Delegados del Garrahan: Un juicio y acusaciones que se van cayendo...

El pasado lunes comenzó el juicio contra Eduardo Luis García y Adriana Aguero (enfermeros), Gustavo Daniel Lerer (bioquímico) y Marcelo Aníbal Mansilla (técnico de laboratorio), delegados del Hospital Garrahan, quienes fueron imputados por presuntas amenazas coactivas a dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación durante la huelga realizada el 27 de julio de 2005, mientras éstos realizaban un control del cumplimiento de las guardias mínimas.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Capital, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejandro Litvack y María Cristina Deluca Giacobini.

Al inicio, fueron indagados los cuatro compañeros, luego de ser formalmente acusados por el Dr. Horacio Fornaciari, titular de la Fiscalía General N° 27, mientras que ayer seguían declarando los testigos.

Cabe destacar que se llega a esta instancia, luego del dictado de una falta de mérito y del sobreseimiento en una causa por esta misma huelga por la cual son acusados en este juicio, lo cual solamente puede explicarse por una persecución política en un claro intento de criminalización de la protesta social.

Una gran movilización acompañó a las y los compañeros, convocada por la conducción de ATE y CTA a nivel nacional y de esta Capital, junto a CORREPI y otros organismos de Derechos Humanos, durante el inicio de este juicio, lo cual volverá a ocurrir este viernes cuando se conozca el fallo.

Las acusaciones se caen.

La inspectora del Ministerio de Trabajo supuestamente amenazada por los trabajadores del Garrahan, declaró ante el Tribunal que hizo la denuncia porque así se lo ordenó Noemí Rial, la viceministra de Trabajo de la Nación y sostuvo que lo que ella vió cuando fue al Hospital es lo común de cualquier conflicto.

Sin embargo, Rial le ordenó hacer la denuncia varios días después.

A partir de esta crucial declaración, el Tribunal resolvió citar a declarar a la viceministra de Trabajo de la Nación, tras haber sido solicitado por los abogados defensores Luis Bonomi, María del Carmen Verdú, Claudia Ferrero, Fernando Horacio Molinas y Juan Carlos Capurro.

Comienza a advertirse claramente la intencionalidad política, a través de una nueva judicialización de la protesta social.

La CNRT desmiente...

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) desmintió que peligre la gratuidad de los pasajes para las personas con discapacidad, acusando de falsedad a las afirmaciones de Luis Giuliani, de Mundo Discapacitado, quien acusó al organismo de discriminar a los integrantes del colectivo y al Dr. Franetovich, interventor del organismo, de anular dicho beneficio.

El organismo regulador sostuvo que ello constituye "una campaña difamatoria", por cuanto las nuevas disposiciones le impiden obtener un "beneficio propio", como también afirmaron que dicho dirigente "se autodenominó falsamente creador y coordinador de la Mesa de Trabajo de la CNRT, para realizar trámites y engañar a las personas con discapacidad" y aclararon que "nunca perteneció al organismo, ni se encuentra autorizado a actuar en su representación"

"Las denuncias infames sin sustento argumental que infiere el Sr. Giuliani son totalmente desacreditables", afirmó la CNRT, quien sostuvo que el organismo "se encuentra más que nunca dedicada a la tarea de garantizar el cumplimiento de los beneficios para las personas con discapacidad", estableciendo dictámenes tendientes a la ampliación de derechos y operativizarlos lo más posible; entre ellos, "la extensión del beneficio para el acompañante de la persona con discapacidad", por la cual se "permite prescindir del mismo a opción del beneficiario, o bien, modificar el titular de los pasajes ya otorgados a solicitud del beneficiario principal".

Asimismo, recordaron que "la Secretaría de Transporte de la Nación mediante la Resolución 31/04 estableció que las personas con discapacidad pueden viajar con la copia legalizada del certificado, sin necesidad de llevar el original" y con respecto a las sanciones por incumplimiento a las empresas de transporte, se implementó un procedimiento sumarísimo por la cual cada sanción agravada equivale a 10.000 boletos mínimos urbanos sin SUBE.

Con respecto a la fiscalización de los incumplimientos en materia de discapacidad, afirmaron que "se han incorporado ' agentes fiscalizadores ' facultados para realizar actas" en Retiro y en el resto de las delegaciones de todo el país mientras que, con respecto a los asientos designados a personas con discapacidad y a la categoría del servicio de acuerdo a lo prescripto por el Decreto Nacional Nº 118/06, se dictaminó "que el decreto no es de aplicación, por cuanto interpreta restrictivamente un derecho concebido en forma amplia por la Ley 25.635" y que "el derecho de gratuidad comprendería a todas las categorías de cada uno de los servicios de transporte, cualquiera fuera la índole de los mismos" como también "exige que las empresas asignen los asientos en planta baja y con proximidad a la puerta de salida para las personas con discapacidad.

Reiteraron que se "ha creado un centro de atención para personas con discapacidad en Retiro, a fin de facilitar la obtención de pasajes gratuitos", el cual "funciona de lunes a viernes de 08 AM a 20 PM, y cuenta con una sala de espera donde las personas pueden aguardar hasta ser atendidas".

