La PAH pregunta: ¿En qué mundo vives? ¿En el mundo del BBVA o en el mundo real? (Kaos en la Red)

Por Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La PAH seguirá denunciando y presionando al BBVA y a la SAREB para conseguir que cada una de las viviendas de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público -con nuestro dinero- vuelvan a la ciudadanía, y no sirvan de nuevo para alimentar otro ciclo especulativo.

Seguiremos denunciando y presionando a BBVA ¡ queremos soluciones reales !

Ayer se dió a conocer la firma de un convenio de cesión de 1.800 viviendas del BBVA en Cataluña. La cesión la adjudicará la Generalitat a través de sus mesas de emergencia social, con contratos de 5 años y con precios de entre 150 y 300 euros; cantidades que también recaudará el Gobierno catalán. El acuerdo que podría ser la antesala de otros similares en otras comunidades, se ha rubricado al más alto nivel con la firma del President Puigdemont y la noticia se ha hecho pública a “bombo y platillo” acompañada de declaraciones rimbombantes y fotos de encajes de manos.

La directora en España del BBVA no se ha cortado y ha llegado a decir (¡ agarraos !) que “con este convenio se implican en el desafío social de facilitar el acceso a una vivienda”. Además ha aprovechado para hacer una gira por algunos medios repitiendo el mensaje subliminal de que son una entidad financiera comprometida. Más grandilocuente aún ha sido el President Puigdemont afirmando que el BBVA “es consciente” y “que ha decidido formar parte de la situación”, concluyendo que “las entidades financieras han entendido que deben corresponsabilizarse en esta materia y, por ello, apuestan por la vía de la cesión de viviendas”.

Aunque no es el primer convenio de cesión de viviendas entre una administración pública y un banco, parece que con este acuerdo se haya acabado del mundo. Y la realidad es que no es así. ¡ El problema y la pura realidad es que “el mundo del BBVA” no es el mismo que el “mundo real” en el que vivimos el resto de los mortales !

En el mundo real, las políticas de vivienda en España que fomentan la compra y el endeudamiento han hecho que tengamos una infradotación histórica del parque público de viviendas, no llegando éste al 1% frente al 18% de la media europea. Hoy mismo un informe de la Comisión Europea denuncia que en España se desahucia sin alternativa habitacional, a diferencia de otros países europeos como Polonia, dónde esto es inconstitucional desde 2001.

El Estado español es el Estado de la UE que más desahucia, acumulando desde 2008 casi medio millón de hogares desahuciados sin alternativa habitacional pero, a la vez, hay casi 3,5 millones de viviendas vacías que incumplen su función social (el 13% del parque). La mayoría están en manos de la banca, de la misma que ha sido rescatada con más de 200.000 millones de euros públicos sin ninguna contrapartida social, sin ningún retorno del dinero “regalado” a costa de los recortes en los servicios públicos. Ni tan siquiera se ha condicionado el rescate a que parasen los desahucios y formalizasen contratos de alquiler social. Se ha seguido apostando por la especulación con la vivienda.

En el “mundo del BBVA”, las viviendas de las familias son sólo “activos inmobiliarios” y potenciales beneficios. En 2013, para contrarrestar la opacidad del Estado en datos relativos a los desahucios, realizamos el primer informe de “Emergencia habitacional en el estado español”, donde a través de 11.000 encuestas se observa que, “en el mundo real”, BBVA es la segunda entidad, después de Bankia, que más desahucios ha ejecutado.

BBVA alardea de no haber sido rescatada quitándose así la responsabilidad frente a los desahucios. Pero eso no es cierto. BBVA adquirió UNNIM por 1 euro en 2012. UNNIM, que fue nacionalizada, es decir, salvada con recursos públicos. Por si fuera poco, Catalunya Caixa, recibió 12.052 millones de euros públicos para rescatarla y BBVA se ha quedado con el 98% del capital social por solo 1.165 millones de euros en 2014.

España: Las PAHs denuncian la situacion de emergencia provocada por el BBVA en Catalunya (Kaos en la Red)

Fuera BBVA !

Es necesario que todo el mundo conozca la situacion de emergencia provocada por el BBVA en todas las ciudades de Cataluña. Pero, más alla de que la situacion sea dramatica, es imprescindible ponerle cara y nombres a las personas que la sufren cada dia, asi como identificar a los culpables y responsables de esta situacion, en este caso, la entidad con mas viviendas y que mas se cierra a negociar con las cientos de personas que cada semana llenan nuestras asambleas.

Hoy señalamos el BBVA y le recordamos que cada dia que pasa sin que aporten soluciones reales vulnera, otra vez, el derecho humano y universal de acceder a un techo, a una vivienda digna. Parece que de tanto repetirlo ya no es noticia, pero cualquier persona que asista a nuestras asambleas puede presenciar el nivel de abusos de esta entidad.

Llevamos meses poniendo sobre la mesa la enorme necesidad de que BBVA ceda su parque de vivienda vacia a las familias que no tienen niguna alternativa habitacional y que deje de marear y estafar una y otra vez a nuestras familias.

