El pasado martes, los trabajadores de la marca de camperas Lacar, acompañados por 200 trabajadores organizados en la Alameda, los cartoneros del MTE, las fábricas recuperadas y el Movimiento Evita, se manifestaron frente a la sede de los Tribunales Comerciales, en Marcelo T. de Alvear 1840 de esta Ciudad, para evitar que se llevara a cabo la estrategia de subastar los bienes de la empresa, a bajo precio, lo que fuese ordenado por el juez Federico Guerri, titular del Juzgado Comercial Nº 17, quien llamativamente estuvo ausente durante dicha jornada.
Recordamos que el magistrado se negaba a cumplir con lo establecido en la modificación de la Ley de Quiebras, que permite preservar la fuente laboral a los trabajadores organizados en cooperativa.
Mientras Luis Caro, abogado y referente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, presentaba el pedido de revocatoria contra el Juez Guerri, los trabajadores de Lacar acompañados por sus pares nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se quedaron reclamando con bombos, cánticos y pirotecnia por la continuidad laboral.
Sin embargo, solamente cuando los trabajadores ingresaron al hall central de la sede judicial, se obtuvo la intervención de la Justicia en lo Comercial para evitar el acuerdo para subastar la marca que Raúl José Tarica vació y quebró. Este empresario, según informó La Alameda, "ya había sido denunciado en el 2005 por tercerizar su producción en talleres esclavos".
A los pocos minutos de la ruidosa protesta, la Policía Federal envió un grupo de infantería, pero la camarista María Lilia Gómez Alonso de Pérez Cordero aceptó hablar con los trabajadores de Lacar, el abogado Caro; Gustavo Vera, de la Alameda y Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes argumentaron ante dicha magistrada que la Cooperativa de Trabajo Lacar ya se encontraba constituida y que, pese a ello, el juez Guerri pretendía subastar las fuentes laborales en abierta violación a la Ley de Quiebras vigente, cuya modificación fue votada por unanimidad en el Congreso Nacional y promulgada por decreto presidencial en julio del corriente año.
Como consecuencia de esta acción, el Juez Guerri fue apartado de la causa y estaba prevista una nueva audiencia para el día de ayer con la finalidad de acceder a lo solicitado por las y los trabajadores.
Cabe destacar que no existe la improvisación en la recuperación de Lacar. Junto a las y los trabajadores de la empresa y las organizaciones que los respaldan, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está brindando su asesoramiento, además del espacio en el Centro Demostrativo de Indumentaria, más conocido como Polo Textil en el barrio de Barracas, lo que permitirá que Lacar sea gestionada por sus trabajadores legalizando toda la cadena de producción y sin confecciones en talleres esclavos, como venía sucediendo desde el 2005 hasta el 19 de septiembre cuando Tarica le puso candado a la fábrica en la calle Yerbal, en Villa Luro y cerró los 20 locales distribuidos en todo el país.
Y se hizo realidad, su lema: “Lacar bajo gestión obrera – libre de trabajo esclavo”.
Gustavo Vera, Presidente de la Fundación, sostuvo que en el caso de no obtener el amparo "no nos queda más remedio que marcha una y otra vez en cada una de las instancias a la que recurramos" y agregó: "será Casación, la Corte Suprema Nacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que no descansaremos hasta declarar la anticonstitucionalidad de la aberración jurídica que busca criminalizar a todos los activistas, y como se demostró en otro país no es otra cosa que el instrumento predilecto del poder económico para encarcelar a todos aquellos que evitamos el saqueo de nuestra tierra o el exterminio de nuestra población”.
