Mediante la declaración "Las cosas por su nombre: Genocidio", el colectivo Justicia Ya ! La Plata sostuvo que "la sentencia del miércoles pasado fue un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular" pues se logró que dicho Tribunal Oral Federal "ordenara a los jueces de instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país", se "exhortara a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCD y que sean destinados como sitios de memoria", al igual que "16 genocidas fueran condenados a prisión perpetua", el "médico torturador Jorge Antonio Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel, que se revocaran las domiciliarias de los represores y que se condenara a un civil: Jaime Lamont Smart, el ex ministro de gobierno bonaerense".
De esta forma, rechazaron las afirmaciones de Martín Fresneda, el actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación, acerca de la etapa de cierre de los juicios, afirmando que aún "falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los CCD".
Fundamentaron su rechazo en la experiencia de quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, los que no tienen dudas acerca de la consumación de un genocidio, por cuanto "el secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo, que fue implementado para imponer un sistema político y económico de entrega".
Con respecto a los sobrevivientes, afirmaron que ello "tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos" y por ende, sostuvieron, "vencer ese mandato de los perpetradores fue parte de la resistencia" pero también cumplir con "el de aquellos que no pudieron salir de los campos", siendo su voz para "denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables", cuya responsabilidad fue asumida "en estos más de treinta años por amplios sectores de nuestro pueblo que lucharon y luchan contra la impunidad".
"Luchamos contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz", afirmaron y recordaron que en los alegatos de dicho juicio, el colectivo de Derechos Humanos reclamó "que se reconociera que en la Argentina se perpetró un genocidio".
No obstante, sostuvieron, escucharon las críticas de quienes decían que se ponía en peligro a los juicios con dicho reclamo, por cuanto "las causas podían caerse" y "que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza", jugando "con las pocas cartas que el sistema arrojaba", pero afirmaron que sabían del intento de "reorganizar" la estructura social por parte de la dictadura, destruyendo así, en forma parcial, al grupo nacional argentino y en consecuencia, no encontraron "otro nombre para ello que GENOCIDIO".
Desde 2006, recordaron, con la condena a prisión perpetua a Etchecolatz, se insistió ante cada tribunal "que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura", y destacaron que, "después de estos seis años de lucha, en el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps, escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo" para, luego, escuchar "al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas de los 23 imputados, ' al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio ' y que por ello correspondía la condena por ese delito".
"La sala estalló en un grito liberador. Aplaudimos, lloramos, sentimos que al fin los tribunales empezaban a hacerse eco de lo que el pueblo gritaba hace décadas. Porque ahora sí, en el país, en el que en la calle se les grita a los perpetradores "genocidas", los jueces dicen que lo son. Y lo dicen porque luchamos y probamos que así lo es", evocaron, refiriéndose al momento de conocerse el fallo de la Causa Circuito Camps.
Concluyeron, afirmando que "todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica" y que "el reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros / as detenidos - desaparecidos", siendo "el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz" y el "de Adriana Calvo, que con su testimonio valiente y su lucha inclaudicable, demostró que la verdad y la justicia no transitan por carriles separados", reafirmando que "ese es nuestro compromiso".
El próximo 7 de noviembre comenzará el juicio oral contra Luciano Benjamín Menéndez, ex - Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros seis genocidas, por los delitos cometidos contra 60 víctimas con la intervención del Tribunal Oral Federal en San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade y Alejandro Piña, previéndose la declaración de cerca de 130 testigos.