Es imprescindible para que en nuestras ciudades se respeten los Derechos Humanos, que BBVA haga de una vez alquileres sociales a las personas que, obligadas por la situacion, han tenido que recuperar viviendas vacias de su propiedad, asi como desbloquear de una vez los cientos de casos en los que sigue estafando y chantajeando a avalistas, hipotecados, etc.

Hace cuatro meses lanzamos la campaña BBVA Responde, pero hasta dia de hoy no hemos tenido respuesta. Hoy todas las PAHs estamos en los Ayuntamientos de Cataluña para exigir que se posicionen del lado de la ciudadania contra BBVA.

Queremos que el BBVA negocie y desbloquee todos los casos, porque es un problema estructural. Si no quieren hablar con las personas a quienes arruina la vida queremos que se vayan de nuestras ciudades.

Exigimos:

Elevados alquileres

Por Mario Daniel Villagra

Para todos y todas, de jóvenes y de adultos, alquilar, por lo general, es la solución a la salida de la casa de los padres y madres. Desde entonces, con ayuda y suerte; decididos a estudiar o a trabajar, asalariadamente o no, al alquilar aparece la figura del inquilino. El tiempo pasa y las cosas, aparentemente, no parecen cambiar. Sólo aparentemente, pues nada más que en Buenos Aires, en 2014, la cantidad de inquilinos aumentó el 10%. Así, en todo el país, los inquilinos e inquilinas depositan sumas que equivalen al 35% de los sueldos percibidos por la remuneración de sus trabajos productivos y reproductivos.

De manera tal que el alquiler es un mecanismo de acumulación de la renta urbana de los capitalistas, similar a la que se entrega con un  préstamo del banco o con cuotas a plazos fijos. Como dice el autor del libro Ciudades Rebeldes, “el valor creado en la producción puedes ser recuperado por la clase capitalista mediante los elevados alquileres que los propietarios de viviendas cobran a los trabajadores por su alojamiento”. Ahora bien, la pregunta actual sería, ¿por qué ningún partido político, cualquiera que sea, toma el tema de los alquileres en el marco de las campañas presidenciales del 2015, siendo que es algo que interpela a millones de ciudadanos?, ¿nos condenaran a vivir en nuestras casas, gobernados con el yugo del monopolio de la renta, por siempre?.

Los alquileres, en manos de los rentistas, es un eslabón en la cadena de producción de ganancias, que parte de la renta de la tierra urbana, pasa por el sector de la construcción y también el mercado inmobiliario, antes de llegar al inquilino. Como en una cadena, un eslabón se concatena con otro, en un proceso dialéctico entre individuos y grupos, y así vamos conformando nuestro hábitat. Al habitarlo, cabría hacerse otro interrogante, ¿de qué manera queremos seguir habitándolo? Además de ser productores y reproductores de bienes y servicios, que por esos nos pagan, ¡¿cuándo tiempo más vamos a seguir entregando parte de nuestro sueldo para tener un techo digno?!.

La magnitud del caso, amerita que se tome conciencia: El porcentaje global de inquilinos, en Argentina, es del 14.3% de los encuestados en el último censo. Es decir, el problema es social, y no simplemente político; pero sin dudas debe ocupar un lugar en la agenda pública, de los funcionarios, y fundamentalmente de la sociedad civil que es quien los elige. De lo contrario, seguirá estando en manos del mercado y los rentistas.

En las manos del mercado, la vivienda, en vez de gozarse como un bien de uso, se trasforma en un bien de cambio, en una mercancía; y esto hace que con el alquiler, una vivienda, sea igual a un pantalón o una camisa. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad que diferencia la mercancía de la vivienda? Que ésta se lleva, por lo general, más del 35% del sueldo mensual, y que, a diferencia de otra mercancía, la vivienda es un derecho.

Los inquilinos tienen historia

Programa Apoyo Habitacional: Se realizará hoy una audiencia en elTribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Desde las 9.30 hs., tendrá lugar hoy una audiencia convocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el marco del amparo presentado por beneficiarios del Programa Apoyo Habitacional (modalidad transitoria de alojamiento en hoteles), que funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, quienes cuentan con el patrocinio jurídico del equipo del Colectivo por la Igualdad.

Es conocida la situación de cerca de 200 familias que ven lesionado su derecho a la vivienda y que han tenido que irse de los hoteles en los cuales se encontraban con un magro subsidio otorgado por el GCBA, mientras el Ejecutivo porteño intentaba cerrar el programa mediante el Decreto Nº 574/09 aunque la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso - Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó la suspensión del cierre del programa, tras considerar que el monto de los subsidios ofrecidos por dicha norma no constituían una solución definitiva.

Sin embargo, 120 familias aún se encuentran en el programa habitacional, con la posibilidad de recibir una solución definitiva mediante $ 40.000.000 destinados a ello en el Presupuesto 2013 que fuese aprobado por la Legislatura porteña.

Actualmente, el Gobierno de la Ciudad gasta $ 3.600 mensuales por una habitación para una familia de cuatro miembros que, en muchos casos, no tiene acceso a los servicios públicos, con condiciones deplorables y graves problemas de habitabilidad.

Un informe revelador...

