El pasado lunes comenzó el juicio contra Eduardo Luis García y Adriana Aguero (enfermeros), Gustavo Daniel Lerer (bioquímico) y Marcelo Aníbal Mansilla (técnico de laboratorio), delegados del Hospital Garrahan, quienes fueron imputados por presuntas amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación durante la huelga realizada el 27 de julio de 2005, mientras éstos realizaban un control del cumplimiento de las guardias mínimas.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Capital, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejandro Litvack y María Cristina Deluca Giacobini.
Al inicio, fueron indagados los cuatro compañeros, luego de ser formalmente acusados por el Dr. Horacio Fornaciari, titular de la Fiscalía General N° 27, mientras que ayer seguían declarando los testigos.
Cabe destacar que se llega a esta instancia, luego del dictado de una falta de mérito y del sobreseimiento en una causa por esta misma huelga por la cual son acusados en este juicio, lo cual solamente puede explicarse por una persecución política en un claro intento de criminalización de la protesta social.
Una gran movilización acompañó a las y los compañeros, convocada por la conducción de ATE y CTA a nivel nacional y de esta Capital, junto a CORREPI y otros organismos de Derechos Humanos, durante el inicio de este juicio, lo cual volverá a ocurrir este viernes cuando se conozca el fallo.
Las acusaciones se caen.
La inspectora del Ministerio de Trabajo supuestamente amenazada por los trabajadores del Garrahan, declaró ante el Tribunal que hizo la denuncia porque así se lo ordenó Noemí Rial, la viceministra de Trabajo de la Nación y sostuvo que lo que ella vió cuando fue al Hospital es lo común de cualquier conflicto.
Sin embargo, Rial le ordenó hacer la denuncia varios días después.
A partir de esta crucial declaración, el Tribunal resolvió citar a declarar a la viceministra de Trabajo de la Nación, tras haber sido solicitado por los abogados defensores Luis Bonomi, María del Carmen Verdú, Claudia Ferrero, Fernando Horacio Molinas y Juan Carlos Capurro.
Comienza a advertirse claramente la intencionalidad política, a través de una nueva judicialización de la protesta social.
El pasado viernes, representantes de organismos de Derechos Humanos, personalidades, legisladores y organizaciones sociales y políticas presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una solicitud para que cesen los casos de criminalización de la protesta social; muchos de ellos, ligados a conflictos territoriales y ambientales.
Los organismos de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron ayer, en una conferencia de prensa, un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner en donde se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4.000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados, como asimismo, se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.
Mediante una carta abierta a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los Estados Miembros del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Federación Internacional de los Derechos del Hombre manifestó su preocupación por la sanción de la Ley Antiterrorista en nuestro país.
A partir de las 18.00 hs. y desde La Toma, partirá la movilización por el desprocesamiento de los luchadores populares; en particular de Eduardo Delmonte, Carlos Ghioldi y los dirigentes de Atilra acusados por los violentos sucesos promovidos por las patronales de la industria lechera en diciembre del 2008.