Documento de Hijos La Plata a 40 años del golpe genocida

A 40 años del golpe genocida seguimos luchando contra la impunidad, contra el saqueo, contra el ajuste y contra la represión. Salimos a la calle para reivindicar la memoria de lucha de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, de los exiliados, de los ex presos y de toda una generación de militantes que luchaban por la revolución social. Los compañeros y compañeras que dejaron su vida por un país sin explotadores ni explotados, y que se plantaron frente a la prepotencia del poder con un proyecto de emancipación anticapitalista, anti-imperialista y revolucionario que aún nos falta concretar. Durante todo el siglo XX, en nuestro país los golpes de Estado han significado una profunda recomposición de la estructura económica, política y social dirigida por las clases dominantes hacia el disciplinamiento de los sectores populares. La última dictadura fue la expresión más drástica y definitiva de la represión planificada, racional y organizada del exterminio. El “Plan Sistemático” que aplicaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se ha probado judicialmente como un genocidio, tuvo un objetivo claro: aniquilar a las organizaciones político militares, pero también a las sindicales combativas y sociales con trabajo territorial transformador. Al cumplirse 40 años de la implantación abierta del Terrorismo de Estado, con sus antecedentes directos en la Masacre de Trelew, las bandas fascistas de Perón y López Rega y el Operativo Independencia, los crímenes cometidos desde el aparato represivo de Estado continúan en su mayoría impunes y se han reconvertido en una extendida dinámica de Control Social para mantener el esquema de grandes negocios instaurado con el genocidio.

Los Juicios

Tras los juicios en las causas 13 y 44, popularmente llamado “Juicio a las Juntas”, la actitud del Estado frente a aquellos graves delitos fue de sostenimiento pactado de la impunidad por 16 años. El proceso de reapertura de las causas a los genocidas, que comenzó en 2003 con la anulación de las leyes de impunidad por la lucha del pueblo no se consolidó jurídicamente hasta 2005, recién arrancó su marcha en 2006 con los juicios a Miguel Etchecolatz en La Plata y Julio Simón en CABA..

Desde entonces a esta parte, el Estado argentino sólo efectivizó 155 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 155 juicios hubo 895 procesamientos, y como resultado se dictaron 806 condenas sobre 650 represores, 77 absueltos y 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 4.040 víctimas. Esto quiere decir que en 13 años alrededor del 42% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 31% de aquel número de procesados fue condenado. Es interesante aquí plantear que habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 13 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 250 procesados que fallecieron en este lapso) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 650 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 150 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas.

Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes.

Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento tuvo un pico en 2012 y desde entonces viene decreciendo tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, a las complicidades civiles (empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical) y a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 400 casos de restitución de identidad por resolver. Y si bien se ha comenzado a desandar años de impunidad es en la comisión de delitos sexuales como parte del plan represivo, los jueces se siguen resistiendo a concebirlos como un delito autónomo al de tormentos y falta mucho para lograr imponer un criterio amplio de violencia sexual, que no se reduzca solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos y todo lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del CCD.

La experiencia en La Plata

Para La Plata, el año 2015 sumó 8 condenas en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5”. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas. Tras tener 10 años la causa en sus manos, la justicia sólo procesó a un puñado de marinos y prefectos de la cadena de mandos. Varios sobrevivientes, que hacía años habían aportado su testimonio a la causa, así como víctimas de secuestro y homicidio cuyos familiares fueron convocados al juicio no fueron tenidos en cuenta en el proceso. Muchos de esos casos fueron incluidos al final del debate por la intervención de nuestra querella de Justicia Ya y sin el acompañamiento de la fiscalía. Y antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 represores: el prefecto Tomás Méndez y el segundo comandante del BIM3 Antonio Mocellini.

Una vez más, sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya, se logró poner las cosas en su preciso lugar: por primera vez en estos juicios logramos las condenas de los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio. Porque si bien en otros fallos la sentencias marcaron que estos delitos se habían cometido en el “marco de un genocidio” que si bien fue un avance no definía que quienes habían sido los autores de estas atrocidades eran los responsables directos del genocidio, luego y más cercano en el tiempo logramos las condenas como “complicidad en el genocidio”, la complicidad, a nuestro entender, tampoco marcaba claramente al genocida, todos lo habían ayudado pero específicamente ninguno era genocida. De ahí que consideramos a este fallo que ubica claramente a este grupo como parte de los GENOCIDAS responsables con participación activa y directa en el genocidio.

Quedó también en evidencia con este juicio el rol activo en la represión de los directorios de las empresas más importantes, la complicidad de la burocracia sindical y la desidia sobre los lugares utilizados por la Armada y prefectura en Berisso y Ensenada, que se encuentran abandonados, sin señalizar o reutilizados en franca especulación inmobiliaria.

Pero la mayoría de los condenados en el juicio a la Fuerza de Tareas 5 fueron beneficiados por Casación con la domiciliaria tres meses después del fallo. Este es el peligro real que enfrentan los juicios: ser una mera formalidad.

Con esto suman 70 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata, unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a un centenar represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aún presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.

Por si fuera poco en La Plata venimos sufriendo una importante regresión: a través de una campaña de amenazas, el represor Etchecolatz logró que el juez Carlos Rozanski se excusara de participar en todas las causas que lo tienen involucrado, que son la mayoría. El nuevo tribunal se compone de los doctores Germán Catelli, César Alvarez y Agustín Lemos Arias, más permeables a los reclamos de los defensores de los genocidas, sobre todo en el otorgamiento de domiciliarias, lo que no promete una mejora respecto a lo que se hizo hasta ahora.

En septiembre próximo se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Y como sabemos la causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. A casi 10 años no hay ningún indagado ni procesado ni detenido.

Hace tiempo que el Ministerio Público viene afirmando que no quedaban medidas a su alcance por hacer, mientras hace año y medio reconocieron que, recién en 2014, le tomaron declaración a la esposa de López, Irene Savegnago, quien “nunca había brindado un amplio testimonio sobre los hechos acontecidos en el marco de la causa”. La causa López también demuestra la ineficacia del sistema de búsqueda de cuerpos en las morgues del país. No existe un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, no sólo para el caso de Jorge, sino para todas las personas que se encuentran desaparecidas. Actualmente está “librado al azar y a la responsabilidad de cada funcionario”, como quedó demostrado en el caso de Luciano Arruga.

Esto no es de extrañar para un Estado que mostró, aquí en La Plata, el desmanejo que existe en la Morgue Judicial tras la inundación del 2 de abril de 2013, y donde salió a la luz pública que es habitual que la policía y el poder Judicial trabajen cotidianamente en los procesos por muertes traumáticas con el falseamiento de causales de muerte, dobles enterramientos y ocultamiento de cadáveres.

En 2015, lo único que avanzó en la Causa López fue la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento en la investigación y no, por la desaparición de Jorge, y por delitos con penas menores. Esto demuestra que el Servicio Penitenciario Federal sigue siendo cómplice de los genocidas allí alojados y que les facilitó el camino para acceder a teléfonos, visitas irregulares y a todo aquello que sirva para planificar el hostigamiento o la desaparición de un testigo. Estas irregularidades no sólo beneficiaban a Etchecolatz, sinó que se extendían a otros represores condenados con actuación en el Circuito Camps como Norberto Cozzani, Jorge Bergés, Cristian Von Wernich y, no casualmente, a un grupo de integrantes de penitenciarios bonaerenses; entre ellos, Rebaynera, Morel, Ríos y Basualdo, hoy condenados por su actuación en la Unidad 9 en dictadura.

