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La Alameda denunció el taller clandestino de Cheeky, empresa de Juliana Awada.

taller-esclavo-cheeky1Según informó La Alameda, hace pocos días, un costurero ingresó con una cámara oculta al taller clandestino con cama adentro, donde 13 personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento, sito en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos, el cual hace tres años que trabaja exclusivamente para la firma Cheeky que actualmente dirige Juliana Awada, confeccionando pantalones para chicos que, en el mercado, cuestan $ 220 en adelante cada uno.


En el mencionado taller son superexplotados costureros de origen boliviano; varios de ellos, en situación migratoria irregular, sin documentación, quienes deben cumplir extenuantes jornadas de 7 a 22 hs por la miserable suma de $ 1800.



Ellos se encuentran encerrados y para ir a hacer un simple mandado a la calle, y traspasar la puerta de hierro, deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán. El mismo costurero que realizó la cámara oculta tuvo que dejar su bolso para poder salir con la excusa de buscar una farmacia.


Por otra parte, están hacinados en cuartos muy pequeños con camas cuchetas, en las cuales deben comer por cuanto carecen de mesas y sillas, tal como puede verse claramente en el video. Asimismo, los niños de varios de esos costureros también están sometidos al encierro, compartiendo un baño muy precario.


Según indicaron, la instalación eléctrica es precaria y entraña riesgo de incendio, mientras que las y los trabajadores aspiran polvillo de la tela todo el tiempo, exponiendose a enfermedades pulmonares como la tuberculosis.


Cheeky ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, la Defensoría del Pueblo y La Alameda en enero de 2007, tras lo cual se habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la servidumbre hasta que un escandaloso fallo del ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma que, por la Ley de Trabajo a Domicilio, es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.




No fue la única inspección. Otros talleres de Juliana Awada ya habían sido filmados y denunciados por La Alameda en setiembre de 2006 y en marzo de 2010 pero, a pesar de los testigos y las inapelables imágenes de las cámaras ocultas, también la justicia hizo la vista gorda con estas denuncias.


Según destacaron, ni las inspecciones del GCBA durante el mandato de Jorge Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los videoinformes y denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia castigue la impunidad de Daniel y Juliana Awada que siguieron todos estos años maximizando ganancias en base a la explotación más abyecta de costureros migrantes en talleres clandestinos con trabajo esclavo.


Afirmaron que, "segura de que su actual marido y Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri la protegerá del cumplimiento de la ley, Juliana Awada, quién ahora dirige Cheeky ni siquiera se tomó el trabajo de mudarse de distrito y sigue basando su producción en talleres esclavos en el propio ámbito de la Capital Federal a sabiendas que los cuerpos inspectivos que dirige su marido seguirán haciendo la vista gorda"
.
La Alameda se presentó ante los tribunales de Comodoro Py durante la mañana de hoy para denunciar a estos esclavistas y además mostrarle a toda la sociedad de qué talleres estamos hablando cuando hablamos de Cheeky y de Juliana Awada, formulando la denuncia penal a Cheeky por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio.


Hoy, a las 19.00 hs., convocaron a movilizarse al local de Cheeky, ubicado en la Avenida Santa Fé 2053, donde se realizará un acto de repudio y una clausura simbólica de esta marca esclavista emparentada con el poder y la impunidad.

Nace Lacar bajo gestión obrera – libre de esclavitud.

 


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El pasado martes, los trabajadores de la marca de camperas Lacar, acompañados por 200 trabajadores organizados en la Alameda, los cartoneros del MTE, las fábricas recuperadas y el Movimiento Evita, se manifestaron frente a la sede de los Tribunales Comerciales, en Marcelo T. de Alvear 1840 de esta Ciudad, para evitar que se llevara a cabo la estrategia de subastar los bienes de la empresa, a bajo precio, lo que fuese ordenado por el juez Federico Guerri, titular del Juzgado Comercial Nº 17, quien llamativamente estuvo ausente durante dicha jornada.


Recordamos que el magistrado se negaba a cumplir con lo establecido en la modificación de la Ley de Quiebras, que permite preservar la fuente laboral a los trabajadores organizados en cooperativa.


Mientras Luis Caro, abogado y referente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, presentaba el pedido de revocatoria contra el Juez Guerri, los trabajadores de Lacar acompañados por sus pares nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se quedaron reclamando con bombos, cánticos y pirotecnia por la continuidad laboral.


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Sin embargo, solamente cuando los trabajadores ingresaron al hall central de la sede judicial, se obtuvo la intervención de la Justicia en lo Comercial para evitar el acuerdo para subastar la marca que Raúl José Tarica vació y quebró. Este empresario, según informó La Alameda, "ya había sido denunciado en el 2005 por tercerizar su producción en talleres esclavos".




