España: Más de 36.900 familias perdieron su casa en 2015 (Kaos en la Red)

36.929, perdieron su casa en 2015, principalmente tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que sucedió en 18.990 ocasiones, pero también por decisión judicial, pues hubo 17.939 desahucios. Según los datos publicados por el Banco de España, el 79,4 % de las 36.929 viviendas entregadas en 2015, exactamente 29.327 propiedades, eran el domicilio habitual, un 2,4 % menos que un año antes, mientras que las 7.602 restantes eran otro tipo, por ejemplo, segundas residencias. Se trata de un un 3,8 % menos que un año antes.

En el caso de las familias que perdieron la titularidad de sus primeras viviendas; la mayor parte, unas 15.500, fueron cedidas al banco de forma voluntaria; en 13.193 ocasiones, mediante la entrega de las llaves para saldar la deuda. Además, otras 13.827 viviendas habituales fueron entregadas por decisión del juez, un 29,8% más que en 2014, pero 12.925 propiedades ya estaban vacías mientras que las 902 restantes permanecían ocupadas.

En cuanto a las 7.602 viviendas entregadas que no eran domicilio habitual, 2.982 fueron daciones en pago, a las que hay que sumar 4.112 que cambiaron de mano por decisión judicial, aunque de ese número la inmensa mayoría, 3.902 propiedades, estaba vacía. Eso explica que las fuerzas del orden sólo hayan intervenido en total en 14 casos, frente a los 25 de un año antes.

El Banco de España dice que el 82 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedió en 2007 o antes; es decir, previas al estallido de la burbuja inmobiliaria. De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, que el Banco de España no detalla, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.

Campesinos se movilizan a Buenos Aires para exigir la urgente aprobación de la ley de freno a los desalojos.

Mediante un comunicado, el Frente Nacional Campesino convocó a la movilización de organizaciones de la agricultura familiar, campesinos, indígenas productores de la periferia urbana y movimientos urbanas al Congreso Nacional y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Dicha marcha se realizará el próximo lunes, desde las 10.00 hs., donde presentarán un petitorio por el urgente tratamiento de la Ley de Freno a los Desalojos, a la que dieron en llamar "Cristian Ferreyra", el militante del MOCASE caído en la defensa de su territorio en Santiago del Estero, en 2011 y luego, en la cartera agrícola - ganadera se manifestarán contra el anteproyecto de Ley de Semillas y por una política de Soberanía Alimentaria.

Según destacaron, el aumento de precios de los alimentos está directamente relacionado con la concentración de la tierra, de la producción y comercialización de alimentos en pocas corporaciones, las que llevan a cabo acciones especulativas, con la finalidad de lograr dichos incrementos en forma sostenida, los cuales no tienen relación con la oferta y demanda, ni con sus costos.

En este sentido, exigen la implementación de políticas y recursos económicos para asegurar a los pueblos el alimento sano y diversificado y la producción regional, recordando que el anteproyecto de Ley de Semillas que vienen denunciando, pretende privatizar los derechos de patentamiento sobre las mismas en manos de esas mismas corporaciones, "dándoles mas poder y atentando con la agricultura campesina y familiar y presionando el precio de los alimentos al alza".

Sostuvieron que, para recuperar la Soberanía Alimentaria, es necesario que el mencionado proyecto de ley sea desechado junto con un direccionamiento de, al menos, el 50% de los recursos para la agricultura campesina y familiar por parte del Ministerio de Agricultura, cuyo 95 % del presupuesto subsidia el agronegocio.

Con respecto a la Ley Ferreyra, afirmaron que vienen planteando la creación de un registro de poseedores y el tiempo necesario (5 años) para trabajar una nueva forma de legislar los usos de la tierra, recordando que los desalojos vienen generando violencia y muerte en nuestros territorios.

España: Madrid - Acampada Sol: Parar el desalojo y la deuda perpetua de los deudores hipotecarios.

 

 

Si existe una problemática candente, sin dudas, es la vivienda. Pero lo peor para quienes pretendieron adquirirla, a raíz del agravamiento de la situación económica internacional, en general y de la economía española, en particular, es el desalojo ante la falta de pago y el afrontar una deuda con las entidades financieras, porque éstas obtienen el 50% del valor del inmueble por intermedio del remate judicial.

El Grupo de trabajo de Política a largo plazo de la Acampada Sol analizó las posibles soluciones jurídicas al respecto. Afirmaron que, pese a un fallo de un juzgado de Navarra por el cual la entidad financiera no podía continuar reclamando la deuda remanente, todavía se continúan ejecutando préstamos hipotecarios mientras que la reforma legislativa de la normativa que permite la persecución bancaria a los desalojados, conocida como dación en pago (entrega de la vivienda ante la imposibilidad de pago, con la finalidad de extinguir la deuda), fue rechazada por el Congreso.

Según explicaron, tanto el PSOE como el PP votaron en contra de esta medida porque ambos partidos tienen una deuda que, en 2009, ascendía a 78,6 millones de €; de la cual, un tercio se encontraba impaga, lo cual lleva a que siempre se encuentren bajo la amenaza de la ejecución hipotecaria en el caso de actuar en contra de los intereses de las entidades financieras.

Esta problemática afecta a 270.000 familias en el país ibérico y a millones de personas a nivel internacional. La inacción política resulta evidente, pese a los enormes daños que está causando.

No obstante, dicho grupo dió a conocer el trabajo que realiza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña y la que es realizada por los grupos de apoyo mutuo en Murcia con la finalidad de parar los desalojos. El pasado miércoles pararon un desalojo en Badalona, donde no apareció ningún funcionario judicial o policial como tampoco de CajaSol, porque dicha entidad financiera decidió renunciar a la ejecución judicial gracias a la presión de los citados grupos.

En vista del éxito de dicha metodología, convocaron a informarse con la mencionada Plataforma y a conformar grupos de trabajo para formar redes de apoyo local con la finalidad de actuar en forma inmediata en todo Madrid, con el pleno consenso de las asambleas barriales.

Finalizaron expresando que la acción colectiva que se viene consensuando, día tras día, es la que permitirá afrontar esta problemática que afecta directamente a un millón de personas en España y en particular, a los 5 millones de desocupadas y desocupados.