CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 627
Sumario:
1. Triunfo contra la criminalización de la lucha.
2. La estrategia de reformar las medidas represivas continúa.
3. Atentado incendiario contra delegado de la Línea 60.
4. Más gatillo fácil.
5. La impune criminalidad policial.
25 de noviembre, en Plaza de Mayo, PRESENTACIÓN del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL 2011.
Triunfo contra la criminalización de la lucha.
El 19 de septiembre, el juez federal de Quilmes, tuvo que sobreseer a nueve compañeros ferroviarios acusados de “atentado ferroviario”, por reclamar sobre las vías de Avellaneda, el 25 de enero de este año, el demorado ingreso de los tercerizados a UGOFE. Desde CORREPI, y junto con el Ceprodh, habíamos asumido las defensas de los compañeros.
La denuncia contra los trabajadores la hicieron la empresa UGOFE y el subsecretario de Transporte, Antonio Luna. Una vez más, el frente único de la burguesía, para perseguir a trabajadores, mostró su aceitado funcionamiento.
Cabe recordar que este frente, compuesto por la empresa, la burocracia sindical y el estado, es el que organizó y ejecutó el asesinato de Mariano Ferreyra. La burocracia reclutó a la patota, UGOFE licenció a los 120 matones para que pudieran faltar a sus trabajos, y el estado, a través de su policía, participó del plan criminal; primero, permitiendo el ataque de la patota y, luego, cubriéndole las espaldas para que pudieran fugarse.
También es necesario saber que los policías que dirigieron aquel operativo policial, destinado a asegurar la impunidad del asesinato de Mariano, son “testigos” consuetudinarios en las causas que el gobierno y UGOFE arman a los trabajadores que salen a la luchar. Así, los comisarios Mansilla y Ferreyra, por ejemplo, son citados siempre por la empresa como testigos.
Es lo que ocurrió en esta causa, y lo que ocurre en las causas que, por extorsión, se siguen en el mismo juzgado contra los compañeros de Causa Ferroviaria por los hechos del 23 de diciembre de 2010 en Constitución, y contra los vendedores ambulantes del Roca y dos militantes dela TPR, por otro corte de vías a principios de marzo de 2011.
Paralelamente, también fuimos notificados de la absolución del compañero Juan Oribe, estudiante y militante del PTS, que debía ir a juicio por un corte de calle, de mediados de 2010, en solidaridad con Kraft, y que CORREPI defendía junto con el Ceprodh.
El 10 de agosto, él, y sus compañeros Jésica Calcagno y Patricio del Corro, habían sido absueltos por la justicia contravencional porteña, que había intentado condenarlos por haber participado, en 2009, de varios cortes en apoyo a la lucha de los trabajadores de Kraft-Terrabusi.
Los fiscales Aníbal Brunet y Martín Lapadú habían pedido 40 días de arresto, presentando como pruebas videos y fotos obtenidas por policías de civil, infiltrados en las manifestaciones, y luego comparadas con imágenes bajadas de las páginas web de las organizaciones. Así, de los miles de participantes en 15 movilizaciones, fueron seleccionados estos tres compañeros, porque fueron los que pudieron identificar.
Quedaba pendiente un solo hecho, por el que estaba acusado Juan Oribe únicamente. El Fiscal tuvo que desistir de la acusación por falta de pruebas. Esto demuestra, además, la falsedad de una causa que fue armada para amedrentar a militantes, como todas las restantes causas que amenazan a 6.000 luchadores del campo popular.
La única forma de enfrentar esta política de criminalización de la protesta es con más organización y más lucha. Si nos tocan a un compañero, nos tocan a todos.
La estrategia de reformar las medidas represivas continúa.
Dos nuevos proyectos vienen a sumarse a los ya puestos en práctica para continuar acentuando el carácter represivo, siempre bien maquillado, de este gobierno.
Por una parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció la primera Escuela de Policía descentralizada de la provincia, que comenzará a funcionar en la ciudad de Mar del Plata partir de 2012. Allí, más hombres y mujeres podrán formarse en materia represiva, como todos los uniformados con traje y chapa que están al servicio del estado, sólo que serán “locales” que viven y conocen la zona en donde desempeñarán sus tareas, lo que les permitirá un mayor control sobre los barrios.
Para fines de 2012 saldrá la primera camada de egresados, que serán unos 300 efectivos. Para ir entrando en calor, en los próximos días estarán sumándose al patrullaje actual del sur de la ciudad, a la altura del camino viejo que comunica a la ciudad con Miramar, 30 vehículos listos para accionar cuando lo crean necesario.
La Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires también sumó: lanzó a la calle a 103 nuevos agentes, que se agregan a los 2.500 que ya están.
Por otro lado, la Comisión por la Memoria, uno de esos organismos pensados para mostrar la cara “buena” del estado represor, se acordó que, desde hace décadas, está pendiente la creación de la “policía judicial”, para asistir a los fiscales en la investigación de las causas, dependiendo, como ellos, de la Procuración de la Corte.
Dijo Garré al respecto: “Es el desafío del estado nacional y de los estados locales ir dando respuestas satisfactorias a través de policías más profesionales, más transparentes, con un control político realmente muy firme del manejo de la policía”. Como si no tuvieran, todos los gobiernos, el más firme manejo de su aparato represivo.
Se sigue haciendo propaganda con la mentira. Los fiscales y los jueces de instrucción, es decir, los que “investigan los delitos”, a pesar de las reiteradas reformas anunciadas con bombos y platillos a cada rato para “agilizar la instrucción”, se dedican a mandar, desde sus despachos con aire acondicionado, causas e instrucciones a la policía, que es quien, como toda la vida, construye los expedientes. Con la creación de la “policía judicial” nada cambiará, salvo el cartelito en la puerta de la dependencia policial, como cuando, en 1998, las “Unidades Regionales” pasaron a ser “DDI (Dirección de Investigación)”, con el mismo argumento de la “separación de la policía operativa de la judicial”.
Dependan del Ministerio Público Fiscal, o del Ministerio de Seguridad, en la nación o en las provincias, los policías seguirán siendo lo que son: el ejecutor de la política represiva estatal.
Atentado incendiario contra delegado de la Línea 60.
El largo conflicto que vienen protagonizando los trabajadores de la Línea 60 por sus condiciones laborales, fue noticia en los medios esta semana, pero no por lo prolongado y duro de la lucha, ni por los ataques que todo el tiempo deben enfrentar del gobierno, de la patronal y de su eterna aliada, la burocracia sindical, sino porque estuvieron de paro cinco días, y, además de la huelga, hubo movilizaciones y cortes de la Panamericana y del Puente Pueyrredón.
Las medidas se decretaron como respuesta inmediata y efectiva de los compañeros frente a un nuevo ataque por parte de la patota burocrática, la misma que, tantas veces, emboscó y golpeó trabajadores. El lunes pasado, a la madrugada, el ataque fue contra el compañero Néstor Marcolin, cuyo auto fue incendiado en la puerta de su casa, frente a toda su familia.
El atentado se produjo, no por casualidad, horas antes de las asambleas que se iban a hacer en las cabeceras, para avanzar en el plan de lucha en el marco del conflicto laboral con la empresa. Así, poco después de que el accionista principal de la empresa amenazara al cuerpo de delegados, la patota sindical concretó el atentado contra uno de los referentes de los trabajadores.
Más temprano que tarde, todo reclamo, todo conflicto, cada lucha, choca con la ineludible represión, respuesta inmediata que articulan, de conjunto, los enemigos históricos de la clase obrera. Enfrentar organizadamente la represión, venga del aparato represivo oficial, con uniformes, o del oficioso, con las patotas de la burocracia sindical, es una tarea imprescindible en el camino de la defensa de los intereses de los trabajadores.
Más gatillo fácil.
Una vez más, las noticias de la semana nos muestran que el gatillo fácil es una realidad tan extendida como recurrente. En los últimos días, cinco personas murieron bajo fuego estatal.
Daniel Bazán, un colectivero de la línea 503, de Merlo, fue asesinado por un ex suboficial del ejército, de 81 años de edad. El ex militar, al presenciar el accidente de tránsito en el que un colectivo atropellara a su esposa, extrajo un revólver Dobermann calibre 32 que llevaba en la cintura, y le disparó al chofer en el pecho sin mediar palabra, lo que provocó su muerte horas después. Debido a su edad, el ex suboficial goza de una detención domiciliaria.
Por otra parte, en esta misma semana, tres jóvenes (un pibe de 17 años en Liniers, otro de 20, Roberto Román Montoya, en La Matanza, y otro más en Villa Tesei) murieron en hechos de represión policial, presentados por los medios de comunicación como enfrentamientos entre policías y ladrones.
Por último, en la ciudad bonaerense de Navarro, el teniente primero Luis Oscar Alem baleó a su ex mujer, mientras mantenían una discusión, con el arma reglamentaria. Luego se suicidó de un disparo en la cabeza.
A puro gatillo fácil, el estado sigue asesinando.
La impune criminalidad policial.