A los pocos minutos de la ruidosa protesta, la Policía Federal envió un grupo de infantería, pero la camarista María Lilia Gómez Alonso de Pérez Cordero aceptó hablar con los trabajadores de Lacar, el abogado Caro; Gustavo Vera, de la Alameda y Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes argumentaron ante dicha magistrada que la Cooperativa de Trabajo Lacar ya se encontraba constituida y que, pese a ello, el juez Guerri pretendía subastar las fuentes laborales en abierta violación a la Ley de Quiebras vigente, cuya modificación fue votada por unanimidad en el Congreso Nacional y promulgada por decreto presidencial en julio del corriente año.


Como consecuencia de esta acción, el Juez Guerri fue apartado de la causa y estaba prevista una nueva audiencia para el día de ayer con la finalidad de acceder a lo solicitado por las y los trabajadores.


Cabe destacar que no existe la improvisación en la recuperación de Lacar. Junto a las y los trabajadores de la empresa y las organizaciones que los respaldan, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está  brindando su asesoramiento, además del espacio en el Centro Demostrativo de Indumentaria, más conocido como Polo Textil en el barrio de Barracas, lo que permitirá que Lacar sea gestionada por sus trabajadores legalizando toda la cadena de producción y sin confecciones en talleres esclavos, como venía sucediendo desde el 2005 hasta el 19 de septiembre cuando Tarica le puso candado a la fábrica en la calle Yerbal, en Villa Luro y cerró los 20 locales distribuidos en todo el país.


Y se hizo realidad, su lema: “Lacar bajo gestión obrera – libre de trabajo esclavo”.

Mar del Plata: Cartoneros bloquearon el basural donde trabajan niños y viven familias para exigir condiciones dignas de labor.

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Niños y grandes en el basural de Mar del Plata


Gentileza: La Alameda


 


 


"La Feliz" genera 700 toneladas diarias de basura, gracias al gran consumo, que es reciclada por 300 familias cartoneras, incluyendo a niños y ancianos, que allí viven y trabajan en condiciones inhumanas, mientras la Municipalidad brilla por su ausencia aunque pretende un negocio para pocos...


Así lo denunciaron La Alameda y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos), quienes informaron que el Intendente Pulti firmó acuerdos con el Banco Mundial que, con seguridad, engrosará la deuda externa de nuestro país y permitirá mantener la exclusión social de estas familias.


Sin embargo, los cartoneros del Basural de Mar del Plata (Predio Inertes y Galpón CURA) comenzaron a organizarse para exigir el trabajo con dignidad. Tan sólo obtuvieron promesas que, como es habitual, son sistemáticamente incumplidas por los funcionarios.


Ingeniero RegidorAnte este incumplimiento estatal y tras el fracaso de la última audiencia con el Ingeniero Manuel Regidor, titular del Ente Municipal de Obras y Servicios Públicos (Enosur) y Claudia Balta, la Directora de Gestión Ambiental, resolvieron un paro desde las 10 hs. del día de hoy y por tiempo indeterminado, impidiendo el ingreso de camiones de descarga al basural del municipio, según informaron en un comunicado, para exigir que se garantice su fuente de ingresos en condiciones dignas mediante la habilitación de un Playón de Separación, con el fin de evitar que los recicladores tengan que ingresar a las montañas de basura.


A la misma hora, en la Ciudad de Buenos Aires, las Cooperativas de Cartoneros organizadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) acompañaron el reclamo de sus pares marplatenses con una manifestación frente a la Casa de Mar del Plata, ubicada en Av. de Mayo 1240.


Por otro lado, sostuvieron que la Municipalidad debe establecer políticas de erradicación del trabajo infantil en la actividad, como también tender a "la formalización de los trabajadores mediante la promoción de cooperativas que –con asistencia estatal- puedan darle a sus asociados obra social, aportes jubilatorios, elementos de higiene y seguridad, etc.", según afirmaron.




Destacaron que existe una sola Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio, siendo "la escenografía para las fotos proselitistas", la que "tiene serias deficiencias técnicas, pésimas condiciones de seguridad e higiene y solo aloja a unos 34 recicladores que trabajan en dos turnos de 6 horas en muy malas condiciones", según informaron.


No obstante, señalaron que "la peor situación es la que afrontan quienes quedaron fuera de la cooperativa CURA: los 300 recicladores del basural", porque muchos de ellos viven en el basural, lo cual "no ocurre en ningún basural del país", afirmaron.


