Por el Prof. Miguel Ángel Beltrán Villegas *
Tienen boca, mas no hablarán; tienen ojos, mas no verán
Oídos tienen, más no oirán; tienen narices, mas no olerán
Manos tienen, mas no palparán; tienen pies, mas no andarán
A través de los medios de comunicación he tenido conocimiento de la “Declaración de Panamá sobre Venezuela” difundida en el marco de la celebración de la VII Cumbre de las Américas, donde sus firmantes denuncian la supuesta “alteración democrática que sufre Venezuela”. Al observar sus nombres entre los 24 ex mandatarios latinoamericanos que suscriben dicho documento no pude menos que pensar en aquella extraordinaria narración de Robert Louis Stevenson, tan elogiada por Jorge Luis Borges: “El Extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hide”. Como recordarán el protagonista de este relato sufre un desdoblamiento al ingerir una mezcla de sustancias químicas que él mismo ha preparado en su laboratorio. A partir de ese momento su existencia se escinde en dos personajes: el Dr. Henry Jekill científico filantrópico preocupado
por el bienestar y el progreso de la humanidad y Edward Hide, un ser maligno inclinado hacia a los actos más depravados y violentos, en el que habitan las mayores infamias.
Solía decir el novelista francés Julio Verne que “todo lo que un escritor imagina, siempre quedará más acá de la verdad, porque otros podrán hacerlo realidad”, y, créanme señores ex presidentes que ustedes lo han logrado al rubricar este declaración donde exigen “garantías constitucionales y democráticas” al hermano país de Venezuela; sólo que en este caso la metamorfosis ha operado en sentido contrario: Mr. Hide ha tomado la figura del respetable Dr. Jekill.
No dudo que la libertad de expresión y el respeto por los derechos fundamentales sean reivindicaciones válidas en cualquier régimen, independientemente del signo político que éste ostente. Pero que esta reclamación salga de sus voces (y que dicha petición esté acompañada de otros ex mandatarios, buena parte de ellos símbolos de una caduca y regresiva forma de hacer política) corrobora los fundados indicios de las maniobras intervencionistas que se vienen fraguando para derrocar un régimen establecido constitucionalmente con amplio respaldo popular. Y es que una cosa es el derecho a la libre expresión y a la protesta y otra, muy diferente, las repudiables acciones de violencia y sabotaje que han realizado las llamadas “guarimbas” -asesoradas y estimuladas por miembros de la oposición venezolana y financiadas desde el exterior con propósitos claramente golpistas- a las cuales se les atribuye la muerte de decenas de civiles en solo mes de febrero.
Porque si algo representa el gobierno venezolano, en cabeza de su primer mandatario Nicolás Maduro, es la continuación de la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez y heredera de las más caras tradiciones democráticas de este continente. Por eso no sorprende el señalamiento que el pasado 9 de marzo hiciera Barack Obama, declarando a Venezuela “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” imponiendo vetos y sanciones a funcionarios venezolanos. La historia de América Latina, nos revela que estos anuncios han sido el preludio de operaciones intervencionistas, abiertas o encubiertas, del país del norte, dirigidas a abortar procesos independientes que riñen con sus intereses imperiales, como sucedió en su momento con los gobiernos populares de Jacobo Arbenz (Guatemala), Fidel Castro (Cuba), Salvador Allende (Chile) y Francisco Caamaño (República Dominicana).
Ustedes como signatarios de esa carta se han convertido en punta de lanza para una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos del hermano país de Venezuela, porque en su pobre imaginación no les cabe un régimen que ha legislado para los sectores menos favorecidos fortaleciendo la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas; que ha tenido logros significativos en la reducción de la pobreza (CEPAL, 2011); que ha incrementado notablemente el gasto social a tiempo que ha acortado la brecha entre pobres y ricos, siendo el país menos desigual de la región. Lo que sucede, señores ex presidentes, es que el modelo de democracia que ustedes han defendido y siguen defendiendo es el del bipartidismo excluyente sustentado en las mafias del narcotráfico, y el imperio del paramilitarismo; el de la impunidad y la corrupción; el del fraude electoral y la eliminación física y jurídica de la oposición; el del consenso de Washington y el sometimiento a los grandes intereses transnacionales y globalizados. Ya lo advertía, a principios del siglo pasado, el pensador venezolano Laureano Vallenilla Lanz en su polémica con el periodista (y posterior presidente de Colombia) Eduardo Santos.