Este balance impone una mirada menos auspiciosa que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO

Ecos del 24 de Marzo: HIJOS La Plata

24 de Marzo con impunidad y desaparecidos en democracia

Contra la impunidad de las desapariciones forzadas de ayer y de hoy.

NOS SIGUEN PEGANDO ABAJO

En 9 años de juicios a los represores de la última dictadura el Estado ha condenado una cantidad ínfima de represores, continúa estirando y desguazando las causas, a la vez que sostiene los beneficios de domiciliarias y la impunidad sobre la mayoría de las apropiaciones de hijos de desaparecidos y sobre los casos de testigos amedrentados.

Además analizamos el gran secreto a voces de las últimas tres décadas de “democracia”: la existencia de más de 200 casos de desaparición forzada de persona en el país de los 30 mil desaparecidos. (El detalle caso por caso también puede verse en nuestro blog).

I. LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS

Un año de plancha

Las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, 2014 fue incluso menos productivo que los últimos dos años: hubo 23 juicios parciales concluidos y 104 condenas.

Desde la caída de las leyes de impunidad (agosto de 2003) al 31 de diciembre de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 131 juicios orales recortados con sentencia en todo el país. En esos 131 juicios hubo 749 procesamientos, y como resultado 663 condenas sobre 538 represores, 70 absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 3.383 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 37% del total de los 2.000 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 27% de ese número de procesados fue condenado.

Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 538 condenados siguen representando, a casi de 12 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por cada CCD y por sólo el 10% de las víctimas reales. Para completar el cuadro, hay sólo poco más de 100 represores cuya condena ha sido confirmada por los tribunales superiores del país. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 2.000 procesados, ese 27% de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

Análisis en todo el país

En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:

- 39 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo (Bs. As. y La Pampa) con 198 condenas.

- 28 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo (NEA) con 115 condenas.

- 37 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (NOA) con 214 condenas.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de 12 procesos con 50 condenas, la mayoría por hechos del CCD Campo de Mayo.

Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 9 juicios que condenaron a 64 policías y militares: 3 procesos en Neuquén, 3 en Chubut, 2 en Bahía Blanca y 1 en Río Negro.

En cuanto a los crímenes de la Armada, sólo se logró condenar a 37 integrantes de las patotas de esa fuerza, 2 prefectos y 8 civiles cómplices: Ortiz y Pertusio en la primera parte de la causa de Base Naval de Mar del Plata, 10 marinos y 2 prefectos en el segundo tramo de esa causa, 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA 2, Policarpo Vázquez, su mujer y la partera que los asistió en la apropiación de Evelyn Bauer - Pegoraro, 3 de los 4 represores del arma acusados en causa “Plan Sistemático”, 3 de los 5 marinos imputados por la “Masacre de Trelew”, el médico del hospital Naval Jorge Magnacco en “Plan Sistemático” y en la rémora de la causa Bauer - Pegoraro, el marino entregador (Juan Carlos Herzberg, también condenado en Causa La Cacha de La Plata) y el apropiador civil de Natalia Suarez Nelson - Corvalán, y a 3 de los civiles apropiadores de Federico Cagnola Pereyra desde la Esma. Mientras por el accionar de Prefectura se condenó sólo a Maldonado en el juicio Campo de Mayo 9, y a Schaller y Montagno por hechos ocurridos en Campana.

Además sólo 7 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Barda, Comes, Mariani, Molina, Beccaria, Sambuelli y Benitez) en las causas Mansión Seré, Área Mar del Plata, Hospital Posadas, Furío y Base Aérea Reconquista. Y hubo sólo 10 integrantes de Gendarmería condenados, Víctor Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Fontana-Sandoval, los alferez Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra, en causa ABO 1, José San Julián en causa Unidad Penal 1 de Córdoba y 6 de los 7 gendarmes imputados la causa Arsenales-Jefatura de Tucumán.

Qué tipo de juicios tuvimos

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 131 procesos realizados, casi la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 41% de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 11% de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 48% a menos de 25 años. Esto nos hace reflexionar sobre la calidad de la condena con que el Estado valora los crímenes que está juzgando, que son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, y fueron cometidos en grupos de tarea, utilizando el aparto de Estado y con acumulación de casos; pero que muchas veces son equiparados en sentencia en el monto de las penas a delitos graves y de sangre, pero cometidos por delincuentes comunes.

Además hubo en estos 11 años 70 polémicas absoluciones, de las cuales 15 se produjeron en 2013 y 9 en 2014. Este año 3 prefectos fueron absueltos en el noveno proceso por el CCD Campo de Mayo, donde los doctores Sagretti, Milloc y Barroetaveña del TOF de San Martín anularon sin más sus indagatorias de hace 5 años y los mandaron a casa. Además el agente “S” de inteligencia de la Policía de Rosario, Pedro Travagliante, fue dejado libre de cargos por los jueces Berros, Lopez Arango y Vella. Y el auxiliar de la Sección Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata; Luis Orlando Erea, recibió pedido de absolución por los fiscales Schapiro y Fernández en el juicio La Cacha, pese a que figura como “sargento 1° de Infantería” en la nómina de integrantes de esa dependencia en todo el período '76/'83. Con ello los jueces del TOF 1 de La Plata Vega, Jantus y Rozanski (en eterna disidencia) lo absolvieron, además de apartar por “cuestiones de salud” al subdirector de Seguridad de la bonaerense de Camps, Eduardo Gargano, a quien tuvieron a disposición y en perfecto estado durante todo el juicio.

El estancamiento

Si tomamos los últimos 5 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 procesos finalizados con 86 condenas, en 2012 fueron 25 juicios llegados a sentencia con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas . Este 2014 sumó entonces la magra cifra de 23 juicios concluidos con 104 condenas. Es grave el estancamiento de la tendencia, consolidada este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009.

Pero si tomamos el dato de que en este contexto, sólo hay 125 condenas firmes -es decir, sin posibilidad de revisión- en 54 causas, que involucran a 114 personas”. Entonces, las 125 condenas firmes son mucho menos alentadoras que las 635 de primera instancia logradas de 2006 a la fecha. Y mueven a la carcajada si constatamos que buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores. Ello da una muestra de la falta de celeridad en el trabajo tanto de la Corte Suprema como de las Salas de la Cámara de Casación, encargadas de revisar (para confirmar o rectificar) los fallos de primera instancia.

Aquí es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios, creció a 11 en 2013 y en este año fueron 10 sobre 23 los procesos que juzgaron a 3 represores o menos.

El kirchnerismo viene pregonando “los megajuicios” desde comienzo de 2013 y destacando el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento”. Y si bien es cierto que las causas “ESMA 3” en la Ciudad de Buenos Aires o “La Perla” en Córdoba llevan más de un año y medio en debate oral, habría que recordar a los obseKuentes que en 2012 sólo 6 de los 25 juicios terminados juzgaron a 10 o más represores, que en 2013 representaron sólo 7 de los 23 procesos concluidos, y que en 2014 sólo los juicios La Cacha (La Plata), Nast (Rosario) y Villa Urquiza (Tucumán) entraron en esa categoría. Es decir que lo que viene habiendo año tras año son largamente más “mini-juicios” que “mega-juicios” terminados.

