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Segundo escrache al arqueólogo Daniel Loponte: (Indymedia Pueblos Originarios).

 


LoponteEl pasado martes por la noche, el arqueólogo Daniel Loponte, investigador del CONICET y miembro del Instituto Nacional de Arqueología y Pensamiento Latinoamericano, fue escrachado mientras disertaba sobre "arqueología sudamericana" en el VI Coloquio Binacional Argentino - Peruano que se desarrollaba en la sede del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.


Antes, había sido escrachado en abril pasado, durante un Congreso Internacional de Arqueología. Ese día expresó que ese no era el lugar para discutir para, luego, enviar cartas documento a integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha, amenazándolos con un juicio por calumnias e injurias.


Dicha acción fue llevada a cabo por 15 miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) y del Movimiento Afrocultural; quienes, a pesar del intento de demorar su acceso al evento, ingresaron con whipalas y una bandera grande de Punta Querandí para, luego, repartir volantes a los asistentes y posteriormente hablaron durante la ronda de preguntas.


Recordamos que Loponte fué criticado por haber sido funcional al interés de la empresa EIDICO, ligada al Opus Dei, en su pretensión de apoderarse del sitio sagrado de Punta Querandí, en Tigre.


Cabe destacar que la presencia del arqueólogo sorprendió, debido a que algunos de los organizadores del evento académico abrieron la Cátedra Libre de Pueblos Originarios del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" de esta Capital y quienes, hace 2 años, invitaron a integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha para que se refieran al conflicto de Punta Querandí.


No obstante, la finalidad de la protesta no era atacar a los organizadores del evento sino poner en evidencia el malestar existente por la actuación del arqueólogo escrachado, dejando en claro que éste tiene un problema con los pueblos indígenas de la región; más aún, cuando en septiembre pasado, el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), integrado por 14 delegados de comunidades originarias, ente reconocido por el Gobierno bonaerense, lo acusó de plagiar un proyecto y convertirlo en un principio de acuerdo con la empresa EIDICO. El informe del profesional fue contradecido por el reconocimiento del valor cultural y arqueológico de Punta Querandí, por parte del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.


Abierta la ronda de preguntas, Darío, del pueblo guaraní, le pidió al arqueólogo su opinión sobre el conflicto y éste solamente atinó a responder que no era el lugar para discutirlo para, luego, mantenerse en silencio. Posteriormente, Valentín, del pueblo quechua y del Movimiento en Defensa de la Pacha, quien defiende el sitio público y sagrado de Punta Querandí, desde febrero de 2010, con un campamento, planteó que se decida si trabaja para las empresas o para el Estado. ¿Volverá a recurrir a la intimidación como aconteció después del escrache anterior?


Ante estas claras expresiones, los organizadores del evento defendieron a Loponte y solicitaron que se discuta sobre el conflicto en otro ámbito.




La primera en defenderlo fue Amanda Colihueque, mujer mapuche de Rosario, quien expresó que "es muy fácil atacar a Daniel Loponte para después salir en Youtube, yo creo que esa no es la manera de defender los derechos originarios" y añadió que "yo respeto el espacio que él me ha brindado y que me brindan muchos arqueólogos". Ello fue rápidamente contestado por Miguel, aymará, quien manifestó que "los arqueólogos faltaron el respeto a nuestros abuelos, si vos sos mapuche lo sabés, ellos se arrogan siempre la autoridad de usar nuestros difuntos" y luego, lo acompañó Olga, quechua - aymará, del Movimiento Afrocultural, quien le solicitó a la mapuche que deje el micrófono: "venga acá al frente, no se ponga detrás del micrófono", mientras ésta increpó varias veces a los manifestantes, y explicó que "pedimos que se respete todo lo que dejaron nuestros abuelos. Noviembre es el mes de los espíritus. Los hermanos que están enterrados eran sabios, están enterrados con una ceremonia, el cuerpo descansa pero el espíritu vive. Las casas que están arriba nunca van a poder vivir en paz".


