Metrobús: Otro amparo más...

Mientras ayer seguía la repavimentación de la avenida, por cuanto ello no fue objeto del fallo del Juez Schleiber en el amparo presentado por el ex Diputado de la Ciudad Di Filippo, se presentó un nuevo recurso ante la Justicia porteña.

Dicha acción judicial fue impulsada por la Red por el Patrimonio (Propamba) y la legisladora María José Lubertino (FPV), recayendo la misma en el Juez Osvaldo Otheguy, el mismo que desestimó la medida cautelar por el enrejado del Parque Centenario.

Según explicó a la prensa Nidia Marinaro, integrante de la organización no gubernamental, mientras la primera acción "ponía foco en el impacto ambiental, nosotros hacemos hincapié en la destrucción simbólica, paisajística, urbana, arquitectónica y arqueológica, a partir de una violación de derechos constitucionales, de la Constitución de la Ciudad, del Plan Urbano Ambiental y del Código de Planeamiento Urbano”.

Parque Centenario: Presentaron la apelación.

Tal como nos había anticipado el Dr. Jorge Baldiviezo, abogado e integrante de la Asamblea del Parque Centenario, en la entrevista que le realizara nuestro Director Editorial, se presentó la apelación en el amparo interpuesto contra la decisión del enrejado, obra que lleva a cabo el Ejecutivo de la Ciudad.

En la misma, refutaron la consideración acerca del concepto de mantenimiento que efectúa el juez Otheguy, al sostener que el mismo Decreto 51/2011, que aprobó los pliegos de bases y condiciones particulares, y de especificaciones técnicas para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes", emplea dicha palabra y abarca al Parque Centenario entre los paseos que deben ser mantenidos. En particular, habla del "mantenimiento y la reparación de rejas y portones, durante la vigencia del servicio en todos los espacios públicos comprendidos en la zona de cotización" e inclusive, "la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV) podrá solicitar a la empresa Contratista la instalación de nuevas rejas en las plazas donde lo considere oportuno".

Con respecto a la respuesta del GCBA, sostuvieron que el Ejecutivo no mencionó ni acompañó documentación acerca de la normativa, licitación o contratación por la cual se ordenó el enrejamiento, lo que tampoco ha sido solicitado por el magistrado, recordando que estas obras son competencia exclusiva de las Comunas de acuerdo a la Constitución de la Ciudad y la Ley de la Ciudad Nº 1.777, y que, en caso de duda, la extensión de las competencias exclusivas y concurrentes deben ser interpretadas a favor de ellas, de acuerdo a lo establecido por el art. 9º de dicha norma. En consecuencia, afirmaron, el juez debió haber decidido en favor de la competencia de la Comuna 6 y no, de la simple decisión del Ejecutivo de la Ciudad.

Por otra parte, se refirieron a la valoración judicial de la Resolución Nº 11/12, donde el magistrado afirma que ella no manifiesta una oposición al enrejamiento y que si bien están previstas actividades participativas, no se precisa como se llevarán a cabo, al afirmar que deduce una autorización expresa cuando ello no ha acontecido por cuanto en el contenido de la citada norma no se hace referencia a las obras que actualmente se llevan a cabo en el paseo caballitense.

Asimismo, destacaron que la Junta Comunal no hace mención a proyectos concretos o expedientes administrativos sobre el particular y por ende, tampoco puede deducirse que acompaña las intervenciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Tan sólo, sostuvieron, surge la intención acerca de la puesta en valor del Parque Centenario.

Con respecto al enrejamiento, recordaron que el Consejo Consultivo de la Comuna trató, como segundo tema del orden del día, esta problemática en la sesión del 31 de octubre del año pasado, resolviéndose oponerse a ello y a peticionar que se convoque a una Mesa de Participación para elaborar un Plan de Manejo. Por esta decisión, la Junta Comunal dispuso, a través de la Resolución 11/12, del pasado 26 de diciembre), que el proceso de puesta en valor del Parque Centenario debía hacerse "a través del ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente", mediante convocatorias a reuniones a tal efecto, las cuales nunca se realizaron en este marco, siendo ello no respetado por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, señalaron que la falta de reglamentación de la forma de participación no otorga facultades al Poder Ejecutivo de la Ciudad para avasallar las competencias de la Comuna, tal como lo realiza actualmente.

Con respecto a la intervención de la Subsecretaría de Cultura, señalaron que ella se materializó cuando las obras ya estaban iniciadas, careciendo de fundamento y antecedentes, por cuanto el escrito fue presentado el 30/01/13 sin mencionar el proyecto o expediente administrativo en el cual intervino, como tampoco analiza otras alternativas brindadas por grupos vecinales.