Apropiaciones

En cuanto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos (contemplados en las figuras de supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público y supresión de identidad), el panorama de juzgamiento ha avanzado con las mismas contradicciones que el resto de los procesos. Un total de 19 juicios en 11 años, que incluyeron 64 casos y donde se obtuvieron 78 condenas sobre similar número de represores. En esos 64 casos juzgados, siendo que el total de restituciones es de 115 identidades, y pese a haberse juzgado a algunos de los represores responsables de su apropiación, encontramos que en 14 de estos casos las identidades aún no han sido restituidas.

La Plata sigue impune

Para La Plata el año 2014 sumó 19 condenas en el juicio por La Cacha / Bettini - Bearzi, uno de sus CCD más importantes en cantidad de compañeros que por allí pasaron como en coordinación represiva. Pero el juicio siguió marcando el clásico desgüace de las causas, pues sólo se jugaron hechos del año '77 y quedaron fuera del proceso decenas de compañeros cuyo paso por este campo está denunciado hace décadas, igual que un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado.

Antes de que la causa llegara a juicio oral murieron impunes 2 de los mayores responsables del campo (el gobernador militar Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101, Alejandro Arias Duval), mientras continúa prófugo en Israel el represor Teodoro Gauto, y fue detenido fuera de término en Panamá Ricardo Von Kyaw.

Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona (no formaron parte de la acusación casos de apropiación), el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva para el exterminio entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército (tampoco se contemplaron la mayoría de los homicidios probados).

Con esto suman 61 los genocidas condenados en La Plata en 11 juicios desde la reapertura de las causas, la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para la jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay, en la jurisdicción federal de La Plata, unas 25 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluyen nada más que a 90 represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, en suma en La Plata no superaríamos los 150 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone, al menos sobre el circuito represivo de la Policía Bonaerense en dictadura.

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo. Y eso se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, esfuerzo que el gobierno “de los Derchos Humanos” no está dispuesto a realizar en plena retirada.

Hace poco el presidente del TOF 1 de La Plata, Carlos Rosanzki, enunció el gran secreto a voces de los juicios a los genocidas. En octubre de 2014, y a la pregunta del portal Infojus sobre cuándo se terminará de juzgar estos procesos afirmó: “El final lo va a marcar la naturaleza, y no algún funcionario del Estado. Yo hice una proyección, hace cinco años, que los juicios tardarían 100 años en terminarse”.

Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica” antes de retirarse en 2015 es, además de impracticable, una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

II. DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

Del caso López a todo el país

A comienzos de marzo de 2015 desde el espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS, presentamos un informe del caso Jorge Julio Lopez ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, de visita oficial en nuestro país.

En esta nueva presentación, recordamos al Grupo que el caso Lopez ya había sido presentado a Naciones Unidas en 2006, y a través del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH). En aquella oportunidad se recurrió al ámbito internacional a pocos días de sucedida la segunda desaparición del compañero, ya que habíamos intentado agotar todas las herramientas de denuncia a nuestro alcance.

De lunes a viernes, "Primer Tren", por Estación Terminal, de 09.00 a 12.00 hs.

Conducción

Laura Miño Chescotta

Agustín Russo

Operación Técnica: Solange Mendoza.

 Coordinación General: Carlos Berenze.

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Lunes a viernes

09.00 a 12.00 hs.

Estación Terminal

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La Comisión Provincial por la Memoria recibe las denuncias por las muertes en la inundación.

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Inundaciones: Siguen las dudas con la cantidad de muertos en La Plata.

La versión oficial sigue con su letanía, ahora, de 54 muertos. Mientras tanto, dos jueces se disputan la competencia en la investigación y hace unos días, se conoció la desmentida del sacerdote Daniel Quintar a sus dichos publicados por varios medios, incluido el nuestro, aseverando que ni siquiera tiene cuenta de correo electrónico.

Por otro lado, siguen las denuncias de familiares y ante ello, la Comisión Provincial de la Memoria estará recibiéndolas en el intento de echar un poco de luz sobre esta oscura faceta de las inundaciones platenses.

Sin embargo, el listado oficial no menciona a niños o personas con discapacidad fallecidas. En el primer caso, llama la atención por cuanto quienes primero sufren las consecuencias de las correntadas son ellos, teniendo en cuenta que la crecida mayor se dió entre las 18.00 y las 21.00 hs., mientras que en el segundo, es posible que pase desapercibido si ello no es denunciado por sus propios familiares.

Pero no es casual este límite al número de fallecidos. En un año electoral, ello resulta nefasto por cuanto puede modificar el sentido de los votos. Y eso también lo saben, oficialismo y oposición. De allí, entre la búsqueda de la verdad y la intencionalidad política, existieron altibajos en las cifras conocidas en los últimos días. Sin embargo, lo que cuenta es la actividad judicial que, para variar, en la provincia de Buenos Aires no es santa y conserva muchas de las mañas de la dictadura, salvo honrosas excepciones.

En el medio de este bullicio político y judicial, dos jueces se dedicaron a investigar algo de lo que sucedió. El juez Luis Arias, del fuero Contencioso - Administrativo, con respecto a las irregularidades administrativas en la confección de los listados oficiales de víctimas fatales por la inundación y el juez Guillermo Atencio, de Garantías, sobre los fallecidos por la inundación. Y ambos son cuestionados, ya sea desde el oficialismo o la oposición, pero se olvidan las competencias de cada uno de ellos, algo que tendrá que dirimir la Corte Suprema provincial.

Lo cierto es que Arias siempre molestó al sciolismo. Desde hace tiempo, viene señalando las iniquidades del gobierno provincial en las diferentes causas que interviene y su intervención en el expediente iniciado por el Defensor Oficial Julián Axat, del Fuero de Responsabilidad Juvenil, quien denunció la sospecha de irregularidades en la confección de la lista oficial de víctimas fatales, puede comenzar a dar cuenta de los procedimientos irregulares de la Bonaerense tal como denunciara en una conferencia de prensa donde afirmó que, el martes por la tarde, la policía no lo dejó ingresar a la morgue donde concurrió por unas diligencias y señaló que “tenemos que evitar estas acciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se siente tan avalada por el poder político que hasta se cree con derecho de impedir las diligencias judiciales impidiendo a los jueces ingresar a la morgue policial” para, luego, agregar que “la policía se ha autonomizado de tal manera en la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera los jueces podemos cumplir nuestras órdenes judiciales”.

También implicó fuertemente a la Policía, con respecto al falseamiento de actas defunción, afirmando que “esto tiene que ver con una práctica, con un modus operandi de la policía que ha heredado de la dictadura militar y todavía no hemos podido erradicar, que es la situación de falsear certificados de defunción, diciendo que una persona falleció de un paro cardio-respiratorio no traumático, cuando en realidad se ahogó por causa de la inundación” y señaló que ello puede tener consecuencias futuras, "porque el día de mañana la policía nos mata un chico de un balazo en la cabeza, en el certificado ponen paro cardio respiratorio no traumático y lo manda a cremar como está sucediendo en esta causa, y nadie se entera”.

Un claro ejemplo de las irregularidades fue lo acontecido con el deceso de Hebe Oleastro, de 76 años, quien no figura en el listado oficial y sufriera una descompensación cuando el agua comenzó a entrar a su casa. Su hijo declaró en el juzgado de Arias que “en medio de la tormenta tuvo un ataque e intenté revivirla, llamé a la ambulancia, pero no podían ir, me decían” y desde el CIAJ señalaron que “Oleastro falleció a las 21 hs y la ambulancia recién pudo llegar a las 5.30 de la madrugada”.