En el medio del fuerte debate, Ana María Rocchietti, del Centro de Investigaciones Precolombinas, expresó que apoyan la causa de los pueblos originarios y sobre el arqueólogo, manifestó que "está acá porque es un invitado nuestro y porque es un arqueólogo que respetamos" y por otro lado, añadió que "los desafío a venir a hablar con nosotros en el marco de la Cátedra de los Pueblos Originarios, ustedes también tienen que escuchar nuestras razones. No es justo que vengan por sorpresa, el mejor punto de partida es la amistad. Nosotros no sabíamos que ustedes iban a venir… si no los hubiésemos invitado y puesto acá con el micrófono".


Siendo más de las 20.30 hs., la intención evidente era que los manifestantes se retiraran del salón con el objeto de finalizar la jornada, pero la protesta continuó hasta el horario de entrega del salón. Antes, el Rector del Profesorado formalizó la invitación para un encuentro dentro de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios.


Ante la insistencia en pasar a la discusión en otro ámbito, el militante kolla Enrique Mamani (ORCOPO), respondió que "todos los sitios tienen que ser un espacio para discutir. Resulta que nosotros no podemos hablar ni discutir en ningún lugar sobre nuestra problemática: la educación, el Estado, la antropología, la arqueología… desconocen nuestra realidad", mientras que Valentín agregó que "en el conurbano bonaerense se avasalla el territorio para los emprendimientos inmobiliarios y hay arqueólogos que son cómplices de ese accionar, en el caso de Punta Querandí diciendo que tal vez ya no tiene objeto de estudio para su ciencia" y Sandra, del pueblo quechua-aymara, manifestó que "esto va a seguir sucediendo mientras no haya un plano de respeto, se siguen invadiendo los territorios y hay algunos colegas que trabajan en función de intereses políticos y económicos de privados que son los opresores".


Finalmente, Miguel aclaró y expresó que "le pido disculpas a la gente que haya venido acá, pero nosotros estamos en desacuerdo con él (Loponte), porque faltó el respeto a nuestros abuelos. No estamos contra los historiadores, ni los universitarios, sabemos que nos acompañan, que están en la lucha…. Pero a este señor no lo podemos ver, él nos faltó el respeto".


El aymara Daniel Apaza, cercano a los organizadores del Coloquio y uno de los que trabajó en la Cátedra Libre de Pueblos Originarios del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", dió su apoyo al escrache y tras la finalización abrupta de la jornada, le explicó a un arqueólogo indígena peruano de la universidad co - organizadora del Coloquio que "lo que están haciendo ellos tiene mucha razón, porque lo que hemos construido con la arqueología esta clase de tipos lo están echando para atrás. No solo rompe, sino también enfrenta a los mismos pueblos originarios" y refiriéndose a la mapuche de Rosario, le manifestó que "Amanda es buena hermana, pero no sabe todo el tema y Loponte la usa. Antes ya usó a otra hermana toba para enfrentar a los hermanos. Es bueno conocer para anticipar los conflictos y para identificar a las personas que están haciendo daño".


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Jueza ordenó suspender las obras de EIDICO en 60 hectáreas (Indymedia).

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San Rafael - EIDICOLa magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dió lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi, ordenando la suspensión de toda obra "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos". Cabe destacar que las obras de la empresa continúan, ya que será notificada formalmente en estos días, mientras que Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.


Asimismo, la Jueza enumeró los argumentos planteados por la actora: "se estarían afectando sitios arqueológicos de altísimo valor cultural y espiritual, y una amplia zona de humedales reconocidos internacionalmente por sus beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que brindan a la comunidad". Por otro lado, afirmó que "hay indicios que permiten la verosimilitud del derecho invocado". En ese sentido, se refirió a la "constatación realizada con un experto en arqueología" y "la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación en varias oportunidades", entre otros elementos.


