Por Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La PAH seguirá denunciando y presionando al BBVA y a la SAREB para conseguir que cada una de las viviendas de las entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público -con nuestro dinero- vuelvan a la ciudadanía, y no sirvan de nuevo para alimentar otro ciclo especulativo.
Seguiremos denunciando y presionando a BBVA ¡ queremos soluciones reales !
Ayer se dió a conocer la firma de un convenio de cesión de 1.800 viviendas del BBVA en Cataluña. La cesión la adjudicará la Generalitat a través de sus mesas de emergencia social, con contratos de 5 años y con precios de entre 150 y 300 euros; cantidades que también recaudará el Gobierno catalán. El acuerdo que podría ser la antesala de otros similares en otras comunidades, se ha rubricado al más alto nivel con la firma del President Puigdemont y la noticia se ha hecho pública a “bombo y platillo” acompañada de declaraciones rimbombantes y fotos de encajes de manos.
La directora en España del BBVA no se ha cortado y ha llegado a decir (¡ agarraos !) que “con este convenio se implican en el desafío social de facilitar el acceso a una vivienda”. Además ha aprovechado para hacer una gira por algunos medios repitiendo el mensaje subliminal de que son una entidad financiera comprometida. Más grandilocuente aún ha sido el President Puigdemont afirmando que el BBVA “es consciente” y “que ha decidido formar parte de la situación”, concluyendo que “las entidades financieras han entendido que deben corresponsabilizarse en esta materia y, por ello, apuestan por la vía de la cesión de viviendas”.
Aunque no es el primer convenio de cesión de viviendas entre una administración pública y un banco, parece que con este acuerdo se haya acabado del mundo. Y la realidad es que no es así. ¡ El problema y la pura realidad es que “el mundo del BBVA” no es el mismo que el “mundo real” en el que vivimos el resto de los mortales !
En el mundo real, las políticas de vivienda en España que fomentan la compra y el endeudamiento han hecho que tengamos una infradotación histórica del parque público de viviendas, no llegando éste al 1% frente al 18% de la media europea. Hoy mismo un informe de la Comisión Europea denuncia que en España se desahucia sin alternativa habitacional, a diferencia de otros países europeos como Polonia, dónde esto es inconstitucional desde 2001.
El Estado español es el Estado de la UE que más desahucia, acumulando desde 2008 casi medio millón de hogares desahuciados sin alternativa habitacional pero, a la vez, hay casi 3,5 millones de viviendas vacías que incumplen su función social (el 13% del parque). La mayoría están en manos de la banca, de la misma que ha sido rescatada con más de 200.000 millones de euros públicos sin ninguna contrapartida social, sin ningún retorno del dinero “regalado” a costa de los recortes en los servicios públicos. Ni tan siquiera se ha condicionado el rescate a que parasen los desahucios y formalizasen contratos de alquiler social. Se ha seguido apostando por la especulación con la vivienda.
En el “mundo del BBVA”, las viviendas de las familias son sólo “activos inmobiliarios” y potenciales beneficios. En 2013, para contrarrestar la opacidad del Estado en datos relativos a los desahucios, realizamos el primer informe de “Emergencia habitacional en el estado español”, donde a través de 11.000 encuestas se observa que, “en el mundo real”, BBVA es la segunda entidad, después de Bankia, que más desahucios ha ejecutado.
BBVA alardea de no haber sido rescatada quitándose así la responsabilidad frente a los desahucios. Pero eso no es cierto. BBVA adquirió UNNIM por 1 euro en 2012. UNNIM, que fue nacionalizada, es decir, salvada con recursos públicos. Por si fuera poco, Catalunya Caixa, recibió 12.052 millones de euros públicos para rescatarla y BBVA se ha quedado con el 98% del capital social por solo 1.165 millones de euros en 2014.
Según afirmaron, quien puede solucionar esta problemática es el Gobernador Insfrán, entregando en propiedad la totalidad de las tierras a los campesinos e indígenas de dicha localidad formoseña. Por otra parte, sostuvieron que entienden la posición de algunos funcionarios y legisladores que se pliegan "en absoluta subordinación" a las decisiones tomadas por el Ejecutivo provincial aunque sean injustas, pero la organización campesina prefiere decir la verdad de lo que acontece y en consecuencia, denunciarlo.