El cuerpo de la mujer fue entregado a la familia a través de la funeraria, “sin realizarse ninguno de los pasos que se estaban haciendo con las personas fallecidas ese día”, afirmaron desde el CIAJ, siendo velado el miércoles 3 de abril.

Por otra parte, con respecto a la inhibitoria solicitada por el juez Atencio, sostuvo que no tiene dudas acerca de su competencia y que lo solicitado, afirmó, "es una maniobra procesal, para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer ahí un año, seis meses, o más” y ello "va a impedir la realización de las medidas que tenemos requeridas, algunas muy urgentes, y si la causa vuelve dentro de 15 días esas medidas se van a perder para siempre”. Por otro lado, recordó que su colega de Garantías "“es un magistrado cuestionado, por diversas irregularidades, tiene un jury avanzado por cuestiones graves” y con respecto al listado, afirmó que "yo puedo entender que el Ejecutivo diga me planto en 51 y se acabó, pero no puedo entender que un magistrado diga eso, el magistrado está para investigar y no puede cerrar una puerta”.

El pedido de jury al juez y al defensor oficial fue presentado por los legisladores Alberto de Fazio y Lorenzino, al considerar que la investigación no es de su competencia al tratarse de delitos penales...

En la nota "No son 54 muertos", de Victoria Ponce, publicada en plazademayo.com, se afirma que el listado oficial de muertos se confeccionó con aquellos decesos denunciados a la justicia penal pero no con los denunciados través del 911, ratificando el proceder de la Bonaerense que deliberadamente "permitió que los familiares enterraran los cuerpos, incluso que los inhumaran, sin que se haya podido constatar judicialmente las causas de la muerte y sin informar a la justicia como deben hacer cuando se trata de muertes traumaticas".

"Tampoco figuran en la lista menores de edad, lo que choca con los testimonios de varios vecinos que han visto niños arrastrados por el agua y que están muertos o desaparecidos. No figuran Ada Teresa Rodríguez de Castro, Edgardo Reguera y Nélida Reyes, que si están en la nómina de la Policía Científica", afirma la periodista, reconfirmando las acciones del juez Arias.

Sin embargo, el gobernador Scioli tuvo que reconocer la existencia de 37 muertos más, aunque negando la relación con el temporal tras adjudicarlas a circunstancias ajenas a la inundación, mientras hubo personas murieron esperando atención médica, al igual que en los mismos hospitales afectados por el temporal, debido a paros cardiorrespiratorios producidos por el frio, o por la falta de luz y de gas.

"En el Hospital Español hubo tres fallecidos entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, en el Hospital San Roque de Gonnet hubo cinco que tampoco están en la lista oficial. En el Hospital San Martin el número aún no está claro, pero sería más elevado. El sistema de Salud debe informar en detalle las causas de esas muertes y el Ministerio de Seguridad debe actualizar la nómina de muertos", afirmó Ponce. Sin dudas, las competencias están claras: a Arias, le corresponde la investigación por estos malos procedimientos y al juez Atencio, la correspondiente a las causas de los decesos.

Pero el juez de Garantías está muy cuestionado desde hace tiempo. Su intervención en los casos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en La Plata; en el desalojo de Mafissa, en el 2003 y en el caso de Claudio Manrique, a quien condenó por usar pollera, como su conocida actuación junto al fiscal Garganta en el caso del karateca Martínez, hablan de una actuación bastante oscura y en complicidad con el poder policial y político.

Atencio fue denunciado por la Asociación Miguel Bru, hace varios años y algunos diputados analizan pedir su juicio político junto al fiscal Condomí por las irregularidades en la sustanciación de la causa penal por las inundaciones.

Dudas. Dos jueces. Y una gran especulación política sobre la cantidad de víctimas fatales. Sin dudas, las elecciones de octubre metieron la cola y las consecuencias están a la vista...

La catástrofe de La Plata, o la inviabilidad del capitalismo

La catástrofe de La Plata, o la inviabilidad del capitalismo

 

Por Gustavo Robles.

Es tremendo lo que pasó en La Plata. Duele, indigna, subleva. Pero no puede sorprendernos. La tragedia de la capital de la provincia es una bofetada que nos muestra crudamente lo que los humanos estamos haciendo con el mundo. Todas las miserias saltan a la vista allí, para lastimar nuestras conciencias.

Los fenómenos naturales nos afectan a todos, pero no a todos por igual. Generalmente, los que mueren son los más pobres en las inundaciones: son los que viven a la vera de los arroyos, riachuelos y ríos, en precarias casillas, hacinados, encima contaminados por los desechos provocados por el modo de producción capitalista. Nadie se acuerda de ellos, hasta que pasan cosas como la que nos ocupa hoy.  Son parte del paisaje que algunos creen "natural", pero que en realidad es generado por las inequitativas fuerzas del sistema que privilegia a los patrones por encima de los asalariados.

La miserabilidad de los políticos y funcionarios del sistema burgués, quienes tratan de sacar rédito político sobre los cuerpos de los muertos por el temporal. Macri y Bruera (uno "Pro" y otro "FPv", antes "menemistas" ambos, dos caras de la misma moneda), de vacaciones mientras la gente vive como estas cosas dejan expuesto... (Bruera hizo difundir una "foto" suya "ayudando" a la gente en La Plata, mientras descansaba en Brasil). CFK paseando su demagogia junto a los camisas pardas de la Cámpora y al carapintada Berni en algún barrio de La Plata, Scioli y su burguesa ineficacia, todos acusándose mutuamente pensando en obtener más votos en un año electoral... QUÉ ASCO. La gente debería poner más atención en estas cosas, porque después pone sus votos y su confianza en escorias como las mencionadas

La inviabilidad del sistema burgués (capitalismo) como forma de organizar la sociedad. No sólo produce explotación, miseria y desigualdad, SINO LA POLUCIÓN QUE GENERA EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LOS DESEQUILIBRIOS AMBIENTALES QUE DESATAN ESTAS CATÁSTROFES, y los conglomerados humanos gigantescos que son el caldo de cultivo para estas tragedias. La "civilización" va contra la naturaleza, en vez de armonizarse con ella: no puede haber concentraciones tan enormes de seres humanos. Cuando se pone la ganancia por encima de todo lo humano, pasan estas cosas

¿Tan difícil es darnos cuenta que esto así no va más? ¿Cuánta gente tiene que morir para que abramos los ojos de una vez?

Muerte de noche y sola bajo el agua negra (APE)

Muerte de noche y sola bajo el agua negra (APE)

 

Por Silvana Melo

(APe).- Es que acá se muere la gente de a centenares. Y de a medios centenares. Y nunca es por casualidad. Jamás por azar.

Se mueren incendiadas y ahogadas en un boliche. Se mueren voladas en pedazos por una bomba. Por dos bombas. Se mueren aplastadas por un tren que juntó cuatro vagones en uno y dejó los huesitos y la piel y los sueños devastados. Se mueren inundados, ahogados, arrasados por el alud, aterrados por el agua que sube y que sube y que llega a los hombros y nadie escucha. Nadie.

En La Plata se mueren de a medio centenar -o más, seguro que más- porque llovió lo que nunca. 300 milímetros en una tarde jamás. Pero también por otras mil causas. Mil o en realidad tres o cuatro razones terribles, perversas, demoledoras.