La decisión judicial involucra los terrenos donde se construye el barrio privado San Rafael, de 55 hectáreas, ubicado entre el Canal García y el Canal Villanueva, en la otra orilla de Punta Querandí. También tres lotes privados aledaños a este predio en conflicto, en jurisdicción del partido tigrense.




Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha y en mayo de este año, pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. El 7 de septiembre, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas).


No obstante, también "solicitó la suspensión de obras en un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por el ONABE (Ministerio de Planificación Federal). Concretamente, desde el KM2,5 hasta KM4 del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, hoy convertidos en un canal privado para el barrio privado San Benito y donde la empresa realiza una estacada de cemento, en jurisdicción del partido de Escobar"


El Movimiento en Defensa de la Pacha, formado por indígenas de diversos distritos y pobladores del paraje rural Punta Canal, defiende un sitio público, arqueológico y sagrado ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, de sólo 130 metros de extensión. Pero sus reclamos visibilizaron la problemática ambiental y social generada por la construcción indiscriminada de barrios privados sobre humedales, que se realiza violando las leyes desde la década de los ' 90. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los municipios de la zona norte (Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando) a no habilitar más emprendimientos privados sobre los humedales.

Tigre: Mensaje mafioso contra el campamento de Punta Querandí / Atentado de EIDICO (Indymedia)

 


 





El jueves 03/03 a la tarde, entre las 13 y las 18 horas, cuando nos reuníamos en otro lugar con docentes de Tigre y Escobar para ultimar detalles de la Jornada Educativa que se realizó el sábado en Punta Querandí. Desconocidos hicieron destrozos en el acampe, ubicado sobre la calle Brasil en el paraje rural Punta Canal, entre Ingeniero Maschwitz y Dique Luján, en las inmediaciones de los barrios privados Santa Catalina, San Marco y San Benito. El viernes realizamos las denuncias correspondientes.


 


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Recordemos que nuestra protesta pacífica, la cual se desarrollaba hasta ahora sin incidentes desde el 19 de febrero de 2010, reclama por una venta ilegal de tierras públicas y la desprotección oficial de un sitio arqueológico con restos milenarios.

El lugar que defendemos pretende ser anexado al Complejo Villa Nueva de barrios privados, desarrollado por la firma EIDICO, de un ex asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación cuando estuvo a cargo de Sergio Massa, actual intendente de Tigre.

Esta acción fue un mensaje mafioso y toda una definición de la empresa respecto a que no está dispuesta a ceder, justo cuando desde algunos organismos del Gobierno Nacional actúan a favor de nuestras demandas.

¿Qué pudo haber pasado si volvíamos al acampe justo cuando este ataque se consumaba?

Próximamente comunicaremos las medidas que tomaremos; por lo pronto pedimos el repudio de estos hechos por parte de organismos oficiales, autoridades, legisladores, organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos.

LOS DAÑOS.

Desaparecieron la enorme whipala -emblema indígena- que identificaba la protesta a un par de kilómetros de distancia, la tiraron al río, igual que la bandera del Movimiento en Defensa de la Pacha y el cartel que señalaba el sitio arqueológico Punta Querandí que habíamos colocado para el aniversario del acampe, hace dos sábados.


 


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Además rompieron nuestro humilde Salón de Usos Múltiples y elementos de uso diario que allí dentro se encontraban como una mesa, la estantería, una heladera, dos parrillas; y destrozaron una lona que daba sombra en la costa, el tanque de agua y el baño, utilizados no sólo por nosotros sino por las familias y pescadores que concurren asiduamente al lugar por ser uno de los últimos accesos públicos al agua en el norte de Tigre y sur de Escobar.