Un informe elaborado por el Colectivo por la Igualdad da cuenta de la situación pasada y actual de estas familias en dicho programa del GCBA, creado en el año 2004, a través del Decreto Nº 1234/04, el cual estaba destinado "a asistir a las personas y familias alojadas en hoteles en los que se disponga o haya dispuesto la clausura administrativa", con la "posibilidad de optar por un subsidio habitacional o crédito hipotecario".

El Decreto 97/05, amplió el alcance de la norma mencionada anteriormente a las personas que optaron por permanecer en hoteles sin clausura, modificando la operatoria de créditos y creando, dentro del programa, la actividad Vivienda Transitoria que consiste en la entrega de subsidios a organizaciones sociales constituidas en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, involucradas en procesos de obtención de vivienda definitiva en el marco de los programas dependientes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), aunque nunca se llevó a la práctica "la opción de otorgar créditos hipotecarios para brindar una solución habitacional definitiva".

La actual gestión del GCBA intentó cerrar dicho programa mediante el otorgamiento de subsidios habitacionales por única vez en montos que oscilan entre los $ 25.000 a los $ 35.000, dependiendo de la composición familiar, los cuales impedían acceder a una vivienda digna y por ende, muchas familias no quisieron dejar el Programa Habitacional, obligando a reiteradas prórrogas del cierre al macrismo.

Las 120 familias que actualmente se encuentran dentro del Programa Habitacional interpusieron un amparo ante la voluntad política del macrismo acerca de su cierre y en diciembre del año pasado, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario dispuso que la acción de amparo presentada alcanzaba a todos los beneficiarios del Programa y ordenó la suspensión de la ejecución del Decreto Nº 574/09.

Sin embargo, no era la primera vez que, desde la Legislatura porteña, se buscara una solución permanente a esta problemática. En el Presupuesto 2011, se incorporó un monto de $ 28.500.000, en el ámbito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, para los créditos hipotecarios para quienes quisieran egresar del programa con una solución habitacional definitiva, aunque no se ejecutó un solo peso; en el Presupuesto 2012, se estableció una partida similar con idénticas consecuencias y en el Presupuesto del corriente años, habida cuenta del incremento en los precios de las propiedades, se incorporó una partida de $ 40.000.000.

En ocasión de interponerse el amparo, en el 2010, la la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) del Gobierno de la Ciudad informó el listado de los 32 hoteles que se encontraban afectados al Programa de Apoyo Habitacional y tras el análisis de la documentación efectuada por el Asesor Titular de Cámara, Dr. Gustavo Moreno, se verificaron las pésimas condiciones de habitabilidad y de seguridad en la gran mayoría de ellos; entre otras, desde la falta de matafuegos y su respectiva carga a cables de 220 V sin protección.

No obstante, desde el Colectivo por la Igualdad señalaron que la medida cautelar solamente beneficiaba a los dueños de los hoteles, los cuales percibían montos elevados que surgían del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad.

Por otra parte, habían recibido la información acerca del monto diario que paga el GCBA por una habitación. Apenas $ 30,- por día y por persona, para un lugar para cuatro personas aunque el cálculo final llevaba a determinar que el pago mensual era de $ 3.600 tal como mencionáramos anteriormente, siendo éste un valor superior al de los alquileres de departamentos en esta Capital, aunque con peores condiciones habitacionales.

Contando aproximadamente con 480 personas, el gobierno macrista le paga $ 5.184.000 al año a los hoteles para que brinden alojamiento en las peores condiciones, "en piezas con filtraciones de humedad, con baños y cocinas compartidas, y en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de limpieza", afirmaron.

No es nueva esta situación. Desde hace 15 años que se encuentran bregando por una solución habitacional definitiva mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios a los beneficiarios del Programa Habitacional y eso es lo que hoy se intentará definir en el máximo Tribunal porteño.

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 630.

 

 

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 630

 

 

Sumario:

1. El gobierno de los derechos humanos anuncia más represión.

2. “Perfeccionan” las leyes para criminalizar a los luchadores del campo popular.

3. A un año del asesinato de Mariano Ferreyra.

4. Inseguridad es la policía en la calle (...a confesión de parte relevo de prueba...).

5. Reprimidos por no tener vivienda.

6. La represión sin bandera ni patria.

Jueves 20 de octubre, a las 17:30, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo para exigir Juicio y Castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.

1. El gobierno de los derechos humanos anuncia más represión.

Esta semana fue muy agitada en materia de anuncios gubernamentales, de esos que son, en realidad, promesa de más represión.

La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció con bombos y platillos que, como parte de su “Plan de Seguridad Urbana”, a partir de este mes, 500 policías más se van a sumar al patrullaje de “las principales zonas de peligrosidad delictiva de la ciudad”, equipados con modernas motos Yamaha entregadas por la presidenta Cristina Fernández, en plena campaña electoral.

El mes que viene, se agregarán otros 600, con lo que se completará un incremento de la presencia policial en un 40% de día y un ¡ 150% ! de noche en toda la ciudad.

(Si a esto le sumamos los 2.500 gendarmes y prefectos que pululan por la zona sur de la ciudad, y el resto de los federales, más la metropolitana, queda claro que, en las calles de nuestra ciudad, pronto habrá más milicos que gente...). Por lo pronto, hay más que en Londres y en Nueva York, un milico cada 161 habitantes (Perfil 16/10/2011). Un verdadero ejército de ocupación.