Que a arquitectos, construidores y hacedores de asfaltos y rascacielos les molesten los ríos y los arroyos y los sometan a entubamientos. Y a los ríos y a los arroyos “no les gusta -como dice Rodolfo Livingston- correr dentro de las cañerías”. Añoran sus años de orillas verdes, pájaros y cielo. Entonces asoman, salen, escupen y estallan por cualquier alcantarilla.

Que a la tierra le indigna que la agoten, la maltraten y la servilicen, que le talen los bosques y le llenen los ríos y los aires de veneno y entonces se vuelve desierto en los pies y se pone tropical en la panza, con lluvias arrasadoras en tiempos mínimos. Pero a los construidores y hacedores de asfaltos y rascacielos les encanta elevar torres a las nubes y hacer muchísimo dinero con viviendas hacia arriba para los que pueden comprarlas porque las de abajo ya se inundaban antes y las torres frenarán todavía más el camino de salida del agua que cae a millones de milímetros y el agua enloquece y sube y entra en las casas de la gente hasta el techo y se le lleva la heladera, la historia, los colchones, la vida.

En La Plata la gente se murió de a medio centenar. O más. Tal vez bastante más. Se murió horriblemente, sola, a la noche, cuando el agua subió aceleradísima, sin avisarle a nadie. Y los que pudieron se subieron al techo o se treparon a cualquier altura. Pero no había nadie. Sólo una soledad espantosa. Porque los que pudieron irse se fueron. Y lo que no podían, se murieron. Gritaron desde sus piernas endebles, desde sus sillas, desde el horror de no poder moverse de ese lugarcito que fue el abrigo, la casa de la vida y que ahora se transformaba en la trampa de la muerte. Gritaron y lloraron porque a los 80, a los 90, no puede ser la vida tan injusta como para irse así, tan solos, tan desamparados, con el agua ya a punto del cielorraso. Gritaron como Lucila Ahumada, que a los 82 había sobrevivido a la dictadura más sangrienta, había sobrevivido a no ver nunca más a su hijo ni al cuerpo de su hijo, había sobrevivido a no conocer jamás a su nieto nacido en cautiverio. Pero se la llevó el agua maldita, negra y oleosa que le entró como los monstruos, pateando la puerta, y subió a 1,70 y la dejó solita, muerta y más solita que nunca. Gritaron y los vecinos de los techos los escuchaban pero no podían. Y los teléfonos de emergencia no existían. Ni los bomberos ni la policía ni la gendarmería ni la prefectura ni una lancha ni un bote ni un acorazado de guerra oxidado y semihundido. Nada. Ni la gendarmería ni la prefectura, tan dispuestas siempre al control social, a la caminata conurbana, al espionaje de las organizaciones, al disciplinamiento de los indomables. Ninguno se enteró hasta las 8 de la mañana del otro día, cuando los muertos ya estaban muertos, por medio centenar. O más. Seguramente más.

Entonces apareció Bruera mintiendo con foto falaz que estaba recorriendo centros de evacuados. Y estaba en Brasil.

Entonces fue la Presidenta. Y les dijo que ella ya sabía lo que era inundarse y perderlo todo.

Entonces fue Scioli. Y Alicia Kirchner.

Y la gente les fue diciendo, a todos, que se fueran un poco. Que los dejaran en paz. Y que la reconstrucción sería con ayuda concreta y real y no con presencias fatuas ni imágenes idílicas ni rebotes mediáticos. Que necesitan sus casas y que de la canilla salga agua y que puedan encender la luz y que esté la heladera y la foto de aquella fiesta y el cd de León Gieco y la laptop y los osos amarillos y rojos y que los vecinos no les quieran vender lo que ya no sirve y que a 500 metros no les cobren el agua como si fuera zumo de oro y que puedan secarse las esperanzas colgadas de los muebles en la calle y que no los olviden más y que no los humillen más.

Porque el Estado ya no estuvo cuando había que salvar la vida y los que personalizan el Estado se culpabilizan mutuamente con cinismo electoral y recorren sólo los territorios amigos aunque los muertos sean todos muertos y la mayoría viejos, castigados a palos por la vida, solos de toda soledad, quebrados de terror en el último aliento.

Se muere la gente a centenares acá. Y nadie aprende nada, a pesar de que el país se mueve traccionado a sangre. Pero nadie aprende nada. Porque seguirá lloviendo a mares y a océanos, porque el cielo cambió y la tierra cambió. Pero seguirá muriéndose la gente y quedándose sin casa y sin historia. Con el cielo y la tierra en insurgencia. Y el poder, exclusivo y excluyente, comiendo allá lejos su cena bendita.

Las lluvias del 2001 y los lodos del 2013 (APE)

Las lluvias del 2001 y los lodos del 2013 (APE)

 

 

Por Alfredo Grande

“No sé si es necesario que se vayan todos. Pero me parece imprescindible que se vayan varios. Muchos. Bastantes. La mayoría. Los innecesarios. Los inútiles. Los estafadores. Los mentirosos. Los farsantes. Que se vayan casi todos. Y casi todas”.

(aforismo implicado. A.G.)

"Cuando se carece de una estrategia metropolitana para abordar la problemática cada vez más peligrosa de las cuencas hídricas (Maldonado, Matanza y Riachuelo), Buenos Aires es más vulnerable. Cuando los muertos de hoy se agregan a los de ayer y cuando aun no se pagaron las reparaciones por las inundaciones anteriores, queda claro que la IMPREVISIÖN y el ABANDONO, se constituyen en la principal REGLA GUBERNAMENTAL, en la Ciudad de Buenos Aires". (Claudio Lozano - Fabio Basteiro)

(APe).-  V de venganza  es una adaptación al cine de la novela gráfica V for Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. La película fue dirigida por el australiano James McTeiguey producida por Joel Silver y los hermanos Larry y Andy Wachowski, quienes además se encargaron de escribir el guión. Está protagonizada por Natalie Portman en el papel de Evey Hammond y Hugo Weaving como V. Tuve la oportunidad de coordinar varios debates sobre este notable film. Uno de los textos que dice V es: “no es el pueblo el que tiene que temerle al gobierno. Es el gobierno el que tiene que temer al pueblo”.

12 años después del 2001, ninguno de nuestros gobiernos le teme al pueblo. Creo que en el mejor de los casos, le teme a una pueblada. Por ejemplo, cuando la pereza - complacencia policial hace intolerable la impunidad ante asesinatos absurdos. Yo diferencio matar de asesinar. Matar para vivir no es lo mismo que vivir para matar. Tema complejo, pero necesario de analizar sin los prejuicios del pacificismo dogmático.

Cuando nos llenamos la boca con el tabú de la violencia, nos vemos literalmente inundados por una demostración de la Violencia de los Estados, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Violencia por omisión, por no hacer lo que había que hacer. De la única mala praxis que se habla es de la médica. El incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos es mala praxis en estado puro. Incluso muchos funcionarios deberían ser procesados por formar parte de numerosas asociaciones ilícitas donde con el dinero “de todos” hacen negocios “para ellos”.

Los demócratas de hoy están pulverizando la democracia de mañana. No solamente por la evidente incapacidad de prevenir y actuar en consecuencia. Nunca es un accidente, porque siempre se pudo prevenir. No con la lógica del capitalismo serio y el mercado en joda.

Cromagnon, la masacre de Once, ahora otra vez las inundaciones previsibles no previstas. ¿Tragedia climática? Hace más de 20 años que se anticipa el cambio climático. Entre el asfalto, la mega construcción, la deforestación y otras pestes, otras tormentas perfectas serán la nueva cotidianeidad.