Cuando éste -en un arrebato de pueril patriotismo- señalaba que “el pueblo de Colombia es el más ilustrado, el más libre, el más digno de toda la América”, aquel sociólogo -tan poco sospechoso de marxismo- le replicaba: “¿Quién es el pueblo de Colombia? ¿Serán las cien familias que desde la independencia vienen figurando en el Gobierno, constituyendo las dos oligarquías que se han discutido el poder, llamándose liberales y conservadores? […..] que me señalen siquiera una docena de hombres surgidos de las bajas clases populares que hayan sido en Colombia Presidentes, Ministros, Diplomáticos, etc. Y si los hubiera habido en cien años, no harían sino confirmar la existencia de un régimen oligárquico, aristocrático, hermético apoyado en el clero o cayendo en la anarquía y en la dictadura, cuando han tratado de destruirlo?. Que casi cien años después el mandatario actual de los colombianos sea Juan Manuel Santos, y su primo Francisco Santos candidato para la alcaldía de Bogotá -después de haber ejercido como vicepresidente bajo su presidencia, señor Uribe- no es sino una triste confirmación de las verdades que enrostraba el intelectual venezolano al tío - abuelo del actual jefe de gobierno.
Pero retornemos a los fueros que motivan esta carta pública: yo pregunto -y estoy seguro que buena parte del pueblo colombiano también- ¿cuáles son sus credenciales éticas para exigir “la puesta en libertad de los presos políticos” en el vecino país de Venezuela? Admito que actúo con cierta ligereza al colocar sus actuaciones en un mismo plano; sus trayectorias políticas e intelectuales, así como sus estilos de gobierno y sus talantes personales me obligarían a establecer ciertos matices que es imposible enunciar en esta carta. Sin embargo creo no faltar a la verdad si afirmo que como miembros de la clase política de nuestro país ustedes carecen de la solvencia moral para hablar de “garantías democráticas” siendo, como lo son, autores de graves omisiones y complicidades criminales que han pretendido esconder bajo el manto de una supuesta defensa del estado de derecho. Y no voy a referirme a la cuota de responsabilidad que tuvieron sus gobiernos en la materialización de los más de seis millones de desplazados (Cohdes); de los tres mil sindicalistas asesinados (CUT) y de los 57.200 desaparecidos (ONU), sólo hablaré de sus políticas penitenciarias y el tratamiento de la problemática de los presos políticos.
Señor Belisario, reconozco en usted una persona que, pese a provenir de las tradiciones más ultramontanas del conservatismo colombiano, tuvo la voluntad política de propiciar una amnistía política (pese a sus limitaciones), reorientar la política exterior colombiana y viabilizar un proceso de paz que naufragó en medio de la tolerancia al accionar de grupos paramilitares, que en connivencia con los fuerzas militares y las élites políticas nacionales y regionales, adelantaron la más cruda “guerra sucia” que haya vivido país alguno en aquellos años. Sin embargo -como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República- es usted responsable del asesinato de decenas de personas que fueron masacradas durante la retoma del Palacio de Justicia, así como de aquellas que salieron con vida para ser posteriormente interrogadas, torturadas y desaparecidas. Una de ellas fue Irma Franco, guerrillera del M19, que tras ser llevada a la Casa del florero, fue cruelmente torturada e interrogada y finalmente asesinada. En el marco de esos mismos hechos ocurrió la desaparición forzada de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, dos visitantes del mismo, y la detención arbitraria e ilegal de cuatro ciudadanos más, considerados sospechosos de colaborar con esa guerrilla, como lo revela la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena al Estado colombiano (http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm).
Todos (as) ello (as), sin distinción de si eran guerrilleros o civiles, estaban cobijados por las garantías constitucionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, contando con su aquiescencia fueron sometidas por las Fuerzas Militares a tratos crueles y degradantes y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente.
