CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 630
Sumario:
1. El gobierno de los derechos humanos anuncia más represión.
2. “Perfeccionan” las leyes para criminalizar a los luchadores del campo popular.
3. A un año del asesinato de Mariano Ferreyra.
4. Inseguridad es la policía en la calle (...a confesión de parte relevo de prueba...).
5. Reprimidos por no tener vivienda.
6. La represión sin bandera ni patria.
Jueves 20 de octubre, a las 17:30, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo para exigir Juicio y Castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.
1. El gobierno de los derechos humanos anuncia más represión.
Esta semana fue muy agitada en materia de anuncios gubernamentales, de esos que son, en realidad, promesa de más represión.
La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció con bombos y platillos que, como parte de su “Plan de Seguridad Urbana”, a partir de este mes, 500 policías más se van a sumar al patrullaje de “las principales zonas de peligrosidad delictiva de la ciudad”, equipados con modernas motos Yamaha entregadas por la presidenta Cristina Fernández, en plena campaña electoral.
El mes que viene, se agregarán otros 600, con lo que se completará un incremento de la presencia policial en un 40% de día y un ¡ 150% ! de noche en toda la ciudad.
(Si a esto le sumamos los 2.500 gendarmes y prefectos que pululan por la zona sur de la ciudad, y el resto de los federales, más la metropolitana, queda claro que, en las calles de nuestra ciudad, pronto habrá más milicos que gente...). Por lo pronto, hay más que en Londres y en Nueva York, un milico cada 161 habitantes (Perfil 16/10/2011). Un verdadero ejército de ocupación.
A los pocos días, hubo más anuncios del ministerio de Seguridad: Para febrero del año que viene, la federal va a estrenar un nuevo cuerpo, la Policía de Prevención Vecinal. En unos meses más, van a ser otros 500 policías en la calle, convenientemente presentados como “policía de proximidad”, o “policía social”, como la definió su virtual jefe, Gustavo Palmieri, el abogado que pasó de dirigir el instituto de violencia policial del CELS a co-dirigir la policía federal como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales.
En la provincia de Buenos Aires, para no ser menos, también hay novedades: para liberar más efectivos armados en las calles, reclutarán civiles para las tareas administrativas en las comisarías. Lo mismo, a nivel provincial, que lo que se viene haciendo hace rato en algunos municipios, como Morón, donde Sabatella inauguró este sistema, con un agregadito: los civiles son estudiantes conchabados con pasantías, de modo que ni siquiera les hacen aportes sociales ni previsionales. Negocio redondo.
Estos anuncios son una pequeña muestra de lo que puede esperar el pueblo pobre luego de las elecciones: una profundización del modelo represivo, saturación en los barrios, amendrentamiento y más casos de gatillo fácil. Es decir, más control social, disfrazado de Acuerdo de Seguridad Ciudadana y lenguaje progresista proporcionado por el CELS.
2. “Perfeccionan” las leyes para criminalizar a los luchadores del campo popular.
El Ministro de Justicia y DDHH convocó a una conferencia de prensa para anunciar que Argentina sigue firme en su camino de obedecer al poder imperial. Julio Alak, muy orgulloso, explicó que el “gobierno de los DDHH” envió al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”, es decir, nuevas normas “antiterroristas”.
El proyecto duplica las penas de cualquier delito cuando se pretenda aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Bien clarito, cualquier movilización o medida de fuerza que le meta miedo a la burguesía, o que reclame algo del gobierno, es terrorista.
No es casual que, al día siguiente, todas las cámaras empresariales, como la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba, aplaudieran la medida y apoyaran al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina.
Estas leyes serán aplicadas, más temprano que tarde, para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular. La excusa para el dictado de este tipo de leyes ha sido, en el pasado, la subversión; hoy es el terrorismo. Sin embargo, como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, de tal forma de responder en forma unificada ante cada ataque del estado burgués. Nos tocan a un compañero, y nos tocan a todos.
3. A un año del asesinato de Mariano Ferreyra.
Estamos llegando, apenas en unos días, al 20 de octubre, cuando se cumple un año del ataque criminal planificado, dirigido y ejecutado por la triple alianza antiobrera, contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las organizaciones que acompañaban su reclamo, el día que fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridos otros compañeros, como Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
En las tres causas penales que se originaron entonces, la de la patota, la de la policía, y la del intento de coimear a los jueces para que suelten a los asesinos, se despliega un impresionante aparato de poder, integrado por diferentes expresiones de la burguesía, dispuesto a todo para buscar la impunidad, o, cuando menos, minimizar los riesgos, haciendo un “control de daños” al mejor estilo de un buen empresario capitalista.