El Plan Urbano Ambiental dispone que cada Parque de la Ciudad debe tener un Plan de Manejo, el cual no existe para el Parque Centenario, sostuvieron, constituyendo ello una omisión por parte de la Comuna, autoridad con competencia exclusiva sobre los espacios verdes.

Por otro lado, con respecto a los reclamos vecinales, admitieron su existencia pero ello no implica, sostuvieron, que constituyan mecanismos participativos y señalaron que debe distinguirse entre ellos y la alternativa llevada a cabo por el Ejecutivo de la Ciudad.

Asimismo, destacaron que en el Presupuesto Participativo jamás se aprobaron las obras de enrejamiento y que lo presentado por el GCBA es solamente la propuesta de un vecino; es decir, un proyecto.

El juez no valoró las más de 12.000 firmas que solicitan la instalación de rejas en el Parque, lo cual permite afirmar que dicha decisión debe ser discutida participativamente en la Comuna, sostuvieron.

El derecho a la democracia participativa no es al sólo efecto de participar en decisiones que afecten o lesionen derechos sino que es principalmente el derecho a participar en las discusiones sobre decisiones que involucren a colectivos específicos por más que ellas no restrinjan ilegalmente sus derechos, lo que no fue permitida a los delegados de las ferias ni ha sido demostrada por el Poder Ejecutivo, indicaron.

El Parque Centenario actualmente se encuentra cerrado lo que impide trabajar a los feriantes, lo que constituye una lesión actual y cierta de sus derechos, y por ende, sus delegados debieron poder ejercer su derecho a participar en la toma de decisión.

Asimismo, destacaron que el magistrado no se pronunció sobre la afectación del derecho reconocido en el art. 27, inciso 3, de la Constitución de la Ciudad, referido a la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, y en el art. 32, que dispone como un principio general que la Ciudad "facilita el acceso a los bienes culturales".

Con respecto a la irrazonabilidad de la medida, sostuvieron que ello no ha sido analizado por el juez por cuanto no tuvo en cuenta las alternativas propuestas al enrejamiento, el cual niega el derecho de acceder libremente a los espacios verdes y a los bienes culturales durante la mayor parte del día.

Finalizaron, sosteniendo que la verdadera solución a los problemas de seguridad que se aducen es la presencia policial, una mayor iluminación y una mayor presencia de la ciudadanía utilizando sus instalaciones, como también participando para obtener una mejor conservación y puesta en valor, lo cual no implica que deba restringirse el acceso y a disfrutar del Parque Centenario durante la mayor parte del día.

Una acción de amparo frenó el enrejado del Parque Centenario (Barricada TV).

Les acercamos el informe elaborado por las y los compañeros de Barricada TV, con declaraciones del  abogado urbanista integrante de la asamblea de vecinos y del Colectivo por la Igualdad, Jonathan Baldiviezo, quien presentó una medida cautelar para que la jueza Danas suspendiera las obras dentro del predio hasta que finalice la feria judicial.

Queremos un parque, no una cárcel.

La Asamblea del Parque Centenario en Defensa del Espacio Público, mediante un comunicado, informó la situación actual con motivo del intento de enrejamiento que comenzó el pasado lunes, bajo la excusa de la puesta en valor y de mejorar la seguridad en el barrio, por parte de la empresa Esperanza del Sur, al igual que las acciones a seguir

Destacaron que algunas pertenencias de los feriantes fueron confiscadas durante la colocación de las chapas, aunque el Gobierno porteño prometió devolverlas el pasado martes pero ello aún no aconteció.

Por otra parte, recordaron que el intento de cerramiento comenzó en agosto del año pasado, lo que motivó la conformación de la Asamblea de vecinos, usuarios y feriantes, con la finalidad de defender el espacio público y el trabajo de 400 familias, al igual que el peligro que corre el proyecto de Huerta Libre, hecho realidad tras manifestaciones y reuniones con funcionarios, según afirmaron.

"¿ Desde cuándo una obra de infraestructura puede solucionar una problemática social tan compleja y profunda como es la inseguridad ?", se preguntaron y afirmaron que "una gran cantidad de vecinos, usuarios y feriantes no estamos de acuerdo con esta medida del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires (dirigido por Diego Santilli)", que deja de lado a las 12.000 firmas "contra esta pérdida de elección de la libertad de utilizar el parque a la hora que cada uno desee, realizar festivales, participar en la huerta orgánica".  

Sostuvieron que "la solución a la desigualdad social está en la educación, el apropiamiento del espacio público, el generar instancias de mayor participación y acción de vecinos, usuarios y trabajadores", donde el parque sea el "espacio común para fomentar la igualdad, desde la cultura, que convoque a juntarnos por el espacio público y a generar fuentes de trabajo".