Sugestivamente, cortaron la vegetación que crecía en el predio del sitio, separado de la calle con un alambrado. Dispersos por toda la costa del Canal Villanueva, en una extensión de 50 metros, encontramos algunas de nuestras pertenencias destruidas y otras banderas que fueron quitadas del campamento, como la de la agencia de noticias Indymedia, la agrupación Pueblos Originarios en Lucha y la Corriente Clasista y Combativa de Escobar, algunos de los que acompañan nuestro reclamo.

LAS RESPONSABILIDADES.

Esta situación de tensión es responsabilidad de los organismos estatales que generaron el conflicto. En primer término la ONABE (ahora Administración de Infraestructuras Ferroviarias, del Ministerio de Planificación Federal), porque en el 2007 vendió tierras públicas que eran un camino y un parador popular que contenían al menos un sitio arqueológico. En segundo lugar, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del CONICET, Daniel Loponte y Alejandro Acosta, quienes tras una reducida y veloz campaña de rescate financiada por EIDICO durante 10 días de diciembre de 2008 entregaron el predio a la empresa desatendiéndose del sitio arqueológico. Ambas situaciones nos obligaron a formar el Movimiento en Defensa de la Pacha para defender este lugar y exponernos a hacerle frente a una empresa muy poderosa.


También recordamos que el Concejo Deliberante de Tigre se había comprometido a dar una resolución a fines de diciembre a través de una Comisión Especial y prolongó la definición por tiempo indefenido.

ACCIONES POCO CRISTIANAS.

La empresa EIDICO dice sostener valores católicos; a 200 metros de campamento pusieron una Iglesia del Opus Dei, dentro del emprendimiento llamado San Benito en homenaje al Papa Benedicto XVI. Al comienzo y durante este conflicto muchas personas nos alertaron de que tratábamos con mafiosos.

Ya antes del campamento, durante la reducida y veloz campaña arqueológica financiada en diciembre de 2008 por Jorge O'Reilly, directivo de EIDICO, éste se apersonó al lugar con tres matones. En octubre de 2010, Juan Bosch, abogado de esta empresa, pateó nuestra Apacheta (altar indígena ) y en noviembre se lo escuchó decir en los pasillos del Concejo Deliberante que en otros tiempos estas cosas se solucionaba con tres tiros.

Por último, a fines de enero directivos de EIDICO se acercaron al acampe y a viva voz hablando entre ellos dijeron que iban a volar el campamento, meter máquinas para ensanchar el Canal Villanueva en el sitio arqueológico y cerrar la calle Brasil.

LO ILEGAL, UNA NORMA.

Lo que más molesta a la empresa, además de esta reivindicación indígena y popular, es que la protesta visibiliza la transferencia irregular de tierras ferroviarias que podrían jaquear los barrios privados San Benito y San Marco, ya que los terrenos fueron adquiridos por doa sociedades anónimas (Chilespa y Muquebari) que ocultaron al Estado Nacional que ya no eran propietarias linderas, un requisito ineludible para concretar dichas operaciones que afectaron al patrimonio nacional.

No es la primera vez que esta empresa se adueña de terrenos públicos de forma irregular, el caso más resonado en el último tiempo es el del barrio privado Santa Bárbara, en terrenos de ENTEL y Radio Nacional, situación por la que la Oficina Anticorrupción denunció a la Justicia Federal a dos ex funcionarios y un particular, entre ellos la símbolo menemista María Julia Alsogaray.

Desaparecieron la Wiphala, la tiraron al rio... Si al fin y al cabo tienen la misma metodologia: los Mendoza, los Garay, los Roca, los Videla, los Massera, los Lanusse, los O'Reilly, EIDICO. Muy cobardes estos ultimos, pues tiran la piedra y esconden la mano. Muy obvios sus manotazos de ahogados. Pero estos berrinches de niño caprichoso (que no obtiene lo que quiere), solo nos darán más fuerza para seguir adelante. Y de a poquito, despacio pero inevitablemente descolonizar Buenos Aires !!!


 


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Movimiento en Defensa de la Pacha

movimientoendefensadelapacha@gmail.com