La decisión de separar el hecho principal de la investigación de la conducta policial, muestra claramente que, cuando fracasaron en el intento de sepultar el ataque bajo la máscara de la “pelea entre facciones opuestas de sindicalistas”, al estilo del “se mataron entre ellos” del día siguiente al Puente Pueyrredón, el plan B fue preservar al aparato represivo estatal.
Para el gobierno, los policías que facilitaron el ataque y garantizaron la impunidad de sus ejecutores, no cometieron ningún delito. Por eso, el ministerio de Seguridad resolvió defenderlos, a través de los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Y ahora, como salimos a denunciarlo, les ordenaron renunciar a la defensa, porque el tiro les salió por la culata y compromete la imagen “progre” del ministerio. Pero, claro, sólo en la causa Ferreyra los retiraron, porque son los mismos funcionarios oficiales que cruzamos a diario, cuando los mandan a defender policías torturadores y de gatillo fácil.
En este escenario, con más leyes antiterroristas para reprimir luchadores; con más y más policía en la calle para disciplinar a los pobres; con maniobras constantes para garantizar la impunidad de los asesinos, más que nunca, nuestro lugar está en la calle.
Por eso, el próximo jueves, a las 5 y media de la tarde, vamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, para exigir juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros; juicio y castigo a los policías, a los responsables políticos y empresariales del crimen, y para decir basta a la represión contra el conjunto del pueblo trabajador.
Ahí nos vemos, a las 5 y media de la tarde. Por Mariano Ferreyra, y por todos los caídos en las luchas populares.
4. Inseguridad es la policía en la calle (...a confesión de parte relevo de prueba...)
"No podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y sin la complicidad de personal policial."
Esa podría ser una cita de CORREPI. Sin embargo, ha sido la confesión que el comisario Salvador Baratta hizo en el juicio oral que se sigue contra Elbio Fernández, el “rey del corte”.
La participación policial en el delito es denunciada por CORREPI todas las semanas. A diferencia de Baratta, que imputa esa participación a algunos policías corruptos, y no a la institución, CORREPI la denuncia como una política sistemática.
De todos modos, esto no debe interpretarse como un arresto de honestidad de un represor como Salvador Baratta, candidato a concejal en Lanús, de quien nos ocupamos en el Boletín nº 615 (http://correpi.lahaine.org/?p=1069), sino como parte de una disputa política al interior del partido de gobierno.
Por su parte, el personal político del Estado busca evitar pagar costos mandando a la Gendarmería y a la Prefectura a los barrios. Estas dos fuerzas son las organizadoras del narcotráfico y el contrabando en las fronteras, ríos y mares. Lo cierto es que esta respuesta logra, entre otras cosas, aumentar la cantidad de fuerzas que participan en el gerenciamiento del delito, repartiendo zonas de influencia o, cuando ello no sucede, solucionando los conflictos de la única forma que saben hacerlo, mediante la violencia.
Ante esa confesión, los medios de la clase dominante intentan legitimar a la institución policial. Por ejemplo, publicaron una entrevista al comisario de Comodoro Rivadavia, Leonardo Bustos, que acusa a la justicia por la inseguridad, dado que, según él, se puede matar sin que pase nada ( La Nación 15/10/2011). Eso es absolutamente cierto, cuando el asesino es un policía.
Es difícil creer, sin caer en la inocencia o el cinismo, que delitos como el narcotráfico, la trata, los secuestros, los desarmaderos, los robos a bancos, puedan tener la complicidad de algunos policías corruptos, sin que lo sepa, y consienta, la institución policial. Que no se trata de algunas “manzanas podridas” lo podemos ver todos los días.
Esta semana cayó el comisario Juan Caimi, director de la Escuela de Subalternos de Puerto Madryn, por liderar una banda de ladrones de cajeros. Junto con él cayó el esposo de una concejala que, además, era secretario de una cooperativa oficial. En la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado el ex comisario de la policía federal, Oscar Alfredo Romero, por quedarse con un vuelto de 60.000 pesos en concepto de adicionales y recargos de servicios. Otros dos federales, Román Galván y Daniel Alberto Herbalejo, van a juicio oral por extorsionar a automovilistas en un puesto de control vehicular.