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Trabajo en el basural


Gentileza: La Alameda


Su gravedad se advierte ante la instalación de un destacamento policial en la entrada de “La Quema”, por parte de la Municipalidad, "para impedir que se vea a los niños que trabajan". Asimismo, denunciaron que "las condiciones laborales de los recicladores, la forma inhumana en la que desempeñan su tarea, y el grave peligro ambiental que conlleva el basural a cielo abierto, son conflictos que aún no encuentran una resolución por parte del municipio".


La lucha iniciada por el Movimiento de Trabajadores Exlcuidos (MTE) y las cooperativas de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires está enmarcada en la implementación de "un sistema de Gestión Social de Reciclado" donde el Estado reconozca el aporte ambiental de los cartoneros y garantizando condiciones dignas de labor, lo cual implica dejar de lado a las recetas de los organismos multilaterales de crédito que pretenden privatizar "uno de los recursos más importantes del mundo contemporaneo: los residuos reciclables"


Finalizaron, afirmando que, "en Mar del Plata, los mísmos intereses que postraron a los compañeros les quieren arrebatar este recurso".

Soho: Primera victoria de los trabajadores.

 


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Tras una dura negociación en la audiencia del pasado jueves en el Ministerio de Trabajo, el sector empresario liderado por Sánchez Anterino tuvo que retroceder: debió firmar que no despidiría ni sancionaría a nadie, como también se comprometió a pagar los sueldos en forma inmediata y a la realización de un inventario de los bienes existentes en la fábrica junto a los delegados de los trabajadores, en prevención del denunciado vaciamiento, el cual también será fiscalizado por la justicia y la cartera laboral. Asimismo, tuvo que aceptar la apertura de un listado de retiros voluntarios que, en realidad, perjudicará los intereses empresarios: los que se quieren ir son los que apoyaron los planteos de Soho.


A cambio, los trabajadores levantarán la ocupación pacífica que venían llevando a cabo desde hace una semana.


En suma, si bien este acuerdo tiene plazo fijo (30 días), es indudable la victoria obrera en este conflicto; al menos, en esta etapa.


Ya era conocido que la empresa había vendido sus logos y su esquema productivo, junto a la mudanza de sus bienes y el anuncio del desmantelamiento del sector de corte. A excepción de cinco personas, el resto de los trabajadores sería despedido sin garantías de cobrar su indemnización y ello fue impedido por la firme postura de las y los trabajadores.


 


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Pero a esta posición, se sumó el apoyo de los vecinos de las inmediaciones; de delegados de otras fábricas; de organizaciones sociales, como La Alameda, los cartoneros del Alamo, el MTE y el Movimiento de Fábricas Recuperadas, entre otros, que consistión en la colecta de dinero para el fondo de huelga y la realización de guardias externas permanentes durante toda la semana, manteniendo el estado de alerta y movilización ante cualquier ataque contra las y los trabajadores.


También fracasó el intento patronal de criminalizar la protesta mediante su denuncia judicial de usurpación. Ella no prosperó ante la constatación de la fiscalía acerca de una permanencia de las y los trabajadores por tiempo indeterminado en defensa de sus puestos de trabajo. La fiscalía contravencional no ordenó el desalojo solicitado por el sector empresario, sino que resolvió impedir la entrada y salida de mercadería al acreditarse plenamente que se estaba preparando un vaciamiento fraudulento.



Por otra parte, la justicia comercial concedió el status de querellantes a los delegados de la fábrica, con la finalidad de poder seguir el expediente referido al vaciamiento. La patronal no tuvo más remedio que presentarse en convocatoria de acreedores y ello mejora las posibilidades de las y los trabajadores, teniendo en cuenta la última modificación de la Ley de Quiebras, la cual les otorga prioridad por encima de cualquier otro acreedor.


Recordamos que en las dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, la empresa pretendió imponer, como un hecho consumado, el despido masivo de todo el sector de corte. El propio Ministerio y, al final, hasta el mismo Sindicato de Comercio terminaron dándole la razón a los obreros y rechazaron toda tentativa de despido, con las consecuencias que informáramos al principio de esta nota.


 


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Al caer la tarde del jueves, el silencio de la patronal encerrada en las oficinas del tercer piso, contrastaba con la euforía y algarabía obrera en la planta baja. Era evidente que los trabajadores habían ganado la primera batalla, logrando que se paguen los sueldos, se frenen los despidos y el vaciamiento y se impidan sanciones o la criminalización del conflicto gremial.


Hasta la AFIP, al tomar conocimiento de lo que acontecía, intimó a la empresa a regularizar su situación...


Una vez más, la lucha obrera marcó un camino. Con o sin patrones, están dispuestos a luchar a brazo partido por sus fuentes de trabajo. Ganaron la primera batalla. Tienen muy en claro que, con unidad, solidaridad y organización, es posible la victoria.