A los pocos días, hubo más anuncios del ministerio de Seguridad: Para febrero del año que viene, la federal va a estrenar un nuevo cuerpo, la Policía de Prevención Vecinal. En unos meses más, van a ser otros 500 policías en la calle, convenientemente presentados como “policía de proximidad”,  o “policía social”, como la definió su virtual jefe, Gustavo Palmieri, el abogado que pasó de dirigir el instituto de violencia policial del CELS a co-dirigir la policía federal como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas Policiales.

En la provincia de Buenos Aires, para no ser menos, también hay novedades: para liberar más efectivos armados en las calles, reclutarán civiles para las tareas administrativas en las comisarías. Lo mismo, a nivel provincial, que lo que se viene haciendo hace rato en algunos municipios, como Morón, donde Sabatella inauguró este sistema, con un agregadito: los civiles son estudiantes conchabados con pasantías, de modo que ni siquiera les hacen aportes sociales ni previsionales. Negocio redondo.

Estos anuncios son una pequeña muestra de lo que puede esperar el pueblo pobre luego de las elecciones: una profundización del modelo represivo, saturación en los barrios, amendrentamiento y más casos de gatillo fácil. Es decir, más control social, disfrazado de Acuerdo de Seguridad Ciudadana y lenguaje progresista proporcionado por el CELS.

2. “Perfeccionan” las leyes para criminalizar a los luchadores del campo popular.

El Ministro de Justicia y DDHH convocó a una conferencia de prensa para anunciar que Argentina sigue firme en su camino de obedecer al poder imperial. Julio Alak, muy orgulloso, explicó que el “gobierno de los DDHH” envió al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”, es decir, nuevas normas “antiterroristas”.

El proyecto duplica las penas de cualquier delito cuando se pretenda aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Bien clarito, cualquier movilización o medida de fuerza que le meta miedo a la burguesía, o que reclame algo del gobierno, es terrorista.

No es casual que, al día siguiente, todas las cámaras empresariales, como la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba, aplaudieran la medida y apoyaran al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina.

Estas leyes serán aplicadas, más temprano que tarde, para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular. La excusa para el dictado de este tipo de leyes ha sido, en el pasado, la subversión; hoy es el terrorismo. Sin embargo, como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, de tal forma de responder en forma unificada ante cada ataque del estado burgués. Nos tocan a un compañero, y nos tocan a todos.

3. A un año del asesinato de Mariano Ferreyra.

Estamos llegando, apenas en unos días, al 20 de octubre, cuando se cumple un año del ataque criminal planificado, dirigido y ejecutado por la triple alianza antiobrera, contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las organizaciones que acompañaban su reclamo, el día que fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron gravemente heridos otros compañeros, como Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

En las tres causas penales que se originaron entonces, la de la patota, la de la policía, y la del intento de coimear a los jueces para que suelten a los asesinos, se despliega un impresionante aparato de poder, integrado por diferentes expresiones de la burguesía, dispuesto a todo para buscar la impunidad, o, cuando menos, minimizar los riesgos, haciendo un “control de daños” al mejor estilo de un buen empresario capitalista.

La decisión de separar el hecho principal de la investigación de la conducta policial, muestra claramente que, cuando fracasaron en el intento de sepultar el ataque bajo la máscara de la “pelea entre facciones opuestas de sindicalistas”, al estilo del “se mataron entre ellos” del día siguiente al Puente Pueyrredón, el plan B fue preservar al aparato represivo estatal.

Para el gobierno, los policías que facilitaron el ataque y garantizaron la impunidad de sus ejecutores, no cometieron ningún delito. Por eso, el ministerio de Seguridad resolvió defenderlos, a través de los abogados de su Dirección de Asuntos Jurídicos. Y ahora, como salimos a denunciarlo, les ordenaron renunciar a la defensa, porque el tiro les salió por la culata y compromete la imagen “progre” del ministerio. Pero, claro, sólo en la causa Ferreyra los retiraron, porque son los mismos funcionarios oficiales que cruzamos a diario, cuando los mandan a defender policías torturadores y de gatillo fácil.

En este escenario, con más leyes antiterroristas para reprimir luchadores; con más y más policía en la calle para disciplinar a los pobres; con maniobras constantes para garantizar la impunidad de los asesinos, más que nunca, nuestro lugar está en la calle.

Por eso, el próximo jueves, a las 5 y media de la tarde, vamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, para exigir juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros; juicio y castigo a los policías, a los responsables políticos y empresariales del crimen, y para decir basta a la represión contra el conjunto del pueblo trabajador.

Ahí nos vemos, a las 5 y media de la tarde. Por Mariano Ferreyra, y por todos los caídos en las luchas populares.

4. Inseguridad es la policía en la calle (...a confesión de parte relevo de prueba...)

"No podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y sin la complicidad de personal policial."

Esa podría ser una cita de CORREPI. Sin embargo, ha sido la confesión que el comisario Salvador Baratta hizo en el juicio oral que se sigue contra Elbio Fernández, el “rey del corte”.

La participación policial en el delito es denunciada por CORREPI todas las semanas. A diferencia de Baratta, que imputa esa participación a algunos policías corruptos, y no a la institución, CORREPI la denuncia como una política sistemática.