Hace muchos años, el tiempo pasa lento, pero pasa, escribí un trabajo: “Catastrofías”. Neologismo para referirme a las catástrofes cotidianas. La catástrofe siempre fue un suceso excepcional. Pero en la actualidad de nuestra cultura, solamente el transporte público es una catástrofe cotidiana. La asistencia en un hospital público. La escuela vaciada de docentes con dignidad salarial y de alumnos con dignidad de aprendizaje. Todas las plagas de Egipto y alrededores vividas cotidianamente. Todos los días y todas las noches. Entonces lo que los funcionarios llaman tragedias, accidentes, estragos, desgracias, son apenas la desmesura, la visibilidad obscena de lo que siempre pasa. En algún lugar está pasando siempre, siempre. Pero no adquiere jerarquía de primera plana o análisis editorial.

En mi tercer artículo para APE, cuyo título es Frío de Amor (1) transcribía la siguiente noticia: “Dos nenes murieron al arder una casilla en Viedma. Ocurrió en el Loteo Silvia, por la mañana, mientras la mamá había salido. Emanuel Alvano, de 4 años, y su hermanita menor Daiana fueron hallados abrazados. Es cierto. Habrá que pensar si no era posible, desde el ámbito gubernamental, hacer algo para evitar que ocurriera.” Diario Río Negro, 16/6/08 “ Emanuel y Daiana no serán recordados mas que por su madre y padre que tampoco serán recordados. Siempre dije que el genocidio puede ser asesinar a una sola persona, porque en esa persona hay replegadas infinitas vidas. Pero solo los Estados disfrutan de la impunidad de asesinar por omisión. No por hacer lo que no se debe, que también, sino muy especialmente por no hacer lo que se debe. Como dijo nuestro Guasón: “si decía lo que iba a hacer nadie me votaba”. Cínica sinceridad. Obviamente, para la entrevista del día después.

Estamos años después del vaciamiento de los ' 90, continuación de los vaciamientos de los ' 80. Y todavía las rutas son trampas para conductores, las calles trampas para peatones, las tierras trampas para pequeños agricultores. Sin embargo, lo peor siempre está por llegar. Buenos Aires y La Plata fueron bombardeadas por gotas de agua, porque hasta el agua ofende cuando sobra y también ofende cuando falta. Pero no es la naturaleza a la que debemos mirar. En todo caso, es a las empresas hiper lucrativas que sostienen el modelo, que utilizan como constante de ajuste el arrasamiento de tierras, aire y agua. Pero no están solas sino demasiado bien acompañadas por Estados copartícipes de sostener emprendimientos de destrucción masiva. Pero los días después empieza otra lluvia, ácida, radiactiva, corrosiva.

Las declaraciones de todos y todas los responsables, culpables, sicarios de tanta destrucción, de sostener una guerra no declarada contra pobres y presentes, declaraciones que solo buscan coartadas políticas, inculpar a los del otro partido para negociar una futura probation electoral, lavarse las manos como Pilatos mientras crucifican Pueblo. Las lluvias del 2001 parecían que limpiaban los restos de la representación pútrida. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” Cuantas veces lo dijimos, lo escribimos, lo pensamos, lo advertimos: “no se fueron, se quedaron y además, llegaron más”. ¿Acaso no son los Estados los que más trabajo ofrecen, eso que llaman empleo público, planta permanente, etc.? Ahora se temen saqueos. Vale lo que un habitante de Burgos exclama cuando regresa el Mio Cid: “que buen vasallo sería si tuviera buen señor”. Si lo actualizamos: que buen ciudadano sería si tuviera buen gobierno.

Cuando hay saqueos, siempre se busca a los infiltrados. ¿No es la hora, o por lo menos, el minuto de pensar que los infiltrados son justamente los miles de funcionarios en los tres poderes, que hacen el fútbol para ellos (y ellas) mientras los casi todos ni siquiera podemos entrar al estadio? Me dirán, en el mejor de los casos que soy destituyente. No tengo la menor duda. Esta cultura represora debe ser destituida. Este capitalismo que más que serio ya tiene cara de culo no puede ser plebiscitado más. No me refiero a votos: me refiero a dignidad. A sensibilidad. Al amor verdadero.

Los lodos del 2013 son la prueba que se ha embarrado la cancha de la democracia justamente por los que supuestamente debieran ser sus más firmes defensores. Funcionarios de la Patria oídme: Destituyentes son ustedes… La desgracia son ustedes… La tragedia son ustedes… Más temprano que tarde, jóvenes jóvenes y jóvenes viejos tomarán la posta, la antorcha, y no dejaremos que el fuego se apague nunca más. Arrancaremos todas las rejas y abriremos todas las plazas.

En V de Venganza, el protagonista V le dice a Evey: “Dios está en la lluvia”. Y entonces la joven se deja empapar y  llora desconsoladamente recordando el martirio de sus padres y exhala, aúlla su grito de libertad. Otros gritos sagrados serán gritados y entonces, estoy seguro, hasta los más sordos tendrán que escuchar.

NOTAS:

(1) Frío de amor (APE), por Alfredo Grande.

Inundaciones: Entre lo oficial y la verdad.

La catarata informativa de esta semana osciló entre la defensa de las estrategias gubernamentales y la desvirtuación de lo que ocurría y que aún ocurre en la provincia de Buenos Aires. Otra vez, la política metió la cola a través de lo mediático teniendo en cuenta las próximas elecciones.

Mientras Scioli y su gabinete siguen afirmando la existencia de 51 muertos y la paulatina aparición de las personas que habían sido denunciadas como desaparecidas, se conoció una carta del sacerdote Daniel Quintar sobre lo que acontece en La Plata.

En ella denuncia que la existencia de más de 50 muertos en Villa Elvira y Villa Progreso, afirmando luego que "están escondiendo los números" pues el comisario del primer barrio le refirió la existencia de más de 200 muertos y desaparecidos. Por otro lado, informó que la Policía Científica sacó muchos cadáveres del arroyo Maldonado, lindante a la Parroquia Santa Rosa, pero que no lo anuncian debido a que muchas y muchos de ellos son indocumentados, y ello "es una mala propaganda para las elecciones de agosto o setiembre, debido a la inoperancia del municipio y la gobernación".

"El Ministro de Seguridad, dice que no hay niños entre los muertos, y hay varios parroquianos que se les han muerto los niños", afirmó Quintar, quien luego afirmó que "los arroyos han arrasado con todo, casas, autos y gente".

 

Con respecto a los funcionarios, sostuvo que "el intendente de La Plata, Pablo Bruera, no asomó la cara, ni el de Berisso tampoco" y con respecto a la asistencia, afirmó que "no están dando ninguna ayuda, nada, parece que estuvieran haciendo la plancha".

Asimismo, respecto a la oleada solidaria que se está enviando desde esta Capital, indicó que "no saben a dónde mandar la ayuda humanitaria" y por dicha razón, "se están contactando con las parroquias para enviarnos directamente a nosotros la ayuda"

Por otra parte, indicó que comenzaron "los saqueos a supermercados, mueblerías, robos, incluso a casas" y la existencia de piquetes, mientras se advertían "más de 100 policías" y escuchándose disparos desde la tarde.

La única verdad es la realidad. Y de ella, tuvo que dar cuenta un sacerdote...