Afirmaron que, "si enrejan, el problema seguirá por fuera y perjudicará a las familias en situación de calle que residían alli y fueron desalojadas; a los vecinos que, por trabajar de día, sólo pueden concurrir de noche (el horario de cierre es a las 19.00 hs), y a las actividades culturales que desde siempre se realizaron, como las proyecciones de cine, los ensayos de murga, los partidos de fútbol, etc".

Responsabilizaron "al Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri; al Ministro de Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli; al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro y al Jefe de la Comuna 6, Marcelo Iambrich, por violar sistemáticamente la legislación vigente en cuanto a participación popular se refiere, y por el uso de la Policía Metropolitana para generar una feroz represión contra la organización desde abajo, contando con múltiples heridos y 24 detenidos en sólo 2 días", destacando que dicha fuerza de seguridad "no se hace presente en calles, subtes, hospitales, pero sí en la represión a los vecinos y trabajadores organizados" para, luego, utilizar el argumento de la "inseguridad" para enrejar el parque.

La Asamblea resolvió "dos vías de acciones: una legal y la otra cultural y de movilización".

La primera, a través de un "amparo firmado por alrededor de 50 integrantes de la Asamblea, pidiendo la paralización inmediata del enrejado del perímetro externo del Parque y la elaboración e implementación de un Plan de Manejo del mismo que tenga por objeto su puesta en valor y preservación a través de un proceso democrático que otorgue participación real a los distintos colectivos interesados, vecinos y trabajadores, y ceda intervención a la Secretarìa de Cultura que corresponde al tratarse de un Jardín Histórico", en donde también se denunció "la ilegalidad de haber restringido el libre acceso a un espacio verde y a un bien cultural".

Dicha acción judicial recayó en el Juzgado Nº 9 a cargo de la Dra. Danas, de turno en la Feria Judicial, quien concedió la medida cautelar por la cual se ordenó la detención de las obras en forma provisoria "hasta que el GCBA se expida sobre las peticiones que realizamos" y destacaron que, "sentencia en mano, una comisión fue hacia el vallado para poder ingresar al Parque y constatar que las obras no estaban llevándose a cabo", mientras "un oficial de la Policía Metropolitana, quien no se identificó, se limitó a enunciar que no se encontraba nadie de la obra en ese momento, y que no estaban al tanto de lo dictado por la jueza".

Por otra parte, informaron que se analiza la presentación de una denuncia "por las irregulares condiciones de trabajo en el cual el enrejamiento se está realizando", dada la participación de obreros menores de edad, sin equipamiento ni vestimenta adecuada, trabajando de madrugada en jornadas extensas, etc., destacaron.

Con respecto a la segunda vía de acción, se resolvió realizar hoy un festival, desde las 13.00 hs., en la intersección de Díaz Vélez y Leopoldo Marechal, con junta de firmas y asamblea a las 19.00 hs., previéndose una movilización para mañana, desde las 15.00 hs., concentrando en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, para luego dirigirse al Ministerio de Cultura, en Avenida de Mayo 575 y finalizar en el Ministerio de Espacio Público, ubicado en la Avda. Diagonal Norte 570, organismo competente para frenar la obra del enrejamiento.

Por otra parte, afirmaron que esta problemática "no es aislada, sino que se remite a una política clara del macrismo, vaciadora y excluyente, que privatiza la cultura y esconde proyectos como el alquiler de espacios públicos a franquicias de bares, parques temáticos y entretenimiento privado y tercerizado", y destacaron que, "con la excusa de la remodelación, el espacio público en donde la gente puede pasar un tiempo en sus vacaciones, estará cerrando por más de 15 días, probablemente 1 mes entero".

Sostuvieron que defenderán los espacios públicos, mediante las acciones que sean necesarias para ello y convocaron "a todos los sectores que encuentren en esta su propia problemática, para formar una Coordinadora en Defensa de lo Público", como también afirmaron que acompañarán la lucha por
el cierre de las causas abiertas contra los compañeros de la Asamblea, que suman 24 en total, bajo la carátula de "resistencia a la autoridad, daño, lesiones, y atentado" que tramita el Juzgado en lo Correccional N° 5, Secretaria Nº 73.

Dentro de las mociones presentadas en la Asamblea realizada el pasado martes, podemos destacar la juntada de firmas para convocar a una audiencia pública y para revocar el mandato de Mauricio Macri, las cuales complementan las acciones que se vienen realizando a cabo.