De todos modos, esto no debe interpretarse como un arresto de honestidad de un represor como Salvador Baratta, candidato a concejal en Lanús, de quien nos ocupamos en el Boletín nº 615 (http://correpi.lahaine.org/?p=1069), sino como parte de una disputa política al interior del partido de gobierno.

Por su parte, el personal político del Estado busca evitar pagar costos mandando a la Gendarmería y a la Prefectura a los barrios. Estas dos fuerzas son las organizadoras del narcotráfico y el contrabando en las fronteras, ríos y mares. Lo cierto es que esta respuesta logra, entre otras cosas, aumentar la cantidad de fuerzas que participan en el gerenciamiento del delito, repartiendo zonas de influencia o, cuando ello no sucede, solucionando los conflictos de la única forma que saben hacerlo, mediante la violencia.

Ante esa confesión, los medios de la clase dominante intentan legitimar a la institución policial. Por ejemplo, publicaron una entrevista al comisario de Comodoro Rivadavia, Leonardo Bustos, que acusa a la justicia por la inseguridad, dado que, según él, se puede matar sin que pase nada ( La Nación 15/10/2011). Eso es absolutamente cierto, cuando el asesino es un policía.

Es difícil creer, sin caer en la inocencia o el cinismo, que delitos como el narcotráfico, la trata, los secuestros, los desarmaderos, los robos a bancos, puedan tener la complicidad de algunos policías corruptos, sin que lo sepa, y consienta, la institución policial. Que no se trata de algunas “manzanas podridas” lo podemos ver todos los días.

Esta semana cayó el comisario Juan Caimi, director de la Escuela de Subalternos de Puerto Madryn, por liderar una banda de ladrones de cajeros. Junto con él cayó el esposo de una concejala que, además, era secretario de una cooperativa oficial. En la Ciudad de Buenos Aires, fue procesado el ex comisario de la policía federal, Oscar Alfredo Romero, por quedarse con un vuelto de 60.000 pesos en concepto de adicionales y recargos de servicios. Otros dos federales, Román Galván y Daniel Alberto Herbalejo, van a juicio oral por extorsionar a automovilistas en un puesto de control vehicular.

En la provincia de Buenos Aires, el director del penal de Ituzaingó, unidad 39, y dos oficiales del servicio penitenciario, fueron apartados de sus funciones por su responsabilidad en la fuga de un preso condenado por homicidio. En San Isidro, el jefe de la policía distrital, comisario inspector Raúl Papa, fue detenido por dirigir a delincuentes que habían intentado asaltar a un empresario cuando estaba ingresando a su hogar. En el auto se les encontró dos chalecos antibala de la bonaerense, dos camperas y gorras de efectivos de la DDI, una baliza chichón para el auto, seis equipos Movilink y tres Nextel, un inhibidor de frecuencias satelitales y un equipo de radio capaz de captar la frecuencia policial de la zona.

En Tucumán, una mujer policía denunció a un compañero de armas por un abuso sexual, cometido en una de las habitaciones de la Escuela de Policía. En Huinca Renancó y Coronel Deheza, Córdoba, dos efectivos de la policía de esa provincia fueron detenidos, uno de ellos acusado de integrar una banda que intentó robar en un banco y otro por su presunta complicidad con un grupo de nacotraficantes.

Como sucede todos los días, la realidad nos indica que inseguridad es policía en la calle. La particularidad que tuvo esta semana, fue que lo dijo un comisario de la bonaerense.

5. Reprimidos por no tener vivienda.

La Policía Federal reprimió, el pasado martes, a representantes de unas cincuenta familias jujeñas, que se encontraban acampando en Av. de Mayo y 9 de Julio.

Reclaman que les den las tierras que ocupan desde hace varias generaciones, y la libre determinación sobre ellas; que se termine la censura en la provincia y el silenciamiento de las persecuciones que padecen. El viernes pasado, le quemaron la vivienda a una mujer de los asentamientos, atentado perpetrado por la patota de la Tupac Amaru, organización “social” adicta al gobierno nacional.

La represión del martes se desató con gases lacrimógenos y un camión hidrante. Hubo varios heridos, entre ellos muchas mujeres, una muy anciana. Dos personas fueron internadas en el Htal. Argerich. Hubo también detenidos que ya fueron liberados.

Por otro lado, en Bon Giovanni, un barrio humilde de Moreno, vecinos ocuparon siete hectáreas ociosas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Ahora, José Pastore, quien dice ser el dueño, está intentando desalojarlos para llevar a cabo un enorme negocio inmobiliario (es inminente la construcción de una autopista que valorizará los terrenos linderos).

Para eso, Pastore envió a Piero Dato, un individuo repudiado en Bon Giovanni por patotear y amenazar a los vecinos, y dos patrulleros de la comisaría de Las Catonas llegaron a la toma, exigiendo que se levante la casilla donde funciona un merendero, porque había una orden de desalojo. Los vecinos se negaron. Se retiraron del lugar a las pocas horas, pero el clima de tensión continúa.

La crisis de vivienda deja al desnudo cuál es la verdadera respuesta estatal a los problemas del pueblo: más represión.