Detrás de cada crimen, hay al menos, un policía implicado. Tres ejemplos más que nos demuestran que “inseguridad”, es la policía en la calle.
1) En septiembre del año pasado, cinco delincuentes armados y encapuchados, actuando como grupo comando, asaltó una sucursal del Banco Nación en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Con un cilindro de metal de unos 80 centímetros de largo y pintado de negro, muy similar al “revientapuertas” que utiliza la policía en los allanamientos, destrozaron el blindex de la entrada y accedieron al salón principal del banco; extrajeron armas de fuego y amenazaron a los empleados hasta que llegaron al tesoro, de donde se llevaron más de dos millones de pesos en efectivo.
En la fuga, los asaltantes se tirotearon con un agente de la Policía de Tránsito que pasaba por el lugar, quien recibió un balazo en una pierna.
El hecho fue utilizado por los grandes medios para hablar de la “inseguridad”, y exigir, como siempre, más presencia policial en las calles. Pero a medida que avanzó la investigación, y como sucede tarde o temprano ante cada hecho delictivo, terminó saltando el botón.
A tal punto, que la Cámara Federal acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de dos federales, Javier Chejolán y Adrián Romero, con antecedentes ambos en este tipo de delitos pero que estaban en actividad, y un ex policía, Ángel Martínez, que era el custodio de la sucursal del Banco, y pidió que se investigue si hubo “connivencia de estamentos superiores de la fuerza” dado que todas las pistas señalan ese camino…
2) El 20 de septiembre, la cámara criminal porteña confirmó el procesamiento del policía federal Flavio Núñez, por haberle cobrado diez mil pesos a un integrante de la barra brava de Boca para no meterlo preso. En la misma causa están también procesados el ex titular de la Comisaría 24, el ahora ex comisario Eduardo Enrique Meta, y el inspector Esteban Alberto Pérez Méndez.
Todos le pidieron una coima al barra brava de Boca Richard William Laluz Fernández, alias "El Uruguayo Richard", para hacer la vista gorda y no hacer efectivo un pedido de captura que pesaba sobre él desde 2006.
3) En el caso de mayor repercusión mediática, el crimen sufrido por la pequeña Candela Rodríguez, está también por saltar el inevitable botón. Las sospechas sobre la connivencia de policías con integrantes de la banda llevaron a la fiscalía de Morón a requerirle a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que intervenga cinco teléfonos cuyos titulares son policías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, se sospecha el aporte de logística para el crimen, y la destrucción de evidencia importante.
Así las cosas, mientras ellos delinquen, el gobierno no sólo los protege, sino que, además, los premia. Basta observar en cuantos millones de pesos aumentó el presupuesto policial desde la famosa “ola de inseguridad”, que ellos mismos han provocado. Ellos son la “inseguridad”, aunque, para ellos, seamos nosotros.
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
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Desde las 12.00 hs., tendrá lugar una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, ubicado en la Avda. Callao 360 de esta Capital, donde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ratificará la convocatoria a la marcha que se realizará este domingo a partir de las 15.30 hs., bajo la consigna “No la Impunidad de Ayer y de Hoy”, pese a la efectuada por el Gobierno Nacional a través de la Agrupación "Unidos y Organizados" y por algunos referentes de los organismos de Derechos Humanos vinculados al oficialismo.
El próximo juicio oral en La Plata, que tendrá lugar a mediados de este año, será el referido a lo ocurrido en el Centro Clandestino de Detención "La Cacha", cuya instrucción estuvo a cargo del Dr. Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata y la Secretaría, a cargo de Ana Cotter, desde hace 10 años y que fuese elevada parcialmente en marzo del año pasado al Tribunal Oral Federal Nº 2.
En el día de ayer, se conoció la carta enviada por Catalina Lineros, una de las tres mujeres detenidas por orden del Juez Calcagno en la causa por los saqueos del pasado 21 de diciembre.
Tras una falla multiorgánica, falleció el genocida Antonio Domingo Bussi, quien fuera amo y señor de la vida y de los bienes de las y los tucumanos durante la dictadura del ' 76 y que, por esas rarezas de la democracia, fuese gobernador de la provincia.
El colectivo de Derechos Humanos denunció hoy que el juicio oral al represor Pedro César Guerrero, iniciado el pasado 25 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, integrado por los Dres. Jorge Eduardo Chávez, Mario Gabriel Reynaldi y Héctor Carlos Acuña, constituye una revictimización de quienes declararon el año pasado en el juicio donde el mismo tribunal juzgó a un grupo de penitenciarios y médicos de la Unidad 9.