Adhesiones a: parquesinrejas@gmail.com

Primeras adhesiones:

COB La Brecha - Colectivo por la Igualdad - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) - Instituto de relaciones ecumenicas (IRE) - La Caterva Radio Comunitaria - Movimiento Popular La Diginidad - Frente Popular Darío Santillán - Marea Popular - El Gleyzer - Colectivo La Tribu - Antena Negra TV - LAGRUPA (Corriente Nacional de la Militancia - Unidos y Organizados) - Partido Obrero - Bandera Negra (Tendencia Estudiantil Libertaria) – T.P.R Tendencia Piquetera Revolucionaria - Agrupacion Horizonte de Libertad - Casa de la Cultura Los Compadres del Horizonte - Cinesinrejas (Neuquén) - Cine Libre Parque Abierto - En Movimiento TV - Lista Verde Roja Negra de ATE Educación de la Nación.

Presentaron el amparo contra la Ley Antiterrorista.

El pasado lunes al mediodía, los militantes de La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) acompañaron la presentación del amparo contra la Ley Antiterrorista por la Fundación Alameda, el cual quedó radicado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas.

Posteriormente, se realizó el acto en la puerta de los Tribunales sitos en la calle Comodoro Py de esta Capital, el que fué encabezado por una bandera bajo el lema “Con esta ley somos todos terroristas”.

Recordamos que dicha presentación judicial se basó en la vulneración de los derechos a los migrantes y en particular, a lo referido al asilo político como también a quienes sean protagonistas de hechos referidos a la protesta social.

Gustavo Vera, Presidente de la Fundación, sostuvo que en el caso de no obtener el amparo "no nos queda más remedio que marcha una y otra vez en cada una de las instancias a la que recurramos" y agregó: "será Casación, la Corte Suprema Nacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que no descansaremos hasta declarar la anticonstitucionalidad de la aberración jurídica que busca criminalizar a todos los activistas, y como se demostró en otro país no es otra cosa que el instrumento predilecto del poder económico para encarcelar a todos aquellos que evitamos el saqueo de nuestra tierra o el exterminio de nuestra población”.

Cabe destacar que esta presentación judicial es la primera que impugna en sede judicial la Ley Antiterrorista recientemente sancionada y promulgada.

Fundación Alameda presentará mañana un amparo contra la ley antiterrorista.

A partir de las 11.00 hs., Fundación Alameda presentará un amparo contra la Ley Nº 26.374, conocida como Ley Antiterrorista, en los Tribunales Federales de esta Capital.

Asimismo, se realizará un acto de repudio a dicha norma en la puerta de los tribunales de dicho fuero, sitos en la calle Comodoro Py 2002.

Cabe destacar que es la primera acción de amparo que se interpone para solicitar la inconstitucionalidad de esta norma.

Dicha acción denuncia que el Art. 41 quinquies incorporado por la ley recientemente sancionada permite la desaparición del instituto del asilo territorial como también la extradición de refugiados bajo el pretexto de ser terroristas. Por otra parte, señala que "fragiliza la situación de los migrantes indocumentados al permitir que cualquier fuerza de seguridad nacional invoque un acto de resistencia a la autoridad para que se los declare terroristas" y según afirmaron, "deja abierta la posibilidad de que las huelgas y luchas sociales pueden ser calificadas de actos de sabotaje con fines políticos y por tanto actos terroristas", al igual que "los actos de apoyo solidario a los pueblos que luchan contra regímenes extranjeros tiránicos, colonialistas, racistas y genocidas podrían ser encuadrados según la nueva norma".

Sostuvieron que "como ya lo han reconocido la mayoría de los organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, el artículo 41 quinquies de la ley antiterrorista deja abiertas las puertas a la criminalización de la protesta social, a la restricción de los derechos migratorios y de asilo".

Finalizaron, invitando a todas las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de Derechos Humanos a sumarse al mencionado acto.

El CAINA seguirá abierto.

 

Por resolución de la Jueza Lidia Lago, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 7, el refugio nocturno CAINA, ubicado en Paseo Colón al 1300, continuará abierto.

Soledad Acuña, Subsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, había decretado su cierre por la finalización del Plan Frío. Ante dicha decisión, Fundación La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Fundación Che Pibe presentaron un amparo con la finalidad de evitarlo, protegiendo a los chicos que acuden a dicho refugio para bañarse, mirar TV, ser contenidos por profesionales y dormir bajo un techo.

Cabe destacar que el fallo ordena al Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, a cargo de María Eugenia Vidal, Vicejefa electa de Gobierno en las últimas elecciones, que “mantenga abierto” el CAINA “a fin de posibilitar la concurrencia nocturna de los menores que lo requieran a partir del día de la fecha y hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

Con esta medida, se ordenó la vuelta al trabajo de los diez empleados del refugio pese a habérsele comunicado el fin de su labor.