6. La represión sin bandera ni patria.

En Siria, Navi Pillay, responsable del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, asegura que son más de 3.000 las personas muertas en protestas. Muy preocupada por la situación “brutal” afirma que “como cada vez más militares se están negando a atacar a los civiles y están desertando, la crisis muestra signos de caer en una lucha armada”.

Un poco más al oeste, en Egipto, según el balance del Ministerio de Sanidad, fueron 26 los muertos y 174 los heridos que resultaron del enfrentamiento entre la policí­a antidisturbios y  manifestantes cristianos coptos. Representando un 10% de los 80 millones de habitantes, la minorí­a copta se manifestó para pedir el fin de la violencia confesional contra su comunidad y la renuncia del gobernador de Asuan en el Alto Egipto, Mostafa al Sayed. Mientras se sucedí­a la represión, la emisora estatal reclamaba al “verdadero egipcio” la defensa del ejército. Los duros cuestionamientos al gobierno no hacen más que demostrar lo sabido, la responsabilidad del estado frente a la represión de sus instituciones, cosa que no varí­a de gravedad ni de verdad renuncie o no, como sí­ lo hizo, el vicepresidente Hazem El Beblawi.

En Boston, en el norte del mundo, durante la madrugada del martes 11, 200 policías arrestaron a más de 100 manifestantes del movimiento “Occupy Wall Street”, que se originó en Nueva York hace cuatro semanas, pero que ya se multiplicó por muchas ciudades de ese paí­s luego de la represión del 1º de octubre, que terminó con 700 jóvenes detenidos y golpeados.

La historia no es diferente en el sur del sur. En materia represiva, el Congreso paraguayo avanza a paso firme. El pasado 6, se promulgó el estado de excepción en Concepción y San Pedro, departamentos en los cuales opera el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este estado de excepción significa el despliegue de las tropas de las fuerzas armadas para que, junto con la policí­a, se pueda combatir a ese grupo “ilegal”. En Chile, Piñera tampoco esconde que “el gobierno tiene la obligación de luchar para garantizar el orden público”, y mientras prepara su nefasta ley contra la protesta social, advierte a los estudiantes que “nada es gratis” y “hay que pagarlo todo”. Después de cuatro meses, la simbólica toma de la Universidad Católica de Valparaíso fue desalojada por los carabineros.

Frente a esta situación, los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile llamaron a un nuevo paro nacional para el 18 y el 19 de octubre, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad. En todo el mundo, entre el sábado y el domingo, fueron más de 80 las manifestaciones concomitantes que, a pesar de los palos y las detenciones, convocaron los indignados. Por repetido, no deja de ser certero: Contra la represión, ¡ organización y lucha !.

 

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista Herman Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
 

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Voceros de familias de Jujuy acampan en la 9 de Julio por tierra y libertad / Marchan hoy a la Casa de Jujuy.

 

50.000 familias jujeñas hicieron el esfuerzo para que sus voceros llegaran a Buenos Aires. Éstos llegaron el pasado 25 de septiembre y están acampando en la intersección de la Avda. de Mayo y 9 de Julio en reclamo de sus tierras, cuyos títulos fueron apropiados por la Nación, la Provincia y varios empresarios.

Según afirmaron en un comunicado, están organizados en una forma asamblearia ante los intentos de organizaciones que pretenden decirles lo que deben hacer. Asimismo, sostuvieron que no delegarán su autonomía y libertad para obtener una vivienda, ingresos o comodidades y menos aún, para vivir como exigen "los poderosos que son cada vez más ricos", cuando han trabajado la tierra por generaciones.

Informaron que, con anterioridad, intentaron negociar con las diferentes autoridades municipales y provinciales de Jujuy sin llegar a una respuesta favorable. Posteriormente, fueron recibiendo amenazas y aprietes tales como la quita de diferentes beneficios, como planes sociales y salarios e inclusive, la negación de su derecho a la vivienda digna por parte de organizaciones que no los representan y de funcionarios municipales y provinciales.

Dichas intimidaciones, afirmaron, tienen origen en la apropiación "legal" de las tierras por parte de testaferros de políticos muy poderosos.

Destacaron que, en los diferentes asentamientos existentes en la capital provincial como en el interior de la provincia, viven familias extensas, madres y padres solteros, personas con discapacidad, migrantes con hijos argentinos que están en riesgo constante de desalojo en sus asentamientos de origen.

Sostuvieron que "no quieren más muertes a cambio de tierras: por los sucesos en Ledesma, por lo que se ha visto y sobretodo por lo que no se quiere dejar ver" y exhortaron a ayudarlos, a través de medidas de amparo ante la amenaza permanente de desalojo y represión en la provincia, como también acompañamiento en el acampe para que no se invisibilice su reclamo.

Hoy, desde las 16.00 hs., marcharán desde el acampe hasta la Casa de Jujuy para continuar reclamando por sus derechos a la tierra y a la dignidad humana.

A partir de las 11.00 hs., se movilizará CUBa MTR en la COD por trabajo y salario.