Finalizaron, en la desmentida a las acusaciones de Giuliani, con respecto al empleo de personas con discapacidad, afirmando que "semestralmente se envía a la Oficina Nacional del Empleo Público la información de la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en el organismo" y que, "actualmente, en las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus de Retiro se encuentran trabajando dieciocho personas, tres de ellas tienen discapacidad, lo que supera ampliamente el 4% establecido por Ley 25.689".

España: Barcelona - La Acampada Barcelona rechazó las acusaciones de la clase política.

 

 

Debido a las declaraciones del Consejero de Interior y el Presidente del Gobierno que acusaron de violentos a los indignados de Barcelona como al movimiento 15M, la Acampada Barcelona expresó su rechazo a la violencia en una conferencia de prensa que se realizó el pasado viernes.

Con respecto a los hechos ocurridos durante el pasado día 15, manifestaron que no se sienten representados por quienes efectuaron actos "que no se ajustan al consenso del movimiento" y por dicho motivo, rechazaron su responsabilidad por los mismos. Por otra parte, si bien consideran que los políticos no representan el sentir ciudadano, estos actos "tampoco pueden representar a todo el colectivo".

Recordaron que el objetivo de la movilización realizada durante el 14 y el 15 del corriente, la cual fue apoyada por las 22 asambleas de barrios de Barcelona y más de cien pueblos de Cataluña, era detener los recortes a los Presupuestos para 2011 de la Generalitat de Cataluña y denunciar el decreto conocido como Ley Ómnibus.

Ante las acusaciones de atacar a la democracia, las refutaron expresando que, en verdad, los recortes son un ataque manifiesto a la misma, los que ponen al Parlamento para beneficio de los mercados financieros y la reducción de los servicios sociales de toda la ciudadanía, toda vez, recordaron, que ningún partido con representación parlamentaria incluía estas medidas en su programa electoral. Sostuvieron que lo decidido, deberá ser aprobado mediante referéndum "para poder tener legitimidad política".

Afirmaron que la actividad parlamentaria se deslegitima por sí sola, "cuando pretende avalar el debate de la denominada Ley Ómnibus: un agravio a los valores democráticos que plantea aprobar por Decreto la modificación de 610 puntos relativos a más de 80 leyes anteriores y muy diversas". En dicho sentido, sostienen que su legitimidad ya es dudosa "aunque dentro de los parámetros de la actual democracia".

Por otra parte, sostuvieron que el debate en torno a los acontecimientos del día 15 de junio está sobredimensionado con la finalidad de desviar la atención de lo que realmente afecta a la ciudadanía, a través de una severa estigmatización concebida como estrategia política para legitimar nuevas formas de represión policial contra una ciudadanía que se ha expresado en forma pacífica.

Asimismo, manifestaron su sorpresa ante la unión de todos los partidos y sus graves acusaciones ante los hechos del 15 J, pues los incidentes que teóricamente fueron provocados por los manifestantes no causaron ningún herido entre los diputados y los trabajadores, mientras que la acción policial causó varias decenas de heridos.


Resaltaron que "las camisas manchadas de unos pocos políticos parecen pesar más que los 40 heridos, a los que se suman los 147 heridos del 27 de mayo" y explicaron que el susto de la clase política se debe a la apertura de nuevos métodos de participación y decisión que ponen en duda la legitimidad de la democracia. Sin dudas, afirmaron, "esto explica el intento desesperado de criminalización del movimiento, la desproporcionalidad del despliegue efectuado" y la ineficiente estrategia policial.

Reafirmaron que el mayor deterioro de la economía y del teórico estado del bienestar, llevará a más indignación. Sostuvieron que no pueden ser responsables de la conducta "de quienes no se han adherido al espíritu pacífico inspirado por el movimiento del 15-M" por cuanto desde las plazas se promueve canalizar este descontento de una forma constructiva y no violenta. Destacaron que "a pesar de las amenazadoras declaraciones del Presidente, la asamblea decidió no obstaculizar la salida de los parlamentarios y trasladarse en manifestación en la Plaza Sant Jaume haciendo una sentada pacífica".

La acusación de violentos llevó también a la afirmación gubernamental acerca de la posesión del monopolio de la violencia, lo cual implica "que son ellos quienes deciden que es violencia y que no lo es".

Sostuvieron "que los desalojos afecten ya a 270.00 familias y los bancos acumulen pisos vacíos es violencia", al igual que el alargamiento de la vida laboral y que las rentas más altas cada vez paguen menos. Del mismo modo, consideraron que el reparto de beneficios por parte de las empresas, mientras despiden trabajadores también constituye violencia, como también lo son los recortes en salud y educación son violencia.

Con respecto a los errores del operativo dirigido por la Consejería de Interior, destacaron su clara intencionalidad al permitir "que Felip Puig consiga la ansiada foto que intenta avalar la violenta actuación del 27M". De otro modo, afirmaron, "no se entiende por qué se prefirió utilizar una de las entradas con mayor concentración de manifestantes para que los parlamentarios accedieran a pie, en lugar de la entrada del zoo con furgonetas de la policía, como acabó sucediendo".

Concluyeron que "esto solo es el principio" y que queda mucho por hacer para la "construcción de mundos más justos y habitables", tras lo cual afirmaron que "la calle es nuestra, no pagaremos su crisis".