Y como confirmación de que estos hechos de violencia estatal han contribuido a atizar el conflicto armado, déjeme contarle, señor Belisario, que cuando estuve detenido en la cárcel nacional Modelo, hace ya más de 25 años, por cuenta de otro montaje judicial, conocí a René Guarín, un joven y brillante estudiante de la Universidad Nacional de Colombia cuya hermana, Cristina del Pilar Guarín, fue desaparecida en estos luctuosos hechos del 6 y 7 de noviembre. Su único delito: ser empleada de la cafetería. Agraviado por este hecho -que el Establecimiento negó sistemáticamente- y hostigado por los servicios de inteligencia que lo presionaron para guardar silencio, optó por abandonar sus prometedores estudios de ingeniería e ingresar a las filas del M-19. Es que ustedes con sus acciones y omisiones han tenido responsabilidades directas en el incremento de la insurgencia armada en este país, porque nadie se hace guerrillero por “el gusto de hacer la guerra”. Y si en mi caso personal -que estoy seguro es el de muchos otros- nunca di ese paso fue porque primó -y sigue primando en mí- la honda convicción en el poder del diálogo y las salidas políticas al conflicto. Pese a lo anterior he sido judicializado y estigmatizado como “subversivo” por el Estado y sus aparatos de propaganda.
Señor Pastrana, a finales del mes de enero, estuvo usted visitando Caracas en compañía de los ex mandatarios Sebastián Piñeira y Felipe Calderón. A su regreso al país hizo varias declaraciones a los medios de comunicación, donde manifestaba su aflicción porque no se le permitió la visita del opositor Leopoldo López. Poco después en una entrevista concedida al periódico El Tiempo hablaba horrorizado de la existencia en Venezuela de “83 presos políticos y casos aberrantes como los de las tumbas que son unas celdas de 2 x 2, tres pisos bajo tierra, con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a los estudiantes que protestan”. No pretendo poner en tela de juicio sus afirmaciones -aunque bajo su mandato presidencial la mentira haya sido una de sus más efectivas armas para dar al traste con el proceso de paz en El Caguán- sin embargo quisiera recordarle que cuando la Corte Constitucional declaró “la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones” (a raíz del hacinamiento, la corrupción y la sistemática violación de los derechos humanos a los internos) y, acto seguido, ordenó “un plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida digna en los penales”(Sentencia T-153 de 1998. Subrayado Mío), la salida “humanitaria” que su gobierno ofreció fue la construcción de esa gran tumba para seres vivientes que es la cárcel de Valledupar (más conocida como “La Tramacúa”). Esta cárcel de castigo -que no sin razón los internos llaman “La Guantánamo de Colombia”- formó parte del “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario” que como anexo al Plan Colombia estuvo bajo el directo planeamiento y control de los EE. UU., de modo tal que su reglamento interno fue copiado de manuales diseñados por agentes de este país, quienes a su vez se encargaron de entrenar el cuerpo de guardianes instruyéndolo con técnicas encaminadas a quebrar la moral de los presos, como lo demuestra en su documentada investigación el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) que junto a otras organizaciones defensoras de presos políticos ha liderado el cierre de esta cárcel de alta y mediana seguridad por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos.
No es para menos: este centro penitenciario -el cual alberga tanto condenados como sindicados- ubicado en una región que alcanza los 40º de temperatura cuenta con graves deficiencias en el suministro del agua al punto que este líquido vital sólo se suministra 5 o 10 minutos al día y sólo en las áreas colectivas ubicadas en el primer piso, con todas las implicaciones que esto tiene para la convivencia en el penal. De otra parte, los reclusos deben hacer sus necesidades en bolsas de plástico por lo que es común que los orines y las heces fecales inunden los pasillos. Muchas celdas no tienen techo; no se permite la posesión de espejos ni siquiera de fotografías. La visita conyugal debe ser atendida en cubículos sucios, colchonetas infectadas de hongos y baños repletos de excrementos orgánicos. Como si esto fuera poco, los visitantes son sometidos a denigrantes requisas tanto a la entrada como a la salida, porque el ingreso de periódicos, documentos y revistas que critiquen al gobierno están prohibidos, así como el envío de notas escritas a amigos y familiares.
Las instalaciones de la “Tramacua” están diseñadas para ser una cárcel exclusiva de varones pero -como usted recuerda señor Uribe- allí trasladó a la extraditada guerrillera de las FARC Nayibe Rojas (“Sonia”), quien previamente -y de manera irregular- había permanecido incomunicada en una base marina ubicada en el Pacífico colombiano bajo la custodia de personal de los Estados Unidos. Ante la protesta de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que cuestionaron tamaño adefesio, su gobierno dispuso el traslado de cerca de 100 mujeres de los diferentes penales del país, y convirtió así la torre 9 de la cárcel de Valledupar en un sitio de reclusión de mujeres, algo similar a lo que hizo el protagonista del Otoño del Patriarca cuando ordenó que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera más larga. Huelga anotar que “Sonia” jamás tuvo contacto con sus nuevas acompañantes. Estas agresiones a la condición humana nunca despertaron la sensibilidad de al menos uno de los 26 firmantes de “La Declaración de Panamá”; fue la tenaz resistencia civil de las prisioneras la que logró el cierre de esta torre en el 2011, luego que aquella mole de ignominia se convirtiese en el escenario de varias muertes.