 

Según informaron mediante un comunicado de prensa, la tradicional organización de lucha de los trabajadores desocupados iniciará hoy un plan de lucha que contempla una movilización y piquetes, concentrando en la intersección de Avda. 9 de Julio y Avda. de Mayo desde las 11.00 hs., en nuestra Ciudad mientras que las diferentes Regionales provinciales partirán hacia las Gerencias de Empleo.

Afirmaron que "hoy son miles y miles los desocupados que no encuentran un trabajo genuino, entre ellos la mayoría son jóvenes" y resaltaron que "a nuestros viejos jubilados se les niega el 82% móvil en su jubilación después de haber aportado gran parte de su vida".

Por otra parte, indicaron que "la complicidad de los funcionarios K no tiene limites" tras las primarias del pasado 14 de agosto, donde el reparto de "subsidios, electrodomésticos, bolsones de alimentos, entre otras cosas en las barriadas mas carenciadas" iba de la mano de la velada amenaza del aparato punteril del PJ sobre el quite de los subsidios.
 
Concluyeron, expresando que "no queremos promesas" tras la ausencia de trabajo genuino, como también salud pública, educación y vivienda digna para todas y todos.

Dónde vivir

 

Dónde vivir (APE)

 

 

 

Por Silvana Melo     

(APe).- Un día y medio viajaron hasta llegar. Un día y medio vieron pasar por la ventanilla los colores de los cerros, el beso de la llanura con el horizonte, los sembradíos infinitos, las matas sobrevivientes en la tierra seca. Un día y medio comiendo esperanza en el fatigoso tren que parecía dar la vuelta al mundo y parar en cada estación perdida justo en el ombligo de la nada.

El primer golpe fue la vertiginosa oleada de gente que les salpicó el barro licuoso de la indiferencia. Constitución era una marea que iba y venía tres veces por minuto. Celia y Elías se quedaron paraditos en medio de la locura. Ella apretó fuerte a su cría, tan chiquita, tan asustada de ese mundo que repentinamente se le venía encima. Y él se puso el bolso apretado a la axila. Tan minúsculo era. Lo suficiente como para sintetizar sus pertenencias.

Veinte años después la vida nunca fue como la habían soñado. Con el corazón en la boca siempre, aunque por derecho adquirido ese pedazo de tierra ya debería ser suya. Poquito a poco los bloques reemplazaron a las chapas y aunque el baño es una quimera, al menos hay un techo sobre sus cabezas. Amontonados entre las decenas de miles de familias que extienden, tentacular, el asentamiento. Lejos de la luz, de la ambulancia, del colectivo. Resignados ya a que no habrá otra vida. Ni para su niña que ya prepara a sus críos para la supervivencia, en las chapas de atrás.

Como hormigas se vinieron durante todo el siglo desde el norte profundo, desde los pueblos saqueados, a la ciudad que los estigmatizaría y los amontonaría en los arrabales. Ajenos y despreciados, buscaron el trabajo y una esperancita modesta en la propia oficina de dios, que suele descuidar sus sucursales. Pero ni así.

Tres millones de familias, de madres sueltas con sus niños, de hombres y mujeres desplazados, no tienen dónde vivir. O descansan sus huesos en casuchas inciertas, sin acceso a la infraestructura elemental. Son casi diez millones de personas. Un cuarto de la población total del país.

Según la Encuesta de la Deuda Social de la UCA más del 20 por ciento de las viviendas están tomadas o tienen pisos, techos y paredes que no responden a un mínimo parámetro humano.  El 12,1 por ciento de la población vive en condiciones de hacinamiento.

Los derechos, en la Argentina, suelen ser bellos enunciados en los papeles y en los discursos. Se pontifica sobre el derecho a la vivienda digna. Lo impone con patetismo el propio texto constitucional. Pero en el suelo brutal, en las noches heladas, en el día impiadoso, no hay dónde vivir.

Sin cloacas, la electricidad suele ser un cable colgado y las garrafas son cada vez más caras mientras que el Estado subsidia a las distribuidoras de gas en red al que sólo accede la clase media o alta. Una de las grandes perversidades de estos tiempos cuando la justicia se para del revés.

Celia y Elías se vinieron desde Jujuy cuando el tren todavía atravesaba bufando los campos infinitos. Se vinieron a la capital, donde florecía el trabajo, les dijeron. Se levantarían pronto la casita y tendrían un jardín con higuera y una hamaca de colores. El 35 por ciento del déficit habitacional de todo el país se concentra en la provincia de Buenos Aires y el 24 %, en el conurbano. Ellos no saben de números. Pero lo sienten en la piel. En la puerta que se cierra con una lona ya sin colores.

El neoliberalismo aluvional los confinó en el depósito de la marginalidad. Nunca salen juntos de la casita. Saben que si la dejan sola pueden encontrarla ocupada. El puntero las alquila a 700 pesos. A gente que puede juntar no más de mil a fin de mes. Desde 2009 los alquileres en los asentamientos aumentaron un 62%. Ellos no saben de la burbuja inmobiliaria y las fortunas que valen las tierras de capital devoradas pacientemente por las villas. Sospechan que en cualquier momento la Metropolitana, la Federal, la Prefectura, la Gendarmería o todas juntas vendrán a arrasar con el chaperío para levantar torres que costarán toneladas de dólares.