En la provincia de Buenos Aires, el director del penal de Ituzaingó, unidad 39, y dos oficiales del servicio penitenciario, fueron apartados de sus funciones por su responsabilidad en la fuga de un preso condenado por homicidio. En San Isidro, el jefe de la policía distrital, comisario inspector Raúl Papa, fue detenido por dirigir a delincuentes que habían intentado asaltar a un empresario cuando estaba ingresando a su hogar. En el auto se les encontró dos chalecos antibala de la bonaerense, dos camperas y gorras de efectivos de la DDI, una baliza chichón para el auto, seis equipos Movilink y tres Nextel, un inhibidor de frecuencias satelitales y un equipo de radio capaz de captar la frecuencia policial de la zona.
En Tucumán, una mujer policía denunció a un compañero de armas por un abuso sexual, cometido en una de las habitaciones de la Escuela de Policía. En Huinca Renancó y Coronel Deheza, Córdoba, dos efectivos de la policía de esa provincia fueron detenidos, uno de ellos acusado de integrar una banda que intentó robar en un banco y otro por su presunta complicidad con un grupo de nacotraficantes.
Como sucede todos los días, la realidad nos indica que inseguridad es policía en la calle. La particularidad que tuvo esta semana, fue que lo dijo un comisario de la bonaerense.
5. Reprimidos por no tener vivienda.
La Policía Federal reprimió, el pasado martes, a representantes de unas cincuenta familias jujeñas, que se encontraban acampando en Av. de Mayo y 9 de Julio.
Reclaman que les den las tierras que ocupan desde hace varias generaciones, y la libre determinación sobre ellas; que se termine la censura en la provincia y el silenciamiento de las persecuciones que padecen. El viernes pasado, le quemaron la vivienda a una mujer de los asentamientos, atentado perpetrado por la patota de la Tupac Amaru, organización “social” adicta al gobierno nacional.
La represión del martes se desató con gases lacrimógenos y un camión hidrante. Hubo varios heridos, entre ellos muchas mujeres, una muy anciana. Dos personas fueron internadas en el Htal. Argerich. Hubo también detenidos que ya fueron liberados.
Por otro lado, en Bon Giovanni, un barrio humilde de Moreno, vecinos ocuparon siete hectáreas ociosas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Ahora, José Pastore, quien dice ser el dueño, está intentando desalojarlos para llevar a cabo un enorme negocio inmobiliario (es inminente la construcción de una autopista que valorizará los terrenos linderos).
Para eso, Pastore envió a Piero Dato, un individuo repudiado en Bon Giovanni por patotear y amenazar a los vecinos, y dos patrulleros de la comisaría de Las Catonas llegaron a la toma, exigiendo que se levante la casilla donde funciona un merendero, porque había una orden de desalojo. Los vecinos se negaron. Se retiraron del lugar a las pocas horas, pero el clima de tensión continúa.
La crisis de vivienda deja al desnudo cuál es la verdadera respuesta estatal a los problemas del pueblo: más represión.
6. La represión sin bandera ni patria.
En Siria, Navi Pillay, responsable del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, asegura que son más de 3.000 las personas muertas en protestas. Muy preocupada por la situación “brutal” afirma que “como cada vez más militares se están negando a atacar a los civiles y están desertando, la crisis muestra signos de caer en una lucha armada”.
Un poco más al oeste, en Egipto, según el balance del Ministerio de Sanidad, fueron 26 los muertos y 174 los heridos que resultaron del enfrentamiento entre la policía antidisturbios y manifestantes cristianos coptos. Representando un 10% de los 80 millones de habitantes, la minoría copta se manifestó para pedir el fin de la violencia confesional contra su comunidad y la renuncia del gobernador de Asuan en el Alto Egipto, Mostafa al Sayed. Mientras se sucedía la represión, la emisora estatal reclamaba al “verdadero egipcio” la defensa del ejército. Los duros cuestionamientos al gobierno no hacen más que demostrar lo sabido, la responsabilidad del estado frente a la represión de sus instituciones, cosa que no varía de gravedad ni de verdad renuncie o no, como sí lo hizo, el vicepresidente Hazem El Beblawi.
