Debido a las declaraciones del Consejero de Interior y el Presidente del Gobierno que acusaron de violentos a los indignados de Barcelona como al movimiento 15M, la Acampada Barcelona expresó su rechazo a la violencia en una conferencia de prensa que se realizó el pasado viernes.
Con respecto a los hechos ocurridos durante el pasado día 15, manifestaron que no se sienten representados por quienes efectuaron actos "que no se ajustan al consenso del movimiento" y por dicho motivo, rechazaron su responsabilidad por los mismos. Por otra parte, si bien consideran que los políticos no representan el sentir ciudadano, estos actos "tampoco pueden representar a todo el colectivo".
Recordaron que el objetivo de la movilización realizada durante el 14 y el 15 del corriente, la cual fue apoyada por las 22 asambleas de barrios de Barcelona y más de cien pueblos de Cataluña, era detener los recortes a los Presupuestos para 2011 de la Generalitat de Cataluña y denunciar el decreto conocido como Ley Ómnibus.
Ante las acusaciones de atacar a la democracia, las refutaron expresando que, en verdad, los recortes son un ataque manifiesto a la misma, los que ponen al Parlamento para beneficio de los mercados financieros y la reducción de los servicios sociales de toda la ciudadanía, toda vez, recordaron, que ningún partido con representación parlamentaria incluía estas medidas en su programa electoral. Sostuvieron que lo decidido, deberá ser aprobado mediante referéndum "para poder tener legitimidad política".
Afirmaron que la actividad parlamentaria se deslegitima por sí sola, "cuando pretende avalar el debate de la denominada Ley Ómnibus: un agravio a los valores democráticos que plantea aprobar por Decreto la modificación de 610 puntos relativos a más de 80 leyes anteriores y muy diversas". En dicho sentido, sostienen que su legitimidad ya es dudosa "aunque dentro de los parámetros de la actual democracia".
Por otra parte, sostuvieron que el debate en torno a los acontecimientos del día 15 de junio está sobredimensionado con la finalidad de desviar la atención de lo que realmente afecta a la ciudadanía, a través de una severa estigmatización concebida como estrategia política para legitimar nuevas formas de represión policial contra una ciudadanía que se ha expresado en forma pacífica.
Asimismo, manifestaron su sorpresa ante la unión de todos los partidos y sus graves acusaciones ante los hechos del 15 J, pues los incidentes que teóricamente fueron provocados por los manifestantes no causaron ningún herido entre los diputados y los trabajadores, mientras que la acción policial causó varias decenas de heridos.
Resaltaron que "las camisas manchadas de unos pocos políticos parecen pesar más que los 40 heridos, a los que se suman los 147 heridos del 27 de mayo" y explicaron que el susto de la clase política se debe a la apertura de nuevos métodos de participación y decisión que ponen en duda la legitimidad de la democracia. Sin dudas, afirmaron, "esto explica el intento desesperado de criminalización del movimiento, la desproporcionalidad del despliegue efectuado" y la ineficiente estrategia policial.
Reafirmaron que el mayor deterioro de la economía y del teórico estado del bienestar, llevará a más indignación. Sostuvieron que no pueden ser responsables de la conducta "de quienes no se han adherido al espíritu pacífico inspirado por el movimiento del 15-M" por cuanto desde las plazas se promueve canalizar este descontento de una forma constructiva y no violenta. Destacaron que "a pesar de las amenazadoras declaraciones del Presidente, la asamblea decidió no obstaculizar la salida de los parlamentarios y trasladarse en manifestación en la Plaza Sant Jaume haciendo una sentada pacífica".
La acusación de violentos llevó también a la afirmación gubernamental acerca de la posesión del monopolio de la violencia, lo cual implica "que son ellos quienes deciden que es violencia y que no lo es".
Sostuvieron "que los desalojos afecten ya a 270.00 familias y los bancos acumulen pisos vacíos es violencia", al igual que el alargamiento de la vida laboral y que las rentas más altas cada vez paguen menos. Del mismo modo, consideraron que el reparto de beneficios por parte de las empresas, mientras despiden trabajadores también constituye violencia, como también lo son los recortes en salud y educación son violencia.
Con respecto a los errores del operativo dirigido por la Consejería de Interior, destacaron su clara intencionalidad al permitir "que Felip Puig consiga la ansiada foto que intenta avalar la violenta actuación del 27M". De otro modo, afirmaron, "no se entiende por qué se prefirió utilizar una de las entradas con mayor concentración de manifestantes para que los parlamentarios accedieran a pie, en lugar de la entrada del zoo con furgonetas de la policía, como acabó sucediendo".
Concluyeron que "esto solo es el principio" y que queda mucho por hacer para la "construcción de mundos más justos y habitables", tras lo cual afirmaron que "la calle es nuestra, no pagaremos su crisis".
Recordaron, a través de un comunicado, que los Mossos d´Esquadra dependen de la Conselleria de Interior de la Generalitat de Cataluña, que es dirigida por el señor Felip Puig, fueron los que actuaron brutalmente contra los acampantes. 
Ante la brutal represión del día de ayer, la Asamblea exigió la renuncia inmediata de Felip Puig, Consejero de Interior y los jefes de los Mossos que dirigieron las operaciones en Plaza Cataluña, según afirmaron en un comunicado publicado hoy.
En apoyo a los indignados de Catalunya, la Acampada Sol de Madrid convocó a una manifestación a la misma hora y extendió la invitación al resto de las acampadas españolas.