De vez en cuando Elías se acuerda de su casita de barro cerca del ingenio. Le dijeron que ahora es todo cañaveral, que no quedó ni el monte de acacias donde cazaba cuises y quirquinchos, que el azúcar aprieta al pueblo y lo asfixia y que la gente se va o toma las tierras, una arenilla en la inmensidad cada vez más ajena. Cuatro muertos dejó la policía cuando llegó de noche y les quemó las carpas y les bajó a balazos la osadía.

No hay casas para la gente. La gente que siente la inseguridad en la puerta de su puerta sin puerta. Que no son los muertos que le replica indefinidamente la televisión. La inseguridad es el piso de tierra que se le mueve a los pies, el techo que se vuela al primer viento, la lluvia que moja más adentro que en la calle, la policía que arrasa y mata, sus muertos que valen menos, sus bocas reclamando, sin dientes ni cámaras.  

La misma policía, brava con los débiles, que son tan fáciles de prepear, apalea en Tucumán para desalojar la Villa 9 de Julio y enciende fogatas con las carpas de los qom, atrevidas en tierras donde debe pasar la soja, reprime un terreno tomado en Junín de los Andes y se quema una casilla y se muere Lilén de dos años.

Los planes de viviendas son las llaves preferidas por los gobiernos para consolidar sus estrategias clientelares. Sueños Compartidos, Plan de Emergencia Habitacional, Plan Federal y sus agencias provinciales han sido herramientas para el desencanto y el manejo sombrío de fondos públicos. Los desesperados de diciembre arrojándose a un pedacito de tierra en el Indoamericano, usados con ruindad por el macrismo y el kirchnerismo para azuzarse, dejaron tres de sus muertos en las ruinas.

En la Provincia hay unos 600 barrios cerrados, enrejados y aislados de los Otros. Cómodos y protegidos por su policía privada y exclusiva. Con una densidad demográfica de tres hogares por hectárea. En las villas de la Ciudad, llegan 15 personas por día. Crecieron el 52% en diez años. Son más de 160 mil personas. Otro tanto sobrevive en asentamientos, barrios municipales con gravísimas fallas estructurales, inquilinatos, hoteluchos y pensiones. Muchos de ellos, presos de un minimercado inmobiliario marginal y vampírico que cobra sumas impensables por el alquiler de una pieza en la villa.

Celia y Elías todavía dejan escapar, muy a veces, los sueños monteros del Jujuy. No volvieron más desde que el tren se paró un día y languideció los pueblos y dejó los esqueletos de las estaciones. Saben que a su casa se la comió el ingenio como a ésta se la puede devorar un incendio cualquiera de estas noches o se puede evaporar en un bostezo si se viene la topadora. Se duermen a veces cuando el frío los deja, soñando cada vez más apenitas con el mañana. Con esa sensación amarga y rara de que la miseria es el techo más hermético para los sueños.

España: Madrid - Acampada Sol: Parar el desalojo y la deuda perpetua de los deudores hipotecarios.

 

 

Si existe una problemática candente, sin dudas, es la vivienda. Pero lo peor para quienes pretendieron adquirirla, a raíz del agravamiento de la situación económica internacional, en general y de la economía española, en particular, es el desalojo ante la falta de pago y el afrontar una deuda con las entidades financieras, porque éstas obtienen el 50% del valor del inmueble por intermedio del remate judicial.

El Grupo de trabajo de Política a largo plazo de la Acampada Sol analizó las posibles soluciones jurídicas al respecto. Afirmaron que, pese a un fallo de un juzgado de Navarra por el cual la entidad financiera no podía continuar reclamando la deuda remanente, todavía se continúan ejecutando préstamos hipotecarios mientras que la reforma legislativa de la normativa que permite la persecución bancaria a los desalojados, conocida como dación en pago (entrega de la vivienda ante la imposibilidad de pago, con la finalidad de extinguir la deuda), fue rechazada por el Congreso.

Según explicaron, tanto el PSOE como el PP votaron en contra de esta medida porque ambos partidos tienen una deuda que, en 2009, ascendía a 78,6 millones de €; de la cual, un tercio se encontraba impaga, lo cual lleva a que siempre se encuentren bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria en el caso de actuar en contra de los intereses de las entidades financieras.

Esta problemática afecta a 270.000 familias en el país ibérico y a millones de personas a nivel internacional. La inacción política resulta evidente, pese a los enormes daños que está causando.

No obstante, dicho grupo dió a conocer el trabajo que realiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña y la que es realizada por los grupos de apoyo mutuo en Murcia con la finalidad de parar los desalojos. El pasado miércoles pararon un desalojo en Badalona, donde no apareció ningún funcionario judicial o policial como tampoco de CajaSol, porque dicha entidad financiera decidió renunciar a la ejecución judicial gracias a la presión de los citados grupos.

En vista del éxito de dicha metodología, convocaron a informarse con la mencionada Plataforma y a conformar grupos de trabajo para formar redes de apoyo local con la finalidad de actuar en forma inmediata en todo Madrid, con el pleno consenso de las asambleas barriales.

Finalizaron expresando que la acción colectiva que se viene consensuando, día tras día, es la que permitirá afrontar esta problemática que afecta directamente a un millón de personas en España y en particular, a los 5 millones de desocupadas y desocupados.