En Boston, en el norte del mundo, durante la madrugada del martes 11, 200 policías arrestaron a más de 100 manifestantes del movimiento “Occupy Wall Street”, que se originó en Nueva York hace cuatro semanas, pero que ya se multiplicó por muchas ciudades de ese país luego de la represión del 1º de octubre, que terminó con 700 jóvenes detenidos y golpeados.
La historia no es diferente en el sur del sur. En materia represiva, el Congreso paraguayo avanza a paso firme. El pasado 6, se promulgó el estado de excepción en Concepción y San Pedro, departamentos en los cuales opera el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este estado de excepción significa el despliegue de las tropas de las fuerzas armadas para que, junto con la policía, se pueda combatir a ese grupo “ilegal”. En Chile, Piñera tampoco esconde que “el gobierno tiene la obligación de luchar para garantizar el orden público”, y mientras prepara su nefasta ley contra la protesta social, advierte a los estudiantes que “nada es gratis” y “hay que pagarlo todo”. Después de cuatro meses, la simbólica toma de la Universidad Católica de Valparaíso fue desalojada por los carabineros.
Frente a esta situación, los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile llamaron a un nuevo paro nacional para el 18 y el 19 de octubre, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad. En todo el mundo, entre el sábado y el domingo, fueron más de 80 las manifestaciones concomitantes que, a pesar de los palos y las detenciones, convocaron los indignados. Por repetido, no deja de ser certero: Contra la represión, ¡ organización y lucha !.
Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
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El pasado lunes comenzó el juicio contra Eduardo Luis García y Adriana Aguero (enfermeros), Gustavo Daniel Lerer (bioquímico) y Marcelo Aníbal Mansilla (técnico de laboratorio), delegados del Hospital Garrahan, quienes fueron imputados por presuntas amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación durante la huelga realizada el 27 de julio de 2005, mientras éstos realizaban un control del cumplimiento de las guardias mínimas.
Mediante un comunicado, la Asamblea del Acampe Cultural convocó a una movilización para mañana, desde las 08.30 hs., a la Unidad Fiscal Sudeste, ubicada en Bartolomé Mitre 1735 de esta Capital, para solicitar el cese de la represión y la no criminalización de la protesta cultural que llevan a cabo en defensa de la Sala Alberdi, concentrando en Sarmiento 1551.
Mediante un comunicado, la Asamblea del Acampe Cultural informó que recibieron una notificación acerca de una denuncia penal por usurpación del espacio en el día de ayer, tras la presentación de un oficial de justicia en representación del Fiscal Iván Coleff junto a efectivos de la Policía Metropolitana y un abogado.
El pasado viernes, representantes de organismos de Derechos Humanos, personalidades, legisladores y organizaciones sociales y políticas presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una solicitud para que cesen los casos de criminalización de la protesta social; muchos de ellos, ligados a conflictos territoriales y ambientales.
Los organismos de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron ayer, en una conferencia de prensa, un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner en donde se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4.000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados, como asimismo, se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.
Ayer tuvo lugar la audiencia programada en el Ministerio de Trabajo, la que fue presidida por la Dra. Mercedes Gadea, Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, concurriendo los delegados que integran la comisión interna de Soho y los representantes de la empresa, como también el Dr. Luis Caro, referente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y la Diputada Nacional Fernanda Gil Lozano, en su carácter de miembro de la Comisión de Trabajo de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Llamativamente, estuvo ausente el Sindicato de Comercio, cuyos directivos solamente avisaron de ello a la patronal.
Mediante un comunicado, explicaron que luego de las paritarias, donde el Sindicato de la Alimentación liderado por Daer acordó un incremento del 33,4 % en cuotas y sin consultarlo con los trabajadores, iniciaron una lucha con paros de 5 días de duración y obteniendo, tras ellos, el compromiso de la patronal de no descontar los $ 400 que habían sido otorgados como adelanto y de ofrecer un aumento en los premios, con la finalidad de elevar el porcentaje mencionado.
Destacaron que la patronal perdió 3 de los 5 juicios de desafuero que había iniciado, como también se confirmó la multa de $ 1.500.000 impuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por haber prohibido el ingreso de los delegados a la planta durante el conflicto mencionado anteriormente.