La Plata: Cristina acorralada ante los reclamos populares (Radio Rockultural)

No es un video profesional. Sin embargo, sirve para dar cuenta de lo que ocurrió durante la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los vecinos de la ciudad de La Plata, quienes le reclamaron ante lo sucedido con las inundaciones provocadas por el temporal de esta semana.

Las y los compañeros de Radio Rockultural grabaron algunos de los diálogos presidenciales, los cuales no salieron en ningún medio masivo, afirmando luego que "escuchar a Cristina de frente a los vecinos de La Plata nos hace ver que como politicos (TODOS) son la peor lacra del planeta" y que "no saben que hacer ante el reclamo de la gente, se les nota que no están capacitados y lo único que falta es que le digan a la gente que son destituyentes".

Las imágenes muestran claramente, sostuvieron, "que ante los reclamos de la gente no pueden responder como deberían, que la soberbia la tienen hasta en los poros y que supuran odio hacia la clase laburante" y "se enfurecen cuando la gente les evidencia las mediocridades del sistema que ellos construyen".

Y hacen las mismas preguntas que, casi con seguridad, se van a hacer cuando vean el video: ¿qué esperaban, que el capitalismo en serio nos dé soluciones a los laburantes? ¿Cómo no vamos a enojarnos y a gritar ante la inacción de esta basura de gente?.

Y concluyeron con una certeza: "por eso que hoy nosotros estamos bajo el agua, muriendo y ellos siguen nadando, pero en billetes".

La Plata: Inundaciones - Teléfonos Útiles.

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Buenos Aires y La Plata: Fuerte temporal deja 49 muertos y numerosos evacuados.

Este martes y miércoles, más de 300 mm de agua caída como producto de las fuertes tormentas que azotaron a la capital argentina y a la bonaerense dejaron un saldo de 49 muertos, cerca de 20 desaparecidos y numerosos evacuados.

El Servicio Meteorológico Nacional había dado el alerta, anunciando la gran posibilidad de este fenómeno desde el lunes, aunque sin las consecuencias que luego se conocieron con el transcurrir de las horas.

En Buenos Aires, barrios de la zona sur, como Lugano y de la zona norte, como Núñez, Belgrano, Saavedra y Palermo fueron los más castigados por las inclemencias climáticas, mientras que en La Plata, Tolosa y sus alrededores sufrieron similares consecuencias, al igual que en La Matanza y en San Martín en el conurbano bonaerense.

Ello provocó cortes preventivos de energía eléctrica, de acuerdo a las previsiones de Defensa Civil, en las zonas afectadas. Sin embargo, dicha acción concretada entre las 18.00 y 20.00 hs. dificultó las tareas de autoevacuación de numerosas personas.

Si bien se ha comenzado a restablecer el servicio eléctrico en las últimas horas, todavía no ha sido posible hacerlo en varias zonas de la capital argentina y de la provincia de Buenos Aires. Se espera que ello acontecerá durante el día de mañana.

No obstante, lo sucedido en la Reina del Plata era evitable. La falta de obras de infraestructura en materia hidráulica fueron la principal causa de la anegación de calles en la zona norte de la Ciudad, como también la obra ilegal en el Shopping Dot que provocó la gran inundación en el barrio de Saavedra, la que viene siendo denunciada por los vecinos desde el año pasado y que, inclusive, motivó la interposición de un amparo ante la Justicia porteña.

En la capital bonaerense, la gran cantidad de edificios construidos, al igual que en la capital argentina, obró como un dique que impidió el escurrimiento de las aguas, mientras que la inundación en San Martín fue adjudicada al achique de un cuenco aliviador cerca de la muestra oficial Tecnópolis.

Para destacar, la inmediata solidaridad de las organizaciones sociales que contrasta, sin dudas, con la lenta respuesta estatal, la que demuestra la falta de planes para este tipo de contingencias tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires.

Circuito Camps: Justicia Ya ! La Plata informó sobre la entrega de los fundamentos de la sentencia.

Mediante el comunicado titulado "Las cosas por su nombre: Genocidio", Justicia Ya ! La Plata informó que el próximo lunes 25 del corriente, a las 12.00 hs., serán entregados los fundamentos del fallo en la causa Circuito Camps por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, los cuales serán leídos durante el acto.

Al referirse a la sentencia, recordaron que "quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un genocidio" y afirmaron que "dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos".

Vencer dicho mandato y ser la voz de quienes no pudieron salir de los campos "fue el compomiso asumido en estos más de treinta años", sostuvieron y recordaron la lucha contra la impunidad en forma de ley, obteniendo la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para, luego, llegar al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Desde dicha instancia judicial, sostuvieron, reclamaron "que se reconociera que en la Argentina se perpetró un genocidio", a pesar de "las críticas de aquellos que decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba". No obstante, señalaron que "la dictadura había intentado ' reorganizar ' toda la estructura social, destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino" y en consecuencia, "no encontrábamos otro nombre para ello que Genocidio", afirmaron.

Asimismo, desde la condena a prisión perpetua al genocida Etchecolatz, enfatizaron, insistieron ante cada tribunal para que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura. Durante "el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps (3 de los cuales murieron impunes durante el proceso judicial), escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo", recordaron.

Posteriormente, recordaron las palabras del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, cuando afirmó "que las conductas de los 23 imputados, ' al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio ' y que por ello correspondía la condena por ese delito", calificando ello como "un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular" tras la primera condena a un civil, como Jaime Lamont Smart, el Ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura y la orden a los jueces de instrucción para que investiguen "los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país", al igual que la exhortación "a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean destinados como sitios de memoria".

Sostuvieron que dicho fallo "significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en evidencia de todo lo que falta por hacer" y refutaron las afirmaciones del Dr. Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, acerca de la etapa de cierre de los juicios, al afirmar que "falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los Centros Clandestinos de Detención".

Por otro lado, señalaron que "el TOF 1 deberá explicar por qué en el punto Cuarto, apartado 4, de su fallo del 19 de diciembre pasado extingue la acción penal sobre Etchecolatz sobre el caso de Clara Anahí Mariani -Teruggi".

"Todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica", afirmaron tras recordar que fue "el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz" y el de la extinta compañera Adriana Calvo porque, "con su testimonio, se escuchó por primera vez en los tribunales argentinos la voz de los sobrevivientes", concluyendo que "ese es nuestro compromiso".

Rallydad 2013: Por el Día Nacional de la Accesibilidad.

Como todos los años, Acceso Ya, la Ong que trabaja en defensa del derecho al acceso físico de las personas con movilidad reducida, realizará "Rallydad 2013", su tradicional rally urbano, con el objetivo de instaurar el 15 de marzo como el Día Nacional de la Accesibilidad porque ese día del año 1994 fue sancionada la Ley Nacional Nº 24.314, más conocida como “Ley de Accesibilidad”, la que garantiza el derecho de todas las personas a contar con un entorno inclusivo, libre de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y en el transporte.

En esta oportunidad, será el turno de la ciudad de La Plata, donde hoy a partir de las 16.00 hs., tendrá lugar este particular rally en el cual participan personas con y sin discapacidad motriz, donde debe recorrerse un determinado circuito urbano en sillas de ruedas. Pero no es casual. La ONG decidió realizarlo en la capital bonaerense, debido a la gran cantidad de denuncias recibidas y como un primer paso para poder ampliar su campo de acción, según afirmaron en un comunicado.