Pero los tratos crueles e indignantes en la “Tramacúa” no son cosa del pasado, señor Pastrana, precisamente pocos días antes de su viaje “humanitario” a Caracas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dió a conocer una denuncia pública sobre torturas en este penal. La fuerza de los hechos narrados me obliga a transcribir una parte del documento: “El día de hoy (12 de enero de 2015) a eso de las 3:30 de la tarde los guardianes requirieron al interno Leonardo Yepes TD 3592 a una requisa por encontrarse en área no permitida, el interno atendió el requerimiento pero de inmediato los guardianes lo encendieron a golpes, los demás internos acudieron a su ayuda ante la cual se presentó un operativo donde la guardia arrojó a los internos 5 granadas lacrimógenas. Es de anotar que además de sus porras el grupo de reacción traía un palo largo mango de una pata y un garrote cuadrado de una pata de una mesa además de dos tábanos. En medio de la avalancha del Inpec algunos internos escalaron la estructura ante lo cual a una altura de cuatro pisos los guardianes entre ellos el dragoneante Reyes les echaron gas pimienta en los ojos y la cara a los internos y les golpeaban las manos con sus porras, lo que casi ocasiona una tragedia. Los otros internos tuvieron que desafiar y recibir los porrazos de la guardia para socorrer a los internos que pendían en él vacío siendo bajados con lazos improvisados de sábanas. Varios internos fueron golpeados presentando contusiones y laceraciones en la cabeza e incluso heridas abiertas […] Es de anotar que esto internos fueron sacados del patio y gaseados en la noche en los calabozos estando en estado de indefensión (Cf. CSPP. “Hasta con las patas de las Mesas”)
Estos actos inhumanos y degradantes de la guardia hacia los reclusos no es patrimonio exclusivo de “la Tramacúa” por el contrario ocurren a diario en los diferentes centros de reclusión del país, pues como ustedes saben la cárcel de Valledupar se convirtió en arquetipo para la expansión -en los tres últimos lustros- de la “oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, programa que cristalizó en la construcción de once establecimientos reclusorios de Orden Nacional (ERON), bajo la asesoría del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos.
Estos atropellos son invisibles a sus ojos no sólo por el hecho elemental que fueron ustedes los artífices de estos monumentos a la infamia sino porque a dichas cárceles jamás ingresan quienes ostentan poder político, económico o criminal. Las raras veces que la justicia colombiana actúa, estos “prestantes” delincuentes son alojados en sitios de reclusión donde cuentan con permisos permanentes de salida, visitas diarias de amigos, familiares y “modelos prepago”, ingreso de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, tráfico de influencias, ejecución de obras dentro del penal para su mayor comodidad, posibilidades de celebrar sus cumpleaños acompañados de reconocidas orquestas musicales a las que asisten los directores del penal. Entiendo que en Venezuela el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y el ex candidato presidencial Leopoldo López no gozan de estos mismos privilegios ¿Explica esta circunstancia su gran indignación, señor Pastrana?.
En Colombia -señores ex presidentes- son más de 9.500 hombres y mujeres, prisioneros / as políticos /as que se encuentran distribuidos / as en más de 140 establecimientos carcelarios, como resultado del conflicto social y armado que en último medio siglo ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas (Cfr. Informe ¡Basta Ya!). Algunos están allí porque se alzaron dignamente en armas, ejerciendo el legítimo derecho a la rebelión para hacer frente a una política de terrorismo estatal que lleva aplicándose en nuestro país hace más de sesenta años. Otros -la gran mayoría- son campesinos(as), estudiantes, amas de casa, obrero(as), defensores(as) de derechos humanos, opositores políticos y líderes sociales que hemos sido víctimas de montajes judiciales. Porque en nuestro país se amenaza, se persigue, se encarcela, se tortura, se desaparece y se asesina a quienes pensamos críticamente.
