adecuadas especialmente a los sectores de la población que, por vivir en barrios informales, requieren medidas diferenciadas", afirmaron.
Concluyeron, exigiendo que se deroguen las leyes sancionadas en los últimos meses del año pasado, en el marco del pacto Pro - K y se impulsen los grandes proyectos de corredores verdes y sistemas de lagos en estos terrenos para propender a evitar las inundaciones; se archiven los proyectos de ley mencionados anteriormente; se reglamente la ley N° 3.871 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que ya lleva dos años de sancionada por la Legislatura; la elaboración e implementación del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad, a través de un proceso participativo; se inicie el proceso de discusión participativo del Código Urbanístico, que el Plan Urbano Ambiental exige y se sancione a fin de considerar las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores; se paralicen las obras y los proyectos que reducen espacios verdes en la Ciudad, disminuyen su función hídrica como los estacionamientos subterráneos debajo de plazas autorizados por las leyes N° 3057 y N° 3058 y se deje de cementar las superficies parquizadas.
Convocada por el Espacio "Es Nuestra la Ciudad", se realizará mañana una nueva jornada de lucha que, al igual que las anteriores, será acompañada por las villas de la Ciudad, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos que vienen participando de este rechazo a las grandes corporaciones, el cual provocó la postergación de las leyes impulsadas por los bloques del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular y el PRO.