Una vez más, voluntarios, famosos y vecinos experimentarán las dificultades de circular en el entorno urbano desde la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en la Avenida 7 entre las calles 47 y 48.

Con este tipo de acciones, se busca generar conciencia sobre las barreras a las cuales una persona con discapacidad motriz se enfrenta diariamente a la hora de circular por la ciudad.

La Plata: Desocupados marcharán mañana para exigir el pago de los Planes Barrios Bonaerenses.

Según informó CUBa MTR - MIDO en la COD mediante un comunicado, los desocupados bonaerenses concentrarán mañana a las 11.00 hs. en la Estación de Trenes de La Plata para, luego, marchar hacia la Gobernación en reclamo del inmediato pago de los Planes Barrios Bonaerenses, los cuales continúan siendo de $ 150 en algunos casos, para quienes aún no han ingresado al mercado laboral o han quedado desocupados en los últimos meses, como así también su actualización a $ 750.

Asimismo, reclamarán por la falta de entrega de alimentos, útiles escolares, zapatillas y guardapolvos para los niños que concurren a la escuela.

"La realidad concreta es que son numerosas las familias desocupadas en la Argentina, mas allá de la mentira y el doble discurso del gobierno, sabemos que solo en la construcción se perdieron 45.000 puestos de trabajo en blanco, también ha disminuido el trabajo en el servicio domestico, gastronomía, entre otros oficios", afirmaron.

Frente a la Gobernación provincial, exigirán lo reclamado al Gobierno de la Provincia y a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

La Cacha: Una instrucción para la impunidad.

El próximo juicio oral en La Plata, que tendrá lugar a mediados de este año, será el referido a lo ocurrido en el Centro Clandestino de Detención "La Cacha", cuya instrucción estuvo a cargo del Dr. Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata y la Secretaría, a cargo de Ana Cotter, desde hace 10 años y que fuese elevada parcialmente en marzo del año pasado al Tribunal Oral Federal Nº 2.

Justicia Ya ! La Plata, mediante el comunicado "Justicia Federal platense: El cementerio de las causas", denunció el accionar del Dr. Blanco y de Ana Cotter, su secretaria, en la causa mencionada anteriormente, donde serán juzgados solamente 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores, porque se dedicó a la fragmentación de casos para facilitar la impunidad de los genocidas; algunos de ellos, fallecidos durante la instrucción mientras otros fueron exonerados o están prófugos.

"La Cacha" fue el Centro Clandestino de Detención más sofisticado de la dictadura cívico - militar en materia de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas, el cual pudo conocerse gracias a la declaración conjunta que fuese realizada por parte de los sobrevivientes ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, conocida como CLAMOR, hace ya 30 años, donde detallaban un croquis y una descripción de sus instalaciones, con su distribución interna, y una lista de los represores, conocidos por sus apodos, y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.

Según afirmaron desde el colectivo de Derechos Humanos, tras la anulación de las leyes de impunidad en 2003 se reabrió la causa en el juzgado del Dr. Blanco, pero recién en enero de 2005 comenzó a moverse el expediente tras la ampliación del requerimiento efectuado por el Fiscal Sergio Franco, basado en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el cual "tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD" y ello llevó a cotejarlo con los legajos penitenciarios del ' 76 al ' 83 y los testimonios en el Juicio por la Verdad, individualizándose al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”, quienes luego fueron citados a indagatoria.

En diciembre de 2009, recordaron, "la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados" aunque comenzaba a perfilarse la fragmentación de la causa al contemplarse solamente los "hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque ' la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad ' ” así lo aconsejaban...

Sin embargo, en el afán de demostrar que la causa se movía, el Juez Blanco solicita el levantamiento del secreto que protegía a la información de Inteligencia e imputa a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101, mientras que las primeras detenciones entre febrero y marzo de 2010 alcanzaron a tan sólo 17 represores.

Comienza la impunidad

Las demoras en la instrucción de la causa fueron destinadas a facilitar la impunidad de los genocidas. Así, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”; quien, tras estar con prisión domiciliaria, quedó libre; en septiembre del mismo año, se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda pero en diciembre se dictó la falta de mérito a Cicciari tras indagarlo y así, el único imputado del Regimiento 7 quedó libre, mientras que en octubre de 2011, fallecía Negri. Tan sólo había quedado Rufino Batalla, quien fue detenido y procesado en agosto de 2010.

"Para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde al buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo", añadieron.

La fragmentación.

Tal como mencionáramos al principio de esta crónica, el Juez Blanco clausura la instrucción y procede a elevar la causa a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, fragmentando la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” e inicia un nuevo expediente “ ' para proseguir con la investigación de los restantes delitos ' donde ubicó a los 3 genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa", cuenta Justicia Ya ! La Plata.

En la elevación mencionada, fueron imputados dos responsables políticos, el entonces Gobernador, General Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Smart; 13 integrantes del Destacamento 101, incluyendo a Alejandro Arias Duval, su jefe; dos penitenciarios, el “Oso” Acuña e Isaac Miranda, su jefe y al marino Juan Carlos Herzberg. Es decir, "18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata", enfatizaron.

La impunidad continúa...

"Entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio ' Circuito Camps ' " y recordaron que el primero "era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas", por lo cual "con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata".

Según indicó Justicia Ya !, "ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad; 8 de ellos, imputados en causa Cacha".

Una secretaria fuera de serie.

Mientras el Poder Judicial está en la picota "por motivos de agenda política del oficialismo", el colectivo de Derechos Humanos platense afirmó que "poco escuchamos hablar sobre el estado de defección de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de Terror cometió durante la última dictadura".

Lo que venimos relatando a lo largo de esta nota fue el producto del "extendido criterio de fragmentar y estirar los procesos que tanto lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD" que fuera llevado a cabo por el Juez Manuel Blanco y Ana Cotter, su secretaria; quienes, durante 10 años, "no se cansaron de hacer desastres con la causa", afirmó Justicia Ya !

Sin embargo, la actuación de ésta última excede lo razonable en un funcionario judicial. Justicia Ya ! se opuso a la elevación a juicio de la causa fragmentada por no estar completa la instrucción, contestando la elevación en subsidio, pero recordaron que, "en ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘ 77 y todo el año ‘ 78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año". En una reciente entrevista con el colectivo de Derechos Humanos platense, olvidó su promesa y "aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer, porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo".

De esta forma, sostuvieron, "se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército" e indicaron que "se retrocede a criterios ya superados" tales como el reconocimiento fotográfico de los represores, a 37 años de los hechos, como medio exclusivo de prueba para hacer recaer "la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en las víctimas".

Sobre estas cuestiones, afirmaron que allí se encuentran las contradicciones del tribunal durante la instrucción, por cuanto afirma que "el reconocimiento fotográfico ' ha resultado de mucha importancia en causas como la presente ' ", mientras que por otro lado sostiene que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”. Todo ello basado en la “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter...

"La Justicia se transforma en inoperante e ignora descaradamente la memoria de las víctimas, y la de sus familiares que hace ya demasiado tiempo esperan reparación" e "ignora descaradamente la lucha de los organismos de Derechos Humanos, a los que además, solicita que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo", al igual que "su propia responsabilidad de investigar", afirmaron.

Pero también "ignora descaradamente a la sociedad toda que, de esta manera, termina descubriendo la calidad de los funcionarios judiciales de este tribunal de La Plata el cual, a diez años de anuladas las leyes de impunidad, no ha logrado hacer ni mínimamente su trabajo", concluyeron.