Tras una dura negociación en la audiencia del pasado jueves en el Ministerio de Trabajo, el sector empresario liderado por Sánchez Anterino tuvo que retroceder: debió firmar que no despidiría ni sancionaría a nadie, como también se comprometió a pagar los sueldos en forma inmediata y a la realización de un inventario de los bienes existentes en la fábrica junto a los delegados de los trabajadores, en prevención del denunciado vaciamiento, el cual también será fiscalizado por la justicia y la cartera laboral. Asimismo, tuvo que aceptar la apertura de un listado de retiros voluntarios que, en realidad, perjudicará los intereses empresarios: los que se quieren ir son los que apoyaron los planteos de Soho.
A cambio, los trabajadores levantarán la ocupación pacífica que venían llevando a cabo desde hace una semana.
En suma, si bien este acuerdo tiene plazo fijo (30 días), es indudable la victoria obrera en este conflicto; al menos, en esta etapa.
Ya era conocido que la empresa había vendido sus logos y su esquema productivo, junto a la mudanza de sus bienes y el anuncio del desmantelamiento del sector de corte. A excepción de cinco personas, el resto de los trabajadores sería despedido sin garantías de cobrar su indemnización y ello fue impedido por la firme postura de las y los trabajadores.
Pero a esta posición, se sumó el apoyo de los vecinos de las inmediaciones; de delegados de otras fábricas; de organizaciones sociales, como La Alameda, los cartoneros del Alamo, el MTE y el Movimiento de Fábricas Recuperadas, entre otros, que consistión en la colecta de dinero para el fondo de huelga y la realización de guardias externas permanentes durante toda la semana, manteniendo el estado de alerta y movilización ante cualquier ataque contra las y los trabajadores.
También fracasó el intento patronal de criminalizar la protesta mediante su denuncia judicial de usurpación. Ella no prosperó ante la constatación de la fiscalía acerca de una permanencia de las y los trabajadores por tiempo indeterminado en defensa de sus puestos de trabajo. La fiscalía contravencional no ordenó el desalojo solicitado por el sector empresario, sino que resolvió impedir la entrada y salida de mercadería al acreditarse plenamente que se estaba preparando un vaciamiento fraudulento.
Por otra parte, la justicia comercial concedió el status de querellantes a los delegados de la fábrica, con la finalidad de poder seguir el expediente referido al vaciamiento. La patronal no tuvo más remedio que presentarse en convocatoria de acreedores y ello mejora las posibilidades de las y los trabajadores, teniendo en cuenta la última modificación de la Ley de Quiebras, la cual les otorga prioridad por encima de cualquier otro acreedor.
Recordamos que en las dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, la empresa pretendió imponer, como un hecho consumado, el despido masivo de todo el sector de corte. El propio Ministerio y, al final, hasta el mismo Sindicato de Comercio terminaron dándole la razón a los obreros y rechazaron toda tentativa de despido, con las consecuencias que informáramos al principio de esta nota.
Al caer la tarde del jueves, el silencio de la patronal encerrada en las oficinas del tercer piso, contrastaba con la euforía y algarabía obrera en la planta baja. Era evidente que los trabajadores habían ganado la primera batalla, logrando que se paguen los sueldos, se frenen los despidos y el vaciamiento y se impidan sanciones o la criminalización del conflicto gremial.
Hasta la AFIP, al tomar conocimiento de lo que acontecía, intimó a la empresa a regularizar su situación...
Una vez más, la lucha obrera marcó un camino. Con o sin patrones, están dispuestos a luchar a brazo partido por sus fuentes de trabajo. Ganaron la primera batalla. Tienen muy en claro que, con unidad, solidaridad y organización, es posible la victoria.
Desde hace meses, las y los trabajadores de SOHO vienen denunciando que la empresa, propiedad de Nelson Alejandro Sánchez Anterino, está realizando un vaciamiento desde principios de año. Mediante la emisión de cheques sin fondo a todos sus proveedores, el no pago de los aportes correspondientes, la ART, los impuestos y con una seria acumulación de pedidos de quiebra, el empresario pretende llevarla a una situación de quiebra fraudulenta y estafa que, además, produciría el despido de 400 trabajadores entre la sede central y los locales de la marca.
Durante la madrugada de este sábado, Nelson Sánchez Anterino se presentó con una delegación de la Policía Metropolitana, la que intervino por instrucción de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Norberto Brotto. Ante dicha fiscalía, radicó una denuncia por usurpación y amenazas, la cual quedó desmentida tras el ingreso de la patronal junto a dicha comitiva, luego de aceptarse el requerimiento de las y los trabajadores acerca del labrado de un acta de lo actuado y de la documentación que eventualmente fuese retirada en dicho trámite.